Tiempo de Libros

Alfonso Herrera García

Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Twitter: @jAlfonsoHerrera

 

Defensa nacional. Fuerzas armadas mexicanas: una visión humanista del Estado mexicano

Sodi Cuéllar, Ricardo (coord.)

México, Universidad Anáhuac / Porrúa, 2016, 291 págs.

Este libro trata un tema de máxima pertinencia para nuestra dificultada evolución democrática, la convivencia social y el constitucionalismo mexicano. Como es sabido, en el contexto de un problema muy serio para nuestro país, como es la inseguridad pública, el involucramiento de las fuerzas armadas en labores de esta especie no ha estado exenta de debate público, doctrinal y judicial.

El tema que aborda esta obra está también vinculado con una materia que ha estado en la mira de condenas interamericanas en contra del Estado mexicano, que han implicado la adopción por la Suprema Corte de un criterio ajeno a su ejercicio jurisdiccional: la restricción del fuero militar, en virtud del cual dicho fuero no puede operar en casos en los que se encuentren involucradas personas civiles (recepción del caso Radilla en el expediente varios 912/2010).

Además, cabe destacar que, al momento en que se escriben estas líneas, ha iniciado la discusión en el pleno de la propia Corte mexicana sobre la constitucionalidad de la polémica “Ley de Seguridad Interior”. Como se sabe, en este caso, entre otras cuestiones se dilucidará si en nombre de la “seguridad interior” es posible que el Ejército mexicano participe en funciones que, de ordinario, se identifican como de seguridad pública y, en su caso, bajo qué condiciones y en qué circunstancias.

Este libro apela al análisis de las fuerzas armadas a partir de una ideología que se identifica como “humanismo”, que plantea una reflexión de su posición institucional a partir de valores democráticos, los derechos humanos y libertades ciudadanas, el principio de igualdad y no discriminación, así como la racionalidad y proporcionalidad de la fuerza militar en las excepcionales situaciones en las que deba cobrar presencia en la vida social.

Las fuerzas armadas han ocupado un lugar importante en la jurisprudencia interamericana, la cual les ha impuesto deberes específicos de actuación a la hora de encarar la función que les es propia: la seguridad y la defensa nacional. La escasa producción bibliográfica existente en nuestro país sobre este tema redobla la importancia de este libro que, además, es producto de importantes discusiones verificadas en un seminario anual organizado por la Universidad Anáhuac y el propio Ejército y Fuerza Aérea.

 

El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de excepción

Rodríguez Pérez, Ramiro

México, Porrúa, 2018, 231 págs.

Las implicaciones del renovado artículo 29 constitucional, a partir de la célebre reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, del 10 de junio de 2011, no han sido suficientemente analizadas por la doctrina. El poder reformador de la Constitución modificó ese precepto en un triple sentido.

En primer lugar, especificó los derechos no susceptibles de suspensión, los cuales se armonizaron con el art. 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en general, con estándares internacionales en la materia. En segundo lugar, estableció expresamente que las medidas de suspensión deben estar fundadas y motivadas, así como ser proporcionales al peligro que se enfrenta, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

En tercer lugar, dispuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación controlará ex officio, y con la mayor prontitud, la constitucionalidad de los decretos de suspensión. En este aspecto, estamos en presencia de un elemento procedimental inédito desde una perspectiva comparada, y que resulta claramente revelador de la transformación democrática del mecanismo mexicano de la suspensión. Esta facultad de la Corte constituye el principal objeto de análisis de este libro.

La obra nos hace recordar que las bases constitucionales del Estado de excepción o de emergencia en México no pueden divorciarse interpretativamente de las aplicables desde el orden interamericano. De acuerdo con el artículo 27.1 de la Convención, las situaciones de “guerra”, “peligro público” u “otra emergencia” constitutiva de una amenaza a su independencia y seguridad, son los únicos extremos en que un Estado puede adoptar medidas suspensivas de Derechos Humanos.

Así, en el caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, la Corte Interamericana observó que un decreto de excepción no fijó un límite espacial definido para la aplicación de las medidas, sino que dispuso la intervención de las fuerzas armadas en todo el territorio nacional. Tampoco se había determinado un límite temporal para la intervención militar que permitiera saber con precisión la duración de la misma, además de que no había establecido con claridad los derechos que serían suspendidos.

 

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