Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 17 de junio de 2021

Acción de Inconstitucionalidad 100/2019 (continuación…)

Promovente: CNDH.

Contra Decreto por el que se expidió la Ley de Extinción de Dominio.

Hay temas de Constitucionalidad, Convencionalidad y legalidad en el asunto.

Ponente: Ministra Norma Lucia Piña Hernández.

Ministro Zaldívar abre la sesión, como de costumbre.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.

Plantea que la sesión pasada se trató lo referente a la Extinción de Dominio.

Ahora se presenta el apartado 3.3.2, que se refiere a la fr. IV del artículo 7º de la ley en cuestión.

Ministra Piña: Tal artículo señala que procede la ED sobre bienes no investigados por la posible comisión de hechos ilícitos.

El 22 constitucional lo prohíbe, pero el 7º de la ley lo contradice evidentemente, por lo que se propone la invalidez del precepto.

Votación: Por unanimidad a favor del proyecto.

Ministro Zaldívar: Pasamos al apartado 3.3.3.

Ministra Piña: El proyecto propone que la fracción I del artículo 7º de la ley sí se apega al 22 constituional, ya que sólo establece algunas de las maneras en que los bienes patrimoniales pueden estar relacionados con los hechos ilícitos, que taxativamente menciona el 22 constitucional. El 7º habla de algunos productos derivados de bienes.

Ministro Aguilar: En principio está a favor de la validez de esta fracción que se analiza, sin embargo, tiene razones adicionales. El 22 constitucional pide que los bienes se encuentren relacionados con las investigaciones, pero la constitución no dice en qué casos los bienes se encuentran relacionados con los hechos ilícitos, por lo que es perfectamente válido que el legislador lo determine.

Votación: Por unanimidad a favor del proyecto. Aguilar expresó consideraciones adicionales.

Ministro Zaldívar: Pasamos al apartado 3.3.4.

Ministra Piña: Aquí se estudió la fracción V del artículo 7º de la ley de ED. La primera parte es válida, mientras que la última no lo es. Ello, puesto que la primera parte señala que se considera relacionados con los hechos ilícitos, aquellos bienes que fueran utilizados por un tercero para delinquir. Esto resulta constitucional, pues establece otra más de las formas en que los bienes estén relacionados con los hechos ilícitos. Por otra parte, la parte final de la fracción en cuestión es inválida, toda vez que cuando analizaron el artículo 9, inciso IV, se concluyó que el 22 const. No exige un elemento subjetivo como es el conocimiento del dueño del bien de que se delinquiría con el propio bien. Por la misma razón, es inválida la última parte de esta fracción que nos ocupa.

Ministro Esquivel: No comparte la invalidez y votará en contra.

Ministro Laynez: Votará en contra porque la interpretación es que es un artículo en protección del propietario que desconoce que sus bienes serán usados para delinquir.

Votación: Esquivel y Laynez en contra. Los demás a favor de la invalidez. Sobre la primera parte (la de la validez) hubo aprobación del proyecto por unanimidad.

Ministro Zaldívar: Pasamos a analizar el apartado 3.4.

Ministra Piña: La CNDH controvierte el 15 de la ley, que establece cuándo se presume la buena fe en la adquisición y destino de los bienes. Antes el 22 sí exigía acreditar la buena fe del dueño, pero la Constitución ya no lo pide. Entonces, el afectado por la acción tiene que demostrar la legítima procedencia del bien, pero de ninguna manera debe probar algún elemento subjetivo, como es el haber conocido que un tercero delinquía con su bien. Bajo esta lógica, el 15 de la ley contraviene el 22 constitucional al regular un elemento subjetivo como es la buena fe del dueño, cosa que se insiste, fue retirado del 22 constitucional por el constituyente permanente. Por ende, debe declararse como inválido.

Ministro Laynez: Nuevamente no le parece y votará en contra, ya que el 15 es enunciativo y no limitativo.

Ministro Esquivel: No comparte nuevamente.

Ministro Zaldívar: Está en contra de que se invalide todo el artículo 15. Considera que solamente debe invalidarse lo referente a las presunciones de buena fe que solicita. El 15 establece más presunciones además de la buena fe, como la presunción de buena fe del dueño de los bienes, precisamente al momento de adquirir el bien en cuestión. Esto último le parece que se encuentra en la esfera de decisión del legislador. Le parece razonable que el legislador presuma buena fe en la adquisición de los bienes. Además es una presunción iuris tantum, por lo que el MP puede desvirtuarla. Por eso no puede ser totalmente inconstitucional el 15 y votará así.

Ministro Pardo: Igual que Zaldívar: sólo la fracción V y VI son inconstitucionales.

Ministro Pérez Dayán: Es una buena distinción la que hacen Zaldívar y Pardo. Reconoce la importancia de las observaciones pero marcan una limitante al juez, cuyo trabajo es evaluar lo que le presenten las partes para decidir jurídicamente. Por ejemplo no le parece que el pago de impuestos al adquirir deba ser determinante para que no haya buena fe del adquirente. Deben ser criterios orientativos y estar abiertos a las pruebas; para no atar de manos a los jueces.

Ministro Franco: En el origen estaba de acuerdo, pero ahora se adhiere a Zaldívar y a Pardo. Se sumará a ella.

Ministra Piña: La nulidad total parte de lo que ya había dicho la Corte en el sentido de que no es un elemento propio de la ED la buena o mala fe. La tesis de la Primera Sala que invoca Zaldívar no aplica porque era para la antigua ley de ED. Sigue considerando que debe ser totalmente inválido, pero no tiene inconveniente en modificar el proyecto para que quede como dijeron Zaldívar y Pardo. Pero hará voto concurrente para evidenciar que para ella, sí debería ser totalmente inválido el precepto.

Ministro Aguilar: Está de acuerdo con el proyecto, porque a pesar de que se pudiera separar las fracciones, todas están condicionadas a la existencia de la buena fe, cosa que ya no existe en el 22 constitucional. Por eso cree que debe ser totalmente inconstitucional el precepto.

Votación: 8 con Pardo y consecuentemente, como la Ministra dijo que se adhiere a la invalidez parcial, se produce en esos términos.

Ministro Zaldívar: Continuamos con el 4 concepto de invalidez.

Ministra Piña: En el apartado 4º del considerando 6º, se trata el 11º primer párrafo de la ley, sobre la imprescribilidad de la acción. El proyecto señala que es inconstitucional la imprescriptibilidad de la acción, ya que el legislador no puede decidir eso. En específico porque en el debate parlamentario se trató este punto y el constituyente dijo que no fuera imprescriptible. Adicionalmente, no es una medida acorde con el test de proporcionalidad que debe regir la cuestión. Ni en penal ni en civil existen acciones imprescriptibles, por más que se trate de temas sensibles como éste. Trae como precedente aplicable la controversia constitucional 169/2017, donde el Pleno ya se pronunció por mayoría en contra de una norma semejante en una ley de ED de alguna entidad federativa.

Ministro Gutiérrez: Está de acuerdo con la inconstitucionalidad por el tema de la proporcionalidad ya que existen medidas mucho menos drásticas.

Ministro Pérez Dayán: Coincide con el proyecto, es inconstitucional porque le sorprende lo mal lograda que está la ley. Es una violación manifiesta de la Constitución.

Ministro Aguilar: A favor del proyecto. Sólo se separa en un aspecto, relativo al test de proporcionalidad, ya que resulta innecesario si se realiza la debida interpretación estricta.

Ministro González-Alcántara: No comparte que el legislador no tenga imposibilidad para determinar la imprescribilidad, ya que la Constitución no lo prohíbe expresamente. Está a favor de la primera parte.

Ministro Zaldívar: Parcialmente a favor del proyecto. Tiene razones distintas porque no le parece necesario un test de proporcionalidad. Simplemente porque no pueden haber acciones imprescriptibles (salvo lesa humanidad) por inconvencionales y enconstitucionales per se. Se debe invalidar en su totalidad y aplicar supletoriamente las reglas de prescripción del Código Civil Federal.

Ministra Piña: Da razones de por qué aplica el precedente que mencionó. Mantiene su proyecto en sus términos.

Votación: unanimidad por lo que se refiere a la imprescriptibilidad. 8 a favor de validez de la parte restante del párrafo conducente.

Ministro Zaldívar: Pasamos al 5 concepto de invalidez.

Ministra Piña: La CNDH impugna el 16, fracción II, que se refiere al ejercicio de la acción a partir de investigaciones. Dice que esto pareciera dar facultades muy amplias que se prestan para arbitrariedades. El proyecto desestima este argumento de la CNDH, ya que no es posible pensar que ese artículo obligue al juez a darle valor a las pruebas derivadas de la investigación ilícita o excesiva. Además no puede decirse que todo resultado de la investigación vaya a ser arbitraria.

Votación: unanimidad a favor del proyecto, en votación económica.

Ministro Zaldívar: Vamos al considerando 6º que tiene 3 subapartados (relacionados con medidas cautelares). Ahora se verá el 6.1.

Ministra Piña: La CNDH impugna 173 segundo párrafo, que otorga al MP facultad para que en caso de urgencia asegure bienes sin control judicial previo (mediante una medida cautelar). Debe aclararse que esto no se presenta en la etapa judicial, sino en la etapa preparatoria nada más. Ello, pues en la etapa judicial el MP ya no está actuando como autoridad sino en paridad con las demás partes del litigio. Por eso, debe ser inválido el precepto: el proyecto parte de la premisa de que las medidas cautelares son un instrumento de la tutela judicial efectiva, que tiene fundamento prístino constitucional y convencional en la CADH. Así dice que las medidas cautelares, en etapas judiciales, deben ser controladas por el juez. El proyecto además señala que la norma no supera la proporcionalidad en sentido amplio, pues aunque tiene un fin válido, existen otros medios menos intensos en detrimento de los derechos fundamentales de los justiciables.

Ministro Gutiérrez: Coincide esencialmente con el proyecto. Le parece desproporcionado. Piensa que debería bundarse en la argumentación de los precedentes que cita el proyecto, ya que le parece valioso el análisis que se hizo para evidenciar cuándo es relevante el control judicial de las medidas cautelares.

Ministro Laynez: Está de acuerdo con el proyecto, pero se separa en algunas cosas.

Ministro Aguilar: No comparte la validez del precepto porque releva al MP de acreditar el peligro en la demora (al parecer se le fue la onda porque este tema se debe analizar a posteriori).

Ministra Piña: Se está revisando el segundo párrafo del 173. No tiene inconveniente en añadir lo que dijo Gutiérrez.

Ministro Zaldívar: Está con el proyecto y formulará voto concurrente. Le parece correcto que se cree una argumentación autónoma porque ni es una acción penal ni una civil, sino una totalmente atípica.

Votación: unanimidad a favor y diversos Ministros formularán votos concurrentes.

Ministro Zaldívar: Pasamos al 6.2, por favor.

Ministra Piña: La CNDH alegó el 177 último párrafo. El proyecto lo declara infundado, ya que la medida cautelar que consiste en el aseguramiento debienes, no debe darse en todos los casos, sino que exige que el MP demuestre la apariencia de buen derecho y peligro en la demora.

Ministro Aguilar: Ya lo dijo antes y lo reitera (se le fue la onda antes).

Ministro Pérez Dayán: Con el proyecto.

Ministro Zaldívar: Está con el proyecto, pero se aparta de la parte que establece que es una presunción iure et de iure, porque eso no se desprende de la ley. La interpretación más razonable es la que la considera como una iuris tantum, porque es la interpretación más acorde con los derechos humanos.

Ministro González Alcántara: Comparte las razones del proyecto pero adiciona algunas. Las medidas cautelares son distintas de las consideraciones de fondo, ya que las primeras no prejuzgan sobre el fondo. La Corte ha dicho que en este tipo de casos es procedente un test de RAZONABILIDAD. De este modo no se trata de una presunción absoluta.

Ministro Franco: Tampoco le parece una iure et de iure.

Ministro Esquivel: Mismo sentido.

Votación: Mayoría de 10 a favor, con algunas consideraciones algunos. Voto en contra Aguilar.

Ministro Zaldívar: Pasamos al 6.3 por favor.

Ministra Piña: La CNDH impugna el 190 párrafo V. El proyecto se pronuncia similar a lo dicho en el 6.1 y por lo tanto propone su invalidez.

Votación: Unanimidad de votos. Laynez y Zaldívar votos concurrentes.

Ministro Zaldívar: Pasamos al punto 7 por favor.

Ministra Piña: LA CNDH impugna el 228 a) en el que se regulan los supuestos de venta anticipada de bienes. El proyecto propone la invalidez, ya que la expresión “conforme a la naturaleza de dichos bienes” contradice la seguridad jurídica. Es sumamente vago.

Ministro Pérez Dayan: Coincide con el proyecto pero dice que la naturaleza del procedimiento de ED es vital para pronunciarse. En primer lugar es un procedimiento ante juez. El artículo habilita a posibles ventas anteriores al dictado de la sentencia. Ciertamente es en casos muy específicos, pero no cree que se deba sustraer este tema a la decisión judicial. Por eso, él entiende que la venta se puede llevar al márgen del juez, lo que no le parece válido. Este sólo hecho viciaría cualquier otra consideración. Le parece que el riesgo es caer en daños irreparables.

Ministro Laynez: De acuerdo con el sentido del proyecto y con las consideraciones. Es delicado avalar las ventas anticipadas ya que en caso de que en la sentencia no se acredite la extinción de dominio, dará lugar a indemnizaciones, avalúos y numerosos problemas más.

Ministro Pérez Dayán: Coincide con Laynez pero no desprende que el artículo pida que la venta anticipada deba ser llevada al juez.

Ministra Piña: Los demás incisos del 228 no fueron impugnados por ser muy precisos. Este inciso es inválido por lo genérico de su trazo. Piensa que debe decidirse por el juez puesto que ya hay un proceso en marcha.

Votación: Unanimidad de votos a favor del proyecto.

Ministro Zaldívar: Pasamos al punto 8, último del caso, por favor.

Ministra Piña: La CNDH alega retroactividad del 6º transitorio. El proyecto desestima el argumento porque en leyes procesales no puede alegarse la retroactividad.

Ministro Gutiérrez: De acuerdo con el proyecto pero condicionado a una interpretación conforme.

Ministro Pérez Dayán: Le parece peligrosa la interpretación conforme, por lo que le parece inválido.

Ministro González Alcántara: De acuerdo con las consideraciones del proyecto pero con razones diversas.

Votación: 10 a favor, uno en contra de Pérez Dayán.

Ministro Zaldívar: Se concluye la sesión.

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