Legislación mexicana y servicio público

Rodolfo Rafael Elizalde Castañeda

Doctor en Derecho y Profesor-Investigador de Tiempo Completo Definitivo del Centro de Justicia Penal, Seguridad Pública y Justicia Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, perfil PRODEP-SEP, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.

La doctrina y los ordenamientos jurídicos que han regulado el comportamiento ético de los servidores públicos federales en México, desde 2002 han sufrido algunas modificaciones, pero sin grandes cambios.

La Ética de los Servidores Públicos

Ética.

Jaqueline Prado Carrera refiere que la ética “es la conducta del hombre frente a la responsabilidad que éste tiene ante los ojos de otros hombres. Es decir, sobre lo que otros esperan de su actuación” (2016, 376). Por su parte, Yolimar Vilchez sostiene que “la ética se refiere a la disciplina filosófica que constituye una reflexión sobre los problemas morales” (2012, 234). Mientras que Julio De Zan señala que la ética es “la ciencia o disciplina filosófica que lleva a cabo el análisis del lenguaje moral y que ha elaborado diferentes teorías y maneras de justificar o de fundamentar y de revisar críticamente las pretensiones de validez de los enunciados morales” (2004, 19).

Corrupción.

Irma Sandoval, en su libro Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana, refiriéndose a la corrupción, cita a la Organización de las Naciones Unidas, en el Programa Global contra la Corrupción, que define el fenómeno de la corrupción como un “comportamiento de los individuos y funcionarios públicos que se desvían de las responsabilidades establecidas y usan su posición de poder para satisfacer fines privados y asegurar sus propias ganancias” (2016, 119-120). Por su parte, Rowland refiere que la corrupción es “el abuso de poder público para obtener beneficio particular” (2003, 3). Nos dice Roberto Ochoa que, el término corrupción es entendido como “cualquier actividad a través de la cual se altera y trastoca la forma y el objeto de una cosa, de un procedimiento o de una relación, a cambio de la promesa u obtención de beneficios recíprocos entre sus protagonistas”1 (2017, 206).

En síntesis, cuando nos referimos al ámbito público nos encontramos con aquellos que cometen sobornos, cohechos o malversaciones de fondos públicos; estos tuercen principios legales teniendo como resultado beneficios directos para el político o burócratas correspondientes.

Impunidad.

Según el Diccionario de la Lengua Española (2014), impunidad es una falta de castigo y etimológicamente significa “delito sin castigar”.

Ética de los servidores públicos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refiere que “la ética del servidor público orienta el comportamiento al que debe sujetarse en su quehacer cotidiano para prevenir conflictos y delimitar su actuación en las funciones o actividades que involucren riesgos de posibles actos de corrupción” (2019, 2).

Valores éticos de
los servidores públicos.

Interés Público

Carla Huerta refiere que el interés púbico es: “El conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidos mediante la intervención directa y permanente del Estado” (2005, 133).

Respeto

Óscar Diego nos dice que el “respeto es tratar con educación a las personas mostrando manifestaciones de cortesía y urbanidad” (2001, 71).

Respeto a los Derechos Humanos

La CNDH sostiene que “la obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los Derechos Humanos o de limitarlos” (2018-2019).

Igualdad y No Discriminación

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nos dice que la igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de Derechos Humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los Derechos Humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género” (s.a. 1).

Equidad de Género

La ONU Mujeres, sostiene que:

El concepto de equidad es un principio ético-normativo asociado a la idea de justicia; bajo la idea de equidad se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en función de la idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada (2015, 7).

La legislación mexicana

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) de 2002 establecía en su artículo 49 la obligación de la Secretaría de la Contraloría de emitir un Código de Ética que contendría la actuación de los servidores públicos. Sus bases las encontramos también en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006.

Así fue como se creó el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal publicado en 2002, pues la antecitada LFRASP contemplaba la forma de garantizar el cumplimiento adecuado de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, tomando en cuenta que los servidores públicos deberían regirse bajo estos principios, contemplados por el artículo 113 del Título IV de la CPEUM de 1917, con la idea de que hubiera reglas claras en la actuación de dichos servidores públicos y, al mismo tiempo, se condujeran con una conducta digna que respondiera a las necesidades de la sociedad. Estos principios constitucionales, son:

Legalidad.- Los servidores públicos hacen sólo aquello que la norma expresamente les confiere y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Honradez.- Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

Lealtad.- Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

Imparcialidad.- Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

Eficiencia.- Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.

Con el mencionado Código de Ética de 2002, se sentaron las bases sobre las que debería conducirse en adelante la conducta de todos los servidores públicos de la federación, siempre guiándose sobre los mencionados principios éticos. Pero en 2012 se crea un nuevo Código que lo “substituyó”. El nuevo era prácticamente el mismo.

Posteriormente, en 2015, se emitió un nuevo Código de Ética que, igualmente, fue substituido por otro en 2019. En los dos últimos se incluyeron nuevos principios éticos, como el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la eficacia, etc., estableciéndose como prioritario una nueva ética pública. Lo que no cambia con cada ordenamiento es el discurso, pues se reitera el compromiso de que la nueva ley era por el bienestar de la población y del bien común.

1 Nota: esta definición es extendida ya que no sólo abarca a lo referente al poder público, sino va más allá de las actividades gubernamentales de cualquier nivel, porque en realidad no se trata de un problema propio o exclusivo de las instituciones gubernamentales, sino que también envuelve las relaciones entre los particulares que, de forma independiente o conjunta con aquellas, amplifican en todos los sectores los efectos del fenómeno de la corrupción.