Rezago y corrupción, grandes pendientes

Rodolfo Rafael Elizalde Castañeda

Doctor en Derecho y profesor-Investigador de Tiempo Completo Definitivo del Centro de Justicia Penal, Seguridad Pública y Justicia Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, perfil PRODEP-SEP, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.

 

Introducción

El tema de la justicia pronta y expedita en México, paradójicamente, siempre ha ido de la mano del tema del rezago, pues estuvieron presentes desde los debates al interior del propio seno del Constituyente de Querétaro de 1917, nos dice el ilustre jurisconsulto Felipe Tena Ramírez. El objetivo de este ejercicio académico es revisar algunos de los antecedentes sobre dichas reformas con el fin de demostrar que, en cada una de ellas, el discurso prácticamente es el mismo: rezago y corrupción, con la promesa de que esto cambiaría con la reforma subsecuente.

Antecedentes

A continuación, nos referiremos sólo a algunas de las reformas constitucionales que históricamente ha tenido el PJF.

a) Reforma de 1994.
Antes de esta reforma, el PJF se depositaba en la SCJN, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. La SCJN se componía de 21 ministros numerarios y hasta 5 supernumerarios. (Sánchez, 2011, p. 504) Esta reforma constitucional publicada en fecha 31 de diciembre de 1994, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), constituye una de las más relevantes y trascendentales en la historia del Poder Judicial Federal, pues con ésta se abordaron, entre otros temas, la reducción a 11 del número de ministros integrantes del más alto tribunal, la creación de la acción de inconstitucionalidad, el rediseño de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el establecimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la jurisdicción constitucional.

Respecto de esta reforma, el insigne maestro Jorge Carpizo señalaba:

Esta reforma tiene un fuerte consenso social: existe una inconformidad generalizada respecto a la procuración y a la administración de la justicia, campos en los cuales se han cometido graves errores. La sociedad en general no entiende detalles o tecnicismos de la reforma, pero la acepta porque tiene esperanzas de que ella ayude a lograr una mejor procuración y administración de justicia, y efectivamente así debe y puede suceder. (Carpizo, 1995, p. 808)

Se debe señalar que la Constitución original de 1917 integró a la SCJN con 11 ministros y ordenó que siempre funcionará en pleno. (Texto original de la Constitución de 1917…, artículo 94)

Agrega el maestro Carpizo:

El enorme rezago de expedientes que se fue acumulando obligó en varias ocasiones a aumentar el número de ministros, hasta llegar a 26, a permitir el funciona- miento de la Suprema Corte en pleno o en salas, a la creación de tribunales colegiados de Circuito, a los cuales paulatinamente se les fue ampliando su competencia hasta casi tener el control total de legalidad. Todas las reformas fueron insuficientes, porque el rezago continuaba creciendo, hasta la reforma de 1988 que convirtió a la Suprema Corte en un tribunal constitucional.” (Carpizo, 1995, p. 808)

Con la creación del CJF, se pensó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convertiría en un verdadero tribunal constitucional, pues las funciones de gobierno y administración que tenía el PJF, pasarían a dicho Consejo con exclusión de la SCJN; asimismo, se dijo que, con dicho Consejo no se caería en los defectos del “corporativismo judicial”, o el “clientelismo”.1 (Carpizo, 1995, p. 819)

Entre otras razones, este destacado jurista también argumentó:

Porque el sistema que teníamos no funcionó bien y creó graves problemas que era urgente superar. La mejor prueba de ello es la preocupante inquietud y descontento sociales que existe sobre la administración de justicia y que fueron el motor que impulsó al presidente Zedillo a presentar esa iniciativa de reformas constitucionales que la sociedad recibió bastante bien. (Carpizo, 1995, p. 819)

Continúa señalando el maestro Carpizo, “…clientelismo, influyentismo y al final de cuentas: corrupción.” (Carpizo, 1995, p. 828)

b. Reforma de 1999

Con esta reforma se consolidó la SCJN como un auténtico tribunal constitucional, pues varias de sus atribuciones competenciales que limitaban su eficacia pasaron a formar parte de las tareas del CJF. (Sánchez, 2011, p. 302).

c. Reforma de 2008

Esta reforma al Sistema de Justicia Penal permeó los dos ámbitos de la justicia en México, la federal y la local. En la Iniciativa que le dio origen, se leía: “Es urgente que se hagan efectivas en nuestro país las garantías de un pro- ceso justo, imparcial, expedito y oral.” (CPEUM, 2008, p. 58) “Respecto de los derechos de las víctimas en México puede detectarse un importante nivel de rezago…”. (CPEUM, 2008, p. 81) “Desde sus orígenes, nuestra tradición constitucional reconoció avanzados principios para contener la potestad punitiva del Estado. Sin embargo, éstos nunca tuvieron una aplicación plena. El derecho de toda persona acusada penalmente de ser escuchada en audiencia pública, de manera expedita y por un juez imparcial, que se contempla en nuestra Constitución desde hace 90 años, nunca se instrumentó.” (CPEUM, 2008, p. 56, las negritas en todas las citas textuales de aquí en adelante, son mías) Sin lugar a dudas, los argumentos eran muy fuertes.

El exministro Luis María Aguilar Morales, en 2016, decía:

Como país hemos sido testigos de cómo el sistema de procuración e impartición de justicia no sólo se veía superado para atajar esas nuevas realidades, sino que, incluso, desde tiempo atrás había deja- do de ser eficaz para atender las problemáticas de todos los días y el precio que como sociedad pagamos por ello fue muy alto: una creciente impunidad. (Gómez, 2016, p. 27)2

Recordemos las palabras del titular del Ejecutivo al referirse a la urgencia de la reforma constitucional del sistema de justicia penal en la iniciativa que le dio origen:

Ha sido objeto recurrente de críticas y llamados a su modernización, tanto por la sociedad en general como por organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. En nuestro país, los niveles de impunidad y de inseguridad pública se han incrementado en los últimos años. (Gamboa, 2007, p. 3)

La Reforma del18 de febrero de 2021

En la exposición de motivos de la mencionada Iniciativa se exponía que:

En ese acto, los participantes coincidieron en que la impartición de justicia en nuestro país enfrenta grandes retos. Los jueces federales no siempre se conducen con la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que deberían observar en sus funciones. Muchas veces sucumben ante intereses mezquinos. Los cargos que deberían ocuparse por méritos, se otorgan a familiares y amigos en un afán por exprimir los recursos públicos antes que servir a la justicia. El sistema de carrera judicial no ha sido exitoso para asegurar que quienes lleguen a ser juzgadores sean las personas más honestas y mejor preparadas. Tampoco se ha podido desterrar la corrupción, sino que, por el contrario, la endogamia y el amiguismo han producido redes cliente- lares muy arraigadas, en las que se trafica con plazas, se intercambian favores o, peor aún, se pone precio a la justicia. (Iniciativa de Reforma, 2021, p. I)

Continúa el documento:

Todo ello genera desigualdades en el sistema judicial, dificulta que los más pobres puedan ser escucha- dos y que sus reclamos puedan ser atendidos, lastima a la sociedad, y genera desconfianza en los jueces y en la justicia, lo cual, en su conjunto, impide el establecimiento de un verdadero gobierno de leyes. (Iniciativa de Reforma, 2021, p. I)

De entre los ejes principales de dicha reforma, destacaban los dos puntos que mencionamos al inicio de este trabajo, rezago y corrupción. (Iniciativa de Reforma, 2021, pp. II y V)

Asimismo, se argumentaba que con la nueva propuesta se “garantiza que la justicia constitucional beneficie a las personas más pobres y marginadas, quienes tienen más dificultad para litigar sus asuntos en diversas instancias y necesitan ver protegidos sus derechos con mucho mayor eficiencia y celeridad.” (Iniciativa de Reforma, 2021, p. VI)

En relación con esta reforma y previo el proceso legislativo, el 11 de marzo de 2021 se publicó en el DOF el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas di- versas disposiciones de la CPEUM, relativas al PJF.

A manera de conclusión

Como hemos analizado, desde los orígenes de la Constitución de 1917, pasando por las reformas constitucionales a que nos hemos referido, los argumentos, excusas y pretextos que se han instrumentado para justificar los cambios constitucionales, siempre han sido los mismos: la crisis del sistema de justicia ha sido provocada por el rezago, corrupción, impunidad y, sobre todo, la promesa reiterada, pero hasta ahora incumplida, de asegurar una justicia pronta, transparente, expedita y eficaz. Por lo anterior, podemos afirmar que la aspiración que nació hace 27 años con la reforma de 1994, de contar con un Tribunal Constitucional que garantizara el orden constitucional y fuera un verdadero protector de los derechos fundamentales, sigue siendo un pendiente para todos los mexicanos.


1 El llamado clientelismo judicial, lo explica el propio Jorge Carpizo, “…un ministro hacía la proposición de un magistrado o juez “por turno” y su propuesta era automáticamente aceptada por los de- más ministros para que cuando a otro le tocara “el turno” tampoco se le fuera a hacer ninguna objeción. Así, el ministro tenía su “clientela” a la que cuidaba y protegía para lograr buenas adscripciones y promociones y si el magistrado o juez cliente cometía alguna infracción leve, regular o muy grave lo protegía. Bajo el principio de que un “escándalo” lesionaba al Poder Judicial Federal, se protegía a magistrados y jueces incapaces o deshonestos…”. (Carpizo, 1995, p. 819).

2 Si se desea profundizar en el tema de la impunidad, el lector puede acudir al trabajo de mi autoría titulado: “La impunidad en México: signo de debilidad del Estado de derecho en el Modelo Neolibe- ral”. (Diego y Rodríguez, 2018, pp. 83-112).

Bibliografía

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  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2008). Publicada el 18 de. Consultada el 11 de marzo de 2021, en https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfPro- cesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1FqriebelbblMn9GghkbHbZJR/8YCFNgq4qmWRZBiHT7YAx8w==
  • Carpizo, Jorge, (1995). “Reformas constitucionales al Poder Judicial Federal y a la jurisdicción constitucional, del 31 de diciembre de 1994”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 83, México, IIJ-UNAM, pp. 807-842. Consultada el 11 de marzo de 2021, en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3367/3901
  • Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación (11-03-2021). Diario Oficial de la Federación. Consultada el 13 de marzo de 2021, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021
  • Diego, O. B, y Rodríguez, O. L. E. (Coords.), (2018). La lógica neoliberal y su impacto en el Estado mexicano. Un enfoque multidisciplinario. Chiapas, México, Universidad Autónoma del Chiapas, Gestión y Desarrollo Índigena UNACH.
  • Elizalde, C. R. R. (2018). “La impunidad en México: signo de debilidad del Estado de derecho en el modelo neoliberal”, en Diego, O. B, y Rodríguez, O. L. E. (Coords.). La lógica neoliberal y su impacto en el Estado mexicano. Un enfoque multidisciplinario. Chiapas, México, Universidad Autónoma del Chiapas, Gestión y Desarrollo Indígena UNACH, pp. 83-112.
  • Gamboa, M. C. (2007). Análisis de la iniciativa de reforma a nivel constitucional, en materia penal, presentada por el Ejecutivo al Senado de la República. México, Senado de la República.
  • Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (18 de febrero de 2020), enviada por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada el 12 de marzo de 2021, http://comisiones.senado.gob.mx/puntos_constitucionales/
    docs/convocatorias/iniciativa_260220.pdf
  • Sánchez, B. E. (2011). Derecho Constitucional, 12a ed., México, Porrúa.
  • Tena, R. F. (1981). Derecho Constitucional mexicano, 18a ed., México, Porrúa. Texto original de la Constitución de 1917 y de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917 al 1o. de junio de 2009 (2009). Consultada el 12 de marzo de 2021, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2802/8.pdf