México al nacer: sus cuatro leyes fundamentales

Jaime del Arenal Fenochio

Abogado e historiador. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y la UP. Ha sido profesor de Historia del Derecho en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana y El Colegio de México. Fue Embajador de México en Ecuador y en la Santa Sede.

 

Resulta ampliamente conocida entre los abogados y juristas mexicanos, por no decir entre historiadores y politólogos, la ya célebre y muy difundida obra del jurista michoacano, egresado de la Escuela Libre de Derecho y ministro de la Suprema Corte de Justicia, don Felipe Tena Ramírez (1905 –1994), titulada Leyes fundamentales de México, cuya primera edición salió publicada el año 1957 con ocasión de cumplirse el primer centenario de la promulgación de la Constitución federal y liberal de 1857, que hasta la fecha ha alcanzado 25 ediciones y se encuentra actualizada hasta el año 2017. Desde su aparición inicial, precedida por el muy poco conocido texto sobre México y sus constituciones, publicado en 1937, Leyes fundamentales se ha convertido en un instrumento indispensable para cualquier interesado en el desarrollo histórico del constitucionalismo mexicano y en un referente clave para quien desee conocer no únicamente los textos constitucionales que han regido o pretendido regir la vida política del México independiente, sino también los principales hechos y debates que rodearon su aparición. Por si fuera poco, las presentaciones y juicios que anteceden a cada texto constitucional –precisos, informados y certeros– fueron escritos con la deliciosa pluma de un jurista que no sólo dominó el derecho y la historia de México, sino también las buenas y bellas letras, lo que dota a su lectura de una claridad meridiana.

Lo que poco se sabe es que a dicha obra la antecedieron cuatro libros que tuvieron el similar objetivo de dar a conocer las constituciones políticas mexicanas aunque sin dar cuenta de su entorno histórico-político: la Colección de las Leyes fundamentales que han regido Septiembre 2021 en la República Mexicana, y de los Planes que han tenido el mismo carácter, desde el año de 1821 hasta el de 1856 (1856); las Leyes constitucionales de México durante el siglo XIX (1901), de José M. Gamboa, subsecretario que fue de Relaciones Exteriores; la Constitución política y demás leyes fundamentales de los Estados Unidos Mexicanos concordadas y anotadas por Trinidad García (1917, 2ª ed., 1921), y, por último, la anónima colección de Leyes fundamentales de los Estados Unidos Mexicanos y planes revolucionarios que han influido en la organización política de la República (h. 1921).

En esta ocasión me interesa precisamente destacar el concepto empleado en el título de cuatro de las mencionadas cinco obras: el de “Leyes fundamentales”. Concepto que si bien es frecuente escuchar en boca de juristas y políticos o leer en discursos de ocasión y en obras que analizan las instituciones políticas haciéndolo –en singular– sinónimo de constitución, hoy ha perdido su significado original como concepto histórico-jurídico preciso, ampliamente utilizado durante los procesos de independencia americanos y todavía hasta bien entrado el siglo XIX. Concepto cuyo contenido primigenio intuía todavía Tena Ramírez, pero que ya desconocía cuando escribió su difundido libro, pues en éste lo asimila lo mismo a “instrumentos constitutivos” que a “instrumentos constitucionales”, distinguiéndolo tanto de “planes políticos de alcance constitutivo por haber influido en la posterior organización constitucional”, como de otros “documentos” “importantes en la trayectoria constitucional del país”, con lo cual desvirtúo su contenido original.

La conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México brinda a los juristas, especialmente a los lectores de Tiempo de Derechos, la ocasión propicia para entender la génesis de la vida constitucional mexicana a partir no sólo del concepto de constitución, sino el de leyes fundamentales, que permite, a mi parecer, comprender la naturaleza y el sentido original y profundo de los mecanismos e instrumentos que en su momento sirvieron no únicamente para limitar al poder político –dividiéndolo y acotando sus funciones– y para declarar los derechos del hombre, tal y como se entendieron entonces, sino para precisamente fundar y/o fundamentar un nuevo Estado nacional dentro de un nuevo orden jurídico, previamente acordado, racional, conocido de todos y fundado en la historia. Se trata, en síntesis, de reflexionar en torno a lo que la Colección de 1856 supo entender perfectamente al afirmar la existencia de unos planes políticos que habrían “tenido el mismo carácter, desde el año de 1821”, que otras “Leyes fundamentales”, como serían los casos del Plan de Iguala (febrero) y, naturalmente, de la Constitución de Cádiz, vigente en Nueva España desde 1820, pero también de otros documentos políticos constitutivos como el Tratado de Córdoba (agosto) y el Acta de Independencia firmada al comenzar octubre, si bien incluye la Declaración de la misma hecha por la Soberana Junta Provisional Gubernativa el 28 de septiembre.

Cabe recordar que la voz constitución no aparece en la famosa Encyclopédie de Diderot y d´Alembert, pero sí “leyes fundamentales”, ubicada dentro del concepto “libertad política” para designar aquellas “que determinan la distribución del poder legislativo, del poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho de gentes y del poder ejecutivo de las que dependen del derecho civil”; concepto que sería ampliamente tratado por nuestro primer constitucionalista, Juan Wenceslao Sánchez de la Barquera (1779 – 1840), en sus Lecciones de Política y Derecho Público para instrucción del pueblo mexicano (1822). Aquí, el abogado queretano con claridad y certeza sintetizaría:

(A) Nosotros (se refiere a los mexicanos) en el tiempo intermedio a nuestra independencia, y la reunión del Congreso nacional, que es a quien pertenece dictar la Constitución y las leyes que de ella deben dimanar, nos ha servido de fundamento el Plan de Iguala y los Tratados de Córdova que dejando en su vigor la Constitución española, sólo la han modificado en lo que se opone a nuestra situación política, mientras se sanciona la nuestra, que llevará el nombre que dicte la nación.

Le faltaría de enunciar, sin embargo, la Declaración de Independencia consignada en su respectiva Acta; acto de naturaleza jurídico-política esencial e indispensable sin el cual nada tendría sentido, razón de ser o explicación, dado que con dicha Declaración nació México, como Estado nacional moderno, plenamente soberano, independiente, constitucional y dentro de lo que posteriormente se denominaría como Estado de Derecho.

Entre los contemporáneos, ha sido el historiador del derecho español Francisco Tomás y Valiente (1932 – 1996) quien mejor ha explorado los diversos significados históricos del concepto de leyes fundamentales hacia principios del siglo XIX, destacando –al margen de otras consideraciones y diferencias– su común naturaleza histórica, colindando, en consecuencia, con el concepto de “constitución histórica”, y concluir así: “La expresión de la que hablamos evoca de modo impreciso y simultáneo la fundación y el fundamento, el origen y la permanencia, lo normativo y lo importante.” De esta forma, no se debe pretender comprenderlo como “ley” en el sentido y con las características que hoy le damos al resultado del proceso legislativo, sino de una manera más amplia y diferente: como una “ley anterior”; “la ley de la voluntad general” a la que se referiría el propio Agustín de Iturbide (1783 – 1824) vinculada por fuerza a una determinada realidad histórica que no podría soslayarse:

Me propuse proveer para el primer Congreso, cuya existencia debía ser anterior a la Constitución, lo que ella proveerá para la institución de los Congresos futuros. Me propuse en suma se obrase en todo con sujeción a una ley anterior: que la ley de la voluntad general fuese superior a toda autoridad, y que esta ley fuese al mismo tiempo el apoyo y el vínculo de la confianza de la nación […] debemos procurar hoy que tenga cumplimiento lo que con este objeto se prescribió en el plan de Iguala, … la adhesión a él de la nación entera nos presenta la norma más segura de nuestras ulteriores operaciones.

Pues bien, el respeto a esta “voluntad general” y “anterior”, no ajena a la historia, fue la que le dio a la fase final de nuestra independencia su singularidad, pues México sería el único país de Hispanoamérica que la lograría dentro de un orden constitucional; orden anclado precisamente en los cuatro documentos constitutivos del México Independiente, auténticas “Leyes fundamentales” del mismo: al adoptar la Constitución española de 1812, verdadero trasfondo constitucional del movimiento Trigarante cuya vigencia y respeto se ordenó en tanto no se opusiera a lo dispuesto por Plan de Iguala, es decir, a las Tres Garantías de Independencia, Religión y Unión, a la monarquía limitada por una Constitución análoga al reino, y a la absoluta igualdad jurídica y política entre todos sus habitantes; ni al Tratado de Córdoba signado entre Iturbide y O’Donojú que dio el aval de la máxima autoridad española en el país al Plan de Independencia de aquél, otorgó nombre al nuevo Estado, precisó sus primeros órganos de gobierno, fijó la capital política del nuevo Estado y abrió el camino institucional a la consumación pacífica de la independencia. Para todo ello resultaba imprescindible, desde luego, la Declaración formal de esta última, base fundamental y fundante de todo el edificio constitucional mexicano.

Lo original y propio del caso mexicano es que para el establecimiento de dos de estas cuatro Leyes fundamentales no fue necesario acudir o apelar a las deliberaciones de una asamblea ad hoc; vaya, ni siquiera a una junta deliberativa, tan propias del constitucionalismo europeo, sino que su diseño y contenido se dio a través de la expresión de un solo hombre, en el caso del Plan de Iguala, y de dos, tratándose del Tratado; y cuya legitimidad originaria se manifestó en la unánime y masiva aceptación de ambos por parte de los diversos actores políticos, ciudades, villas y pueblos del viejo virreinato novohispano desde marzo de 1821; legitimidad ratificada, sin embargo, el 24 de febrero de 1822 por el primer Congreso constituyente mexicano al aprobar y jurar libre y soberanamente las Bases Constitucionales que, siguiendo a Tena Ramírez, vinieron a consignar “como voluntad del Congreso los que habían sido compromisos entre Iturbide y O’Donojú”, y que el constituyente “en su carácter de único órgano jurídicamente autorizado, declaraba como voluntad del pueblo lo que hasta entonces sólo había sido voluntad presunta”.

Lo auténticamente trágico en la génesis del constitucionalismo mexicano fue la absurda e incongruente decisión del mismo Congreso, una vez que Iturbide abdicó del trono imperial, de declarar que “jamás hubo derecho para sujetar a la nación mexicana a ninguna ley ni tratado, sino por sí misma o por sus representantes nombrados según el derecho público de las naciones libres”, dejando, en consecuencia, insubsistentes aquellas dos Leyes fundamentales ¡y su propio decreto de 1822! Ejemplo temprano de lo que habría de ser en el futuro una práctica desgraciadamente muy común en la historia parlamentaria mexicana: dar marcha atrás –si no es que negar– lo aprobado previamente, siempre apelando a esa otra “voluntad general” que en la historia mexicana no acaba de ser cabalmente entendida y, menos, respetada.

A 200 años de nuestra feliz independencia, y después de haberse aprobado en 1824 la primera Constitución mexicana, no queda vigente sino una de las originarias Leyes fundamentales del constitucionalismo mexicano: la Declaración de su independencia; también lamentablemente desconocida por el pueblo mexicano por sinrazones y decisiones facciosas y políticas que han privado a las mexicanas y mexicanos del conocimiento del “acta de bautismo” de México. Sería de desear que en los próximos años se facilitara su conocimiento y difusión masiva. Tal vez ayudaría a fortalecer nuestra independencia y nuestra soberanía y a consolidar la Unión como el camino óptimo hacia la felicidad pública.