El año, que confiamos será próspero y feliz para usted que nos lee, comienza con retos muy apreciables para la vida pública de México.

En las próximas semanas se dará a conocer la iniciativa de reforma político-electoral, que muy probablemente complemente a la reforma judicial en lo que respecta a la remodelación de toda la estructura constitucional del país. En este caso, lo que se cimbrará será el compromiso pluralista que desde los inicios de la transición democrática instituyó un Congreso progresivamente proporcional, capaz de reunir las más diversas voces no sólo para ser escuchadas, sino para influir en la toma de decisiones legislativas. Es probable que 2026 sea recordado como el año de la desaparición de tal consenso y de la vuelta a un Congreso de la Unión dominado por una sola fuerza política, incontrastablemente hegemónica y no siempre concomitante con la autenticidad de la voluntad popular expresada en las urnas. Lo propio podrá predicarse de las Legislaturas locales. Para allá discurre la acrimonia manifestada hacia la representación proporcional. Será una lástima: ojalá que erremos en la predicción.

2026 será también el año de la consolidación del nuevo modelo de potestades judiciarias, electas en comicios que dejaron indiferente a la mayoría de la población y, sin embargo, tendentes a actuar más allá de sus límites constitucionales. Cerramos el año pasado con una sentencia, la del caso Tlaxcala, en que la Suprema Corte de Justicia se arrogó capacidades que iban más allá de lo demandado en la acción de inconstitucionalidad e, incluso, en el proyecto de la ponencia que se discutió, para extender su resolución a supuestos y preceptos no discutidos ni impugnados. Todo con tal de dejar sin protección legal alguna a la vida humana en situación intrauterina apelando, aquí sí, a los efectos generales de sus decisiones. ¿Será este el tono constante del nuevo Poder Judicial?

Como telón de fondo, y en medio de condiciones económicas que reportan bajo crecimiento y una expectativa menos que moderada para el aumento de las inversiones, se halla la renegociación del tratado de libre comercio con las potencias norteamericanas con las cuales, por cierto, hemos de organizar una Copa mundial de futbol hacia el ecuador del año. Las esperanzas de una política agraria común en el marco del tratado, que al alimón podría paliar el descontento que se vive en el campo mexicano y sentar las bases para un combate estructural al fenómeno del narcotráfico, parecen diluirse en forma definitiva. Podrá, quizá, encapsularse la amenaza arancelaria, pero es difícil que se avance en temas migratorios, agropecuarios y de seguridad común, más allá del consabido combate al crimen organizado que no siempre está dispuesto a recorrer los caminos propios del due process of Law, para decirlo en la lengua de nuestros socios.

Uno de estos socios, el más poderoso e influyente y el principal en lo que a nuestros intercambios mercantiles se refiere, ha expresado su intención de moldear el destino del hemisferio occidental (esto es, del continente americano) según la ya bicentenaria Doctrina Monroe. El “Corolario Trump”, que es un colofón más que una actualización, busca que América Latina sujete sus intereses a los dictados de Washington y deje atrás los devaneos y guiños de ojos hacia otras economías, marcadamente hacia China y Rusia. ¿Podrá influir tal determinación en la posibilidad de contar con renovados tiempos de derechos, con relaciones que vayan más allá de lo meramente comercial y se centren en la dignidad de toda expresión de la condición humana y en la exigencia de cláusulas democráticas dentro de las convenciones soberanas, con pleno respeto hacia la división equilibrada de los poderes y a los modos en que cada país de América busque llevar la prosperidad y la Justicia a sus habitantes? Es posible. No es que pequemos de ilusos: es que deseamos poder soñar en un mundo mejor.