Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 14 de junio de 2021

ley

Expediente 100/2019

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando, en general, la invalidez del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 9 de agosto de 2019. En particular, los artículos 1, fracción V, incisos f), g), h), i) y j) en sus párrafos segundos, 2, fracción XIV, en la porción normativa “o bien, el uso o destino lícito de los Bienes”, 5, párrafo segundo, en la porción normativa “La información obtenida por el Ministerio Público para la preparación de la acción de extinción de dominio, será estrictamente reservada hasta que la misma sea presentada ante la autoridad judicial.”, 7, fracciones II, IV y V, 9, numerales 2, en la porción normativa “o destinación”, y 4, 11, párrafo primero, 15, 16, fracción II, 173, párrafo segundo, en la porción normativa “En caso de urgencia u otra necesidad debidamente fundamentada, el Ministerio Público podrá adoptar tales medidas, debiendo someterlas a control judicial posterior tan pronto sea posible.”, 177, último párrafo, 190, párrafo quinto, en la porción normativa “En los casos en los cuales no se pueda recabar la autorización respectiva, por razón de la hora, del día, de la

Ponente: Ministra Norma Lucia Piña Hernández.

DESARROLLO

Ministro Presidente: Pone a votación en forma económica los apartados de competencia, normas impugnadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia contenidos en el proyecto. 

VOTACIÓN

Aprobado en votación económica por unanimidad de votos 

Tema: Restricción de la procedencia de la extinción de dominio en el ámbito local.

Ministra Norma Piña: Tal como lo aduce la parte actora, la norma no permite al gobernado saber con precisión si determinados hechos del fuero común hace procedente la acción de dominio. 

En el proyecto se señala que hay porciones normativas que se limitan a señalar algunos delitos de la legislación federal pero callan respecto de la legislación local para incluirlos o excluirlos, esto es que, existe una laguna en la solución impugnada respecto de los delitos locales. 

En este sentido se puede optar con dos interpretaciones: 1) Solo se incluyó a los delitos federales pero no los locales y mediante analogía los puede incluir; 2) Se puede argumentar a contrario, es decir, argumentar que solo los delitos federales son susceptibles de extinción de dominio. 

El proyecto propone que no se satisface la seguridad jurídica exigible, pues admite dos interpretaciones con resultados incompatibles. 

De esta forma, el proyecto propone declarar fundado el artículo 1 de la ley en las porciones controvertidas.

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena: No coincide con la propuesta. Señala que el legislador nacional carece de cualquier margen de configuración para decidir en qué supuestos autoriza la aplicación de la figura de extinción de dominio. Se asume que el legislador ordinario debe ver el catálogo de delitos previstos en el artículo 22 como si fuese un mandato de aplicación estricta; sin embargo, el proyecto pasa por alto que estamos ante una figura que por definición es restrictiva de derechos humanos, es un régimen de excepción.

La legislación es restrictiva de derechos humanos. Debe constreñirse al catálogo de los delitos previstos en la ley federal. 

El rol de la Corte no es maximizar los supuestos de procedencia restrictiva de derechos. 

El legislador no quiso incluir los delitos locales. 

Votará en contra del proyecto y validez de las porciones normativas relativas

Ministro Aguilar Morales: Comparte la propuesta del proyecto. Pero no comparte que la norma sea contraria al principio de seguridad jurídica. 

El que la ley nacional reduzca la procedencia respecto de tales ilícitos solo a los contemplados en el Código Penal Federal, implica restarle eficacia y aplicación al propio artículo 22 de la Constitución

No todas las categorías de delitos son exclusivas del congreso de la unión. No comparte que la redacción genere distintas interpretaciones de la norma; comparte la propuesta de invalidar pero por razones diversas al proyecto.

Ministro Pérez Dayán: No comparte las argumentaciones que buscan violación al derecho a la seguridad jurídica. 

Está de acuerdo, en que se viola el artículo 22 constitucional, en tanto la normativa no desarrolló la voluntad del Constituyente Federal limitando indebidamente los tipos penales en los que esta medida procede; de ahí, que estaré de acuerdo en que esta es la razón de invalidez, no la seguridad jurídica que se plantea en la primera parte de este argumento.

Estará de acuerdo de que la razón de validez no es la seguridad jurídica.

Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá: Se suma al punto de vista del ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

Ministro Laynez Potisek: Hay una facultad otorgada al Congreso Federal para que él decida qué tipo de delitos son los que van a aplicar esta figura.  El Constituyente en realidad, no federalizó, no dijo, desaparece la figura de extinción a nivel local para que únicamente exista en delitos federales y con excepción de uno que, en este caso, es extorsión. Me parece que, efectivamente, de ninguno de los dictámenes del Constituyente al expresar su voluntad fue el que esta figura pasara a ser del orden federal y, quizá, en un delito del orden local, aun con la interpretación garantista de derechos  

Va  con el proyecto; sin embargo, no comparte las consideraciones, para él es claro que no están incluidos estos delitos, lo que ocurre en este caso, es una omisión legislativa relativa, es en una facultad de ejercicio obligatorio por parte del Congreso y, sobre eso, anuncia un voto concurrente.

Ministro Pardo Rebolledo: Está de acuerdo con el sentido del proyecto, apartándose del tema de seguridad jurídica. 

Ministra Ríos Farjat: Coincide con el proyecto en cuanto a que la falta de referencia a las legislaciones en áreas locales para considerar las conductas como causas de ejercicio de la acción de extinción de dominio en los Estados de la República, es contraria al artículo 22 constitucional porque dicho precepto estableció la funcionalidad de la extinción tanto a nivel federal como estatal.

Ministro Presidente: Desde su punto de vista el artículo 22 constitucional no deja margen de libertad configurativa al legislador, el texto es claro y establece claramente en qué casos deberá proceder la acción de extinción de dominio, estamos en presencia de una figura que se regula a nivel constitucional y que a nivel constitucional se establece en qué casos debe proceder. De tal suerte que, que no puede interpretarse como un permiso o una habilitación. 

Si se acepta que el legislador ordinario pueda limitar el alcance de la extinción de dominio, ello podría llevar al extremo de que el Congreso de la Unión, frustre los fines que se propuso el poder reformador de la Constitución.

Le parece que es incongruente sostener que el poder reformador mandató, por un lado, la expedición de una ley que regule los aspectos concretos de la acción prevista en el artículo 22 y en los términos previstos en dicho artículo y, por otro lado, facultar al Congreso a no acatar dicho mandato.

Está de acuerdo con el proyecto, pero no comparte en que se afecte la seguridad jurídica. Anuncia voto concurrente.

Ministra Piña Hernández: Se suma a analizar la invalidez de la norma excluyendo el tema relativo a la seguridad jurídica, esto en función del artículo 22 constitucional. 

VOTACIÓN. 

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena: En contra del proyecto, anuncia voto particular 

Ministro Alcántara Carrancá: En contra del proyecto y me adhiero al voto del Ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

Ministra Esquivel Mossa: Con el proyecto modificado.

Ministro Franco González: Con el proyecto y con la propuesta de que no por inseguridad jurídica.

Ministro Aguilar Morales: Con el proyecto modificado

Ministro Pardo Rebolledo: A favor del proyecto modificado. 

Ministra Piña Hernández: Con el proyecto modificado, anuncia voto concurrente.

Ministra Ríos: Con el proyecto modificado y reserva de voto concurrente.

Ministro Laynez Potisek: Con el proyecto modificado.

Ministro Pérez Dayán: Igual (Con el proyecto modificado).

Ministro Presidente: Con el proyecto modificado, reservándose voto concurrente una vez que conste el engrose 

Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta modificada del proyecto

Tema: Reserva previa y genérica de información pública.

Ministra Piña Hernández: Se propone declarar fundado el segundo concepto de invalidez, ya que es factible advertir que la primera parte del segundo párrafo del artículo 5 de la ley es inconstitucional, ya que en él se contiene una restricción genérica y total de acceso a la información que obtenga el ministerio público con motivo de la preparación de la acción de extinción de dominio, ello porque en principio, no hace una referencia específica a qué clase de información y, por ende, el contenido de ese enunciado normativo impide que la reserva a la información se actualice como una excepción derivada de una valoración casuística, que pueda hacer el sujeto obligado en atención a la información.

Ministro Aguilar Morales: A favor de declarar la invalidez al ser contraria al principio de máxima publicidad. Considera que la norma es sobre inclusiva. Trata de manera igual asuntos que pueden ser distintos. La constitucionalidad de la norma no puede alcanzarse mediante una interpretación sistemática. No resulta valido establecer una reserva absoluta de la información que recabe el Ministerio Público. 

Ministro Pérez Dayán: Está de acuerdo con la invalidez propuesta no en el alcance del párrafo en su totalidad. Se debe declarar la invalidez de la primera parte del segundo párrafo. Se trata de una reserva de información absoluta. La invalidez debe ser declarada por lo que hace al primer enunciado de los dos que componen el párrafo. Se manifiesta en contra de la invalidez de la última parte del párrafo segundo del artículo 5 de la ley. 

Ministra Esquivel Mossa: No comparte la declaración de validez de la primera parte del segundo párrafo del artículo 5 de la ley. La divulgación de toda la información causaría un mayor daño. Así que está por la  Invalidez del primer enunciado del segundo párrafo del párrafo segundo del artículo 5. 

Ministro Presidente: A diferencia de lo que sostiene el proyecto, considera que sí es posible hacer una interpretación sistemática del precepto con las Leyes de Transparencia, ya que, en primer término, el propio precepto remite a dichas leyes en su primer párrafo; en segundo lugar, no es verdad que, de asumir dicha interpretación, la norma se volvería redundante; y, por último, tal interpretación no depende de la intención subjetiva de los legisladores, sino del mandato previsto en el artículo 6º de la Constitución General que obliga a interpretar las leyes conforme al principio de máxima transparencia Se manifiesta en contra del proyecto.

VOTACIÓN

Ministro Gutiérrez Ortíz: A favor del proyecto

Ministro Alcántara Carrancá: A favor del proyecto.

Ministro Esquivel Mossa: En contra y por la validez

Ministro Franco González Salas: A favor del proyecto.

Ministro Aguilar Morales: A favor del proyecto.

Ministro Pardo Rebolledo: A favor

Ministra Piña Hernández: Con el proyecto.

Ministra Ríos Farjat: A favor del proyecto. 

Ministro Laynez Potisek: En contra

Ministro Pérez Dayán: Con el proyecto:

Ministro Presidente: En contra. Anuncia voto particular

Mayoría de 8 votos a favor 

Tema: Elementos para la procedencia de la extinción de dominio que van más allá de lo que prevé la Constitución.

Ministra Piña Hernandez: El proyecto hace un comparativo entre la anterior y la actual redacción del artículo 22 constitucional, con lo cual se permite advertir que la reforma de este precepto constitucional fue radical y, por ende, no permitía al legislador federal traer a la legislación nacional la misma regulación que había en la legislación; es decir, tanto en la Constitución como en la Ley Federal de Extinción de Dominio abrogada.

Conforme al nuevo diseño constitucional de la acción de extinción de dominio, el hecho de que un bien esté relacionado con la investigación de hechos ilícitos como instrumento u objeto del delito, ya no es suficiente para que proceda la acción, ya que, además, es imprescindible que no esté acreditada la legítima procedencia de dichos bienes.

Tales elementos de la acción de extinción de dominio son de aplicación estricta.

Desde este apartado introductorio el proyecto adelanta que, a diferencia de la anterior norma constitucional, el actual artículo 22 constitucional ya no exige como condición para que prospere la acción de extinción de dominio la acreditación de aspectos que atañen a la materia penal, como lo es el cuerpo del delito, es decir, el hecho del ilícito penal y tampoco exige la demostración de elementos subjetivos como lo era el conocimiento del propietario de los bienes de que estos sean utilizados para la comisión del delito en cuestión.

Ahora, en el subapartado 3.1., se declara fundado el tercer concepto de invalidez en la parte en que se impugna el artículo 2, fracción XIV, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Lo anterior, considerando que tal y como lo aduce la actora ahí la ley considera como parte de la definición o concepto de legítima procedencia, el uso o destino de los bienes vinculados al hecho ilícito; sin embargo, de acuerdo con el artículo 22 constitucional vigente, el uso o destino de los bienes sobre los que se ejerce la acción de extinción de dominio son aspectos que atañen al segundo de los elementos de la acción antes precisados, es decir, que los bienes de carácter patrimonial, materia de la acción, estén relacionados con la investigación de alguno de los hechos ilícitos enunciados de manera limitativa en el cuarto párrafo del artículo 22 constitucional, pero no forma parte del tercer elemento de la pretensión, que se refiere a la no acreditación de la legítima procedencia, incluso, el vocablo “procedencia” que se emplea en la norma constitucional referida, es claro porque basta atender a una mera interpretación gramatical para advertir que por procedencia debe entenderse el origen, fuente, nacimiento o causa, por ello, la legítima procedencia debe referirse al legitime origen de los bienes, no así a su uso o destino.

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena: Señala que, a su parecer, que el proyecto acierta al hacer una interpretación estricta, acotada y limitada de una figura que nace para restringir derechos humanos y, en particular, el derecho a la propiedad privada. 

Los derechos humanos no son absolutos admiten restricciones y límites. Sin embargo, la intención de la norma debe entenderse en sentido estricto y literal. Ceñirse al sentido alcanzado por el constituyente, y el legislativo local no puede rebasarlo. Está en juego el derecho al debido proceso. La acción de extinción de dominio no tendría identidad, podría admitir cualquier requisito de los particulares. El legislador secundario tiene que actuar dentro del cauce de la constitución. 

El constituyente limito la procedencia licita de los bienes no podemos salirnos del cauce constitucional y agregar cuestiones que el legislador no admitió. Se manifiesta en favor del proyecto. 

Ministro Aguilar Morales: Comparte el proyecto, en cuanto a la invalidez del artículo 2 fracción XIV ya que que al incluir dentro de la definición de legitima procedencia el uso o destino lícito de los bienes vinculados al hecho ilícito, genera que la acción de extinción de domino sea improcedente aun cuando la legitima procedencia del bien no esté acreditada siempre que su uso o destino haya sido lícito, lo que, sin duda, resulta contrario al artículo 22 constitucional que señala que a la acción se hará procedente, entre otros supuestos, cuando la legitima procedencia no pueda ser acreditada, en una interpretación a contrario sensu de la definición, implica que la acción de extinción de dominio puede ser procedente al respecto de bienes cuya legitima procedencia esté acreditada, lo que resulta abiertamente contrario al artículo 22 constitucional por las razones apuntadas.

Se adhiere a lo expresado por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena

Ministro Presidente. A favor del proyecto. La constitución no es un catálogo en el que se pueda definir la procedencia de todas las acciones. Los elementos de procedencia están en la constitución y no se pueden desvirtuar por el legislador ordinario. La redacción del artículo anterior ponía énfasis en el destino del bien pero se cambio y hoy limita la posibilidad de la extinción del dominio por causa del poder reformador de la constitución, pues ahora aplica en el caso de que no pueda acreditarse la legítima propiedad. 

Se manifiesta respecto a que no puede ampliarse los supuestos de procedencia de la extinción de dominio sino que debe estarse a los presupuestos que establece la propia constitución. Votará con el proyecto.

Ministro Pardo Rebolledo: Hubo una reforma constitucional en el que se modificaron los supuestos de procedencia y elementos de la extinción de dominio. El texto constitucional restringió esto. Se manifiesta por una Interpretación estricta y restringida de la norma constitucional.

Ministra Ríos Farjat: Coincide con el sentido del proyecto en general. Manifiesta que la extinción recae sobre bienes de carácter patrimonial sobre los que no se acredite la legitima procedencia. La constitución “habla” de procedencia y no puede interpretarse como destino. El artículo 22 menciona que la ley establecerá los mecanismos para llevar a cabo la extinción de dominio pero no da pauta para reconfirmar los elementos. Los elementos que estableció el constituyen son claros. La constitución dice que se requieren dos requisitos para la procedencia de la extinción de dominio. Se manifiesta por votar a favor de la propuesta.

Se levanta la sesión y continuará el martes 15 de junio de 2021.

SESIÓN DEL 15 DE JUNIO DE 2021.

Ministro Laynez Potisek: A favor de varios de los puntos de las propuestas del proyecto. Está a favor de varios de los puntos de las propuestas del proyecto, inclusive de aquellos aspectos exceden el texto constitucional y exceden en la procedencia de la acción de extinción de dominio.

El objetivo es hacer de la acción de extinción de dominio una acción mucho más eficiente, mucho más efectiva en beneficio de la sociedad respetando los derechos humanos.

Señala que no se deprende, refiriéndose a documentos del proceso legislativo, la voluntad del Constituyente de restringir la aplicación de la figura o dar un paso atrás, sino más bien dar un paso hacia hacerla más eficiente con base en la experiencia que había tenido México.

Considera que el constituyente hizo mal su trabajo que el nuevo texto constitucional lleva a la aplicación de esta figura mucho menos eficiente. 

Agrega, que corresponde como Tribunal Constitucional una interpretación más allá de lo gramatical que, con absoluto respeto de los derechos humanos, se logre el objetivo buscado.

¿Qué entendemos por bienes relacionados con un delito o con un hecho ilícito?Desde su punto de vista, no hay otra interpretación, sino aquellos bienes que están siendo utilizados como instrumento del delito, como instrumento de un hecho ilícito; y, que, por lo tanto, debe de proceder la extinción de dominio.

Manifiesta que se separa del proyecto en este punto.

Ministro Pérez Dayán: Está conforme con el sentido del proyecto, pero se separa de las razones del proyecto en cuanto al contenido de las 109 a la 114.

El examen de validez planteado por la accionante se reduce a la comparación del artículo 22 constitucional con la fracción XIV del artículo 2 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Bajo esta perspectiva, el argumento es sencillo, ambos dispositivos no guardan entre sí una relación de simetría, mientras el texto constitucional limita y condiciona a la acción de extinción de dominio a la expresión legítima procedencia de un bien, las disposiciones legales la extienden hasta el uso o destino del mismo.

Las cuestiones relacionadas con instrumentos, objetos y productos del delito corresponden, esencialmente, al ámbito penal y acompañan al proceso en todas sus etapas hasta su sentencia. Bajo esta perspectiva, se reduce única y exclusivamente, a revisar qué dijo el texto constitucional y qué dice el texto legal.

La extinción de dominio es de carácter civil y el texto Supremo la limita al origen lícito de los bienes que podrán ser motivo de ello, en el siempre entendimiento de que estamos frente a un derecho a la propiedad, la interpretación que debe dar un Tribunal Constitucional es la más restrictiva que pueda desprender del texto. Por esa razón, está por la invalidez de las porciones normativas de la fracción XIV, del artículo 2, de la ley cuestionada, que propone el proyecto-

Ministra Esquivel Mossa: Tal como lo propone el proyecto, a primera vista, la letra del cuarto párrafo, del artículo 22, limitó la procedencia de la acción de extinción de dominio a un solo tipo de bienes, concretamente a los de carácter patrimonial, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de los delitos que el propio artículo 22 señala; sin embargo, aunque conforme la literalidad de la norma pudiera entenderse así, me parece que ésta no es la única forma de comprender la Constitución, ya que la Corte, tiene atribuciones suficientes para que, atendiendo a sus principios y fines, dan un alcance mayor a las normas constitucionales cuando, con ello, se optimice la protección de los derechos humanos de las víctimas y de la población en general. En este caso, abatiendo el poder económico de la delincuencia dedicada a la extorsión, trata de personas, robo de vehículos, secuestro, robo de hidrocarburos, de manera que también proceda la extinción de dominio sobre todo el patrimonio que haya servido para la consumación de esos ilícitos que tanto lastiman a la sociedad.

Me parece que para llegar a esa conclusión debemos tener presente que una labor de seguridad pública y procuración de justicia eficiente son un valioso instrumento para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, por la obligación estatal de proteger a los particulares respecto de sus bienes y su persona.

Propuso que a partir del reclamo social que demanda desterrar la impunidad y lograr con ello el disfrute de los derechos humanos de los demás, se determine que cuando el cuarto párrafo del artículo 22 constitucional señala que la acción de extinción de dominio será procedente sobre bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, la expresión “legítima procedencia” no se entienda solamente como un sinónimo de origen legal, sino también como un concepto equivalente al del destino lícito, pues nunca será una legítima forma de proceder que los bienes muebles o inmuebles sirvan de instrumento u objeto de un hecho ilícito, porque ello constituye un ejercicio abusivo del derecho de propiedad o de posesión.

Señala que, la legítima procedencia de los bienes en el plano jurídico también implica utilizarlos con un legítimo proceder, es decir, con un uso racional y conforme a la ley.

Considera que el juez constitucional debe interpretar la norma en el sentido amplio para la protección de los derechos humanos de las víctimas y la sociedad, esta interpretación es la que resulta más favorable ya que en la medida en que haya impunidad se genera un mayor incentivo para los delincuentes.

No comparte la invalidez que propone el proyecto. 

Ministra Piña Hernández: En principio, todos estamos conscientes que esta es una medida de carácter restrictivo y excepcional, y que los métodos para interpretar las normas son varios, entre ellos, está totalmente aceptado el método gramatical, entonces, el hecho de acudir a una interpretación gramatical no es algo prohibido o que implique el no poder sostener esa premisa.

Señala que, es cierto que todos los mexicanos en general pueden estar preocupados por las cuestiones de seguridad pública. Pero está convencida que el camino para combatir los problemas de seguridad pública, no le corresponde al tribunal constitucional, porque no son legisladores, son quienes analizan la regularidad constitucionalidad de la norma en función de nuestra Constitución, el camino no es necesariamente hacer interpretaciones que violen derechos humanos y que vayan en contra de nuestra constitución. 

Considera que la política pública puede ser enfrentada de otra manera, la procedencia, el término “procedencia” es muy claro, ese término gramaticalmente y conceptualmente. Entonces, tratar de hacer una interpretación derivada de cuestiones de política pública en función de la que todos estamos preocupados, es una procuración que nos ataña a todos como ciudadanos, pero nuestra función aquí es analizar si las normas emitidas por el constituyente se ajustan o no a nuestra Constitución y, nuestra Constitución

Sostendrá el proyecto en sus términos en este tema.

Ministro Laynez Potisek: Es una aclaración la que quiere hacer. Sabe, que el decomiso en el destino de los bienes como instrumentos, objetos y productos van al decomiso como sentencia penal. Pero, precisamente, la extinción de dominio nace en el mundo para no tener que llegar a esa fase, precisamente, por la clandestinidad o por la dificultad, en una delincuencia que actúa clandestinamente con testaferros y prestanombres, para llegar a acreditar la responsabilidad subjetiva penal que es hasta en entonces, cuando procede el decomiso, es que nació la acción de extinción de dominio, como una acción real separada de esa responsabilidad.

Ministra Piña Hernández: Señala que no desconoce como nace la extinción de dominio, lo que propone su proyecto es analizar la ley en función de la constitución. 

Ministra Esquivel Mossa: Precisa que hay una recomendación de GAFI, donde dice que los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera una condena penal. Entonces aquí se habla decomisos sin condena o que fijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión, entonces, señala que le parece que efectivamente se trata de figuras diferentes y compromisos que el Estado Mexicano ha firmado en donde se habla de una extinción antes de que haya sentencia penal; previo a ello, en una distinción que para la instancia investigadora significa mucho esta extinción de dominio, antes de llegar a la condena penal. 

Ministra Ríos Farjat: Se inclina a favor del proyecto, considerando que estamos frente a una acción de extinción de dominio que es una parte muy importante de la estrategia integral de combate a la delincuencia organizada, pero no es la primera herramienta o es la punta de esa lanza, y esto es una precisión importante, porque esta interpretación más amplia convierte a la norma en sobreinclusiva.

Cuando la constitución es clara, no le parece que sea simplista. Quedarse con una interpretación literal, le parece lo apropiado.

Ministro Franco González: Está en el sentido del proyecto, aunque tiene diferencias en algunas consideraciones del proyecto.

Ministro González Alcántara Carrancá: El papel como tribunal constitucional es atender a la constitución que es clara cuando establece los elementos de la acción. No cabe interpretar los elementos para su procedencia.

Ministro Laynez Potisek: No propone una interpretación violatoria de derechos humanos cree en una interpretación que haga eficientes los derechos humanos.

Ministra Esquivel Mossa: El decomiso, que es la figura que cuando existe la sentencia penal se puede utilizar, no procede cuando los bienes no son del sentenciado y esa es una de las grandes preocupaciones, se utilizan esos bienes para delinquir, pero en la sentencia, únicamente en el decomiso se puede proceder contra aquellos bienes que estén a nombre del sentenciado, no aquellos que no lo están, por eso esta figura de extinción de dominio es tan importante que se pueda aplicar en aquellos bienes que son utilizados para delinquir, cuyo destino es la delincuencia.

VOTACIÓN

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena: A favor anunciando voto concurrente con razones adicionales.

Ministro González Alcántara: A favor del proyecto en todas sus consideraciones.

Ministra Esquivel Mossa: En contra 

Ministro Franco González Salas: A favor voto concurrente

Ministro Aguilar Morales: A favor del proyecto voto concurrente con el Ministro Mena

Ministro Pardo Rebolledo: A favor del proyecto separándose de Algunas consideraciones

Ministra Piña Hernández: Con el proyecto.

Ministra Ríos Farjat: Con el proyecto con matices en algunas consideraciones.

Ministro Laynez Potisek: En contra voto particular.

Ministro Pérez Dayán:  De acuerdo con el proyecto salvo las hojas mencionadas.

Ministro Presidente: Con el proyecto con voto concurrente

9 votos a favor de la propuesta.

Tema: Constitucionalidad del artículo 9 de la ley impugnada, de forma general y en específico, los incisos 2) y 4) de la Ley Nacional de Extinción de Dominio

Ministra Piña Hernández: El numeral en cuestión se extralimita en las fronteras constitucionales sobre la procedencia de la extinción del dominio. En el mismo se incorporan elementos que no establece el artículo 22 constitucional. 

El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 9, numeral 1, ya que , de acuerdo al actual texto del párrafo cuarto, del artículo 22 constitucional en un proceso de naturaleza civil, como es el juicio de extinción de domino, el Ministerio Público no tiene la carga de demostrar los elementos del hecho ilícito, por lo que, conforme, decía la anterior ley, cuerpo del delito, el cual es un aspecto netamente penal, sino que solo tiene acreditar que el bien sobre el cual recae la acción de extinción de dominio está relacionado con una investigación penal, instaurado por motivo de algún delito de lo que señala, el artículo 22 constitucional, incluso, la propuesta destaca que son dos aspectos distintos: acreditar el hecho ilícito y demostrar que un bien está relacionado con la investigación de algún hecho ilícito y, aun cuando la mera interpretación literal del artículo del 22 de nuestra Constitución es suficiente para advertir la inconstitucionalidad del inciso 1), del artículo 9 de la ley.

Ministro Laynez Potisek:  Manifiesta que va en contra.

La relación se establece porque, habiendo un hecho ilícito, ese bien fue usado o comprado, estoy de acuerdo también, la adquisición, la legítima procedencia del bien para cometer el delito.

Ministro Pardo Rebolledo: Está de acuerdo con la invalidez del primer elemento del artículo 9 de la ley impugnada, pero la argumentación debe ser enfocada a que no se ajusta al artículo 22 de la constitución. 

Una de las finalidades de la modificación al artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio, fue desvincular este procedimiento de extinción del proceso penal y, en esa medida, lo que hoy señala el artículo 22 como elemento de la acción, es que los bienes estén vinculados con la investigación de un hecho ilícito, no directamente con el hecho ilícito, con la investigación de un hecho ilícito, y este elemento, así debía ser recogido en este artículo 9.

Ministro Aguilar Morales: Está de acuerdo con la propuesta. 

La acción de extinción de dominio es de configuración constitucional, en tanto que los elementos para que proceda se encuentran taxativamente señalados en el artículo 22 constitucional, por lo que no es materia disponible al legislador modificar e incluso añadir elementos no previstos en la Constitución Federal.

Ministro Presidente: De acuerdo con el proyecto. 

Ministro Pardo Rebolledo: La intención expresa del constituyente fue desvincular la extinción de dominio del proceso penal, y otra de las finalidades expresas fue que el ministerio público no tuviera que acreditar el cuerpo del delito, porque eso, significaba una vinculación con el proceso penal.

Lo que tiene que demostrar, en su caso, el Ministerio Público es, la existencia de un hecho ilícito, como lo señala  el inciso primeo, pero no solamente eso,  se tiene que demostrar la existencia de una investigación, de un hecho que se considera ilícito, pero no tiene que demostrar el cuerpo del delito en esas condiciones. Por eso, este primer requisito de los elementos, este primer elemento de la acción, me parece que no se ajusta al texto constitucional.

Ministra Piña Hernández: La intención de la reforma constitucional consiste en flexibilizar la carga probatoria del ministerio público, para que ya no tuviera que aportar pruebas de la existencia del delito, bastaba su relación con la investigación y la intención fue desvincular lo más posible el proceso penal del civil y, entonces, en ese sentido, el ministerio público solo tiene que acreditar que existe la carpeta de investigación o el proceso penal donde el bien está involucrado, considerándolo como instrumento o producto del delito, pero nada más.

Ministro Pérez Dayán: Coincide con la invalidez del artículo en su totalidad.

Sin embargo, precisa que el apartado 1 de este articulo 9, la existencia de un hecho ilícito, no le genera un problema de inconstitucionalidad por sí misma.

Coincide con el proyecto que, dados los vicios encontrados, en lo general, provocan la invalidez del artículo 9.

Ministra Ríos Farjat: Votará a favor del proyecto.

Ministra Piña Hernández: Presentaría para votación el proyecto modificado con argumentos complementarios.

VOTACIÓN

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena: A favor del proyecto concurrente una vez que vea el engrose

Ministro González Alcántara Carrancá : Con el proyecto modificado

Ministra Esquivel Mossa: Con el proyecto separándose de algunas consideraciones.  

Ministro Franco González Salas: Con el proyecto modificado. 

Ministro Aguilar Morales: Con el proyecto modificado.

Ministro Pardo Rebolledo: Con el proyecto modificado.

Ministra Piña Hernández: Con el proyecto modificado.

Ministra Ríos Farjat: Igual

Ministro Laynez Potisek: En contra. 

Ministro Pérez Dayán: Con el proyecto modificado. 

Ministro Presidente: Con el proyecto modificado.

10 votos a favor del proyecto modificado. 

Tema: Análisis del inciso 4 del artículo 9, en el cual se establece que uno de los elementos de la acción de extinción de dominio que debe quedar acreditado, esta es la porción normativa: “el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular, del destino del bien al hecho ilícito o de que sea producto del ilícito”.

Ministra Piña Hernández: En la propuesta se concluye que tal elemento de la acción tampoco es congruente con el texto constitucional, lo anterior en atención a que dentro de los elementos que señala el artículo 22 constitucional para que resulte procedente y fundada la acción de extinción de dominio, no se exige la acreditación de un elemento subjetivo como lo es el conocimiento que tenga el titular al que alude esta fracción.

En el proyecto también se destaca que el que deba acreditarse ese aspecto, implica, en primer término, incorporar en la legislación reglamentaria un requisito no previsto en la norma constitucional y, además, establecer una carga probatoria adicional. Así, dado que este inciso 4 del apartado 9 de la ley excede el contenido de la norma constitucional, se propone su invalidez. 

Ministro Laynez Potisek: El inciso no puede leerse de manera aislada, si en el artículo 7, fracción V, que se refiere a los bienes, cuando éstos son utilizados por terceros o están en posesión de terceros y pretenden garantizarle a ese propietario que desconoce que el bien de su propiedad y de su legítima procedencia está siendo usado como instrumento del delito, está siendo usado para cometer ilícitos

Se manifiesta en contra del proyecto.

Ministra Esquivel Mossa: No comparte la declaración de invalidez.

Con relación al párrafo cuarto del artículo 9 de la ley reclamada, pues considera que es fundamental para evitar arbitrariedades en perjuicio de los particulares, en perjuicio de personas distintas, que en el procedimiento de extinción de dominio deba acreditarse por parte del ministerio público el conocimiento que tengan o deba haber tenido los demandados del destino de los bienes al hecho ilícito o que sepan que son producto de este, pues quienes ignoran que sus bienes provienen de conductas delictivas o que sin su voluntad fueron aplicados por terceros para cometer ilícitos, no deben sufrir la pérdida de su domino, el objetivo de esta figura es privar de riqueza a quienes a sabiendas de que su origen es ilegal disfrutan de ella, o quienes por su propia voluntad aportan bienes incluso de origen lícito para financiar el crimen, pero nunca debe perjudicarse a las personas que de buena fe adquieren bienes puestos en circulación para su blanqueo o privar de su patrimonio a las personas que entregaron contractualmente sus bienes con algún contrato de arrendamiento o comodato, sin saber que iban a ser empelados para delinquir, pues sería tanto como exigirles conocer el futuro y el comportamiento de los sujetos con los que contrataron

Ministra Piña Hernández: El proyecto parte de los elementos contenidos en el artículo 22 constitucional. Dentro de estos elementos, ya no existen elementos subjetivos, se eliminaron, y a lo que está aludiendo son a elementos objetivos. En este sentido, cuando los bienes son de terceros, ajenos a la investigación penal, no son impugnados, lo único que ahora le exige la constitución es que este tercero acredite su legítima procedencia, ya no le exige que demuestre que no tenía conocimiento del uso destino que se le estaba dando a su bien. 

Ministro Pardo Rebolledo: Este inciso 4 no se ajusta al texto constitucional. 

Cómo quedó la legislación a nivel constitucional, basta con que la persona no acredite la procedencia legítima para qué, demostrado que están relacionados con investigaciones de los ilícitos, procede la extinción de dominio, y ese es un aspecto cuestionable, desde el punto de vista de la persona que se ve afectada, partiendo que pudiera ser un tercero ajeno a la investigación de esos hechos. Entonces, por ese motivo le parece que este inciso 4, no se ajusta al texto constitucional.

Ministro Presidente: Coincide con el ministro Pardo. 

El problema que tiene esta ley no deriva de que no se adecue a los criterios internacionales, no deriva de que no sean plausibles muchas de las normas que tiene para hacer más efectivo el combate a la delincuencia. Su problema deriva en que el esquema, el sistema, el paradigma de la extinción de dominio en la Constitución cambió

Es una figura cuyos elementos de configuración están a nivel constitucional. Una interpretación amplia implicaría ser restrictiva de derechos. 

A favor del proyecto

VOTACIÓN 

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena: A favor del proyecto

Ministro González Alcántara Carrancá: A favor del proyecto

Ministra Esquivel Mossa: En contra.

Ministro Franco González Salas: Con el proyecto

Ministro Aguilar Morales: A favor del proyecto.

Ministro Pardo Rebolledo: A favor.

Ministra Piña Hernández: Con el proyecto.

Ministra Ríos Farjat: Con el proyecto.

Ministro Laynez Potisek: En contra.

Ministro Pérez Dayán: de acuerdo con 

Ministro Presidente: Con el proyecto.

9 votos a favor de la propuesta

Tema: Invalidez i y 4 del art 9 debe ser extensiva a la totalidad del precepto. El resto no guardad relación con respecto al artículo 22 de la constitución y q declarar la invalidez no genera un vacio legislativo ya que los elementos se encuentran en la norma constitucional.

Ministra Piña Hernández:  En esta parte sólo se hace un pronunciamiento en cuanto al inciso 2 del artículo 9 y se precisa, que ya se ha explicado que el uso destinado a los bienes sólo es un aspecto que ha de corresponder, en su caso, al examen sobre la relación del bien con los hechos ilícitos, pero no puede ser entendido en relación con la justificación de la legítima procedencia del bien. 

Asimismo, en el apartado 3.2.4. del proyecto se propone, tras de la invalidez de los incisos 1 y 4 del artículo 9 de la Ley, esta invalidez debe hacerse extensiva a la totalidad de ese precepto, pues la finalidad de ese numeral es establecer precisamente los elementos de la acción de extinción de dominio, los cuales se propone que no pueden reducirse sólo a los descritos en los incisos 2) y 3) que se refieren, respetivamente, a algún bien de origen o destino ilícita y al nexo causal, ya que tales disposiciones, por sí, no guardan una consistencia normativa con lo establecido en la  constitución respecto de los elementos de la acción y, se señala en el proyecto que el declarar esta invalidez del artículo 9, no genera un vacío legislativo, pues los elementos de la acción de extinción de dominio se encuentran previstos, directamente, en la norma constitucional.

Ministro Pardo Rebolledo: A favor de los efectos de la invalidez por extensión.

Ministro Aguilar Morales: Está de acuerdo con el proyecto. Pero se pronuncia por una invalidez extensiva.

Ministro Presidente: Se manifiesta por una invalidez directa quitar el tema de extensión para claridad. 

Ministra Piña Hernández: ¿Por qué no lo propusó en la extensión de efectos, que sí lo lleva en un capítulo de extensión de efectos? Porque cuando fijo la litis y las normas impugnadas, se precisó desde ese capítulo que, si bien había un concepto de invalidez relacionados con determinados incisos, atendiendo a la causa de pedir, la parte actora estaba impugnando la totalidad del articulo 9 y así precisamos la litis desde cuando vimos ese apartado de normas impugnadas.

Ministro Presidente: Podría poneseo como sugiere el Ministro Aguilar, siendo que el ministro Presidente, también estaría de acuerdo por una invalidez directa.

Ministra Piña Hernández: Claro que es que deriva la invalidez de todo el nueve como fue reclamado.

Ministro Presidente: Sí, quizás que, para el tema de extensión, incluso, quizás quitar el apartado 3.2.3 porque ya se subsume en este cuatro. Cree que quedaría más claro, incluso. 

Ministra Piña Hernández: Le quito que es por extensión y lo pondrá que es directa. 

Ministro Pérez Dayán: Que no es una invalidez por extensión 

VOTACIÓN

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena: Con el proyecto. 

Ministro González Alcantará Carrancá: Con el proyecto modificado.

Ministra Esquivel Mossa: En contra del proyecto.

Ministro Franco González Salas: Con el proyecto modificado.

Ministro Aguilar Morales:  Con el proyecto modificado. 

Ministro Pardo Rebolledo: A favor del proyecto modificado. 

Ministra Piña Hernández: Con el proyecto modificado.

Ministro Laynez Potisek: En contra

Ministro Pérez Dayán: Con el proyecto modificado.

Ministro Presidente: Con el proyecto modificado.

9 votos a favor de la propuesta modificado. 

Tema: Impugnación del artículo 7 de la ley materia de la acción de inconstitucionalidad. 

Ministra Piña Hernández: El proyecto propone declarar parcialmente fundado el tercer concepto de invalidez en la parte en que se controvierte la constitucionalidad del artículo 7, fracciones I, II, IV y V, de la ley impugnada. 

Ministro Pardo Rebolledo: Está de acuerdo con la invalidez que se propone de la porción normativa de procedencia lícita de esta fracción II, sobre todo porque es contraria al propio acápite del artículo 7.

Ministro Pérez Dayán: Cree que, si bien se pudiera hablar de la inconstitucionalidad de la fracción II, esta necesariamente tiene que estar vinculada con la expresión” bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos”, razón por lo cual, creo que esta disposición no puede ser invalidada, única y exclusivamente, en la parte propuesta, sino tiene que también que alcanzar aquella otra parte de su inicio que extiende la posibilidad de la extinción de dominio al ejemplificar que se trate de bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, esto es, evocando el uso o destino que a juicio de la Corte quedó completa y absolutamente separado del texto, exclusivamente original de la Constitución.

Ministro Aguilar Morales: Manifiesta de acuerdo con la propuesta del proyecto en sus términos por declarar la invalidez del artículo 7, fracción II, en la porción que se combate, específicamente que señala la porción de procedencia lícita, porque como bien se señala, permite que la acción de extinción de dominio sea procedente aun cuando la legítima procedencia del bien esté acreditada, dejando sin efecto la intención no solo del Poder Reformador, sino del texto expreso plasmado en el artículo 22 de la Constitución Federal, según la cual es imprescindible para la procedencia de la acción que la legítima procedencia del bien no pueda acreditarse.

Ministro Laynez Potisek: De acuerdo con el proyecto porque excede lo que prevé el texto constitucional.

Ministro Pardo Rebolledo: Fija posición en relación con la propuesta que se ha hecho de también invalidar el artículo 7, en la parte donde dice: “Bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos”. Le parece que este requisito no es contrario al texto constitucional, porque no habiéndose demostrado la procedencia legítima de los bienes, la circunstancia de que los bienes sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, tiene que ver con el segundo requisito que marca la Constitución, que es que estén relacionados con la investigación de hechos ilícitos. Por ese motivo, no compartiría esta propuesta.

Ministro Pérez Dayán: Se atiene al texto del artículo 7, dice: “La acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos Bienes de carácter patrimonial cuya Legítima Procedencia no pueda acreditarse”; y luego aclara: “en particular, Bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos”.

Habiendo ya disposiciones expresas en la legislación penal que previenen con toda precisión qué habrá de suceder con los instrumentos, objetos o productos de hechos ilícitos, tratar hoy de considerar a partir de la expresión: la acción de extinción de dominio procederá con bienes de carácter patrimonial cuya legitima procedencia no puede acreditarse, incluyendo bienes que sean instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos, contradice lo ya resuelto por la Corte. 

Ministro Presidente: De acuerdo con el proyecto.

Ministro Pérez Dayán: El tema principal que justifica la acción de extinción de dominio es que frente a un hecho ilícito y un bien relacionado con determinados tipos penales no se pueda demostrar su procedencia lícita, su origen lícito, independientemente de que sea un tercero el que lo tenga, el que lo posea o el propietario, todo lo demás: los instrumentos, objeto o producto del hecho ilícito, se envuelven en la temática penal yson las razones por las que se excluyeron como condiciones para la extinción de dominio.

Ministra Piña Hernández: Propone añadir un párrafo, una aclaración para explicar cómo debe entenderse el primer párrafo del artículo 7 en congruencia con el artículo 22 constitucional

VOTACIÓN

Ministro Gutiérrez Ortíz Mena: A favor en sus términos

Ministro González Alcántara Carrancá: A favor del proyecto en sus términos: 

Ministra Esquivel Mossa:  Con el proyecto en contra de algunas considera

Ministro Franco González Salas: Con el proyecto y con la sugerencia aceptada por la ponente.

Ministro Aguilar Morales: Con el proyecto adicionando la parte que señala, los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos.

Ministro Pardo Rebolledo:  A favor del proyecto en sus términos y el agregado.

Ministro Piña Hernández. En los mismos términos que el ministro Pardo Rebolledo

Ministra Ríos Farjat: En los mismos términos

Ministro Laynez Potisek; Con el proyecto 

Ministro Pérez Dayán: Mismos términos que el ministro Aguilar Morales.

Ministro Presidente: En los términos del voto ministro pardo

Unanimidad del sentido del proyecto.

Se suspende la sesión y continuara el próximo 17 de junio de 2021. 

Es Tiempo de Derechos y estamos desde la Corte… esperamos tus comentarios.