Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?

Alfonso Herrera García

Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

Twitter: @jAlfonsoHerrera

 

Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?

Saba, Roberto

Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2016, 302 págs.

Los ordenamientos constitucionales e internacionales de Derechos Humanos han establecido prohibiciones de trato arbitrario entre grupos de personas. La idea de base es que no puede haber distinciones injustificadas o irrazonables en nuestras sociedades: debe rechazarse toda arbitrariedad en la actuación de las autoridades, incluidas las legislativas.

Pues bien, la cuestión fundamental que plantea este libro es si esta aproximación es capaz de desmontar la discriminación estructural que, de hecho, sufren grupos en situación de desventaja.

Esa configuración de la igualdad y de sus distintos remedios, que se han consolidado en la jurisprudencia, resulta insuficiente o —como sostiene el autor— inapropiada o insensible a esos grupos. Ello es así en la medida en que resulta incapaz de enfrentar situaciones de desigualdad estructural en sus diversas manifestaciones: discriminación por género, discapacidad, por pertenencia a minorías raciales, por edad avanzada o por precariedad económica, por ejemplo.

Roberto Saba elabora una inédita y sólida tesis, anclada en la idea de la igualdad como no subordinación de grupos. Propone que los tribunales, al aproximarse a esta problemática, deban partir del análisis estructural (más allá que sólo contextual) de la desigualdad. Deben tomar en consideración una perspectiva del conjunto de ciudadanos afectados, sin limitarse a casos particulares, por más que las vías procesales para resolver litis concretas sobre la igualdad, tuviera esa vocación individualista.

En el libro se elabora también la idea de que la concepción de la igualdad estructural es oponible tanto en las relaciones con el Estado, como en las relaciones entre particulares. De este modo, los tribunales deben involucrarse en la exigencia de políticas públicas tendentes a desmantelar normas y prácticas del Estado y de la propia sociedad, mediante las cuales se haya recreado un sometimiento histórico de grupos desaventajados.