Red de impunidad en el Poder Judicial

José Noé Mijangos Cruz

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Coautor en la Obra Colectiva “Pintura y Ciencias Penales”, Tomo II, publicado por el INACIPE. Docente en Instituciones de Educación Superior del Istmo de Tehuantepec. Articulista de opinión en diarios de Oaxaca.

 

EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

El Poder Judicial federal representa a los tribunales como razonadores del derecho que dirimen controversias. Esa expresión nos habla de la eficacia del derecho, de su filosofía implícita, de su ética resuelta, de los valores que se nos incuban en la práctica escolar que como finalidad pretende construir la ciudadanía, pero que por eso mismo generan apego al sistema educativo, razón de ser de una escuela judicial. Explicar el derecho, base de su filosofía, genera libertad en la decisión para que la legitimidad se imponga a la legalidad con miras a patrocinar el interés común; para que la justicia armonice con las leyes que una asamblea emite. En palabras de Dworkin (2014): “El derecho es una rama de la moral política.”

A la expresión que Merryman (1971) pervierte en la tradición jurídica románica-latinoamericana, refiriéndose a los funcionarios de tribunal como “abogados segundones”, en México se le suman secretarios, actuarios y oficiales judiciales, cargos que desde la reforma constitucional de 1994 forman parte de la carrera judicial. Los criterios de ingreso, sin embargo, se siguen estilando en forma caprichosa, según los requerimientos que acompañan a la fi gura de un juez, magistrado o ministro; además que se encuentran sujetos a convocatorias exclusivas o cerradas, que el Poder Judicial de la federación sigue estilando. El “consenso meritocrático” que pretende arraigar la tradición procedimental en la manera de administrar a su personal de carrera, cuaja en el acendramiento de criterios confusos, en donde es muy delgada la línea para considerar la probabilidad de corrupción estamental.

Épocas anteriores a la undécima no quisieron considerar derechos exclusivos al personal de carrera judicial que no goza de titularidad porque el cese de este tipo de personal termina con el encargo del servidor público judicial o, en su caso, el relevo por personal nuevo, cuando no, a un enroque que en materia de circuitos ya ha dejado lugar la doctrina. Asimismo, la parte sindical inquieta a un poder que siempre rehúye de su obligación patronal, pues teme pase lo mismo que a las instituciones del Ejecutivo federal, que recurren a la revisión de un planteamiento laboral como recurso.

La escuela judicial actualiza a los secretarios a través del “examen de aptitud”, pero no les permite la admisión directa a la estructura tribunalicia a partir de los logros dictaminados en este sector medio. De ahí que el escaso ascenso que se promueve, los obligue a buscar espacios de impunidad como el tráfico de influencias que, junto con los oficiales judiciales, hacen proliferar el mayor número de casos de endogamia y nepotismo denunciados por Borrego (2017) y el subsecuente análisis de Ríos (2019). Esa ausencia de garantías para un secretariado que consiente la explotación en su base de beneficios compartidos, busca otra forma de fomentar el lucro que pervierte la relación profesional de origen: el conflicto de interés. El empoderamiento de este sector medio, lleva a un servidor público de relevancia judicial, a dejar en sus manos la práctica de la actuación perpetrada en contra de los justiciables o en casos de criminales consagrados, la cautelosa maquinación para permitir a estos delincuentes de alto impacto la evasión legal, mas no legítima, de la justicia.

Las consecuencias de tener a un personal transitivo, atemporal e indeterminado en su permanencia en el Poder Judicial genera oportunidad para evadir la responsabilidad, apurando medios de obtención de recursos ilegítimos en el encargo en donde preliminarmente se desenvuelven, haciéndose a la idea que el ascenso esperará largo trecho. Para la ley, el “enriquecimiento ilícito” es el origen de lo que se puede tasar en cuanto a la conducta inapropiada a la que un servidor público recurre cuando ensancha bienes patrimoniales que no puede comprobar. De esa manera, los cargos menores del tribunal agradecen esta bondad de la ley que aún no rastrea sutiles vicios para obtener recursos: manejar dinero corriente en efectivo, prestar dinero a réditos o establecer una red de personas que se alquilan para obtener beneficios compartidos y alojar electrónicamente depósitos en diferentes cuentas a escala onerosa.

Para la doctrina, sin embargo, fuente del derecho vigente, el “aprovechamiento ilegítimo” debe ser diagnosticado en el orden judicial, con oportunidad, con los instrumentales que propicien algún curso de acción que dé certidumbre sobre prácticas que se han normalizado en los tribunales, como el nepotismo, la endogamia o el enroque (nepotismo cruzado). Si desde la cúspide no se propicia la persecución de este tipo de ilegitimidades, la corte suprema de justicia de nuestro país cae en el juego de su origen, que con el tiempo, gradual o intempestivamente, parafraseando a Marx, podría ser la “semilla de su propia destrucción”. Desde la décima época, se tiene a un ministro presidente férreo, que como nunca se encuentra atacando comportamientos alevosos a los intereses no sólo de los justiciables, sino de los propios integrantes del tribunal, que en encargos menores se convierten en cómplices de sus jefes; dirigencia vertical inatacable en sus determinaciones, pues se encuentra cobijada por un esquema impune, por épocas.

Pero al ministro presidente se le va de las manos el personal que para ingresar a la carrera judicial mantiene filtros franqueables, que si bien al interior existen escasas suspicacias de influir en las sentencias (instruye subrogadamente dictámenes que tienen alcances judiciales desmedidos), sí vulnera la actuación judicial al acomodar mediante una red familiar a los integrantes que devienen en agradecimientos que en los hechos se convierten en favores por cobrar. Haber sido nombrado por el propio juez, magistrado o ministro, pervierte su función que sólo encuentra sentido en términos de fidelidad estructural, pero no de lealtad institucional. Podemos imaginar que los escasos titulares de los órganos de casación que permiten prorrogar su adscripción al personal de su antecesor en el cargo, viven con la espada de Damocles de una probable conspiración, inejecución de directrices, desacato persistente de órdenes de actuación, negligencia en la función sustantiva o motivaciones personales para argüir improcedencia de los casos asignados. Lo mismo sucede al contratar a personal nuevo. La experiencia puede estar al nivel o no de las exigencias mayores, amén de las inclinaciones en donde los favores personales sean de exacta observancia.

El comunicado 33/2020 del 20 de agosto del Consejo de la Judicatura Federal, es el caso de un secretario judicial con funciones de juzgador en el Distrito Tercero en Chiapas por un asunto de prescripción de la acción penal (el justiciable es Alonso Ancira). Este asunto y el relacionado con el comunicado 25/2020 de 2 de julio, que involucra a personal auxiliar del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quienes pretendieron dejar en libertad a José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, en Toluca, agudiza el papel de los tribunales federales en la décima época que tamiza de manera errática la admisión de integrantes que deciden de manera formal como en el primer caso, e informal, como en el segundo, efectos de resoluciones trascendentales para la vida institucional del Poder Judicial federal.

 

LA TREMENDA CORTE MEXICANA1

El Poder Judicial federal es “presupuestívoro” (voraz detentador de presupuesto), menciona Cárdenas (2018), cuando refiere el plan de austeridad del régimen en turno. El sueldo judicial estaciona el pensamiento que debe estar al servicio de la resolución que destaque distribución legítima de la riqueza nacional, contribución al orden legal trascendente, precedente legal convencional y control constitucional difuso. Pero las parcelas judiciales se encuentran entregadas a un sistema político que premia la adhesión de las causas políticas y no la contribución profesional colegiada. Es el mismo presidente de la República, “el gran legislador”, quien pretendiendo mofarse de la falta de credibilidad de una carrera judicial hechiza, integra una terna que dispone de la base acrítica por defecto, y en ocasiones, como en las convocatorias abiertas, los ministros que accesan de esa manera, docentes e investigadores, se convierten a la postre en lo que no pretendían ser debido a una estructura judicial fallida. Argumentar independencia judicial cuando no la han practicado, según refiere Cárdenas (2018), plantea un asunto restringido de eficacia judicial. La estrategia es llegar formar parte del pleno, a formar parte de la estructura judicial, a devengar sueldos superiores al del presidente de la República (teniendo a su favor el 94 constitucional que no permite la reducción del sueldo mientras se mantengan en funciones), pero no a perseguir los más altos estándares de exigencia profesional. Para colmo de males, “la Corte se ha fragmentado en grupos que negocian y se disputan el control de la presidencia del tribunal” (Mijangos y González, 2019). Será la doctrina quien tenga que escrutar sus decisiones reaccionarias, resistencia que los integrantes del máximo tribunal defienden a capa y espada, según Cárdenas (2018).

Una Suprema Corte de Justicia a la mexicana, de estilo conservador (dependiente de la élite política que la convierte en genuflexiva, encubridora de disposiciones arteramente inconstitucionales, que asocia la impunidad a los privilegios creados), predispone el uso de la toga como si se tratara de una indumentaria que por sí misma lavara las culpas de sus integrantes. El ingreso de personajes que se han escudado en el clasismo de su ascendencia genotípica, también propicia poses fenotípicas que abren la puerta ulterior a personajes que han honrado el acrecentamiento patrimonial familiar, y por esa misma relevancia, pierden el interés de mantenerse pulcros en su fase de juzgadores, siendo proclives a un lenguaje que pervierte la sencillez de impartir justicia (sacralizan categorías jurídicas como dogmas, según Cárdenas, 2018; suelen privilegiar la demostración pública de sus capacidades analíticas, según Mijangos y González, 2019); confinando la norma a su interpretación básica, propia del lego.

Otra característica del pleno de ministros, es la limitada incursión de mujeres que detenten ese carácter, dicha ausencia no permite reconocer acciones jurisdiccionales compartidas que afiancen el voto crítico en su fase resolutiva. Esto habla de misoginia en un poder que se precia de discutir medidas igualitarias, en donde a las mujeres se les debe otorgar “trato diferenciado” que por legitimidad se les reivindica por su discriminación histórica. De nada sirve que resuelvan sus tribunales casos de ascensos de la mujer en puestos de trabajo, que pretendían pervertirse de parte de hombres que impugnaron nombramientos a puestos relevantes en convocatorias abiertas del servicio público, si en el pleno de ministros las mujeres se siguen admitiendo a cuenta gotas.

La base de la pirámide judicial ha permitido que permee desde el vértice el pragmatismo, la genuflexión y la pusilanimidad al enviar el siguiente mensaje: “No importa que se evite impartir justicia, habría que dar a entender que se trabaja en ella”. El cúmulo de recursos que se le invierte al supremo tribunal da la idea que resuelve de manera eficaz, cuando sólo está dando a entender que las sesiones del pleno o audiencias repiten dictados o frases hechas, al estilo de un merolico, revisando arduos expedientes que integran volúmenes en papel que la visten como una organización eficiente. Ya se ha dicho hasta el cansancio que la integración de medios digitales y el manejo diligente de la tecnología debería involucrar una versión contemporánea de la actuación judicial mexicana. Con esta idea cosmética de que el máximo tribunal se esfuerza en construir el asidero judicial de este país, el vértice de la pirámide permite la explotación de la base que la sostiene: “Trabajar esforzándose expolia a quienes lo hacen, para ser aprovechado por los de arriba”. La contrapartida que asume la base de esa pirámide judicial es infame, ridícula y miserable, se cobra la explotación del vértice con negocios alternos en donde prevarican para beneficiar a quienes se encuentran sujetos a proceso, desean recibir trato privilegiado o consideran aprovecharse de manera ilegítima.

Para cuando este trabajo se publique, las sentencias definitivas habrán de ser públicas, un decreto que el actual presidente emite para involucrar en el escenario democrático a los poderes judiciales federal y de las entidades federativas. El arreglo se ajusta desde la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no desde alguna reforma constitucional de impacto que provenga de las entrañas de la Corte Suprema. La máxima publicidad deriva de la teoría de la publicidad del poder de Bobbio (1996); murió sin ver su obra concretada en un país como México. La reforma, que ha presentado el máximo tribunal del país, incluso ya inauguró la undécima época. Llega tarde, pero al fin llega. No en balde Cárdenas (2018) se refiere a aquel como un “estamento”. La SCJN es un lugar en donde las cofradías declaran cerradas sus filas y defienden sus intereses de manera endogámica, nepótica y mediante enroques que se plantean desde los 32 circuitos que la integran.

Cárdenas (2018) si bien no desea la eliminación de la forma en cómo llegan los ministros al cargo, si advierte que son 11 personas no electas quienes tienen la palabra final en cuanto alguna controversia deviene en duda razonable. De este corrupto poder al que Cárdenas (2018) se refiere con atinada precisión, no se salva el Consejo de la Judicatura Federal. Muchos integrantes del Poder Judicial de la federación olvidan que las presiones de los organismos financieros internacionales insistieron al régimen de Zedillo realizar la reforma al inicio de su gestión (Cárdenas, 2000) y con ello, la existencia del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, la renuncia del ministro Medina Mora el 3 de octubre de 2019 (Mijangos Cruz, 2019) dejó entrever que los filtros para la selección de ministros trasvasaba arreglos cosméticos que daban la apariencia de legales, aunque estuvieran lejanos de la legitimidad. Si no fuera por la investigación financiera que se le seguía fuera del círculo judicial, Medina Mora seguiría maniobrando desde el pleno, con la complacencia de sus integrantes.

 

MENOSPRECIO A MINORÍAS PROFESIONALES

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en voz de sus profesores y estudiantes, viene reuniendo su aporte a esta problemática en términos de sistema meritocrático o servicio civil de carrera. Sin pretenderlo, esa clase académica viene soslayando el hecho de que la meritocracia es una expresión que es usada por los pensadores clásicos como tabla rasa para detener cualquier enfoque que no sean los espacios de privilegio, generando una ley de hierro inatacable que ha llevado al servicio público judicial a convertirse en una élite insaciable: justiciera, pero no justiciable. La meritocracia, que para pobladores del CIDE es un ascenso basado en méritos personales, contrasta con la suspicacia del estudioso francés Polin, pues para este último es más probable que pudiera estar familiarizada con la “merecracia” (una de las tantas cracias), por “el signo negativo de las (tantas cracias) que está plagado el lenguaje político” (Bobbio, 1996).

Andar por aquellos horizontes a los que ya allanaron Weber, Nisbet y Giddens (2001), hacen de la versión de la meritocracia la idea popular del consenso (Weber, 2001), en donde los ascensos se encuentran posibilitados sólo por el esfuerzo sin que la brecha social pague pena alguna. Pensar de esa manera, conduce a ser indiferente al sentido común, después de que el consenso de los legos ―lo que Easton denomina consenso básico o a nivel de comunidad, Sartori (2000), y éste último (1994) denomina “democracia por consenso” ― ya predestinó qué se puede esperar de una clase burocrática y hasta dónde puede llegar su alcance sostenido. De ahí que el mote de “democracia esotérica” se lo haya ganado México a pulso (Sartori, 1992). No en balde, Cárdenas (2018) alega que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la línea discursiva de lo políticamente correcto (resuelve) ―causas a favor de algunas libertades, de algunos derechos ― en beneficio de las clases medias y altas urbanas. El modelo económico y la distribución de la riqueza vía la fiscalidad y el gasto no son de su incumbencia”.

La tesina “Por siempre secretarias. La brecha de género en el Poder Judicial en México”, asesorada por Julio Ríos Figueroa, me permitió conocer la idea que el CIDE mantiene sobre la meritocracia (Parra, 2019), pues no la debate. Es el mismo Ríos (2019) quien define a la meritocracia: “Sistema en el que las personas ingresan y avanzan dentro de la misma (organización o institución) principalmente por sus capacidades cognitivas, habilidades sociales, cualidades morales y desempeño en el trabajo”. Mantenerse en esa postura, no abona en proseguir el curso hacia el consenso procedimental o a nivel de régimen que aborda a la judicatura por dos razones: la primera, porque es justo este modelo el prerrequisito de la democracia y, segunda, porque trata sobre la solución de conflictos (Sartori, 2000). Quedarse en esa limitada actitud conceptual que sugiere Ríos (2019) promueve el “derecho a la subjetividad sectaria” (Sartori, 1996). Ríos no debe olvidar que los teóricos son un “recurso estratégico” de la clase política, según el dicho de Sartori (1996), y si se envía el mensaje equivocado, se descuida la “ecología pedagógica”.

En la era del derecho convencional, el consenso meritocrático (lo que una idea popular se amolda entre los estudiosos de una disciplina) nos hace admitir con equivalencias, situaciones que pueden llevar a atacar derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación (Mijangos y González, 2019). El riesgo de sostener a la meritocracia tasada como está, es –como ya lo dijo Figueroa y otros (2020)– “aventajar injustificadamente a las partes (que se corrompen)”. Considerando, además, que en la carrera judicial, que recién empezó su historia a partir de la reforma constitucional de 1994, “no han sido pocos los señalamientos de complicidad o corrupción de los que han sido partícipes los magistrados…” (Figueroa y otros (2020). Del filme que la secuela de corrupción ha dejado en los últimos años en las unidades administrativas del Poder Judicial, uno de los fotogramas que resaltan por su trascendencia en la carrera judicial es la inhabilitación de la que conoce el Consejo de la Judicatura Federal y cuyos efectos resolutivos se dan a conocer a través del comunicado 30/2020 del 5 de agosto, donde se sanciona por 10 años al magistrado federal Salvador Mondragón Reyes, ex director general del Instituto de la Judicatura Federal al que se le encontró responsable del filtrado y comercialización de información confidencial. Mijangos y González (2019) menciona este incidente que ocurrió en 2018 en el Instituto de la Judicatura: tres funcionarios habían vendido las preguntas del examen, consiguiéndose anular el concurso para la designación de jueces de distrito.

Sobre la base de estas discrepancias detectadas en la academia, acerca de una resolución crítica que postule lo que una escuela judicial, encaminada al servicio civil de carrera, debe proseguir, podríamos decir que nuestras conclusiones serían las siguientes: Primera: a partir de ahora, oficiales, actuarios y secretarios judiciales deben disponer de una observación exigente sobre sus relaciones institucionales, desde el ingreso, pasando por la permanencia, hasta llegar al ascenso. Se les debe permitir ascender para evitar el estancamiento en el mismo puesto, motivo de sus pretensiones insidiosas. Segunda: el Poder Judicial de la federación debe pasar de una democracia por consenso a una democracia consocietal (Sartori, 1994). Tercera: El servicio civil de carrera es un instrumento que cataloga y supervisa puestos, la meritocracia es una distorsión a la democracia procedimental, cuyo fi n es resolver conflictos.

 


1  La sátira cubana hizo famosa la osadía que empleaba José Candelario Tres Patines para evadir la justicia que se le aplicaba a modo.

 


BIBLIOGRAFÍA

  • Bobbio, Norberto (1996), El futuro de la democracia. México, México: FCE.
  • Borrego Estrada, Felipe. (2017). Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal. Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, (29-30), 159-191.
  • Cárdenas Gracia, Jaime F., (2000), Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional. México, México: IIJ-UNAM.
  • [@jaicardenas_g] (2018). Diversos tuits. s. url.
  • Dworkin, Ronald (2014), Justicia para erizos. México, México: FCE.
  • Figueroa Oliva, Yered., Gidi Blanchet, Iván., Llanes Gil del Ángel, Juan José (2020), Para entender la corrupción mexicana. México, México: Instituto Literario de Veracruz, S.C.
  • Giddens, Anthony (2001), Las nuevas reglas del método sociológico. Bs. As., Argentina: Amorrortu.
  • Merryman, John Henry (1971), La tradición jurídica Romano-Canónica. México, México: FCE.
  • Mijangos Cruz, José Noé (11/10/2019). Medina Mora, el Ministro espía. Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, p. 6A.
  • Mijangos y González, Pablo (2019), Historia Mínima de la Suprema Corte de Justicia de México. México, México: El Colegio de México.
  • Parra, Andrea [@ParraAndrea_13] (2019, Junio 06). Ya terminé la tesis () y pues decidí darles un periodicazo a quienes creen que los procesos de ascenso laboral son meritocráticos y no discriminan a nadie: https://twitter.com/ParraAndrea_13/status/1136653628121370624?s=20
  • Ríos Figueroa, Julio. (2019). El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la federación. México: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
  • Sartori, Giovanni (1996), La política. Lógica y método en las ciencias sociales. México, México: FCE.
  • (1994), Ingeniería constitucional comparada. México, México: FCE.
  • (1992), Partidos y sistemas de partidos. Madrid, España: AEd.
  • (2000), Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo. Madrid, España: AEd.
  • Weber, Max (2001), Ensayos sobre metodología sociológica. Bs. As., Argentina: Amorrortu.