Los puentes de la discordia

Daniel González-Dávila

presidencia@bufetenacional.org

Abogado por la UNAM. Exdelegado presidencial ante la SCJN y jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales de la misma. Desde 2007, es socio presidente de Bufete Jurídico Nacional. Escritor y Barítono.

 

Esta historia está inspirada en hechos reales. Los nombres de los personajes han sido modificados para preservar su intimidad.

Unas doscientas personas se habían organizado para orquestar una manifestación a las afueras del Palacio del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lideradas por la asociación civil “Conciencia Histórica de Nuevo Laredo”. Su presidente, Roberto Hernández, exigía a través de un altavoz:

–¡El pueblo de Nuevo Laredo está cansado de esperar! ¿Cuándo habrá respuestas? ¡Queremos los puentes fronterizos para nuestros hijos! ¡Los puentes nos pertenecen!

–¡Los puentes nos pertenecen! –gritaban todos.

No era la primera vez que esta asociación exigía la devolución de los puentes fronterizos al municipio neolaredense. Hacía años que estaban en pie de lucha.

El alcalde salió personalmente a atender a los manifestantes.

–¡Díganme, señoras y señores, en qué puedo servirles!

–¡Acciones! –gritaban unos.

–¡Justicia! –clamaban otros.

Don Roberto Hernández, líder del movimiento, se acercó al alcalde y le dijo:

–Don Gilberto, le agradezco mucho que escuche nuestras voces. Nos hemos presentado ya con el gobernador del Estado y nos ha dicho que este asunto no es de su competencia y que sólo usted puede hacer algo para recuperar para Nuevo Laredo la propiedad de los puentes fronterizos que nos conectan con Texas y que fueron construidos con dinero del municipio.

–Ya lo hemos hablado, mi estimado Roberto. Sé que todo el pueblo de Nuevo Laredo quiere reivindicar la propiedad de esos puentes, pero están en manos de Caminos y Puentes Federales desde hace muchos años. ¿Qué puedo yo hacer?

–Mucho, señor alcalde. Nos hemos informado bien. Hemos ubicado a un buen abogado que nos ha dado luz sobre cómo resolver este asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuestión de que usted lo escuche. Le pido encarecidamente que convoque a una sesión con los síndicos del Ayuntamiento y el cronista del municipio, para que escuchen a una delegación nuestra y a este abogado que nos puede dar una alternativa para resolver este añejo problema.

–Muy bien Roberto. Mañana a las 12:00 trae a tu abogado y discutimos el tema.

–Es importante que esté el cronista. El asunto se remonta décadas atrás.

–Cuenta con ello.

Al día siguiente, el abogado Ignacio Altamirano, el cronista Rodolfo Cuevas, los dos síndicos, el alcalde y una delegación de la asociación “Conciencia Histórica de Nuevo Laredo” se sentaron a discutir el tema de los puentes.

–Sean todos bienvenidos –dijo el alcalde–. Estamos aquí reunidos para escuchar al cronista de Nuevo Laredo para que nos explique cual es la problemática de los puentes fronterizos y al abogado Ignacio Altamirano que nos trae la asociación del licenciado Roberto Hernández. Este pidió la palabra.

–Adelante, Roberto.

–Gracias, presidente. Antes de comenzar quiero dejar claro que la asociación que represento tiene entre otros objetos la recuperación de la propiedad por las vías legales que correspondan de los puentes fronterizos de Nuevo Laredo para el municipio. Esto desde luego no nos es posible sin la intervención directa del Ayuntamiento, por lo que esta reunión no tendrá sentido si el mismo no está abierto a escuchar las opciones legales que aquí se van a exponer para reclamar la referida propiedad a la Federación.

–Tienes razón, Roberto –dijo el alcalde–. Nosotros estamos en la mejor disposición de escuchar las opciones jurídicas que tenemos para reclamar la propiedad de los puentes, pues es un reclamo muy antiguo de este municipio. Esos puentes fueron construidos con recursos de este ayuntamiento y por tanto nos pertenecen, ya sean los propios puentes o cuando menos las cuotas de peaje que cobra en su totalidad. Espero que el señor abogado que nos ha hecho el favor de acompañarnos tenga alguna estrategia para ello.

–Así es, señor alcalde –contestó el abogado Altamirano–. He hecho un análisis del caso y existe un pequeño margen de maniobra ante la Suprema Corte de Justicia. Nada espectacular, pero hay una defensa posible. Pero para tener mejores elementos, me gustaría escuchar todos los antecedentes del caso por el cronista del municipio.

–Pues bien, don Gregorio, háganos el favor de relatarnos el problema de los puentes desde el principio.

Don Gregorio era un hombre malhumorado, de corta estatura, bigote bien recortado y gafas redondas. Cuando caminaba se balanceaba de un lado a otro, por lo que usaba un pequeño bastón. Su voz era gangosa y chillona. Después de unos minutos de escucharlo uno quería saltar al vacío.

Don Gregorio aclaró su garganta y se dispuso a dar toda una clase de Historia neolaredense.

–Pues bien. Agradezco a todos su atención. Todo se remonta a la época del Presidente Benito Juárez, quien, ante el desgaste que sufrían los puertos y puntos fronterizos, creó en su favor y para su uso y aprovechamiento un impuesto del dos y del tres por ciento a la importación y a la exportación de productos, a fin de compensar a los municipios que albergaban a esos puertos o aduanas el daño que el incesante movimiento les causaba. Nuevo Laredo no fue la excepción. La ciudad y entonces puerto de Nuevo Laredo fue beneficiada con estos impuestos y su ayuntamiento era su titular y administrador.

–Y ese impuesto sigue vigente de algún modo, ¿no es así? –interrumpió el alcalde.

–¡Si me permite terminar, iremos yendo por partes, señor presidente! –respondió el adusto hombrecillo–. Efectivamente, estos impuestos continuaron vigentes mucho tiempo, pero llegó un día en que la Federación decidió que estos ingresos, aunque municipales, serían administrados por unas Juntas que inventó para evitar que estos recursos fueren dilapidados por los excesos de los presidentes municipales de entonces, quienes no tenían empacho en echarle una mano a esos fondos para sus borracheras, sus casas chicas y, lo que es peor, sus negocios mal habidos. Desde luego que no todos los alcaldes hacían uso indebido de estos fondos, pero tuvieron que pagar justos por pecadores.

–¡Qué atentado contra el municipio libre! –dijo uno de los síndicos.

–Así es, y continúo: la Ley de Ingreso Fiscal del año de 1924 dispuso que parte de los ingresos de la Federación se destinarían a lugares donde existieren aduanas marítimas o terrestres para realizar obras de beneficio público a cargo de unas juntas administrativas creadas exprofeso. Luego, en 1931 fue promulgado el primer reglamento para que las Juntas de Mejoras Materiales fungieran como administradoras de los productos fiscales sobre derechos de importación y exportación para llevar a cabo sus funciones. Éstas fueron creadas por la “Ley para el Funcionamiento de las Juntas Federales de Mejoras Materiales”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1948, como órganos federales dependientes del Ejecutivo de la Unión. Sus trabajadores eran protegidos por las leyes del servicio civil de la época y los fondos que manejaban provenían mayoritariamente de una recaudación federal de impuestos previstos por las leyes de la materia para beneficio general de las comunidades de los municipios, y en esa recaudación se incluyó el impuesto aduanero creado por el presidente Juárez. Luego, en 1978 se decretó su liquidación y se estableció para ello la Comisión lntersecretarial Liquidadora de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, con las funciones de formular el programa general y programas específicos conforme a los cuales se procedería a la liquidación de cada una de ellas; fijar las normas, lineamientos y políticas a que debía sujetarse la liquidación de las mismas; dar las bases generales para determinar el monto de la participación de la recaudación que se efectuare en las aduanas fronterizas o marítimas por concepto de los impuestos adicionales y de exportación; autorizar la celebración de los convenios que fueren necesarios para formalizar la transferencia a favor de los ayuntamientos, de los servicios, obras y sistemas administrados por las juntas, destinados a la prestación de un servicio público y proponer al Ejecutivo, las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal que deberían hacerse cargo de las obras públicas realizadas o en proceso de realización.

–¿Y por qué Nuevo Laredo no recibió el patrimonio de las Junta de Mejoras Materiales del Municipio? –preguntó el presidente.

–Porque ya no había recursos qué entregarle. Todo el fondo que había en la Junta Federal de Mejoras Materiales de Nuevo Laredo se había agotado cuando en los años 50 y luego en los 70 se usó para construir los dos puentes que comunican a Nuevo Laredo con Laredo, Texas, tras sendas crecidas del Río Bravo que destruyeron los puentes anteriores.

–¿Y eso cómo fue posible?

–Muy simple. Tras la destrucción de los puentes, la Federación ordenó su reconstrucción a la Junta de Mejoras Materiales de Nuevo Laredo, con dinero de Nuevo Laredo, en lugar de hacerlo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y con recursos federales.

–¡Este es el punto central del problema! –exclamó don Roberto Hernández–. Los puentes fueron construidos con los impuestos de Nuevo Laredo y no con recursos federales. ¿No nos da eso un derecho, abogado?

–Considero que eso daría un justo título al Ayuntamiento –dijo el abogado Altamirano–, si no fuera porque los puentes internacionales son por ley bienes de la Nación. Por ese motivo es que cuando se liquidó la Junta de Mejoras Materiales de Nuevo Laredo ésta no tuvo más opción que entregarle los puentes a la Federación, por más que cada centímetro de ellos haya sido construido con dinero del municipio.

–¿Y por qué no fueron concesionados los puentes a Nuevo Laredo? –preguntó el alcalde.

–Lo ignoro, pero hubiera sido lo justo.

–Y ¿existe alguna forma de reivindicar la propiedad o la concesión de los puentes?

El abogado meditó por unos segundos.

–A reserva de estudiarlo con detenimiento, creo que hay elementos para pedir la propiedad o, en lugar de ésta, al menos la concesión.

–¿Y cuáles serían sus argumentos?

–La Ley General de Bienes Nacionales vigente señala en su artículo primero que los bienes de la Nación son de dos tipos: los bienes del dominio público de la Federación y los bienes del dominio privado de la misma. Podemos impugnar esta ley por inconstitucional, lo cual sólo beneficiaría a este municipio, en el sentido de que Nuevo Laredo también puede tener bienes nacionales de su dominio público, bajo el entendido de que no es lo mismo Nación que Federación. Nación es la definición política del pueblo, y la célula política irreductible del pueblo es el municipio. Por eso podemos hablar de “Nación Judía” en los pasados siglos, aun cuando el Estado de Israel no existía. En cambio, “Federación” es un nivel de gobierno, y está lejos de ser sinónimo de “Nación”. De este modo, cuando la Ley en cita únicamente permite que los bienes nacionales sean exclusivos de la Federación, está violando la Constitución si otro nivel de gobierno acredita tener un justo título frente a un bien nacional, como es el caso de los puentes. Esto es muy importante. No es que los municipios de pronto puedan tener todos los bienes de la nación, que cada municipio quiera ser dueño de sus pozos petroleros: no. Mi argumento es que si un municipio goza de un justo título sobre un bien de la nación, como es el caso de Nuevo Laredo y sus puentes, puede ser dueño del mismo y administrarlo. Esto no debe asustar a nadie. Laredo administra los puentes del otro lado de la frontera. Y esto me lleva al otro punto de mi propuesta. Aun y cuando la Corte no declarare inconstitucional la Ley General de Bienes Nacionales con una mayoría calificada de ocho ministros, con una mayoría simple de seis podemos lograr que se invalide la concesión que tiene Capufe de los puentes y se le conceda al municipio de Nuevo Laredo. En adición a ello, la Corte es muy celosa en su protección a la libertad hacendaria municipal. Y aquí me parece que puede actualizarse una violación a esa libertad, pues la Federación ha cometido un asalto en despoblado contra los recursos del municipio.

–¡Suena estupendo, abogado! ¿Cuándo comenzamos?

–Tenemos que generar el primer acto de aplicación de la Ley General de Bienes Nacionales para poder iniciar una controversia constitucional. Vamos a hacer una petición al presidente de la República.

–¡Magnífico! ¿Cuánto nos cobra por llevar este juicio?

–Nada.

–¿Nada?

–Nada. Sólo le pido que si ganamos y conseguimos bajo cualquier esquema que Nuevo Laredo consiga para sí las cuotas de peaje de los puentes, se me entregue cada mes el uno por ciento de esas cuotas, durante los próximos cuarenta años.

Parecía que el astuto abogado pedía una minucia de honorarios. Pero la realidad era otra. De ganar el asunto, la vida le quedaría resuelta a él y a sus bisnietos.

–Me parece justo –le contestó el alcalde, luego de unos instantes.

–Pues manos a la obra. En unos días le enviaré los documentos para firma. A usted la petición y, en su momento, a los señores síndicos, el escrito inicial de demanda.

El escrito de petición se dirigió al presidente de la República, solicitando la entrega de los puentes en propiedad al ayuntamiento de Nuevo Laredo o, en su defecto, su concesión inmediata.

La respuesta llegó dos semanas después, luego de ser turnada al Secretario de Comunicaciones y Trasportes y, por algún motivo desconocido, al gobernador de Tamaulipas. La respuesta de la Federación fue una rotunda negativa a todo lo solicitado.

En tiempo y forma legales, los síndicos del ayuntamiento presentaron la controversia constitucional contra la Federación, impugnando la Ley General de Bienes Nacionales y la concesión otorgada a Caminos y Puentes Federales de los dos puentes internacionales “Juárez-Lincoln” de Nuevo Laredo.

El alcalde no tardó en hacer todo un capital político de la admisión de la demanda. En un evento público anunció a los cuatro vientos:

–Hoy tengo el agrado de informar al pueblo de Nuevo Laredo que hemos demandado al presidente de la República y a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para que nos sean devueltos los puentes fronterizos que fueron construidos con nuestros propios recursos. Con ello, esta presidencia da respuesta al ya antiguo clamor de nuestro pueblo de que se haga justicia. ¡Vamos con todo! Ahora el asunto está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confiamos en que los ministros nos den eso: ¡Justicia!

La gente se volcó en vítores y vivas. Pero una controversia constitucional no se gana con aplausos.

El día de la sesión de resolución finalmente llegó. Los síndicos y los delegados estaban presentes en la sesión, pendientes del resultado. Habían hecho toda clase de alegatos orales con ministros y secretarios, pero eso no garantizaba nada. La ansiedad los consumía.

Cuando llegó el turno de su asunto, escucharon con horror de la voz del Secretario General de Acuerdos:

–Proyecto de resolución de la controversia constitucional 325/2001 a cargo de la ponencia de la señora ministra Duarte Llano, en donde el Ayuntamiento de Nuevo Laredo demanda a la Federación por la inconstitucionalidad de la Ley General de Bienes Nacionales y la concesión de los Puentes Internacionales Juárez Lincoln a Caminos y Puentes Federales. El proyecto considera declarar la controversia procedente, pero infundada.

–Gracias, señor secretario –dijo el presidente–. ¿Alguno de los señores ministros desea hacer uso de la palabra?

Tres levantaron la mano.

–Tiene la palabra el señor ministro Pérez Prado.

–Gracias, presidente. Yo encuentro este asunto sumamente peculiar. El actor en esta controversia nos plantea una cuestión que jamás hemos discutido, pero que la doctrina puede desenmarañar. En su demanda, el actor se duele de que la Ley de Bienes Nacionales entrega a la Federación todos los bienes de la Nación, como si la Nación fuere sinónimo de la Federación. Yo también me hago la misma pregunta: ¿son Nación y Federación sinónimos? Yo creo que no. Si bien en principio todos los bienes de la Nación son de la propiedad de la Federación porque ésta goza del justo título que le conceden los artículos 27 y 28 constitucionales, no veo impedimento para que, si un municipio acredita un justo título para que un bien de la Nación sea de su propiedad, la ley le reconozca uso, goce y disfrute sobre el mismo, insisto, siempre y cuando este municipio acredite gozar de un justo título sobre el mismo. En el presente caso, Nuevo Laredo ha acreditado que los puentes fronterizos en disputa han sido construidos con sus propios recursos, y me parece inconstitucional aquella ley que le impida tomar posesión de los mismos cuando dicho municipio también es parte de la Nación. El hecho de que la Federación se haya apropiado de dichos puentes tras la liquidación de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, que administraban recursos municipales, es el origen de una cadena de acontecimientos que culmina en un literal atraco a la libertad hacendaria municipal, pues si bien es cierto que las referidas juntas gozaban de recursos federales, también lo es que administraban recursos eminentemente municipales, como los impuestos del dos y tres por ciento a la importación y a la exportación, que fueron utilizados para la reconstrucción de los citados puentes fronterizos. Según consta en el proyecto de sentencia, la Unidad de Autopistas de Cuota de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, subordinado del Ejecutivo de la Unión, negó a Nuevo Laredo la entrega de los puentes fronterizos aplicando, entre otras disposiciones, los artículos 1°, fracción I, 2° fracción I, y 29, fracción IX, de la Ley General de Bienes Nacionales, en relación con el 2°, 5° y 6° de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Los artículos citados de la Ley de Caminos y Puentes Federales establecen como “de competencia federal” los puentes fronterizos, por tratarse de bienes nacionales de uso común, según lo dispone la Ley General de la materia y la propia Ley de Caminos y Puentes Federales. Lo anterior guarda una relación lógica entre sí, pero constituye también una cadena argumentativa viciada desde su origen: “Si los bienes nacionales son de jurisdicción federal y los puentes fronterizos son bienes nacionales, luego se trata de bienes de jurisdicción federal”. El silogismo es consistente, pero la premisa mayor es falsa, es decir, estamos ante una “petición de principio”. En efecto, los bienes nacionales no deben confundirse con los bienes de jurisdicción federal. No es lo mismo un bien de la Nación que un bien de la Federación. En concepto de Juan Palomar de Miguel, según su Diccionario para Juristas de la editorial Porrúa, el vocablo “Nación” viene del latín Natio, y se trata de un “conjunto de personas de un mismo origen, que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común” y, por otra parte, el mismo autor define a la Federación como “entidad, organismo o Estado, que resulta de la acción de federar”, es decir, de “hacer alianza, unión, liga o pacto entre varios”. Hay una gran diferencia entre un concepto y el otro. Por su parte, el maestro Ignacio Burgoa Orihuela sostiene que “independientemente de su implicación sociológica, la Nación es una persona moral. Así lo conceptúa el artículo 25, fracción I, del Código Civil. Bajo el aspecto jurídico, este ordenamiento la identifica con el Estado Mexicano mismo, identificación que es indebida. En efecto, la Nación es el elemento humano de la entidad estatal. Su existencia es óntica, no jurídica. El Estado, en cambio, es creación del Derecho, que lo inviste de personalidad moral; sin embargo, merced a dicha equivalencia heterodoxa, la Nación es sujeto de derechos y obligaciones en su carácter de persona jurídica…”; mientras que: “…el concepto de federación equivale al Estado federal y, por una incorrecta sinonimia se le suele identificar con la misma república y nación mexicana, así como con el conjunto de órganos federales de gobierno en relación con los órganos de autoridad de las entidades federativas”. Por todo lo anterior, estimo que la ley impugnada, así como la concesión entregada a Caminos y Puentes Federales, son inconstitucionales y la controversia que se analiza debe ser declarada fundada en su totalidad. Es cuanto, señor presidente.

–Gracias, Ministro. Tiene la palabra el ministro González Ursúa.

–Gracias, presidente. Yo tengo una óptica diferente. Concuerdo con la señora Ministra ponente en lo que se refiere que a todo lo largo de la Constitución los términos “Nación” y “Federación” son empleados con plena sinonimia y que diferenciarlos equivaldría a hacer una distinción donde no la hay y, en consecuencia, a convertirnos en una longa manus del Constituyente. De esta manera, estoy a favor de declarar la validez de la norma impugnada. No obstante, difiero del proyecto en lo que respecta a la declaratoria de validez de la concesión entregada a Caminos y Puentes Federales de los puentes en conflicto. Estimo que dicha concesión debió entregarse desde un principio al municipio de Nuevo Laredo precisamente por el origen de los recursos que fueron empleados para la reconstrucción de los puentes fronterizos, a fin de que dicho municipio estuviere en aptitud no sólo de recuperar las contribuciones que le fueron extraídas, sino también de disfrutar de la inversión que dichas contribuciones han generado hasta nuestros días, respetando así en su integridad la libertad hacendaria municipal que se vio coartada. De hecho desearía poder declarar la invalidez de la concesión actual y obligar a Cafupe a indemnizar al municipio por todo lo que ha dejado de ganar en todos estos años de ilegítima ocupación, pero lamentablemente eso sería imposible en tanto que la controversia constitucional no puede tener efectos retroactivos. No obstante, exhorto a mis compañeros ministros y ministras a que tengamos en cuenta el origen de los recursos empleados para construir los puentes para decidir sobre quién debe ser el titular de la concesión.

–Gracias, señor Ministro. ¿Señora Ministra Martínez Gil?

–Gracias, señor presidente. Justo iba a pronunciarme en el mismo sentido que el Ministro González Ursúa. Muchas gracias.

–¿Quisiera la señora Ministra ponente hacer uso de la palabra?

–Desde luego, señor presidente. Muchas gracias. Ya el Ministro González Ursúa ha dado una muy sintética, pero perfecta exposición de por qué propongo declarar la validez constitucional de la ley impugnada. Simplemente la Constitución no distingue entre Nación y Federación en todo su texto, de manera que nosotros tampoco debemos hacerlo. En cuanto a la exhortación que nos hace el Ministro para que hagamos una reconsideración sobre quién debe tener la concesión de los puentes en conflicto, para mí resulta claro que no nos podemos dejar llevar por el sentimiento de “lo justo” al margen de la ley. Desde luego que el ejercicio de la justicia es nuestra más cara labor, pero la justicia no puede ser aplicada si no es a través de leyes y procedimientos formales y objetivos, no etéreos y subjetivos. Cuando fueron liquidadas las Juntas Federales de Mejoras Materiales, éstas tuvieron que hacer lo que la ley les obligaba. ¿Y qué obligación tenían respecto de los puentes internacionales? Pues obviamente entregarlos a la Federación, quien después, conforme a derecho, los concesionó a Caminos y Puentes Federales, sin el menor vicio jurídico que hayamos encontrado o haya sido expuesto en el escrito inicial de demanda. El argumento que sostiene el actor, que en resumidas cuentas es “la concesión me corresponde porque ahí está mi dinero”, es un argumento metajurídico y romántico que no nos corresponde resolver, o al menos no por esta vía constitucional. El actor debió demostrar que la concesión otorgada a Capufe tuvo algún vicio constitucional en su origen, cosa que no logró, por lo que dicha concesión debe permanecer inalterada, máxime cuando el municipio actor, junto con el Estado de Tamaulipas, ya recibe el 25% de los ingresos generados por esos puentes conforme al artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Finalmente, para mí resulta claro que en ningún momento se vio comprometida la libertad hacendaria municipal porque en la integración del patrimonio de las Juntas de Mejoras Materiales confluyeron al fin tanto recursos del municipio como recursos de la Federación para uso del mismo, equivalentes a aportaciones federales, que fueron combinados en un sólo fondo, de manera que resulta imposible realizar una separación artificiosa de los recursos municipales y los federales para los efectos de la inversión realizada para la construcción de los puentes en conflicto. Es cuanto, presidente.

–Gracias, señora Ministra. ¿Alguien más? ¿Alguno de los ministros desea que se cambie el proyecto en los términos propuestos por el Ministro González Ursúa?

Los  Ministros Jiménez Vásquez y Martínez Gil lo solicitaron. Luego de unos instantes el presidente continuó:

–Bien. ¿Señor Ministro Pérez Prado?

–Para solicitarle, presidente, formular mi voto particular en este asunto.

–Con gusto, señor Ministro. Tome nota, señor secretario. ¿Señor Ministro González Ursúa?

–Gracias, señor presidente, para solicitarle se me permita formular voto disidente.

–Tome nota, señor secretario. ¿Señor Ministro Jiménez Vásquez?

–Para sumarme al voto disidente del Ministro González Ursúa.

–¿Señora Ministra Martínez Gil?

–En el mismo sentido, presidente.

–Con gusto, señora Ministra. ¿Alguien más?

Luego de un breve silencio, paralizados de consternación los delegados y los síndicos, el presidente continuó:

–Señor secretario, hágame el favor de tomar la votación.

Con gusto, señor presidente. ¿Señor Ministro Beltrán Carrasco?

–Con el proyecto.

–¿Señor ministro Cuevas Espíndola?

–Con el proyecto.

–¿Señora Ministra Duarte Llano?

–Con el proyecto, que declara la controversia procedente, pero infundada.

–¿Señor Ministro González Ursúa?

–Con el proyecto, pero por la invalidez de la concesión.

–¿Señor Ministro Jiménez Vázquez?

–En el mismo sentido.

–¿Señora ministra Martínez Gil?

–Igual.

–¿Señora Ministra Mendoza Ascencio?

–Con el proyecto.

–¿Señor Ministro Pérez Prado?

–En contra del proyecto.

–¿Señor Ministro Quintero Aguirre?

–Con el proyecto.

–¿Señor Ministro Villanueva del Conde?

–Igual.

–¿Señor presidente Barrios González?

–Con el proyecto.

–Señor presidente, hay unanimidad de votos por la procedencia de la demanda, mayoría de diez por la validez de la norma impugnada y mayoría de siete por la validez de la concesión de los puentes fronterizos a Caminos y Puentes Federales. El ministro Pérez Prado formulará voto particular y el ministro González Ursúa voto disidente, al cual se sumarán el señor ministro Jiménez Vásquez y la señora ministra Martínez Gil.

–Gracias, señor secretario. En consecuencia, se resuelve: Se declara procedente pero infundada la controversia constitucional 325/2001, promovida en contra de la Federación por el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Notifíquese a las partes y en su momento archívese este asunto como definitivamente concluido.

El presidente golpeó el mallete y un nudo se apretó en la garganta de Ignacio Altamirano. Le faltó tan sólo un voto para revertir la concesión de Caminos y Puentes Federales para entregársela a Nuevo Laredo, en bandeja de plata.

En cuanto le entregaron el engrose de la sentencia, tomó un avión a Nuevo Laredo para enfrentar al presidente municipal.

–Aquí le traigo la sentencia, presidente.

–Casi ganamos –le dijo.

–Casi ganamos es ¡perdimos! –le dijo con una sonrisa–. No se preocupe abogado. Hicimos lo mejor que pudimos.

–Lo hicimos.

–Quisiera pagarle algo por su esfuerzo.

–Un trato es un trato. No me debe nada.

–Es usted un caballero. Me alegra haberlo conocido. Llévese en el corazón algo que ya llevo en el mío: jamás hubiéramos encontrado mejor defensa que la que tuvimos. ¡Un millón de gracias!