Libre Desarrollo de la Personalidad

Paulo Arturo Flores Tello 

 

Abogado por la Universidad de Guadalajara y Maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana campus Santa Fe

 

Expediente: Amparo Directo en Revisión 4865/2018 

Órgano Jurisdiccional: Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ministros: Juan Luis González Alcántara Carrancá (presidente); Norma Lucía Piña Hernández (ponente); Luis María Aguilar Morales; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Secretarios de Estudio y Cuenta: Alejandro González Piña, Jorge Francisco Calderón Gamboa y Laura Patricia Román Silva.

 

Antecedentes

Después de una serie de entrevistas, Rogelio fue contratado como jefe de facturación en una empresa prestadora de servicios. En su primer día, los trabajadores de la empresa notaron que detrás de la oreja izquierda Rogelio tenía tatuada una cruz esvástica.

Los directivos de la empresa le pidieron a Rogelio que borrara o cubriera su tatuaje, puesto que los dueños y algunos empleados eran judíos, por lo que se sentían ofendidos por dicho signo de naturaleza nazi. Rogelio se negó a cubrir o borrar el tatuaje, por lo que firmó su renuncia previo pago del correspondiente finiquito.

El Caso:

Rogelio presentó una demanda civil ordinaria en contra de la empresa prestadora de servicios. En su escrito inicial, Rogelio exigió como prestación el pago de una indemnización por daño moral en virtud del acto discriminatorio del que fue objeto, al no habérsele permitido desempeñar un empleo por contar con un tatuaje. Por su parte, la empresa opuso como defensa que el tatuaje de Rogelio constituía una manifestación antisemita que discriminaba a los miembros de la comunidad judía, entre los que se encontraban algunos de sus empleados y accionistas, por lo que la terminación de la relación laboral fue justificada y no implicó un acto de discriminación.

El juicio fue radicado ante el Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Poder Judicial de la Ciudad de México, el Juez consideró que Rogelio había sido discriminado injustificadamente por lo que, después de desahogar el procedimiento respectivo, condenó a la empresa al pago de una indemnización, así como a disculparse públicamente con el actor a través de una publicación en un diario de circulación nacional.

La sentencia de primera instancia fue apelada por la empresa. El recurso fue resuelto por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El tribunal de alzada contempló que la exhibición de la cruz esvástica en un espacio laboral en el que trabajaban personas de la comunidad judía era un acto de violencia racista, por lo que revocó la sentencia de primera instancia y absolvió a la empresa del pago de las prestaciones.

Rogelio promovió amparo directo en contra de la sentencia de segunda instancia, del cual tocó conocer al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Dentro de sus agravios expresó que en algunas culturas la cruz esvástica no tenía la connotación negativa del nazismo. El tribunal colegiado resolvió otorgar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, por lo que reinstauró la condena dictada por el Juez de primera instancia.

Para sustentar su resolución, el tribunal colegiado adujo que en el juicio no fue demostrado que el tatuaje de la cruz esvástica causara violencia y amenaza a la dignidad de los compañeros de trabajo de Rogelio, pues no se había acreditado la pertenencia a la religión judía o a la nación israelí de los accionistas y trabajadores de la empresa, por lo que no fue acreditada conducta alguna de tipo antisemita de parte de Rogelio.

Asimismo, el tribunal colegiado determinó que la cruz esvástica no constituye una manifestación expresa de antisemitismo, por lo que no se podía despedir a alguien de manera justificada por el sólo hecho de contar con un tatuaje de este tipo. Del mismo modo, el tribunal colegiado resolvió que era necesario acreditar que Rogelio había realizado manifestaciones expresas antisemitas o cometido ataques hostiles en contra de los judíos que trabajan en la empresa. Esto, por considerar que la mera portación del tatuaje referido no constituía una práctica antisemita.

Inconforme con lo anterior, la empresa presentó recurso de revisión en el que refirió que fue Rogelio quien discriminó al personal de la empresa al portar el tatuaje con la cruz esvástica, pues éste constituye por sí mismo un acto antisemita, por lo que fue justificado prescindir de sus servicios.

Asimismo, la empresa argumentó que no era necesario acreditar que su personal se sintió agredido por el contenido del tatuaje de Rogelio, sino que bastaba la posibilidad de que dicho gráfico cause daño moral o impacto en sus emociones, ya que incluso dicho símbolo puede generar incomodidad en personas no pertenecientes a la comunidad judía.

De la misma manera, la empresa expresó que el símbolo tatuado detrás de la oreja de Rogelio está cargado de odio y rechazo en contra de la comunidad judía y otras razas, además de estar asociado con el holocausto y genocidio de sus miembros, por lo que no se trata de una imagen neutra. Así, no era necesario que Rogelio realizara un acto hostil para discriminar a sus compañeros de trabajo, sino que bastaba la portación del tatuaje mencionado.

La Resolución:

Al dirimir este caso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que colisionaban entre sí tres derechos: el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho de libertad de expresión.

En relación con el derecho a la igualdad y no discriminación, la sala manifestó que ninguna persona puede ser excluida del goce de un Derecho Humano, ni tratada en forma distinta a otra que se encuentre en características similares o condiciones jurídicas relevantes, sobre todo cuando la diferencia en el trato obedezca a causas tales como el origen étnico o nacional, el género, la edad, la religión, las condiciones de salud, la orientación sexual, el estado civil o las opiniones de las personas.

En ese mismo sentido, se explicitó que no toda diferenciación en el trato constituye discriminación, pues cuando esto suceda se haga de manera razonable y objetiva constituirá una mera distinción, mientras que la discriminación incumbe una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los Derechos Humanos.

La Primera Sala resaltó que el derecho a la igualdad y no discriminación no sólo es oponible en las relaciones de los individuos con el Estado, sino que es un derecho que goza de plena eficacia en las relaciones entre particulares, como es el caso que nos ocupa.

Por lo que hace al derecho al libre desarrollo de la personalidad, la sala manifestó que este derecho implica fundamentalmente que el individuo tiene la facultad de elegir libre y autónomamente su proyecto de vida y la forma en la que accederá a las metas y objetivos que para él son relevantes, esto, conforme al principio de autonomía de voluntad.

Para la Primera Sala el principio de autonomía de voluntad es el eje rector del ejercicio del derecho de libre desarrollo de la personalidad y consiste en la facultad inherente al ser humano de decidir libremente sobre sí mismo y sobre las condiciones en que desea realizar su propia vida, es decir, se trata del reconocimiento de su Derecho Humano de autodeterminación.

Como consecuencia de este derecho, el Estado tiene prohibido interferir indebidamente en la elección y materialización del proyecto de vida de las personas. Así, la actuación del Estado debe limitarse a diseñar instituciones que faciliten la consecución de los planes de vida de las personas y eviten la intromisión arbitraria de otras personas en ellos.

En la resolución se señala que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6/2008 señaló que el derecho de libre desarrollo de la personalidad incluye la libertad de elegir la apariencia personal, el cómo desea presentarse ante los demás, es decir, como parte de su autonomía personal.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa los demás derechos específicos, como el de libertad de expresión o de conciencia, ya que su función esencial es salvaguardar la esfera personal que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas.

Referente al derecho a la libertad de expresión, fue resaltado que este derecho es asociado comúnmente con la expresión de ideas políticas, sin embargo, también incluye una vertiente más íntima, consistente en que la persona pueda expresarse conforme a su individualidad en cualquier contexto.

Asimismo, fue establecido que entre este derecho y el de libre desarrollo de la personalidad existe una conexión, pues no puede colmarse este último sin la libertad de expresar por distintos medios aquello que se piensa. Por igual, la sala recordó en su resolución que este derecho puede ser limitado de manera justificada cuando entre en conflicto con otro Derecho Humano, así como que el discurso de odio constituye una de las excepciones bajo las cuales puede ser restringido, pues se trata de un discurso discriminatorio no protegido por los Derechos Humanos.

Con base en lo anterior, la Primera Sala arribó a las siguientes conclusiones:

  • El uso de tatuajes encuadra dentro de las actividades protegidas por el derecho de libre desarrollo de la personalidad y de libertad de expresión.
  • Un tatuaje corporal visible puede constituir una vía de discurso de odio cuando su contenido sea algún símbolo o imagen que contenga un mensaje definido explícita o implícitamente que produzca discriminación o violencia.
  • En la cultura occidental, a la cual pertenecemos, la cruz esvástica tiene una connotación histórica plenamente identificable con el régimen nazi y el holocausto, por lo que representa un discurso de odio extremo, ya que dicha ideología política promueve el exterminio de otros seres humanos.
  • La restricción al derecho de libre desarrollo de la personalidad y de libertad de expresión es viable en el ámbito laboral, siempre y cuando sea para preservar los derechos de otras personas.
  • El uso de la cruz esvástica en el contexto de una empresa con personas de origen hebreo constituye discurso de odio, que da lugar a la restricción de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y de libertad de expresión.
  • El tatuaje de Rogelio es considerado discurso de odio únicamente en el contexto del caso en particular, es decir, en una empresa con personal que profese la religión judía, por lo que cualquier otro caso debe ser revisado particularmente.
  • La rescisión de la relación laboral fue legal y justificada, ya que la portación del tatuaje referido no está protegida por los Derechos Humanos al constituir discurso de odio.
  • El actuar de la empresa fue necesario y proporcional, pues a ésta correspondía tutelar los derechos de igualdad y no discriminación de sus empleados y directivos judíos, en aras de evitar un clima de discriminación, hostilidad y posible violencia en el lugar de trabajo, además de que le fue otorgada a Rogelio la opción de cubrir o remover el tatuaje de mérito.

Estas conclusiones y la ponderación de los derechos involucrados llevaron a la Primera Sala a determinar que las medidas adoptadas por la empresa en relación con Rogelio no fueron arbitrarias, discriminatorias o desproporcionadas frente a los derechos en juego, por lo que revocó la sentencia emitida en el juicio de amparo directo y, en consecuencia, absolvió a la empresa del pago de las prestaciones que le fueron reclamadas.

Colofón:

Al analizar la sentencia que decidió el amparo en revisión 237/2014, emitida también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catedrático de filosofía del derecho Juan Antonio García Amado expresó que la Primera Sala configuró el derecho al libre desarrollo de la personalidad como un cajón de sastre que podría llegar a considerarse un macro derecho.

En su artículo, García Amado manifestaba su preocupación en torno a que el derecho al libre desarrollo de la personalidad así configurado podría llevar a la declaratoria de inconstitucionalidad de prácticamente cualquier ley que limitara cualquier actividad humana, pues prácticamente en todas y cada una de ellas las personas expresamos nuestra individualidad, protegida por dicho derecho.

La sentencia que hoy ocupa estas páginas podría aliviar un poco la preocupación del iusfilósofo español, pues en la ponderación de derechos que realizó la Primera Sala, el derecho al libre desarrollo de la personalidad sucumbió ante el derecho a la igualdad y a no ser discriminado.

Resulta difícil mostrar empatía ante el uso de un símbolo que representa el sufrimiento de todo un pueblo y que nos recuerda uno de los más tristes episodios en la historia de la humanidad. La sentencia realiza un análisis pertinente de lo que la cruz esvástica significa en la cultura occidental y a partir de ello califica atinadamente su uso como discurso de odio.

No obstante, la sentencia se queda corta al establecer que la ostentación de dicho signo sólo constituye discurso de odio en este caso, dada la presencia en la empresa de personas de origen hebreo o de religión judía. La sentencia era una buena oportunidad para determinar que toda empresa u organización, sin importar la nacionalidad o religión de quienes la integran, tiene derecho a no ser relacionada con personas que hagan ostentación de un símbolo cuyo significado es de odio racial, por lo que están autorizadas a dar por terminada cualquier relación laboral con ellas y sin responsabilidad alguna.