TIEMPO DE LIBROS

Alfonso Herrera García

Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

Twitter: @jAlfonsoHerrera

 

El derecho de los jueces

López Medina, Diego Eduardo.

Bogotá, Legis / Universidad de Los Andes, 
2018, 2ª ed., 366 págs.

El estudio del Derecho a partir de las decisiones de los jueces constituye una aproximación teórica imprescindible para la cultura democrática de nuestro tiempo. No obstante, son infrecuentes los estudios dogmáticos —al menos en materia constitucional— que enarbolen esa perspectiva. Menos aún pueden identificarse los que cultiven una teoría jurídica que se focalice en el análisis estructural de la jurisprudencia.

En la medida en que los jueces tienen por responsabilidad dar alcance y sentido al ordenamiento jurídico, se ensalza su posición dentro del sistema constitucional. Si a ello sumamos su eventual capacidad para inaplicar o incluso expulsar contenidos normativos, o bien suprimir posibilidades de interpretación, su “protagonismo institucional” —en el sentido democrático del término— resulta innegable.

Este libro ha adquirido rápidamente la condición de “clásico” dentro de la dogmática jurídica latinoamericana en la última década. Su exitosa divulgación tiene parte de su explicación precisamente en que colma la ausencia señalada. Otra razón de su éxito se encuentra en su valiosa propuesta: enseñar las metodologías del “derecho de los jueces” y, en esa medida, las herramientas efectivas para leer la jurisprudencia. Que al año de 2018 hablemos de una decimoséptima reimpresión, da fiel cuenta, por sí misma, de ello.

López Medina demuestra la creación judicial del Derecho a partir de las transformaciones constitucionales en la experiencia colombiana. Pero, al mismo tiempo, construye una plataforma teórica para analizar el desarrollo jurisprudencial de cualquier otro ordenamiento. Con todo, que el Derecho Constitucional contemporáneo y las especificidades de los derechos fundamentales que consagra, sólo puedan explicarse cabalmente en clave judicial, es una realidad más allá de toda coordenada geográfica.

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Los tribunales especializados en materia de 
intermediación financiera. La justicia pendiente

Carrillo Chontkowsky, Susana, 

México, Porrúa, 2016, 2ª ed., 343 págs.

La permanente evolución de las relaciones sociales conlleva la necesidad de organizar el sistema jurídico en niveles cada vez más especializados. Esta circunstancia impulsa el deber que tiene el Estado de generar estructuras legislativas específicas para disciplinar, por ejemplo, renovados derroteros de la actividad económica o las nuevas tecnologías.

Sin embargo, cabe preguntarse si cada desarrollo legislativo debe propiciar la simultánea creación de un aparato de medios impugnativos, tendentes a procesar los problemas que surjan en los nuevos campos de actuación. Los altos niveles de tecnicidad, más allá de las opiniones expertas de peritos en esas materias ¿deben acompañarse de jueces y tribunales igualmente especializados, que resuelvan las más variadas discrepancias que emergen de esas nuevas realidades sociales o económicas?

La tesis principal de este libro es afirmativa. Para la autora, la falta de compresión judicial en una materia indudablemente especializada, como es la intermediación financiera, exige la consideración de un esquema jurisdiccional autónomo. Este escenario permitiría alcanzar soluciones satisfactorias a las controversias que se presentan. Máxime cuando, a partir de ellas, pueden desencadenarse serias consecuencias para el sistema económico de un país.

El innegable nivel de especialidad de la intermediación financiera, respecto de la materia mercantil, o incluso de la bancaria, hace propicio pensar en la configuración de un aparato judicial que le haga frente. Se trata de hacerlo de forma completa, efectiva y, sobre todo, informada acerca de las diversas vicisitudes técnicas que acarrea, a fin de evitar yerros o despropósitos judiciales.

Para justificar su propuesta, la autora proporciona un aparato conceptual específico de la intermediación financiera, su delimitación dogmática; desarrolla ejemplos (como el anatocismo, el denominado anatocismo “al revés” o la “usura lesiva”) y una esquemática procesal. Finalmente, concreta una propuesta de configuración tribunalicia, propia de esta disciplina jurídica, que colme lo que identifica como una “justicia pendiente”.