La Trascendente Reforma Judicial

Felipe Borrego Estrada

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es jefe de la Unidad de Enlace del Poder Judicial de la Federación con los demás poderes de la Unión. Ha sido abogado litigante en el despacho Borrego Estrada y asociados; magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; diputado federal LX Legislatura; secretario técnico para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SETEC) y consejero de la Judicatura Federal.

 

El 11 de marzo y 7 de junio de 2021, se publicaron en el Diario Oficial sendas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos ordenamientos legales, mismas que establecen una reforma integral al Poder Judicial de la federación, no sólo en aspectos relacionados con el quehacer jurisdiccional y la carrera judicial, sino también los relativos al acceso a la justicia a través del fortalecimiento de la justicia constitucional.

Si bien no constituye una reforma integral al sistema de justicia, ya que ello hubiera implicado abarcar a todos sus operadores, la reforma se enfocó en un actor fundamental, como lo es el Poder Judicial de la federación.

No obstante, la reforma conservó un enfoque integral de transformación del Poder Judicial de la federación, en función del diagnóstico realizado al interior del mismo, con lo cual se preservó el planteamiento acordado en los ejercicios inéditos de colaboración institucional entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, realizados en los meses de octubre de 2019 y febrero de 2020, que dio como resultado el proceso legislativo de la reforma denominada “Con y para el Poder Judicial”.

Se trata de una de las reformas más trascedentes desde 1994, que plantea un nuevo paradigma de funcionamiento, estableciendo condiciones institucionales y un entramado legal que le permite consolidar un Poder Judicial moderno, profesional y cercano a la gente, con el objeto de lograr una impartición de justicia más eficaz.

Su alcance es amplio, al reformar seis artículos constitucionales (94, 97, 99, 100, 105 y 107), expedirse dos nuevas leyes (Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación y Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la federación) y modificar cinco ordenamientos legales (Ley de Amparo, Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Federal de Defensoría Pública y el Código Federal de Procedimientos Civiles).

Esta reforma integral se sustenta en 10 ejes, los cuales se exponen sobre la base de un planteamiento objetivo, con la única finalidad de propiciar una visión general en cuanto a su contenido y alcance, abstraído de cualquier otro tipo de valoración por aspectos externos a la misma.

1. Consolidación de la carrera judicial con criterios objetivos, igualdad de oportunidades y mérito. Con condiciones igualitarias para el ingreso, permanencia, evaluación y separación de sus integrantes, que permitirá seleccionar a las personas mejor preparadas con base al mérito, evaluando a su vez la calidad en su desempeño. Entre los principales temas de la Constitución y de la Ley de Carrera Judicial, destacan:

  • Establecimiento de un marco normativo exclusivo que regula Carrera Judicial.
  • Regulación de la carrera judicial con criterios claros y objetivos de ingreso y promoción, desarrollo profesional, evaluación de desempeño, permanencia y separación.
  • Creación de nuevas categorías de oficial judicial y secretario proyectista, para un mejor funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
  • Concursos de oposición para todas las categorías y concursos abiertos de jueces y oficiales judiciales.
  • Nuevo perfil del funcionario judicial basado en conocimiento jurídico e integridad personal.

2. Impulso de una auténtica Escuela Federal de Formación Judicial, como el eje articulador de los esquemas de implementación de la carrera judicial. Destacando entre los principales temas de la Constitución y de la Ley de Carrera Judicial, los siguientes:

  • Reconocimiento constitucional de la Escuela Judicial y su pertenencia al Poder Judicial.
  • Participación sustantiva de la Escuela en los concursos de la carrera judicial.
  • Competencia de la Escuela para aprobar programas de capacitación de defensores públicos y asesores jurídicos e implementar los procesos de ingreso y selección de los mismos.

3. Mecanismos de prevención y combate al nepotismo y corrupción. Como política de cero tolerancia, estableciendo mejores instrumentos legales y capacidades institucionales. Entre los principales temas de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación y de la Ley de Carrera Judicial, destacan:

  • Regulación legal del Plan Integral de Combate al Nepotismo del Consejo de la Judicatura para darle continuidad y permanencia a las políticas establecidas.
  • Vinculación de los esquemas de prevención del nepotismo con las políticas de adscripción para prevenir, detectar y corregir conflictos de interés.
  • Regulación de la facultad del juzgador para el nombramiento de personal sobre criterios meritocráticos a partir de una lista del 10% de vencedores del concurso de oposición con las calificaciones más altas.
  • Régimen de suplencias en casos de faltas mayores de 15 días del juzgador, con criterios de prelación objetivos (titulares sin adscripción, secretarios, que sin ser vencedores de concursos, obtuvieron una calificación aprobatoria o secretarios de estudio y cuenta que autoricen los ministros).
  • Padrón de relaciones familiares de las personas servidoras públicas.
  • Causales específicas de responsabilidad administrativa por nepotismo, nombramientos cruzados y acoso sexual.
  • Armonización con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, observancia del principio de presunción de inocencia y previa audiencia, regulación de medidas cautelares y su proporcionalidad y establecimiento de medios de impugnación.

4. Políticas de adscripción con criterios objetivos. Para orientar de manera clara las determinaciones en la materia, destacando en la Ley de Carrera Judicial, lo siguiente:

  • Vinculación de la política de adscripciones a las medidas de prevención y combate al nepotismo.
  • Regulación de criterios relativos a las necesidades del servicio para: garantizar la legitimidad del Poder Judicial frente a la ciudadanía, atender cuestionamientos por relaciones familiares, fortalecer circuitos y órganos jurisdiccionales, desarrollar atribuciones de vigilancia, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y garantizar la especialización de órganos.
  • Criterios de prelación en las adscripciones para personas con discapacidad o jefas de familia.
  • Readscripción por cuestiones de seguridad o razones humanitarias.
  • Cambios de adscripción por cuestionamientos derivados de relaciones familiares en el circuito, nombramientos cruzados o triangulados o ante conflictos de intereses.

5. Altos estándares en la ratificación de personas juzgadoras. Basada en los resultados de visitas de inspección, productividad, idoneidad en el puesto, probidad, no haber sido sancionado por faltas graves, no incurrir en incumplimiento sistemático a las normas laborales.

6. Fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Para hacer más asequibles los servicios que presta a las personas de menos recursos, estableciendo en la Ley Federal de Defensoría Pública, lo siguiente:

  • Reconocimiento constitucional del Instituto.
  • Ampliación de su competencia en amparo familiar y otras materias que establezcan los acuerdos.

7. Consolidación de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Para el conocimiento de temas propios a los procedimientos de control constitucional, estableciendo en la Constitución, en la Ley de Amparo y en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, lo siguiente:

  • Procedencia del recurso de revisión en amparo directo cuando el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de Derechos Humanos.
  • Fortalecimiento de la facultad de atracción para que pueda conocer de cualquier recurso de amparo, cuando por su interés y trascendencia así lo estime.
  • Actualización del procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, en donde la notificación a la autoridad emisora procede desde el primer asunto en que se declare la inconstitucionalidad de una norma general en juicios de amparo indirecto en revisión.
  • Substanciación de incidentes de cumplimiento sustituto de sentencias de amparo por parte de los órganos que conocieron del amparo.
  • Competencia de la Corte para resolver exclusivamente las controversias constitucionales en las que se haga valer violaciones a la Constitución y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte.
  • Controversias constitucionales contra omisiones.
  • Inimpugnabilidad de los acuerdos que desechen el recurso de revisión en materia de amparo directo, en función de la excepcionalidad de este recurso.

8. Fortalecimiento del sistema jurisprudencial a través de los precedentes de la Suprema Corte. Se incorporan los precedentes al sistema jurisprudencial, estableciendo en la Constitución, en la Ley de Amparo y en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, el siguiente esquema:

  • Precedentes: las razones que funden los resolutivos de las sentencias dictadas por el Pleno de la Corte, por mayoría de 8 votos, y por sus Salas, por mayoría de 4 votos, sentarán precedentes obligatorios para las autoridades jurisdiccionales federales y locales.
  • Jurisprudencia por reiteración: Emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito.
  • Jurisprudencia por contradicción: Emitida por los Plenos Regionales, así como el Pleno y Salas de la Corte a través de precedentes.
  • Eliminación de jurisprudencia por sustitución.

9. Política de paridad y perspectiva de género. Como principio transversal de la carrera judicial, integración de órganos, criterio de desempate, procedimientos disciplinarios y en los programas de capacitación y esquemas de adscripción.

10. Optimización funcional de instancias jurisdiccionales. A través de la creación de Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito; de los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito; de la creación de la Comisión de Conflictos Laborales, así como de la posibilidad de concentrar el conocimiento de asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a los Derechos Humanos en función del interés social y el orden público.

Esta reforma tendrá un impacto sustantivo en el Poder Judicial, que implicará modificar la estructura y competencia de sus órganos, como en el caso de la jurisprudencia, lo que originó que la Suprema Corte declarara el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación.

La etapa legislativa de esta reforma ha culminado, resta el proceso de implementación para materializar su objetivo, mismo que deberá tener un común denominador: lograr una justicia de calidad, expedita y cercana a la gente, una justicia que logre recobrar la legitimidad del Poder Judicial frente a la ciudadanía.

Finalmente, como todo producto humano, esta reforma no estará exenta de críticas o polémica y puede ser perfectible, pero analizando sin cortapisas cada una de las propuestas, no queda lugar a dudas que la intención y la regulación establecida ha partido de la buena fe y de la visión de futuro de los actores involucrados, mirando por el beneficio de los justiciables, quienes a fin de cuentas, al ser los destinatarios finales de los beneficios de esta reforma, serán sus mejores jueces.