Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 30 de noviembre de 2021

Asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

EXPEDIENTE 57/2021.

PROMUEVE:  Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

DEMANDA: La invalidez del artículo 7, fracción VII, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 1° de marzo de 2021

Ponencia: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ.

 RESOLUTIVOS

  1. Procedente y fundada,
  2. se declara la invalidez del artículo 7, fracción VII, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
  3. Los efectos surtirán una vez que se notifiquen los resolutivos del fallo al congreso local.
  4. Publíquese.

ESTUDIO DE FONDO, CONSIDERANDO QUINTO:

El proyecto propone declarar la invalidez del artículo impugnado, se toma en consideración el precedente 192/2020 y 85/2021, donde se analizan normas de igual contenido. Se somete a la porción normativa impugnada a un escrutinio ordinario en su proporcionalidad y se concluye que no supera el test.

VOTACIÓN. Se aprueba por unanimidad.

 


Asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

EXPEDIENTE 259/2020.

PROMUEVE:  Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

DEMANDA: La invalidez del artículo 20, fracción V, 21, fracción V y 32, párrafo segundo, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, expedida mediante Decreto 262, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 19 de agosto de 2020.

Ponencia: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.

RESOLUTIVOS

  1. Procedente y fundada,
  2. se declara la invalidez del artículo 20, fracción V, 21, fracción V, ambos, en su porción normativa “y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta” y 32, párrafo segundo, fracción VI, de la Ley orgánica del tribunal administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Los efectos surtirán una vez que se notifiquen los resolutivos al congreso del estado de Chiapas.
  3. Publíquese.

ESTUDIO DE FONDO, CONSIDERANDO SEXTO:

a) Se retoma la doctrina que ha establecido el Pleno, donde se impugnan normas que introducen cuestiones relacionadas con el pasado penal de una persona para acceder a un cargo público, las cuales han sido contrastadas a la luz del principio de igualdad y no discriminación. (artículo 1 Constitucional).

Se debe tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Federal, donde se establece el requisito para ser magistrados, por lo que no se debe extender para los jueces.

b) Análisis de artículo 20, fracción V y 21 fracción V, «y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta».

Se entiende que son dos requisitos, para su análisis se divide de la forma siguiente:

b.1) El proyecto propone declarar la invalidez de la porción normativa “y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión” ya que al realizar un escrutinio ordinario de proporcionalidad se concluye que la porción hace una distinción injustificada entre personas condenadas con mas de un año de prisión y aquellas que no, para acceder a cargos del tribunal del Estado de Chiapas. Este requisito no tiene una relación directa y clara para el desempeño del cargo.

Por lo tanto, se concluye que las porciones normativas impugnadas infringen el derecho de igualdad.

b.2) Se analiza la porción normativa «pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta».

El proyecto considera que las normas impugnadas deben ser contrastadas con el artículo 1° constitucional toda vez que se establece en dichas normas una distinción entre las personas que han sido condenadas por un delito que a juicio de quien las califique lesione su buena fama de aquellas que no han sido condenadas por delito o aquellas que, siendo condenadas por delito, no lesionen su buena fama.

Dicha distinción no se encuentra vinculada con el trabajo a realizar, no se toma en cuenta la gravedad del delito, doloso o culposo. El concepto de buna fama es altamente subjetivo.

En ambos casos se propone declarar la invalidez de las porciones normativas.

c) Se analiza el artículo 32, párrafo segundo, fracción VI, se propone declarar su invalidez, pues resulta contrario al derecho de igualdad. El requisito establecido no tiene una relación directa con el cargo a desempeñar.

Esquivel: no comparte el proyecto en su apartado b.1, pues se trata de un puesto jurisdiccional y ese requisito coincide con los requisitos establecidos en la constitución federal, es una exigencia razonable  y clave para la impartición de justicia.

Piña: las porciones impugnadas debieron someterse a un escrutinio estricto. El requisito en cuestión debe ser constitucionalmente válido para todos los que desempeñan funciones jurisdiccionales.

Laynez: si la constitución exige ese requisito para magistrados debe aplicar para los jueces.

VOTACIÓN. Unanimidad de votos por la invalidez del artículo 32, párrafo segundo, fracción VI.

Mayoría de 8 votos por la invalidez del artículo 21 fracción V.

6 votos por la invalidez del artículo 20 fracción V, no se alcanza mayoría calificada y por ende se desestima.

Se modifican los resolutivos, para quedar:

  1. Procedente y fundada,
  2. se desestima la acción respecto del artículo 20, fracción V, en su porción normativa “y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta” Ley orgánica del tribunal administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
  3. Se declara la invalidez del artículo 21, fracción V, en su porción normativa “y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta” y 32, párrafo segundo, fracción VI, de la Ley orgánica del tribunal administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Los efectos surtirán una vez que se notifiquen los resolutivos al congreso del estado de Chiapas.
  4. Publíquese.

La sesión de hoy fue la última con la participación del Ministro José Fernando Franco González Salas. El próximo jueves se llevará a cabo la sesión solemne donde despide al ministro.

Se levanta la sesión.

 

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