Ley de Ética Gubernamental

 

Paulo Arturo Flores Tello

Maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana campus Santa Fe. Abogado por la Universidad de Guadalajara.

 

Caso: 1-A-14
Órgano Jurisdiccional: Tribunal de
Ética Gubernamental de El Salvador.

 

Antecedentes

El artículo 1 de la Ley de Ética Gubernamental de El Salvador (LEG) establece que dicha ley tiene por objeto normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y del Municipio, prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas establecidas en la misma.

El artículo 2 menciona que la LEG aplica a todos los servidores públicos, permanentes o temporales, remunerados o ad-honorem, que ejerzan su cargo por elección, nombramiento o contrato, que presten servicio en la administración pública, dentro o fuera del territorio nacional, así como quienes sin ser servidores públicos administren bienes o manejen fondos públicos.

Por su parte, el artículo 10 de la misma ley contempla al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) como una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía en lo técnico, administrativo y presupuestario, además de considerarle como el ente rector de la ética pública, por lo que no está subordinado a autoridad alguna.

Conforme al artículo 11, dicho Tribunal se integra por cinco miembros propietarios: uno electo por la Asamblea Legislativa, que será el Presidente; otro, designado por el Presidente de la República; uno más, por la Corte Suprema de Justicia; otro, por la Corte de Cuentas de la República, y el quinto, por los titulares del Ministerio Público. Los integrantes durarán cinco años en el cargo y pueden ser reelectos. Cada propietario cuenta con un suplente designado por la misma institución.

El Caso

El 15 de enero de 2014, el TEG recibió una denuncia en contra de Luis Alberto Mejía Portillo y Benjamín Antonio Ramos Franco, ambos profesores del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES).

En la denuncia fue señalado que a partir del 2012 ambos académicos habían incumplido sistemáticamente su horario laboral con el fin de acudir a dar clases particulares en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM).

El 20 de abril siguiente, el TEG ordenó la apertura de la investigación preliminar ante la posible infracción a la prohibición ética de realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, establecida por la LEG en su artículo 6, inciso e).

Como parte de las investigaciones fueron solicitados sendos informes a los rectores de cada una de las universidades relacionadas con el caso, en los que fueron solicitados los contratos, el monto de las percepciones económicas que recibían los denunciados, los horarios en los que deberían prestar sus servicios, así como los controles de asistencia respectivos.

Asimismo, como parte del procedimiento de investigación, los profesores denunciados contaron con la oportunidad de realizar manifestaciones de defensa, así como de formular alegatos.

Con la documentación presentada por las Universidades, el TEG determinó como probados los siguientes hechos relacionados con Luis Alberto Mejía Portillo:

Entre enero de 2012 y noviembre de 2014, se desempeñó en la facultad de medicina de la UES como Profesor Universitario III y Jefe de Departamento de Bioquímica.

La jornada de trabajo que estaba obligado a cumplir corría de las 8 a las 16 horas, de lunes a viernes.

Durante los años mencionados, los controles de asistencia reflejan irregularidades en el cumplimiento de su jornada de trabajo, pues en ocasiones se retiró antes de tiempo sin contar con autorización para ello.

En ese mismo lapso, impartió la catedra de Bioquímica Médica II, en un horario de las 16 a las 19 horas, con excepción del ciclo II-2014, en el que su horario fue de las 15:30 a las 19:30 horas.

Para estar en la posibilidad de impartir estas clases, se ausentó de sus funciones como Jefe de Departamento de Bioquímica.

En octubre y noviembre de 2014, registró su asistencia en ambas universidades en fechas y horarios coincidentes, en algunos casos, registró su salida de la UES con posterioridad a haber registrado su llegada a la USAM.

De 2012 a 2014, se ausentó para realizar funciones privadas sin contar con la autorización necesaria.

En relación con Benjamín Antonio Ramos Franco:

De mayo de 2012 a noviembre de 2014 se desempeñó como Profesor I en la UES.

La jornada de trabajo con la cual estaba obligado a cumplir corría de las 8 a las 16 horas, de lunes a viernes.

No existe prueba alguna de que durante dicho periodo se haya dedicado a la docencia de manera particular.

Durante el periodo indicado se presentó a trabajar con posterioridad a su hora de entrada, sin contar con autorización alguna.

La Resolución:

Al resolver este caso, el TEG destaca que la ética pública está conformada por un conjunto de principios que orientan a los servidores estatales y los conducen a la realización de actuaciones correctas, honorables e intachables.

De igual manera, el Tribunal destaca que la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción promueven los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, responsabilidad, integridad, rendición de cuentas y transparencia.

En ese sentido, la LEG contempla y define en su artículo 4 los siguientes principios éticos de la función pública: 

Supremacía del Interés Público. Anteponer siempre el interés público sobre el interés privado.

Probidad. Actuar con integridad, rectitud y honradez.

Igualdad. Tratar a todas las personas por igual en condiciones similares.

Imparcialidad. Proceder con objetividad en el ejercicio de las actividades de la función pública.

Justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde, según derecho y razón.

Transparencia. Actuar de manera accesible para que toda persona natural o jurídica, que tenga interés legítimo, pueda conocer si las actuaciones del servidor público son apegadas a las leyes, a la eficiencia, a la eficacia y a la responsabilidad.

Responsabilidad. Cumplir con diligencia las obligaciones del cargo o empleo público.

Legalidad. Actuar con apego a la Constitución y a las leyes dentro del marco de sus atribuciones.

Lealtad. Actuar con fidelidad a los fines del Estado y a los de la institución en que se desempeña.

Decoro. Guardar las reglas de urbanidad, respeto y buena educación en el ejercicio de la función pública.

Eficiencia. Cumplir los objetivos institucionales al menor costo posible.

Eficacia. Utilizar los recursos del Estado de manera adecuada para el cumplimiento de los fines institucionales.

Rendición de Cuentas. Rendir cuentas de la gestión pública a la autoridad competente y al público.

Con base en estas disposiciones, el TEG consideró que los servidores públicos están obligados a optimizar el tiempo asignado a sus funciones, por lo que el incumplimiento de la jornada laboral afecta esencialmente a la función estatal y no respeta el principio ético de responsabilidad, lo que puede implicar la prestación de servicios públicos ineficientes y retraso en el trámite de los asuntos públicos.

Así, el TEG consideró que en este caso estaba plenamente acreditado que ambos académicos habían incumplido con su jornada laboral, aunque con matices diferentes en cada uno de los casos.

Luis Alberto Mejía Portillo además de no respetar su jornada de trabajo, había manipulado los sistemas para registrar la asistencia y salida de la UES, pues en algunas ocasiones registró su salida cuando ya se encontraba dando clase en la USAM.

Así, su conducta no se limitó a no cumplir con el horario especificado, sino que alteró los registros de asistencia de la UES y se vio beneficiado económicamente por ello.

Por otro lado, a Benjamín Antonio Ramos Franco no pudo acreditársele que haya dado clases particulares dentro del horario laboral, sin embargo, sí fue comprobado que lo incumplió al llegar tarde a su empleo continuamente.

Ante esta situación, el TEG consideró que la conducta desplegada por ambos profesores transgredía el principio ético de responsabilidad, además de ser antagónica al desempeño ético de la función pública, la cual siempre debe anteponer el interés público sobre el particular.

En consecuencia, el TEG resolvió sancionar a ambos académicos al pago de una multa, para lo cual tomó en consideración los ingresos obtenidos por cada uno de ellos. En ese tenor, Luis Alberto fue sancionado con una multa de 448.20 dólares de los Estados Unidos de Norte América, mientras que Benjamín Antonio fue multado con 224.10 dólares del mismo país. Adicionalmente, el TEG ordenó incluir a los dos profesores en el Registro Público de Personas Sancionadas.

Colofón

De 2011 a la fecha, el TEG ha resuelto mil 410 casos consultables en su portal. Algunos de los resueltos, van desde la exigencia de pagos indebidos de parte de servidores públicos, hasta el incumplimiento del horario laboral de dichos funcionarios. El portal del TEG permite la recepción de denuncias anónimas a partir de las cuales se integra la averiguación correspondiente.

Resulta aleccionador percatarse de que El Salvador, desde 2011, previó la formación de un órgano independiente, cuyos miembros son designados por los tres poderes, para vigilar el cumplimiento de la ética pública en las actividades del día a día.

Nuestro Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal define a la ética pública como la disciplina basada en normas de conducta que se fundamentan en el deber público y que busca en toda decisión y acción, la prevalencia del bienestar de la sociedad en coordinación con los objetivos del Estado mexicano, de los entes públicos y de la responsabilidad de la persona ante éstos. Asimismo, menciona que la ética pública se rige por la aplicación de los Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia.

No obstante a lo anterior, en nuestro país siguen sin ser designados los magistrados que constituirán la tercera sección (anticorrupción) de la Sala Superior y la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, ambas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Salvador ya cuenta desde hace años con su TEG, aquí no hemos podido designar a quienes realizarán dicha función de manera especializada. Quizá es una cuestión de ausencia de ética pública.