Vida y autonomía: ¿valores en tensión?

María Luisa Aspe Armella

Doctora, Maestra y Licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEID). Forma parte del Comité Científico de esta revista.

 

Antes de legislar en materia de eutanasia habría que hacer un esfuerzo para asegurar el acceso gratuito universal de los pacientes terminales a cuidados paliativos de calidad; se requiere una propuesta de encuentro, escucha, empatía y compasión.

El Parlamento español aprobó el pasado 18 de marzo la ley que despenaliza la eutanasia y regula el suicidio asistido fijándolos como un “derecho” y una prestación del sistema nacional de salud, con lo que España pasa a formar parte del puñado de países que permitirán a un enfermo incurable “recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento”.1

La ley entrará en vigor en tres meses, a partir de su publicación, el 25 de marzo, al haber sido validada en el Congreso de los Diputados con 202 votos a favor de los partidos de izquierda, de centro y regionalistas, frente a 2 abstenciones y 141 votos en contra, en su mayoría, del Partido Popular y de Vox.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas de aquel país, el 80% de los españoles apoya la ley, lo que requiere analizarse no sólo desde la perspectiva jurídica y bioética, sino también cultural.

La aprobación definitiva de la ley obliga a cada comunidad autónoma a crear en 90 días la Comisión de Garantía y Evaluación para que los ciudadanos a través de ella “puedan adquirir su derecho a la eutanasia”. Son elegibles de solicitarla los mayores de edad “que sufran una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte la autonomía del paciente y que le genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.2

La Comisión, formada por personal médico, de enfermería y juristas, será la responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia. Quien la solicite, tendrá que confirmar su decisión en más de tres ocasiones “y podrá desistir en cualquier momento”.

Como era de esperar, la Iglesia Católica se ha manifestado en contra, lo mismo que la Organización Médica Colegial y el Comité Español de Bioética3.  El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha criticado también “que se permita la eutanasia en caso de discapacidad grave” y las asociaciones de pacientes, a pregunta expresa, respondieron que “no tienen una postura definida” lo que resulta sin duda preocupante.

España es el séptimo país del mundo en aprobar la eutanasia. Holanda fue el primero en hacerlo, en 2002, después de un largo proceso de decisiones judiciales que le allanaron el camino a la ley. En 1973, un médico fue condenado por haber “facilitado” la muerte de su madre enferma después de reiteradas solicitudes explícitas de hacerlo. Se mantuvo la condena, pero la conmoción que provocó el debate hizo que el tribunal estableciera criterios en los que “no se requeriría que un médico mantuviera vivo a un paciente terminal en contra de su voluntad”.4

Un mes después de Holanda, Bélgica también legalizó la eutanasia (acto realizado por un tercero, que provoca la muerte de la persona; generalmente, un médico administra el medicamento que termina con su vida) y la muerte asistida (en la que el propio paciente tiene que ingerir el medicamento que le es proporcionado por un tercero, para terminar con su vida). Años después, fue Bélgica el primer país en aprobar la eutanasia para menores de 12 años en caso de enfermedad terminal.

Luxemburgo siguió en la lista de países que ofrecen de manera explícita la opción para los pacientes terminales de solicitar el procedimiento “después de recibir la aprobación de dos médicos y un panel de expertos”, tras aprobarse su ley en 2009.

Después de un debate encarnizado de casi 10 años, Colombia –el primer país de tradición católica en hacerlo– obtuvo el “derecho a la muerte digna” en 2014, mediante una sentencia de la Corte Constitucional, bajo tres requisitos: “padecer enfermedad terminal”, “considerar que la vida ha dejado de ser digna producto de la enfermedad” y “manifestar el consentimiento de manera clara, informada, completa y precisa”.

La reacción provocada por la aprobación de la ley llevó, según algunos expertos, a atemperar los ánimos, incorporando la figura de la “objeción de conciencia” que permite a los médicos no realizar el procedimiento si este va en contra de sus creencias personales.

En 2016, Canadá aprobó la ley de “asistencia médica para morir” (eutanasia), de la mano del “suicidio asistido”, estableciendo requisitos rigurosos que incluyen la solicitud “del procedimiento” 10 días antes de ponerse en práctica, la presencia de dos testigos independientes y la aprobación de dos médicos que confirmen que el paciente no tiene cura y está en fase avanzada de sufrimiento.

Nueva Zelanda fue el primer país del mundo en someter la eutanasia a referendo junto a las boletas de las elecciones generales, a finales de 2020, en plena pandemia. La mayoría de los votantes aprobó la medida, lo que prevé que la ley entre en vigor el 6 de noviembre de 2021, a un año del recuento final de los votos. La ley contempla que quienes soliciten la eutanasia tendrán que ser mayores de 18 años y deberán contar con la aprobación de dos médicos.

La efervescencia del debate en esta materia y los precedentes legales en algunos países –en Perú, aunque está prohibida la eutanasia, un tribunal falló recientemente a favor de la solicitud de una mujer que padece una enfermedad degenerativa desde hace 30 años y que reclamaba su derecho a la muerte digna– llevan a suponer que otras naciones o estados federados engrosarán la lista de aquellos en que se despenalice la eutanasia y se regule la muerte asistida.

Interesante resulta el contraste con los países que han tenido peticiones similares, pero que aún no despenalizan el acto eutanásico. Tal es el caso de Chile, donde Paula Díaz, quien sufría una enfermedad paralizante y dolor severo, en 2018 pidió a la entonces presidente Michele Bachelet la eutanasia. Hoy, Chile sigue sin despenalizar la eutanasia. Otro caso semejante es Francia, donde Vincent Lambert, en 2019, solicitó que le ayudaran a terminar con su vida tras quedar tetrapléjico a causa de un accidente automovilístico y a quien finalmente se le desconectó del soporte que lo mantenía con vida. Pese a ello, hasta la fecha, ni la eutanasia ni el suicidio asistido están permitidos en Francia.

No es menos preocupante el caso de nuestro país. En la Constitución de la Ciudad de México, promulgada en 2017, en el artículo 6, se propone el “derecho a una muerte digna” a partir de los componentes de una vida digna5, aunque no se aclara qué se entiende por ese término.

Como dijera la Dra. Ma. Elizabeth de los Ríos, uno de los riesgos más importantes que se corren al legalizar actos que atentan contra la vida y salud de una persona es caer en generalizaciones que hagan suponer que más que ser un derecho lo que se reclama, es un deber establecido, lo que se defiende de tal manera que pidiendo la eutanasia pueda traducirse en el deber de administrarla.6

Revisando la información en los casos expuestos, encuentro puntos en común que resalto: la ausencia de alternativas propuestas antes y durante el cabildeo para aprobar la ley: nada sobre la ética del cuidado o sobre los cuidados paliativos –con excepción de España, donde la ley sí los contempla– enfocados en brindar calidad de vida a los pacientes y a sus familias de manera integral –física, psicológica y espiritual– atendiendo la raíz del sufrimiento de quien padece una enfermedad terminal y disminuyendo de manera importante (según testimonio de médicos y bioeticistas), en algunos casos, la petición al recurso de la eutanasia.

Es notable en varios de los casos analizados, la actitud del debate marcado por agendas ideológicas partidistas, la poca o nula argumentación de quienes promueven públicamente la medida y la eufemización de términos –de larga data– que garanticen una legitimación social más amplia: en España, la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, festejó que con esta medida el país avanza en el “reconocimiento de los derechos” así como en una sociedad “más justa y decente”; en Colombia, se sustituyó el término eutanasia por el de “homicidio por piedad”, que además de entrañar una contradicción en términos, resulta un barbarismo jurídico. En otros países, como Alemania y Suiza, es ilegal la eutanasia aunque no así el suicidio asistido al que se le llama de manera amigable “muerte compasiva”. Icónico resulta el caso de esta última, con su clínica “Dignitas”, un centro de turismo eutanásico, que al estar en Zurich y ser esta una región “laica” en términos jurídicos, es decir, que no predomina ninguna ley, cualquier persona, de cualquier nacionalidad, puede ir ahí para que la “auxilien” en el suicidio.7

Antes de legislar habría que hacer un esfuerzo conjunto de gobiernos, organizaciones médicas, de pacientes y familiares; las iglesias, la sociedad civil, etc., por asegurar el acceso gratuito universal de los pacientes terminales a cuidados paliativos de calidad. Decir esto en México, en momentos donde la atención a la salud y el acceso a medicamentos son bienes escasos, pareciera una meta inalcanzable, pero hoy más que nunca toca reflexionar antes que una iniciativa de ley proponga la eutanasia como salida fácil, no tan gravosa al erario, acorde a una agenda progresista y que dé cuenta aunque sin explicitarlo, del rechazo frontal al sufrimiento tan característico de nuestra cultura contemporánea y de las complicaciones que pudiera presentarnos –a nosotros– el dolor y el sufrimiento de los demás, sobre todo de los más cercanos.8

En México, desde fines de 2008, con la Ley de Voluntades Anticipadas y expresamente, en 2009, con un anexo explícito y exclusivo en materia de cuidados paliativos, se contemplan estos como parte de las actividades médicas exigidas por la Ley general de Salud. El problema es, entonces, la falta de unidades de cuidado paliativos, sumado a la falta de especialistas y de medicamentos opiáceos para tratar los síntomas y que la ley que tenemos establece que “sólo los pacientes diagnosticados como terminales se les puede remitir a los cuidados paliativos” y esto complica todo porque hay muchas enfermedades que no son “terminales”, pero que sí ameritan dichos cuidados.

Nada más lejano de mi intención que cuestionar o descalificar a la persona que opta por el suicidio asistido o la eutanasia. Lo que me interesa es hacer notar que estas decisiones están enmarcadas en un ámbito social y cultural específico. No propongo volver atrás a tiempos idos en los que las decisiones personales estaban apuntaladas por una serie de soportes institucionales (familia, comunidad, pertenencia a una iglesia o fe religiosa, auténticas redes de sociabilidad), sino de propiciar ahora que estos se encuentran desdibujados, otro tipo de soporte que permita a la persona en una situación terminal, saberse y sentirse acompañada para discernir de manera responsable (aquilatando las consecuencias de los propios actos) y no apresurando la única decisión de suyo irreversible9.

El modo de evadir el dolor y la subjetivación que hacemos del sufrimiento se relaciona con un conjunto de ideas, de creencias y de supuestos que interiorizamos familiar, social y culturalmente; no hay decisión por más íntima y personal que nos parezca, que no esté coloreada por la cultura10 y que no tenga repercusiones sociales.

Existen ejemplos notables, documentados, en que –a contracorriente de la tendencia cultural– el sufrimiento que conlleva una enfermedad terminal o incapacitante es enfrentado de tal forma que no sólo es llevadero, sino que permite desarrollar una visión más amplia y hasta esperanzadora de la vida y reconocer en ella un auténtico sentido.11

Incidamos en lo que sí podemos: en promover una cultura del encuentro, de la escucha, de la empatía y la compasión; en una educación que privilegie el ser con los demás, la tolerancia a la frustración y la resiliencia. Y en políticas públicas y de salud, pugnemos por la preeminencia de una ética del cuidado y por la norma de los cuidados paliativos como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud no sólo para enfermedades terminales, sino crónicas e incapacitantes.12

Uno de los argumentos más típicos, pero erróneo, de las peticiones de la eutanasia, es creer que la vida deja de ser digna cuando la enfermedad aqueja. Basta con decir que la vida de la persona no se reduce a su dimensión corporal y que, por eso, aunque el cuerpo se vea disminuido en sus funciones, la dignidad de la vida de la persona y de la persona en sí misma, permanece intacta.13

Así, con todo lo expuesto, considero que podemos mantener una postura crítica ante la despenalización de la eutanasia y pugnar por una cultura que retorne a la recuperación del valor de la vida a pesar del dolor y/o sufrimiento que pueda representar en un momento dado.

La vida como valor supremo no contradice y sí resguarda el valor de la autonomía de la persona; engloba las distintas dimensiones humanas, por ello, elegirla, es un acto de reconocimiento pleno del valor de la persona.


1 https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16118–ley-organi- ca-3-2021:-espana-legaliza-la-eutanasia-/

2 Artículo 5, incisos b y d de la “Proposición de ley orgánica de la regulación de la eutanasia” publicada el 18 de marzo propuesta por el congreso de los diputados en la XIV Legislatura. Disponible en el sitio: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/ BOCG-14-B-46-8.PDF Fecha de última consulta: 3 de abril del 2021.

3 Comité de Bioética de España. Informe del comité de Bioética de España sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: propuesta para la reflexión y la deliberación. 30 de septiembre de 2020.

4 https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/estos-son-los-siete-paises-del-mundo-donde-la-eutanasia-es-legal/

5 Cfr. Constitución política de la Ciudad de México disponible en el sitio: http://www.infocdmx.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitu- cion_%20Politica_CDMX.pdf
Fecha de última consulta: 2 de abril de 2021.

6 Cfr. De los Rios, M.E. (2021). “La eutanasia: un homicido legal” en Exaudi. 23 de marzo de 2021. Disponible en el sitio: https://www.exaudi.org/es/ eutanasia-homicidio-legal-2021/

7 http://www.dignitas.ch/?lang=en

8 El sufrimiento, visto de una postura meramente humana es absurdo e insoportable, sin embargo, cuando se inserta en un horizonte de fe cobra una dimensión salvífica y trascendente. Así se ha hecho notar en la carta Samaritanus bonus promulagda en septiembre de 2020 por la Congregación para la Doctrina de la Fe: “Así, si bien marcada por un tránsito doloroso, la muerte puede convertirse en ocasión de una esperanza más grande, gracias a la fe, que nos hace partícipes de la obra redentora de Cristo.

9 David Le Breton, Antropología del dolor, Barcelona, Seix Barral, 1999, 287 págs

10 Carlo Clerico ¿Cuál es la importancia del acompañamiento en la eutanasia? Reflexión Ibero, 29 de enero de 2017. https://ibero.mx/prensa/reflexio- nibero-cual-es-la-importancia-del-acompanamiento-en-la-eutanasia.

11 Idem.

12 Organización Mundial de la Salud. Disponible en el sitio: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care Fecha de última consulta: 1 de abril de 2021.

13 Herrera, A. (2018). Eutanasia, cuidados paliativos y atención al final de la vida. México, ETM.