Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 17 de enero de 2022

TEMA: CONTINUACIÓN DEL DEBATE DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2020, PROMOVIDA POR LA CNDH DEMANDANDO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE SALUD DE YUCATÁN.

PROYECTO DE LA MINISTRA PIÑA.

En esta sesión del Pleno de nuestro Alto Tribunal, las y los ministros se pronuncian sobre la necesidad, o no, de realizar una consulta a los pueblos indígenas de Yucatán.

Artículo 68.- La planificación familiar tiene carácter prioritario. Las personas pueden tener el número de hijos que deseen y determinar el intervalo entre embarazos. La promoción de la planificación familiar resulta esencial para lograr el bienestar y la autonomía de las mujeres, así como, apoyar la salud y el desarrollo de las comunidades. En las actividades de difusión se debe incluir la información y orientación, priorizando a las escuelas secundarias, bachilleratos, y en general, a todos los adolescentes y jóvenes del Estado. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo se debe indicar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 18 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número, todo ello, mediante una correcta información y acceso a métodos anticonceptivos, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

 Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos con pleno respeto a su dignidad.

 Quiénes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta ley, independientemente de la responsabilidad penal en la que incurran.

 Las acciones de información y orientación educativa que se otorgue en las comunidades indígenas deberán proporcionarse en español y en lengua maya.

La sesión pasada se dijo que la norma no vulneraba los derechos de las comunidades indígenas, ya que solamente indica que se les brinde información. Sin embargo, una minoría conformada por las y los ministros Zaldívar, Ortiz Ahlf, Ríos, Esquivel y Lainez, se pronunciaron a favor de consultarles.

Así las cosas, destaca el argumento del ministro Zaldívar, en el sentido de que la Corte ha sostenido reiteradamente que se requiere consultarles independientemente del sentido de la norma, siempre que se les refiera. De lo contrario, se estaría prejuzgando desde una posición de privilegio sobre si se les afecta o no con la norma en cuestión.

Adicionalmente, se sostuvo que no es posible prejuzgar a priori sobre una eventual afectación, máxime si se considera que la información reproductiva es un presupuesto y vehículo para el ejercicio del derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número y esparcimiento de los hijos.

Por su parte la ministra Ortiz Alhf trajo a colación el Convenio 169 de la OIT, ya que es la causa generatriz de la reforma constitucional del artículo 2º, que prevé la consulta a los pueblos indígenas. En ese sentido es interesante que la ministra aduce que, en lo que toca a las comunidades indígenas, se encuentran en juego tres derechos fundamentales: la información, la salud y la consulta. Sobre esto se puede predicar que los derechos en juego son especiales, toda vez que el acreedor es un sujeto especial como lo son las referidas comunidades. En tal tenor, el escrutinio debe ser igualmente especial, no debiendo utilizarse los estándares ordinarios de medición. Asimismo, la ministra señala que los derechos a la información y a la salud de los pueblos se encuentran en riesgo de afectación. Tan es así que su protección indígena se encuentra ordenada por el referido Convenio 169 de la OIT. Por ello, no le es dable al legislador el omitir la consulta pues está incorrectamente implicando que a priori no hay afectación alguna.

El artículo 25 establece que los servicios de salud deberán planearse e implementarse en conjunto con los pueblos, ya que presupone que se les afecta al no consultárseles cómo quieren que se les brinde la información. Es un tema de información bastante complejo, que no se puede prejuzgar desde la posición de privilegio.

VOTACIÓN: 6 votos en contra de la necesidad de la consulta.

Se concluye la sesión, reservando el estudio de fondo para la próxima.

Es Tiempo de Derechos y estamos desde la Corte… esperamos tus comentarios.