Obligaciones del Estado frente a la pandemia

Agustín Antonio Herrera Fragoso

Doctor y Maestro en Derecho, con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense, y Doctor en bioética y biojurídica por la cátedra UNESCO. Investigador del ICJP y Research Scholar of the UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights.

 

Los estándares para la salvaguarda del derecho a la Salud, previstos en la Constitución Mexicana y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, son claros y debieron ejercerse con prontitud y eficiencia.

México se encuentra en primer lugar en el mundo por el número de muertes de profesionales de la salud, en los últimos lugares en aplicación de pruebas para la detección de Covid-19, y reporta una letalidad de 10.95%, cuando en el mundo es de 3.7%. Todos esos datos son referentes que impactan en la responsabilidad del Estado.

Todos somos vulnerables y necesitamos de cuidado y atención adecuada, eficiente, eficaz, responsable, en el núcleo de esta pandemia que desde diciembre del 2019 inició su impacto a la humanidad. Debemos entender que el virus no discrimina. Todos y cada uno de los seres humanos que circunstancialmente viven, podrían contagiarse; razón suficiente para darnos cuenta de nuestras acciones y omisiones. Es decir, somos el eslabón de la conciencia para mantener la vida y la unidad significativa de la integridad personal y la salud de nuestros seres queridos y la sociedad en general. Pero lo más importante es la consideración moral al otro ser humano, dado que tenemos que co-existir y convivir con todas las personas en un ámbito de respeto, tolerancia y cooperación, en vía a un equilibrio saludable para salir adelante. Esta preocupación, en particular, es mayor para quienes se encuentran en una situación más vulnerable, donde el sufrimiento y deterioro físico es muy rápido, debiendo realizar un gran esfuerzo basado en la empatía hacia nuestros semejantes de forma pertinente y prudencial.

Por así decirlo, el virus no “se mueve”, lo “movemos” nosotros. Con este entendimiento debemos tener claro que la migración del virus es especialmente una tragedia humana. Por ello, la prevención es responsabilidad de todos, sin excepción, y en la medida que sumemos esfuerzos y asumamos nuestra responsabilidad, bajarán los casos, urgencias y, por consecuencia, los decesos de nuestra familia mexicana.

El diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud se debe llevar bajo el timonel de los profesionales de la salud, cuya responsabilidad se debe estructurar en el sentido de la práctica empírica y, posteriormente, ir reuniendo elementos para ser ciencia basada en evidencia y principios éticos, elementos simbióticos en la adecuada atención médica en favor de los pacientes. El desequilibrio en su salud biopsicosocial y espiritual necesita una atención integral, por lo que todas las personas, instituciones, empresas y los gobiernos en sus tres esferas (ejecutivo, legislativo y judicial), debemos responder con las mejores prácticas en la prevención y atención de la salud personal y pública, sin restricciones humanas, económicas e institucionales, para estabilizar y, en su momento, atender las consecuencias y secuelas de la forma más rápida, eficiente y humanamente posible.

Las cifras nos presentan una situación adversa y vulnerable, como se ha demostrado con el contagio y muerte de muchos profesionales de la salud. En esa inteligencia, las decisiones fueron tardías y más aún cuando se contaba con las experiencias de China, Italia y España, países que sufrieron malas decisiones, y las de Taiwán, Islandia, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda y Corea del Sur, quienes tomaron acciones ejemplares. Las buenas prácticas debieron ser tomadas con rapidez, eficacia y efectividad, y encauzadas con oportunidad y previsión para permitir dar la mejor atención posible y disminuir la carga profesional y psicológica en el actuar del personal de salud durante la emergencia sanitaria.

El derecho a la salud se debió salvaguardar bajo los estándares de los Derechos Humanos previstos en los artículos 1° y 4° constitucionales de México, así como, entre otros, en el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en los párrafos 1 y, en particular, 2 del artículo 12,1 donde se indican, a título de ejemplo, diversas “medidas que deberán adoptar los Estados Partes… a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho”. Además, se reconoce, en particular, en el inciso IV) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño,2 y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Análogamente, el derecho a la salud ha sido proclamado por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena.

La emergencia sanitaria se encuentra amparada bajo el artículo 73 fracción XVI, 1ª, 2ª y 3ª de la Constitución General de la República, así como en el artículo 181 de la Ley General de Salud y en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

El derecho a la salud, como parte de los derechos sociales, tiene entre sus características generales el de ser prestacional, cuya satisfacción es un deber primordial del Estado. Su actuación, especialmente en los temas de educación, salud, vivienda, alimentación y seguridad social, requiere de fuertes inversiones económicas para crear las estructuras institucionales necesarias, así como para brindar los subsidios requeridos para las personas más desposeídas. Por ello, “… la plena efectividad de estos derechos sólo puede alcanzarse progresivamente con el tiempo, cuando existan suficientes recursos humanos, técnicos y económicos, entre otros medios a través de la cooperación y asistencia internacionales, como la ayuda al desarrollo”.3

Con base en lo anterior, se establecen las obligaciones del Estado mexicano, sin ser limitativas y aunque muchas de ellas están rebasadas por la desatención, sirven de base para la buena práctica en la emergencia:

I.   Dentro del derecho a la salud, se deberá:

Promover: Informar de manera adecuada, con rigor científico, veraz, entendible y con pertinencia cultural, sin crear alarma o estigma alguno.

Respetar: Implica no violar, abstenerse de vulnerar un contenido normativo recono­cido.

Garantizar: Obligación de hacer, al asegurar la aplicación de los contenidos nor­mativos de los derechos a todos los individuos que se encuentren en el territorio de un Estado y, por tanto, sometidos a su jurisdicción.

Proteger: Requiere que el Estado adopte medidas para velar que no se prive a la persona del acceso a las instituciones de salud de forma adecuada.

Medidas apropiadas: Son los derechos de aplicación progresiva los que requieren las medidas apropiadas para usar los recursos disponibles en su desarrollo.

Para cumplir la obligación de ser medida apropiada, se requieren los siguientes  requisitos explícitos:4

Elaborar un plan de acción.

Ejecutar dicho plan de acción.

Uso máximo de recursos disponibles, sobre este punto es preciso precisar que es sobre el recurso del Estado Mexicano, no así del recurso previsto para el tema de salud.

No discriminación en la garantía y promoción de estos derechos (artículos 2 (2), 3 y 5 del PIDESC).

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Progresividad y no regresividad. El Comité DESC (CDESC) entiende por progresiva efectividad el “proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo”.5

Posibilidad de revisión jurisdiccional, ya sea por un recurso administrativo y siempre por un procedimiento judicial.

Incluir entre las medidas apropiadas la cooperación internacional (artículo 2 (1), PIDESC).

Informar al CDESC las medidas adoptadas para garantizar los DESC de aplicación inmediata y la realización progresiva de los derechos que están determinados por los recursos de un país (artículos 2 (1) y 16, PIDESC).

II. Se debe brindar una atención de salud oportuna y apropiada, en condiciones de igualdad y no discriminación; y para el rubro específico de la niñez, con eficacia,6 mismo que refuerza el principio de interés de la niñez.

III. Para los grupos en situación de vulnerabilidad o en especial riesgo, tales como adultos mayores, personas que padecen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, así como las personas trabajadoras informales y personas en situación de calle y en especial los profesionales de la salud por el riesgo de su actividad, se deben reforzar las medidas de forma diferenciada.

IV. Para alcanzar el objetivo de detener la pandemia urge dotar de medios adecuados al sistema de salud, tanto público como privado. Esa es la prioridad: reforzar el sistema y a sus profesionales. Lo que está en juego hoy no es el bienestar económico de nuestra sociedad, sino la vida, integridad personal y salud de todas las personas, especialmente de las más vulnerables.

V. Priorizar en la asignación de recursos, sobre todo en los casos más graves o con peor evolución, y adoptar criterios justos que sean comunes para todos, de modo que no se produzcan graves inequidades asistenciales entre unos y otros.

VI. Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de quienes se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la pandemia.7

VII. Adoptar de manera inmediata e interseccional, el enfoque de Derechos Humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen.8

VIII. Tomar medidas que velen por asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia de todas las personas trabajadoras, de manera que tengan igualdad de condiciones para cumplir las medidas de distanciamiento social y contención durante la pandemia. Asimismo, se les debe garantizar el acceso al agua potable, alimentación nutritiva, medios de limpieza, vivienda adecuada, cooperación comunitaria, soporte en salud mental e integración de servicios públicos de salud, así como respuestas inmediatas y efectivas para la prevención y atención de cualquier tipo de violencia, asegurando efectiva protección social, incluyendo, entre otros, el otorgamiento de subsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo económico.

IX. Asegurar a todos los profesionales de la salud la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales; fortalecer su capacitación técnica y profesional para el manejo de la pandemia y garantizar la protección de sus derechos.

X. Proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente de la información personal sensible de los pacientes y personas sometidas a exámenes e investigación durante la pandemia.

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XI. Considerar los enfoques diferenciados requeridos al momento de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad. En particular, tener presente a los adultos mayores que se encuentren en residencias de larga estancia, hospitales y centros de privación de libertad; a las personas en situación de pobreza extrema, calle, abandono o con algún tipo de discapacidad, con medidas de ayuda humanitaria que les garanticen la provisión de alimentos, agua y saneamiento y espacios de acogida; quienes se encuentran en condiciones de enfermedad crónica, pacientes con VIH o sida, diabetes, hipertensión, demencia senil, alzhéimer, entre otras,9 que requieren medicación y atención regular.

XII. Reforzar las medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia hacia personas mayores, el abuso sexual o violación de mujeres, adolescentes, niñas y niños en el contexto de confinamiento e intrafamiliar.

XIII. Mejorar el acceso a medicamentos y a los cuidados paliativos, garantizándose que se lleve a cabo un consentimiento previo, pleno, libre e informado con pertinencia cultural y en su caso, en su lengua materna.

XIV. Fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, incluyendo muy especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran en instituciones de cuidado o viven en la calle. Prevenir el contagio por el Covid-19, implementando medidas adecuadas y responsables con el enfoque de interés superior de la niñez y en la medida de lo posible, así como garantizar los vínculos familiares y comunitarios, y su derecho a la educación.

XV. Adoptar, para la atención de todas las personas con discapacidad, los ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.10

XVI. Poner en marcha estrategias accesibles de comunicación, a fin de informar en formatos accesibles sobre evolución, prevención y tratamiento a todas las personas, con pertinencia cultural y en su lengua materna, evitando el alarmismo y discurso de odio o estigma.

Como se desprende de lo expuesto anteriormente, existen los estándares claros y oportunos para un buen abordaje de la pandemia.

 


1 Véase también la Observación general Nº 14 del Comité DESC en su 22º período de sesiones 2000.

2 Observación general No. 15 de la Convención General de los Derechos del Niño, ONU, 17 de abril 2013.

3 Amnistía Internacional, Derechos humanos para la dignidad humana. Una introducción a los derechos económicos, sociales y culturales, edición española, Madrid España, Editorial Amnistía Internacional. 2005. p. 40.

4 Los que se recogen en el art. 2 (1), del PIDESC y los Comentarios Generales 3 y 9 del Comité DESC.

5 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Comentario General 3, “La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto)”, Quinto periodo de sesiones, 1990, U.N.Doc.EI1991123, párr. 9.

6 Observación general No. 15 de la Convención General de los Derechos del Niño, ONU, 17 de abril 2013.

7 RESOLUCIÓN NO. 1/2020, PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS (Adoptado por la CIDH el 10 de abril de 2020).

8 Ídem.

9 Ídem Resolución.

10 Ibídem Resolución.