El Poder Judicial bajo amenaza

Alfonso Pérez-Cuéllar

Licenciado en Derecho con reconocimiento de excelencia por su tesis de titulación, “La suspensión del acto reclamado en el Juicio de Amparo”. Abogado especializado en litigio civil, mercantil y familiar, así como en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo. Fue presidente del Colegio de Abogados de México.

 

La pretención de ampliar dos años la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta acciones de inconstitucionalidad. La discusión será técnica y política, pero la resolución determinará el rumbo del país.

El Estado constitucional y democrático de derecho enfrenta una amenaza de enormes proporciones en México. La aprobación del artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que amplía por dos años el periodo de la actual presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, así como los plazos para los que fueron designados los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, es una franca intromisión del Poder Legislativo en las decisiones que competen exclusivamente al Poder Judicial, lo cual no solamente pone en juego la división de poderes, sino que representa un frontal desacato a la supremacía constitucional al pretenderse imponer una norma secundaria que transgrede ostensiblemente preceptos constitucionales.2

El enérgico rechazo de la abogacía se hizo patente a través de posicionamientos de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, integrados en el Consejo General de la Abogacía Mexicana, así como por un gran número de juristas que han denunciado lo insostenible que resulta constitucionalmente el temerario transitorio.

En la defensa parlamentaria del cuestionado artículo, destacó un alegato que ha sido objeto de múltiples expresiones, análisis y comentarios: “Entre derecho y justicia, un transformador, un liberador, un revolucionario, opta por la justicia. Claro, la supremacía entre derecho y justicia depende de un pensamiento político-ideológico. El conservadurismo opta por el derecho. El liberador, y somos parte de un movimiento liberador, opta por la justicia, por la felicidad y/o por lo que es necesario”.3

Justicia y derecho son conceptos que han sido analizados a partir de una gran diversidad de pensamientos, escuelas y concepciones de los estudiosos de la Filosofía del Derecho. Desde autores clásicos como Kant y Kelsen, hasta muchos otros contemporáneos como Dworkin y Alexy han desarrollado diversas teorías que han sido ampliamente discutidas. De ninguna manera se pretende ni siquiera hacer un acercamiento a tales conceptos, donde los estudiosos de la materia podrán ahondar verdaderamente, pero lo que bien vale la pena es plantear algunas preguntas a esa premisa sobre lo justo por encima del derecho en el caso concreto:

  • ¿Qué de justo puede haber en prorrogar un cargo entre iguales?
  • ¿Cómo se justifica la necesidad de dar un trato privilegiado a uno de los pares?

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es primus inter pares y goza de la misma condición y dignidad que las señoras ministras y señores ministros, como ocurre igualmente en los Estados Parlamentarios, así como en muchas otras instituciones, ámbitos y órganos de gobierno. El trato igualitario es democrático y las diferencias no lo son.

Más allá de la imposibilidad para que el Poder Legislativo intervenga en decisiones que son esencialmente del Poder Ejecutivo, no puede siquiera sostenerse una razón lógica ni jurídica para semejante pretensión, ante lo cual lo que no es sostenible jurídicamente, en este caso solamente puede explicarse políticamente.

Otros defensores del trístemente célebre artículo transitorio, han sostenido que en casos anteriores la misma Corte ya se pronunció favorablemente respecto de la prórroga de miembros del Poder Judicial, como ocurrió en el caso de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al declarar válido el Decreto por el que se reformó el artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o de julio de 2008.

Paradójicamente, la Acción de Inconstitucionalidad 99/2016, a que se ha hecho referencia, fue promovida por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a través del entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien reclamó, entre otros conceptos, violaciones al principio de división de poderes, así como al principio de no retroactividad de las leyes.

Más allá de lo anterior, difícilmente puede haber un claro paralelismo entre aquel caso y el que ahora es materia de análisis, ya que la citada Acción de Inconstitucionalidad versaba sobre una legislación secundaria que derivó de un mandato constitucional –entre otros el artículo 99–, donde se determinó que los magistrados de las Salas Superior y Regionales del (TEPJF) y los integrantes del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral se elegirían de manera escalonada y periódica, en términos de lo que dispusieran las leyes.4

Años más tarde (2016), fueron elegidos por el Senado de la República los siete magistrados y magistradas de la Sala Superior del TEPJF que ocuparían el cargo conforme a las reglas vigentes desde 2008; sin embargo, tras un proceso legislativo, se modificó el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los cuatro magistrados que vieron modificado su periodo en el encargo rindieron protesta nuevamente el 4 de noviembre de 2016 ante el presidente del Senado de la República.

De esta manera, aquella prórroga daba operatividad a un mandato constitucional relativo al nombramiento y escalonamiento de las magistraturas de la Sala Superior en un régimen de transición, ya que la reforma constitucional de 2007 estableció la obligación del Congreso de la Unión de determinar en la legislación secundaria la fórmula para designar a los magistrados integrantes de la Sala Superior del TEPJF. Así, el precepto constitucional otorgaba libertad a favor del legislador para establecer las reglas y el procedimiento para el escalonamiento de la elección de los magistrados que bien puede estar soportado bajo el principio de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo como se expresó en la exposición de motivos de la reforma materia de aquella impugnación.

Las nuevas acciones de inconstitucionalidad que se presenten con motivo de la reciente reforma estarán envueltas en tecnicismos jurídicos y posicionamientos políticos, pero en el fondo lo que se resolverá es de tal gravedad que determinará el rumbo del país. En palabras del diputado Porfirio Muñoz Ledo, más prestigio tendremos y más seremos respetados, si más democráticos somos.

La amenaza puede ser aniquilada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se resolverá en definitiva un asunto que siempre fue –y conviene que siga siendo– de su exclusiva competencia, a fin de mantener el principio de división de poderes y salvaguardar la independencia del Poder Judicial, por el bien del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país.


2 Artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco.

4 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en el que se previó en su disposición cuarta transitoria la detallada renovación escalonada y los periodos de nombramiento de los magistrados.