La experiencia venezolana confirma que la falta de instituciones sólidas no abona en favor de la solución pacífica de controversias y el respeto al Derecho Internacional.

Reformas constitucionales aprobadas en un contexto de concentración del poder político, debilitan de manera progresiva los contrapesos institucionales y erosionan principios fundamentales como la división de poderes y la protección de los derechos de las minorías. Ello expone a los países y reduce a proporciones críticas la autodeterminación de los pueblos.

Es necesario cuidarnos, en México, de reformas político electorales que no persigan el consenso ni el fortalecimiento democrático. La que se advierte en el horizonte puede constituir un intento regresivo por vulnerar el principio de progresividad de los derechos humanos consagrado en la reforma constitucional de 2011. La integración artificiosa de mayorías calificadas en el Congreso ha permitido desmantelar salvaguardas institucionales esenciales, colocando en riesgo lo que se considera el último baluarte del sistema democrático mexicano: las instituciones electorales.

La eventual reforma podría convertirse en el eslabón final de una cadena orientada a restringir la competencia política, limitar la equidad en los procesos electorales y obstaculizar la alternancia en el poder. De materializarse este escenario, se verían comprometidos tanto los derechos políticos de la ciudadanía como la legitimidad de las elecciones futuras. Es tiempo de reivindicar los logros históricos de la transición democrática, del pluralismo político y de una concepción republicana incluyente y contraria al autoritarismo.

Resulta para ello imprescindible articular a diversos sectores de la sociedad —organizaciones civiles, gremiales, academia, empresariado, estudiantes, sindicatos— con vistas a preservar y fortalecer las bases constitucionales de la democracia. Si resulta inoportuno discutir una reforma electoral en un contexto de presiones internas se internacionales, cualquier modificación que no garantice instituciones electorales auténticamente autónomas, imparciales y técnicamente sólidas carecerá de legitimidad.

Requerimos, sí, procesos electorales equitativos y competitivos, con una representación política fiel a la voluntad popular. La sobrerrepresentación legislativa y las interpretaciones de las normas electorales realizadas por los órganos jurisdiccionales en los comicios de 2024 y en la elección judicial de 2025 constituyeron distorsiones graves del principio de autenticidad comicial consagrado en el artículo 41 constitucional. No abonan a mejorar la situación el debilitamiento del Congreso mediante la eliminación de la reelección legislativa y la erosión de la representación proporcional; la reducción del pluralismo político; la colonización y desciudadanización del órgano electoral mediante su politización y asfixia presupuestal; el debilitamiento de los partidos políticos a través del desmontaje del financiamiento público; y la normalización de la intervención del Poder Ejecutivo en los procesos electorales bajo figuras como una revocación de mandato simulada, en contravención del artículo 134 constitucional.

Una reforma que no garantice condiciones mínimas de democracia, equidad y legalidad deberá provocar una respuesta política colectiva orientada a la defensa pacífica del orden constitucional y al uso responsable de los mecanismos de participación política, siempre dentro del marco de la legalidad. Todo lo demás nos colocaría en una situación de extrema debilidad institucional. Y ya hemos visto hacia dónde puede conducir eso. Por eso es que Tiempo de Derechos ha querido reflexionar en situaciones espejo y contribuir, en la medida de sus capacidades, a la reflexión crítica, decidida y constructiva. A la reflexión republicana, en sumada y constructiva. A la reflexión republicana, en suma.