Hoy quiero hablar del poder que precede a todos los demás: el poder de la ciudadanía. Y quiero hacerlo ahora, justamente cuando, desde un poder constituido —electo por la ciudadanía— se impulsa una regresión en nuestras reglas del juego democrático.

Hoy es lo electoral, pero no ha sido lo primero.

La iniciativa de la presidenta es una pendiente más. Forma parte de un conjunto de cambios que han erosionado la democracia y la Constitución.

Todo bajo una idea que se repite una y otra vez: “tenemos mayoría, y la mayoría nos legitima para decidir”. Es cierto: hay legitimidad en la voluntad popular, pero ese es sólo el acceso. La legitimidad no es garantía eterna: se preserva o se pierde en el desempeño.

La lógica de la mayoría es peligrosa porque confunde algo básico: una cosa es tener mayoría para asumir las funciones y otra muy distinta suponer que ello autoriza a redefinir las reglas que garantizan los derechos de todas y todos: no solo de quienes la favorecieron, sino, sobre todo, de quienes la rechazaron.

Y, también, sectaria, porque se sustenta en la polarización excluyente que considera —falsamente— tener una razón superior: no hay nada sobre el ideario propio. Eso no es democrático. La democracia no se expresa sólo en la jornada electoral, sino que se caracteriza por la convivencia diaria en condiciones de respeto.

La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No el gobierno de la mayoría, por la mayoría y para la mayoría. La democracia implica necesariamente el respeto a las minorías, a quien disiente y, sobre todo, a los límites del poder. Donde termina el respeto a las minorías, termina la democracia.

Quiero recordar algo que no siempre tenemos presente: los grandes avances democráticos de México no nacieron de la generosidad del poder, sino de las luchas de la ciudadanía por la necesidad de convivencia democrática de la diversidad.

En condiciones distintas, esos avances fueron una respuesta a una sociedad que no cabía en la visión reducida del México con la mayoría infalible; sin pluralidad.

Se abrieron espacios legales para las oposiciones; se ampliaron las posibilidades de representación del pensamiento diverso y se empezó a construir, con insuficiencias, pero con voluntad y rumbo, el tránsito a la democracia. Esa es la raíz de la ciudadanía de entonces y de ahora.

Todo lo que vino después —los institutos electorales autónomos, las reglas de acceso a los medios, la competencia electoral real, la presencia de las distintas fuerzas en el Congreso— no es patrimonio de una fuerza política ni de un gobierno. Es patrimonio de la ciudadanía. Un patrimonio vivo, dinámico y, también, perfectible; pero no prescindible y, mucho menos, reversible a voluntad de la mayoría circunstancial de hoy.

Por eso, cuando se presenta una iniciativa sin diálogo ni objetivos con acuerdos de gran amplitud en la sociedad, conviene hacernos una pregunta incómoda: ¿esta iniciativa propone reducir o ampliar el derecho de la ciudadanía a controlar al poder?

Porque si el mensaje es: “ya ganamos, tenemos mayoría y ahora podemos decidir lo que queramos, como queramos”, entonces lo que en realidad se dice es: “la ciudadanía habló una vez y, a partir de ahí, su papel solo es asentir y conformarse”. Algunos quisieran hasta el aplauso.

Esa visión convierte a la ciudadanía en la simple expresión de un momento —el de la jornada electoral—, para luego pretender recluirla en un armario hasta la siguiente elección.

Nosotros defendemos otra idea: la ciudadanía no es un instante, es una condición permanente; el voto no es un cheque en blanco, es un mandato limitado que no cancela nuestro derecho a cuestionar, vigilar y defender la democracia y el Estado constitucional de Derecho.

Frente a una reforma regresiva, el poder puede decir: “la mayoría ya decidió en las urnas y no necesitamos convencer a nadie más”.

Nosotros respondemos: no basta con contar votos, aunque es indispensable; no basta con tener la mayoría que confiere el cargo; hay que buscar la legitimidad del ejercicio del poder.

Y la legitimidad no se decreta; se construye:

con el diálogo para explicar no qué se quiere cambiar, sino para qué;

con la disposición para escuchar críticas y evaluarlas a la luz de objetivos nacionales —de todos— superiores a los de cada fuerza política;

con la voluntad de enmendar lo que no funciona,  no sólo como una convicción personal, sino con razones que persuadan;

con la sujeción de toda propuesta no a simular que se escucha, sino a un auténtico debate público.

Si quienes impulsan la regresión creen que su proyecto es tan bueno para la ciudadanía, para el pueblo, ¿por qué temen a la deliberación pública, a la crítica informada, a las voces disidentes, a las consideraciones de la academia, a la ciudadanía organizada?

La respuesta es obvia: porque saben que muchas de estas medidas, puestas a la luz, reducen el poder de la ciudadanía y favorecen a la fuerza política en el gobierno.

Frente a esto, tenemos dos caminos: la resignación o el ejercicio pleno y consciente de la ciudadanía.

Y ejercer hoy la ciudadanía significa, por lo menos, tres cosas:

Primera. Rechazar la narrativa de que la “mayoría electoral” es sinónimo de mandato para hacer su voluntad sin considerar a la pluralidad.

Segunda. Defender los logros de la transición a la democracia, no porque sean perfectos, sino porque constituyen la base para un nuevo impulso en favor de los derechos de la ciudadanía.

Tercera. Hacer patente, en alta y clara voz, la expresión ciudadana antes, durante y después de las votaciones.

Es en foros como el Frente Amplio Democrático, donde debemos acudir para convocar a hacer algo sencillo y, a la vez, poderoso: nombrar la regresión como regresión; decir que disentimos; exigir que se corrija el rumbo.

No sobra decir que, mientras se impulsa esta reforma sin consenso, los problemas más apremiantes de nuestro país —la inseguridad y la desigualdad— siguen sin un planteamiento serio.

Más aún: los problemas del sistema electoral que sí exigen atención, la sobrerrepresentación excesiva en la Cámara de Diputados y el creciente involucramiento del crimen organizado en los comicios, no merecieron una sola línea en la iniciativa presidencial.

Quiero cerrar con un tono claro, porque la situación lo amerita.

Ningún resultado electoral puede cancelar la pluralidad política y, mucho menos, decidir sobre los derechos de la ciudadanía. La pluralidad democrática de la Nación es riqueza que pertenece a toda la ciudadanía, no importa si es mayoría o minoría, ni si se tienen o no simpatías partidistas.

Este Frente ha expresado su rechazo a las reformas regresivas porque sus consecuencias previsibles se apartan de los principios democráticos esenciales:

dicen que no, pero comprometen la autonomía, independencia, neutralidad e imparcialidad de las instituciones electorales;

dicen que no, pero vulneran la equidad en la competencia y la transparencia en el proceso electoral, aunque buscan justificarse como un ahorro;

dicen que no, pero restringen la esencia de la libertad, la igualdad y la autenticidad del voto.

Nosotros afirmamos que la ciudadanía no es negociable. Los derechos ciudadanos no son negociables ni, mucho menos, pueden ser regresivos. Todo intento por reducirlos encontrará una ciudadanía informada, activa y organizada para defenderlos.

Como toda lucha política, no está en nuestras manos decidir solos el resultado, pero sí está en nosotros convocar a otras mentes, otros corazones y otras manos a escribir una página renovada de nuestra indeclinable aspiración democrática, porque la ciudadanía está en la mesa con propuestas, razones y convicciones.

Ese es hoy y siempre nuestro poder. Y es momento de ejercerlo.