La libertad como obstáculo

Diana Gamboa

Abogada por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Regulatorio y Maestrante en Derecho Constitucional. Se desempeña como Profesora adjunta de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho.

 

 

Una forma de aproximarnos al entendimiento de la libertad es desde su dimensión social o civil. Como refiere Mill en “Sobre la
Libertad”, este acercamiento se enfrenta con la naturaleza y los límites del poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad sobre el individuo.

Hoy, la libertad de conciencia de los profesionales de la salud tambalea frente a la ideología abortista que se ha impuesto desde nuestra Suprema Corte. El pretendido derecho de las madres a disponer de la vida de sus hijos en gestación, se confronta en la realidad con una vertiente práctica de la libertad: la objeción de conciencia.

La posibilidad de que un profesional de la salud, en ejercicio de su libertad de conciencia, se abstenga de participar en una práctica clínica que contraviene sus principios éticos, hoy ha sido cuestionada desde el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en nuestro país.

Es necesario destacar que, dentro de las libertades que hemos reconocido como fundamentales en nuestra sociedad, tanto en sede nacional como internacional, se encuentra la libertad de elegir las propias convicciones éticas, de conciencia y de religión.

Esta libertad encuentra su núcleo en el ámbito de las obligaciones morales, aquellas convicciones individuales que tienen pretensión de universalidad. Así, esta específica dimensión de la libertad podría entenderse como la posibilidad para identificar individualmente la propia concepción del bien y del mal y aplicarla en casos concretos. Es decir, el derecho a ser congruente con los valores morales personales.

La objeción de conciencia sanitaria constituye un modo específico de ejercer la libertad. Y, en el contexto del aborto, al menos desde la experiencia en la Ciudad de México, es posible advertir que los profesionales de la salud mayoritariamente lo encuentran como una práctica contraria a sus valores. Según lo refiere el doctor Ortíz Millán, después de la reforma que modificó la definición de aborto en el Código Penal en 2007, resultó que 9 de cada 10 profesionales de la salud objetaban esta práctica. Situación entendible si se considera que el aborto conlleva disponer de una vida humana en su etapa más vulnerable.

A pesar de lo anterior, el pasado mes de septiembre, desde el Pleno del Tribunal Constitucional mexicano, se llegó a poner en duda la calidad de Derecho Humano que tiene la objeción de conciencia: “No comparto que (…) se constituya en un Derecho Humano con rango constitucional”, refería uno de los ministros en la sesión del 13 de septiembre. A su juicio, esta libertad puede “interferir” en el ejercicio de otros derechos ¿cuáles? Nada menos que el pretendido derecho de las mujeres a impedir que nuestros hijos nazcan (el aborto voluntario).

Afortunadamente, dicha postura concreta no fue confirmada por la mayoría, sin embargo, ese fue sólo el inicio de la aproximación ideológica que formuló la Corte frente a la libertad de conciencia. Todo el estudio del derecho de los profesionales de la salud a que se respeten sus convicciones éticas giró en torno al aborto, sin que ello se relacionara con la norma en sí misma, como debería suceder en un mecanismo de control abstracto de constitucionalidad, como la acción de inconstitucionalidad.

El hoy invalidado artículo 10Bis de la Ley General de Salud simplemente reconocía que el personal médico y de enfermería podría ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de determinados servicios. ¿Era un derecho absoluto? No, la propia norma disponía dos límites concretos, esto es, no podría ejercerse cuando se pusiera en riesgo la vida del paciente o ante una urgencia médica.

El “problema” para los ministros fue que el aborto voluntario no se ubica dentro de ninguna de estas excepciones a la objeción de conciencia. Por ello, se refirió que disponer únicamente tales límites implicaba “dar un cheque en blanco para que se nieguen los servicios de salud, particularmente tratándose del aborto” (sesión de 20 de septiembre).

La libertad de conciencia se calificó como un obstáculo frente al aborto y se propuso expresamente su restricción cuando los profesionales de la salud participen directamente en tal procedimiento (sesión de 20 de septiembre). Ello, pues, a juicio de uno de los ministros que integró la mayoría, la objeción de conciencia sanitaria “representa una carga desproporcionada” para las mujeres que optan por el aborto.

Y es aquí donde debemos retomar la aproximación a la libertad referida al inicio: ¿cuál es el límite del poder que puede ejercerse sobre el individuo?, ¿será que pretenden imponer a los profesionales de la salud el deber de terminar con vidas humanas en gestación bajo el pretexto de que constituye un pretendido derecho de sus madres?

Los tintes totalitarios que encuentran en la libertad un obstáculo, merecen alerta en cualquier democracia constitucional. Especialmente si se pretende imponer al personal sanitario la obligación de ser verdugos de los niños por nacer, incluso en contra de su libertad y de sus convicciones éticas.

Si la libertad de conciencia es un “obstáculo”, entonces debemos preguntarnos ¿cómo se pretende superar ese problema práctico? La respuesta es clara: imponiendo al personal médico y de enfermería el deber de practicar abortos. En tal contexto, la verdadera pregunta a responder será: ¿con qué legitimidad se podría imponer a un profesional de la salud la obligación jurídica de terminar con una vida humana en gestación?