Señoras y señores; queridos amigos de Tiempo de Derechos; distinguidas autoridades, colegas juristas y defensores de la dignidad humana.

Permítanme comenzar con una palabra que en estos tiempos se pronuncia poco y se agradece mucho: gracias. Gracias por la invitación a acompañarlos en una noche que no es una noche cualquiera. Celebrar el número 100 de una revista jurídica no es celebrar un número: es celebrar una perseverancia. Cien veces esta casa ha creído que el Derecho merece ser pensado en voz alta; cien veces ha apostado a que las ideas, cuando se escriben con rigor y con alma, cambian el modo en que una sociedad se mira a sí misma. En un tiempo que corre deprisa y olvida pronto, sostener 100 números es un acto de fidelidad. Y la fidelidad, señoras y señores, es también una forma de la esperanza.

Me han pedido que hable del derecho a la vida. Lo hago con gratitud y con un cierto temor reverente, porque de todos los temas del Derecho este es, quizás, el que menos admite frialdad. No se puede hablar de la vida como quien clasifica expedientes. Se habla de ella como quien nombra aquello que nos precede a todos y a todos nos iguala. Y lo haré desde lo que soy: un jurista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hoy presidente de la Comisión Interamericana, y –sin que lo uno contradiga a lo otro– un convencido defensor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.

Digo «sin que lo uno contradiga a lo otro» con toda intención, porque he escuchado sugerir –a veces con elegancia y a veces sin ella– que quien defiende la vida del que aún no ha nacido milita, en el fondo, contra el progreso de los Derechos Humanos. Sostengo exactamente lo contrario: no defiendo la vida a pesar de ser internacionalista, sino precisamente porque lo soy. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no vino al mundo a decidir quién cuenta como persona; vino a impedir que alguien pudiera decidirlo. Todo el edificio que habitamos descansa sobre una intuición elemental y desarmada: que hay algo en el ser humano que ninguna mayoría puede votar, que ninguna sentencia puede derogar y que ningún Estado puede conceder, sencillamente porque no fue ninguno de ellos quien lo dio.

Y no es esta una convicción de ocasión ni una posición adoptada al llegar a este cargo. La he sostenido durante más de veinte años como constitucionalista en Guatemala, donde la Constitución de la República declara sin ambages que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. La he defendido después, en distintos momentos, a lo largo de América Latina: en aulas, en foros académicos y en debates donde esta postura rara vez es la más aplaudida. Y la he confirmado –que es cosa distinta de sostenerla– en el terreno, en las visitas que he realizado como Comisionado, allí donde uno deja de leer sobre las personas y empieza, sencillamente, a mirarlas a los ojos. He aprendido que hay verdades que se comprenden mejor de pie que sentado, y que ningún expediente sustituye al rostro de quien lo protagoniza.

Y hablar de la vida esta noche tiene, además, un sentido particular, porque celebramos una revista que se llama, precisamente, Tiempo de Derechos. Los derechos, en efecto, necesitan tiempo: tiempo para pensarse, para madurarse, para arraigarse en la conciencia de un pueblo. Pero necesitan, antes que nada, la vida; porque los derechos son de alguien, no de nadie. No hay derecho sin sujeto, ni sujeto sin vida. De modo que hablar del derecho a la vida en la casa de Tiempo de Derechos no es escoger un tema entre muchos: es nombrar el cimiento sobre el que descansan todos los números que ustedes han publicado, y todos los que habrán de venir.

Comienzo por una afirmación sencilla y, sin embargo, decisiva: el derecho a la vida no es un derecho más en el catálogo; es la condición de posibilidad de todos los demás.

Podemos discutir largamente sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la propiedad o el debido proceso. Pero todas esas discusiones presuponen algo que rara vez discutimos: que quien discute está vivo. Donde no hay vida, no hay libertad que ejercer, ni igualdad que reclamar, ni dignidad que proteger. Por eso los grandes instrumentos del siglo XX lo colocaron a la cabeza. La Declaración Universal proclama que todo individuo tiene derecho a la vida. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo llama, con una expresión que deberíamos repetir más, el derecho inherente de la persona humana. Y nuestra Convención Americana, en su artículo 4.1, dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y que este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.

Detengámonos en esa última frase, porque en ella se juega mucho más que una técnica: “a partir del momento de la concepción”. Los Estados de este hemisferio, al redactar y ratificar la Convención, no escribieron esas palabras por descuido. Las escribieron porque quisieron que el Derecho tendiera su manto protector sobre la vida humana desde su comienzo. Y a la hora de interpretar un tratado, la primera regla –la que enseña la Convención de Viena– es la más humilde y la más exigente a la vez: atender al sentido corriente de los términos, de buena fe, en su contexto y conforme a su objeto y fin. Los Derechos Humanos no se inventan: se reconocen. Y lo primero que el Derecho reconoce en cada uno de nosotros es que, sencillamente, estamos vivos.

Sé bien que sobre estas palabras pesa una discusión larga y honesta, y no vengo a ignorarla. Se ha sostenido, desde altos tribunales, que aquella cláusula debe leerse de manera evolutiva y que la protección de la vida sería apenas gradual. Con el respeto que merece toda opinión seria, me cuento entre quienes piensan, como lo escribió con lucidez el juez Eduardo Vio Grossi, que interpretar un tratado no es reescribirlo. El intérprete alumbra el sentido de la norma; no la reemplaza por la que hubiera preferido. Y cuando los Estados quieren ampliar el elenco de sus obligaciones, el propio sistema les ofrece un camino noble y transparente: el de los protocolos, el del consentimiento renovado, el de la deliberación entre las naciones. Ese camino respeta a los pueblos. El atajo de crear, por vía interpretativa, aquello que no se pactó, tarde o temprano debilita la misma autoridad que dice fortalecer. Porque una cultura de derechos que no sepa proteger la vida, tarde o temprano no sabrá proteger ningún derecho.

Se me dirá –y con razón se me exigirá seriedad– que la vida humana transcurre por etapas, y que no es lo mismo el embrión que el anciano, ni la misma la mirada del médico que la del juez. Es verdad que la vida tiene etapas. Lo que niego, con toda la fuerza de mi convicción jurídica, es que la dignidad las tenga.

La dignidad no crece con la edad ni mengua con la enfermedad. No depende de la conciencia, ni de la autonomía, ni de la utilidad, ni del aplauso de los demás. Si la dignidad dependiera de nuestras capacidades, sería un privilegio de los fuertes y no un derecho de todos. Defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural no es defender una etapa: es negarse a dividir en etapas la dignidad de la persona.

Aquí, permítanme, el internacionalista cede la palabra al humanista, aunque en el fondo digan lo mismo. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos nació de las cenizas del siglo más violento de la historia, con una promesa escrita sobre las ruinas: nunca más se mediría el valor de una vida por su raza, por su fe, por su condición o por su rendimiento. Nació, en una palabra, para proteger al débil frente al fuerte. Y no hay nadie más débil que quien todavía no tiene voz, ni nadie más frágil que quien está a punto de perderla. Una cultura de derechos que aparte la mirada de esos dos extremos habrá traicionado, en su propio umbral, la razón que le dio origen.

Pienso, en este punto, en los niños que vienen al mundo con una condición que la medicina llama incompatible con una vida prolongada, esos que quizá vivirán apenas unas horas. He escuchado decir que una vida así no vale la pena de ser vivida. Confieso que esa frase me estremece, porque encierra una pregunta terrible: ¿quién de nosotros se atribuye la potestad de decidir cuáles vidas valen y cuáles no? La dignidad de una persona no se mide por las horas que le queden, sino por el hecho de que es una persona. Unas horas de vida rodeada de amor no son un fracaso de la medicina: son, todavía, una vida humana, y merecen el mismo respeto que los años del más longevo. Lo mismo vale para la persona con discapacidad, a quien no debemos apenas tolerar, sino reconocer; no compadecer desde arriba, sino mirar de frente, como a un igual.

No quisiera, sin embargo, que se me entendiera como quien defiende un principio abstracto ignorando el dolor concreto. Sería indigno de esta tribuna, y sería, sobre todo, falso. Porque la vida se defiende de verdad no en los casos fáciles, sino en los desgarradores.

He tenido que pronunciarme, en el ejercicio de mi función, sobre situaciones límite: la de una mujer gravemente enferma; la de un embarazo que amenaza su salud; la de un niño que nacerá con una condición incompatible con una vida prolongada. Conozco ese dolor de cerca, y no lo minimizo. Sé que detrás de cada uno de esos expedientes hay una madre que sufre, una familia que teme, una noche que no termina. A ese dolor no se le responde con doctrina; se le responde, primero, con respeto y con cercanía.

Permítanme ser explícito, porque en estas materias la claridad es una forma de la honestidad. En marzo de 2020, en mi primer año como Comisionado, emití voto razonado disidente en el Informe de Fondo No. 9/20 de la Comisión Interamericana, en el caso Beatriz respecto de El Salvador. Disentí entonces, y lo sostengo hoy, porque no logré convencerme de que la protección debida a la madre y la debida al hijo por nacer hubieran de plantearse como los términos excluyentes de una disyuntiva; y porque entendí que el artículo 4.1 de la Convención Americana no tolera ser leído hasta el extremo de dejar sin titular a quien todavía no ha nacido.

No fue un voto cómodo, y sé bien lo que costó y lo que sigue costando. Pero las convicciones no se escogen por el precio que tienen, sino por la verdad que uno cree ver en ellas; y he preferido siempre el desacuerdo dicho de frente al consenso obtenido por silencio. Lo digo, además, sin ninguna soberbia: disentir no es creerse dueño de la verdad; es negarse a firmar aquello que la conciencia no acompaña.

Pero precisamente porque me tomo ese dolor en serio, no acepto que la única respuesta que el Derecho sepa ofrecer a la fragilidad de una vida sea el fin de otra. Ante el sufrimiento no se responde con más muerte, sino con más cuidado. La compasión verdadera no elige entre dos vidas: se inclina sobre las dos. Al Estado no le corresponde decidir cuál de las dos existencias merece continuar, sino desplegar todos los medios de la medicina, del acompañamiento y de la solidaridad para honrar, hasta donde humanamente sea posible, a ambas. Esa es, a mi juicio, la forma más alta y más difícil de la empatía: la que no se ahorra el cuidado.

Si el comienzo de la vida nos interpela, su final no nos interpela menos. He hablado de la concepción; permítanme hablar ahora de la muerte natural, porque mi convicción sería incompleta si se detuviera en la cuna y no llegara hasta el lecho.

Vivimos una época extraña: capaz de prolongar la vida como nunca antes, y al mismo tiempo tentada de abreviarla cuando le parece que ya no rinde. Se nos propone, a veces con lenguaje amable, que la salida ante el sufrimiento del enfermo terminal, del anciano solo, de la persona con discapacidad severa, sea adelantar su muerte. Yo creo, con serenidad y con firmeza, que hay una respuesta más humana y más civilizada: no abandonar.

Frente a quien sufre, el Derecho y la sociedad tienen un deber que no es el de apresurar el desenlace, sino el de acompañar: cuidados paliativos dignos, alivio del dolor, presencia, ternura. A la persona no se le acorta la vida ni antes de tiempo por nuestra mano, ni después por nuestro abandono. Porque el abandono, señoras y señores, también mata, aunque lo haga en silencio. La medida de una civilización no se toma en sus cumbres de poder, sino en sus márgenes: en el niño que aún no nace y en el anciano que ya no produce. Díganme cómo trata una sociedad a sus más frágiles, y les diré cuánto vale de verdad su declaración de derechos.

Los cuidados paliativos no son una derrota; son, quizás, la expresión más pura de la fraternidad humana: la que se queda cuando ya no se puede curar, pero siempre se puede acompañar. En una época que ha aprendido a temer más a la dependencia que a la muerte, reivindicar el cuidado es casi un acto de rebeldía. La soledad se ha vuelto una de las enfermedades más extendidas de nuestro tiempo, y ninguna ley la cura: la cura la presencia. Por eso me atrevo a decir que una sociedad que sabe estar junto al que se va, que le toma la mano y le sostiene la mirada hasta el final, ha comprendido el derecho a la vida mejor que muchos tratados.

Como internacionalista, sé que estas convicciones deben traducirse en categorías sobrias, y no solo en emociones nobles. La vida es un bien jurídico; el nasciturus, un titular al que el Derecho no puede volverse indiferente; la protección estatal, una obligación positiva y no una mera abstención. Sé también que el sistema interamericano es coadyuvante y complementario del Derecho interno, y que su fuerza reside, paradójicamente, en su prudencia: en no imponer a los pueblos aquello que los pueblos, como comunidades soberanas, no consintieron al obligarse por la Convención. El Derecho de los Derechos Humanos no progresa arrebatando el consenso de los Estados, sino ensanchándolo con paciencia y con verdad.

Y aquí entra la vocación del jurista, que es la nuestra. No estamos llamados a repetir consignas, sino a buscar la verdad de las cosas y a decirla con valentía y con caridad. El Derecho es, en su mejor versión, la forma civilizada del amor al prójimo: el modo en que una comunidad se organiza para que nadie quede a la intemperie. Escribir, enseñar, litigar y juzgar en torno a la vida es, por ello, una de las tareas más serias que pueden encomendarse a un ser humano. No la ejerzamos con miedo ni con soberbia, sino con esa mezcla poco común de firmeza en los principios y ternura en las formas que distingue al buen jurista del mero técnico.

Por eso valoro tanto una revista como ésta. Porque el Derecho no vive solo en las sentencias; vive también en las páginas donde se lo discute, se lo cuestiona y se lo mantiene despierto. Una revista jurídica que llega a su número 100 es una conciencia que no se ha dormido. Es memoria contra el olvido y argumento contra la pereza. Es, en el mejor sentido de su nombre, tiempo de derechos: tiempo dedicado a pensar en serio aquello que nos hace humanos.

Termino como empecé, con gratitud, pero también con una convicción que quisiera dejarles como quien deja un encargo.

Me gusta pensar que el Derecho, cuando es fiel a su origen, es la memoria que una sociedad guarda de su propia humanidad; y que cada generación de juristas recibe esa memoria como se recibe una llama: con el deber de no dejar que se apague y de entregarla encendida a los que vienen. La llama que hoy nos reúne tiene un nombre antiguo y siempre nuevo: la convicción de que toda vida humana, sin excepción y sin condiciones, es digna de ser protegida por la ley.

No hay vidas que sobren. No sobra la que apenas comienza en el secreto del vientre, ni la que se apaga despacio en una cama de hospital, ni la del que es distinto, ni la del que ya no puede valerse por sí mismo. Todas, absolutamente todas, están sostenidas por el mismo hilo de dignidad, y ese hilo no se corta por sus extremos: se protege entero.

Si algo hubiera de quedar de estas palabras cuando la noche termine y los aplausos se apaguen, quisiera que fuera esto. La historia del Derecho es, entera, la historia de una sola pregunta –quién cuenta como persona–, y cada vez que la humanidad la respondió excluyendo a alguien, tuvo después que pedir perdón. Ninguna civilización ha sido jamás más libre por haber reducido el número de aquellos a quienes reconoce como semejantes. No quisiera que a nuestra generación le tocara escribir el próximo capítulo de esas disculpas. Y por eso prefiero, con mucho, el riesgo de haber protegido de más al de haber protegido de menos: porque cuando el Derecho se equivoca por exceso de cuidado, nadie muere de esa equivocación.

Que este número 100 no sea un punto de llegada, sino una promesa renovada. Y que Tiempo de Derechos siga siendo, número tras número, tiempo de la vida: el tiempo de una comunidad que se niega a elegir entre sus miembros y aprende, en cambio, a abrazarlos a todos, desde el primer latido hasta el último suspiro.

Muchas gracias.