Objeción de conciencia

Ramón Cabrera

Catedrático de Derecho Administrativo en el ITESM, Campus Toluca y socio director de la firma legal Spetsen, S.C. Ha sido director general de Puntos Constitucionales en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; subprocurador Fiscal federal de Investigaciones en la Secretaría de Hacienda y Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

Uno de los temas que el pasado 21 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordó relacionado con el aborto, es el de la objeción de conciencia, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018 interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas de mayo de 2018 al artículo 10 Bis de la Ley General de Salud y de los transitorios Segundo y Tercero del Decreto correspondiente.

Ahora bien, para fines de claridad, vale la pena establecer una definición del concepto “objeción de conciencia” para, a partir de él, poder emitir algunas consideraciones sobre esta excepción legal, para lo cual recurriré a lo que sostiene Pauline Capdevielle en su obra La Libertad de conciencia frente al Estado laico,1 en donde señala que, por la misma, se entiende “una actitud de insumisión ante un mandato legal, basada en motivos de conciencia, ya sea de índole filosófica, jurídica o religiosa”.

De igual manera, resulta de utilidad la clasificación que la referida autora señala que realizó Ernesto Garzón Valdés, en su obra Acerca de la desobediencia civil, sobre el concepto de insumisión, en el sentido de que esta se puede presentar bajo diversas formas, entre ellas la “desobediencia revolucionaria, derecho de resistencia, desobediencia civil, desobediencia criminal, objeción de conciencia, actitud anarquista, mera disidencia ideológica, desobediencia militar y desobediencia eclesiástica”.

De ello podemos inferir que existen algunas expresiones que implican una razón colectiva y, por otra parte, encontramos otras cuya razón o motivación es de carácter individual. Un ejemplo de las primeras podría ser la “desobediencia revolucionaria”, en donde se aprecia que un grupo de personas tienen la convicción de la necesidad de derrocar un gobierno o régimen; en tanto que un ejemplo de las segundas lo es la objeción de conciencia, en la que la causa o justificación para incurrir en la insumisión a la ley proviene de la “conciencia” de cada individuo, en virtud del conflicto que surge entre la norma jurídica objeto de la insumisión y los principios y valores internos de la persona.

También resulta interesante el hecho de que el concepto de objeción de conciencia nos lleve a una importante mayoría de personas a vincular el tema con las creencias religiosas, lo cual resultaría limitante, pues dejaría de lado a quienes tienen razones o consideraciones no necesariamente vinculadas a una religión, como ocurría en el caso de una persona atea o areligiosa.

Paulette Dieterlene, en su artículo La Objeción de conciencia, nos explica a Dworkin cuando refiere que para este gran pensador es un ejemplo de lo que significa tomar los derechos seriamente, y que limitarla a las creencias religiosas sería un error, ya que un estado secular no puede desconocer las convicciones morales. Es decir, en un Estado laico como el mexicano, no se debería dar preeminencia a una convicción religiosa teológica sobre una convicción ética filosófica.

Al respecto, es importante tener en claro dos cuestiones:

La primera, la Constitución mexicana, salvo el artículo 133 que autoriza a los jueces locales a dejar de acatar una norma estatal cuando entra en conflicto con una federal, no contempla expresamente ningún derecho que justifique el incumplimiento de una disposición legal. Por el contrario, el artículo 136 de la Carta Magna repudia expresamente el que, por motivo de una “rebelión” o “trastorno público”, la Constitución y sus leyes dejen de tener “fuerza” y “vigencia”. Es decir, no reconoce ni define expresamente el derecho de objeción de conciencia.

La segunda, los tribunales nacionales sí han reconocido la existencia del Derecho Humano de objeción de conciencia como un derecho implícito, sobre todo vinculado con el derecho fundamental de libertad de creencia.

Para entrar de lleno al tema que nos ocupa, hemos de hacer algunas referencias a las diversas maneras en las cuales se puede presentar un conflicto ético-religioso personal con una norma jurídica concreta, a través de algunos ejemplos.

Así, podemos traer un caso que resulta muy interesante por la dualidad bajo la cual se puede abordar un mismo hecho, en relación con una misma norma, atribuible a individuos de una misma religión, en un mismo entorno, pero interviniendo sólo bajo un rol diferente. Lo constituye el caso de los testigos de Jehová en relación con las obligaciones de hacer honores a la bandera durante las ceremonias escolares previstas en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales, que establece:

“ARTÍCULO 15.- ….

Las autoridades educativas Federales, Estatales y Municipales, dispondrán que en las instituciones de enseñanza elemental, media y superior, se rindan honores a la Bandera Nacional los lunes, al inicio de labores escolares o a una hora determinada en ese día durante la mañana, así como al inicio y fin de cursos.”

Este caso lo conocí de primera mano al formar parte de los abogados de la Secretaría de Educación Pública (SEP) allá por los años 90. En este caso, los testigos de Jehová alegaban, en resumen, que su religión les prohíbe rendir culto a cualquier objeto diverso a su Dios y menos aún a un componente religioso diverso al de sus creencias, como lo era el escudo nacional que, de acuerdo con su argumentación, es una expresión religiosa dada como señal a un pueblo –azteca– por parte de una de sus deidades –Huitzilopoztli– a través de uno de sus sacerdotes –Tenoch.

En este contexto, se había venido dando una serie de insumisiones al mandato legal, por parte de profesores y alumnos, y las primeras reacciones de la autoridad educativa habían sido el cese laboral para los primeros y la expulsión para los segundos. Tales conflictos escalaron a discusiones entre la SEP y la CNDH, al mismo tiempo que se desarrollaban los primeros juicios laborales y de amparo, aquellos interpuestos por los maestros cesados, y los segundos, por los alumnos expulsados.

A nivel de la SEP y la CNDH se llegó a un punto de acuerdo respecto de los menores. Bajo un esquema de ponderación de derechos (educación y libertad religiosa) y con el afán de hacer compatibles, por una parte, el principio de la educación laica, y por la otra, el criterio rector de que la “educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”, previstos en las fracciones I y II del artículo 3o Constitucional, se consideró que la sanción de expulsar a los menores de las escuelas era violatoria de sus entonces “garantías individuales”, por lo que dicha medida dejaría de aplicarse en relación con los menores.

Sin embargo, el caso de los maestros fue diferente, ya que la SEP mantuvo la posición de que estos, en tanto depositarios del ejercicio de la función educativa del Estado, debían ser y dar ejemplo, más allá de sus creencias religiosas, del cabal cumplimiento de su obligación de impartir una educación laica y libre de todo fanatismo y prejuicio, razón por la cual se les seguiría cesando de sus empleos en tanto insistieran en dicha conducta.

Los correspondientes juicios laborales dieron lugar a que el asunto se sometiese a la SCJN, la cual acabó pronunciándose en el sentido de que tales ceses laborales eran justificados, por considerar que los profesores incumplían con las responsabilidades inherentes a sus obligaciones de trabajo y al recto proceder de la función que tienen encomendada. Ello quedó expresado en la jurisprudencia por contradicción de criterios 4a/J.41/94 de la Octava Época con registro digital 207676 bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES JUSTIFICADO EL CESE DE UN PROFESOR QUE SE ABSTIENE DE RENDIR HONORES A LA BANDERA NACIONAL Y ENTONAR EL HIMNO NACIONAL”.

La Primera Sala de la SCJN, en 2012, en su tesis aislada con registro digital 2001499, bajo el rubro SERVICIO MILITAR NACIONAL. LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY RESPECTIVA TIENEN UNA FINALIDAD CONSTITUCIONAL, EN TANTO QUE ATIENDEN AL INTERÉS GENERAL Y AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, se pronunció sobre la constitucionalidad de las excepciones al Servicio Militar Nacional previstas en dicho ordenamiento.

En esta ocasión, la Sala de la SCJN reconoció en su tesis aislada que, en el caso de los ministros de culto, su libertad de creencia reconocida por la Constitución y la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos es una razón suficiente para sostener la constitucionalidad de la excepción que prevé el artículo 38 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional.

De la tesis de la Primera Sala destaca el hecho de que reconoce que la “Libertad de Conciencia”, y consecuentemente la posibilidad de la objeción de conciencia, está implícita en los artículos 24 Constitucional y 12 del Pacto de San José, y de manera expresa en el 6.3 de éste último.

Ahora bien, regresando al tema de la objeción de conciencia, en un caso similar al ocurrido al de la bandera nacional que ya comentamos, un conflicto equivalente se suscitó en relación con el derecho a la salud, en donde los testigos de Jehová objetan la transfusión sanguínea como parte de los conocimientos científicos, protocolos y guías médicas; el asunto se analizó en el año 2019, a la luz del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, recientemente invalidado por la SCJN.

En esa ocasión, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito hizo una interpretación, para el caso de que un paciente solicitase, en ejercicio de su libertad de creencia, un tratamiento médico diverso a los recomendados por la ciencia.

El Tribunal resolvió que la libertad religiosa no era un derecho absoluto e irrestricto, pues el mismo contiene límites internos como es el que condiciona a que su práctica no sea constitutiva de delito.

Esto es importante para el momento en el que comentemos sobre las más recientes resoluciones de la SCJN sobre los temas vinculados a la no criminalización del aborto y sobre la objeción de conciencia respecto del mismo numeral normativo que fue objeto de interpretación por parte del citado Tribunal Colegiado, como en adelante comentaremos.

Así, el Tribunal Colegiado en su tesis aislada, con registro digital 2020871, bajo el rubro OBJECIÓN DE CONCIENCIA. SI AL EJERCER EL DERECHO HUMANO EL PACIENTE SOLICITA RECIBIR UN TRATAMIENTO BAJO DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA RELIGIÓN QUE PROFESA, ELLO NO IMPLICA QUE EL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DEBA APLICARLO DE UN MODO DIVERSO AL QUE DETERMINE SU ÉTICA PROFESIONAL, CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS, PROTOCOLOS Y GUÍAS MÉDICAS, interpretó que ante una urgencia o situación que ponga en riesgo la vida del paciente, el personal médico y de enfermería no puede alegar objeción de conciencia hecha valer por el paciente para que se le deje de atender conforme conocimientos científicos, protocolos y guías médicas indican.

Es decir, el Colegiado subordinó el derecho de libertad de creencia del particular a la obligación del personal médico del sector público de garantizarle un servicio de salud profesional y ético, para satisfacer el derecho a la salud del propio paciente.

Al resolver la controversia sobre la constitucionalidad del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, la SCJN lo hizo igualmente considerando que las situaciones bajo las cuales se puede presentar la objeción de conciencia, aunque sean en un mismo hecho, son diversas y diferentes según los actores que confluyen en tal situación, lo que no permite justificar jurídicamente para todos quienes intervienen en la circunstancia, la objeción de conciencia como eximente de responsabilidad.

Tenemos que esperar a que se haga el engrose de la sentencia respectiva y se emitan los antecedentes del criterio jurídico que sentó el precedente sobre el tema. Pero de lo visto en la audiencia, podríamos decir lo siguiente:

La objeción de conciencia tiene entre sus límites la comisión de un delito. Luego entonces, al dejar de ser el aborto una conducta criminalizada se abría la posibilidad a que la objeción de conciencia pudiera invocarse por quienes ahora estarían en posición de tenerlos que practicar, en razón de su trabajo en la prestación de los servicios de salud pública.

En este contexto, la SCJN de manera consistente con sus recientes posiciones sobre el aborto, el derecho de libertad de decisión de la mujer sobre sus derechos reproductivos y demás que fueron objeto de los precedentes recientemente establecidos, resolvió que para no hacer nugatorios tales derechos de la mujer era necesario refrendar la obligación del Estado de generar condiciones para el ejercicio de los mismos.

Por otra parte, reconoció que, en lo individual, los médicos y enfermeras del sector público eventualmente podrían ejercer a su vez su derecho de objeción de conciencia para evitar su intervención en la práctica de abortos.

Finalmente, identificó que la norma objeto de la impugnación por su inconstitucionalidad, en razón de la insuficiencia y deficiencia en su redacción, no daba seguridad jurídica, al no abordar con claridad los supuestos de excepción en los que la objeción de conciencia podría invocarse, lo que permitía que dicha objeción de conciencia pudiera incluso vulnerar Derechos Humanos de terceros.

En consecuencia, al fijar los Derechos Humanos de terceros como un límite frente al cual la objeción de conciencia no puede alegarse para eximir el cumplimiento de un deber u obligación legal, era necesario precisar en la norma de manera objetiva y puntual los casos en los que la objeción de conciencia sí podría ser invocada.

De ahí que, aun faltando por integrar los detalles de los votos particulares de los ministros respecto de la inconstitucionalidad del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud y los transitorios Segundo y Tercero del respectivo decreto de reformas a dicha Ley, y del compromiso de incluir en la versión final de la sentencia los lineamientos para que el Congreso de la Unión dé cabal cumplimiento a la sentencia, podemos afirmar que los ejes de la eventual determinación judicial son, cuando menos, los siguientes:

Se reitera la existencia, en nuestro sistema jurídico, de la objeción de conciencia e implícitamente reconoce que se trata de un acto personal, por lo que el Estado, como institución, no puede per se ser objetor de conciencia.

Que la objeción de conciencia tiene como límite la posible afectación de Derechos Humanos de terceros.

Que el Estado, ante la posibilidad de que algunos de sus servidores lleguen a ejercer su derecho de objeción de conciencia, debe ofrecer a los particulares la posibilidad de que éstos, a su vez, ejerzan sus propios Derechos Humanos, para lo cual el Estado ha de contar con las facilidades, recursos, opciones e infraestructura necesaria para ello.

Como puede observarse, el reto para establecer criterios objetivos en una norma, para darle continente a algo tan subjetivo como lo es la “conciencia” va a continuar generando discusiones sobre la potencial objeción. Ello hará necesario que la SCJN y los tribunales tengan que ir dando solución, caso por caso, a tales conflictos, lo que les implicará, además, el gran y grave reto de dar consistencia y congruencia a las decisiones que sobre este tema estén adoptando en lo futuro.

Esto debe dar lugar a que el Poder Judicial, a través de sus sentencias, ejerza con toda responsabilidad su papel de generador de políticas públicas, en tanto Poder Político que es.