La judicatura en la democracia

Pablo Héctor González Villalobos

Magistrado penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. Profesor de Filosofía del Derecho, de Derecho Constitucional y de Derecho Penal.

 

I. INTRODUCCIÓN1

Este brevísimo ensayo tiene por objeto examinar, de manera sucinta, cuál debe ser el papel de la judicatura en un Estado Democrático de Derecho. Para ello, en primer lugar, se aludirá a las grandes líneas de la evolución del Estado de Derecho. En segundo término, se recordarán algunas ideas del pensamiento de Alexis de Tocqueville sobre la democracia y el poder judicial. Y finalmente, a manera de conclusión, se planteará una reflexión sobre el estado de cosas actual, en la que se destacarán los que se consideran aciertos, pero también los fallos que demandan atención inmediata.

 

II. LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

El Estado es un concepto moderno, producto del pensamiento ilustrado que se materializó en la Revolución Francesa. En efecto, el Reino constituye la entidad política en el Antiguo Régimen. Se trata de un concepto que, a semejanza de la idea paulina de la Iglesia como el Cuerpo Místico de Cristo, entiende a la comunidad política como un cuerpo social en el que el Rey es la cabeza. Como además el cuerpo tiene otros miembros, y cada miembro tiene su función, la comunidad se compone por estratos a los que naturalmente corresponde un régimen jurídico propio (los llamados fueros) y es prácticamente imposible la movilidad social. Así, hay un fuero eclesiástico, uno militar y otro mercantil. Todos implican regímenes especiales que protegen a sus miembros. Fuera de los fueros, para decirlo con un juego de palabras, solo quedan los siervos.

Como puede apreciarse fácilmente, se trata de una comunidad no igualitaria. Pero esta desigualdad genera, paradójicamente, un sistema de contrapesos al poder del Monarca. Porque el Rey tiene que respetar la función y los fueros de cada estrato que es un miembro del cuerpo social.

El pensamiento ilustrado planteó el principio de igualdad entre todos los seres humanos. Esto implicó la postulación de la destrucción de los estratos sociales, de manera que entre la cabeza y los ciudadanos no existieren órganos intermedios. Con la desaparición de los fueros se produjo una concentración de poder sin precedentes en la historia de Occidente. Los déspotas ilustrados tuvieron un poder mucho más grande que el de los antiguos reyes.

Cuando este pensamiento se materializó en la creación del Estado como comunidad política, los ciudadanos se encontraron iguales, pero absolutamente indefensos frente a quien correspondía ejercer el poder político. Por ello, se planteó la necesidad de crear un régimen constitucional que permitiera acotar ese enorme poder. La división de poderes y la concepción legislativa del Estado de derecho son producto de ese esfuerzo. Se trata de los pesos y contrapesos tan caros en la tradición norteamericana.

En la concepción francesa, heredada luego por muchos países, el poder público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Además, sólo el Poder Legislativo, como representante del pueblo que es el depositario de la soberanía, tiene la potestad de hacer leyes y la ley es la única fuente del derecho. Por tanto, los poderes Ejecutivo y Judicial sólo pueden aplicar lo que emana del congreso.

En esta tradición se concibe a los jueces como esclavos de la ley. Se entiende que el código, que es la propia ley sistematizada, es claro, coherente y completo, de manera que su literalidad es suficiente para aplicarlo de forma inequívoca. Es la época en la que se llegó a decir del juez que sólo debe ser la boca inanimada de la ley. Si se les pudiera sustituir por algoritmos computacionales, mejor para el derecho y para la democracia. Por cierto, eso ya está ocurriendo en países avanzados en amplios segmentos del derecho administrativo.

Qué lejos nos encontramos de la imagen aristotélica del juez, como la encarnación de la justicia, o de Tomás de Aquino, que concibe al ius, en una de sus acepciones, como las resoluciones que emiten los jueces.

No obstante, su ideal democrático, el Estado Legislativo de Derecho generó el riesgo, que por cierto, también fue advertido por Tocqueville, de la dictadura de las mayorías, quienes, a través de sus representantes en el Congreso, podían acabar atropellando los derechos fundamentales de las minorías. En este modelo, la Constitución es una mera carta de organización del Estado, pero no tiene fuerza normativa que pueda hacerse valer por encima de la legislación ordinaria.

Para proscribir dicho riesgo, el Estado Legislativo de Derecho evolucionó hacia un Estado Constitucional de Derecho. Como es sabido, con esta etiqueta se pretende hacer énfasis en el carácter normativo, y no meramente organizativo, de la Carta Magna, sobre todo en su parte dogmática en la que incorpora las entonces llamadas garantías individuales. Así se abre la puerta para ejercer un control judicial de la constitucionalidad de las leyes y no sólo de carácter formal (por vicios de procedimiento legislativo), sino también material (por contravenir derechos garantizados por la propia constitución).

Ahora bien, la posibilidad de que un juez ejerza el control material de la constitución supone ampliar su arbitrio para interpretar normas que, como las que consagran derechos fundamentales, rara vez están formuladas como reglas. Así se rompen las cadenas que lo hacían esclavo de la ley, y se recupera la antigua dignidad del juez como encarnación de la justicia.

El neoconstitucionalismo ha seguido planteando nuevas categorías para analizar la evolución del Estado de Derecho. Excede los límites de este trabajo examinarlas a detalle. Pero sí conviene recordar que, en ese proceso, al adjetivo de constitucional se ha añadido el de democrático. De manera que se establece una conexión necesaria entre constitución y democracia.

 

III. TOCQUEVILLE, LA DEMOCRACI A Y EL PODER JUDICIAL

Alexis de Tocqueville, en su célebre obra La democracia en América, planteó que la condición necesaria para la democracia consistía en una igualdad entre todos los ciudadanos para participar en la gestión del poder público. Esa igualdad política para el famoso pensador francés es, a su vez, la base de la libertad.

En todo caso, es interesante destacar que la postulación del principio de igualdad no deja de plantear dilemas como el que destaca Paul Fussel, quien por cierto también alude a Tocqueville, y que consiste en que la igualdad entre los hombres los hace insignificantes y choca de frente con la natural aspiración al reconocimiento.

Pero más allá de estas paradojas problemáticas, lo cierto es que sin el principio de igualdad como principio político y jurídico interiorizado por quienes conforman una comunidad política, la viabilidad de un sistema democrático se ve comprometida.

En efecto, José Antonio Aguilar Rivera, en su interesante ensayo Los abogados mexicanos y Alexis de Tocqueville, relata cómo los abogados mexicanos que, en el siglo XIX, participaron de manera notable en los distintos bandos que pretendieron imponerse en la construcción del marco constitucional del México independiente, cometieron, entre otros, dos errores en la recepción del pensamiento del francés al que todo mundo acudía para formular argumentos de autoridad. El primero de tales yerros consistió en pretender ver en Tocqueville al autor de una doctrina teórica con valor científico que puede ser aplicable en cualquier contexto real, sin caer en la cuenta de que Alexis de Tocqueville, más que un científico del derecho o de la ciencia política, fue un agudo observador sociológico del fenómeno norteamericano. El segundo fallo, ahora por omisión, se produjo porque los ilustres abogados mexicanos a los que se refiere Aguilar pasaron por alto que Tocqueville no sólo hizo notar las incontrovertibles virtudes que halló en los Estados Unidos, sino también advirtió de los riesgos que alcanzó a prever, como el ya mencionado de la dictadura de las mayorías.

Por lo que hace al Poder Judicial, Tocqueville aludió a la fortaleza de este poder en el modelo norteamericano y elogió, por razones de prudencia política, la potestad de los jueces federales para dejar de aplicar, en casos concretos, leyes que consideraran inconstitucionales. Aguilar destaca en su ensayo la influencia de esta idea en la construcción del principio de relatividad del amparo mexicano. En todo caso, la potestad de los jueces para ejercer el control difuso de la constitución, que es la figura a la que aludió el pensador francés, es distinta a la facultad de declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de una ley. Es decir, el poder que, sin estar previsto en la constitución norteamericana, la Corte Suprema, presidida por Marshall, se arrogó olímpicamente en el famoso caso de Marbury vs. Madison, que no fue examinada por el pensador francés.

 

IV. CONCLUSIÓN

Llega ahora el momento de preguntarse qué conclusiones se pueden extraer de esta breve reflexión sobre el papel de la judicatura en una democracia. Lo primero que aparece para el lector atento es que, a pesar de los correctivos que resulten necesarios, sigue siendo verdad que, para un Estado Democrático de Derecho, el único poder legitimado para hacer leyes es el Legislativo, como representante directo de la soberanía popular.

Es verdad que el riesgo de que, en tal actividad, la fuerza política mayoritaria pueda cometer atropellos en contra de las minorías que impliquen violaciones a derechos fundamentales, justifican la concepción normativa, no sólo en lo formal, sino también en lo material, de una constitución que se encuentre en el vértice superior del sistema jurídico. Lo que a su vez legitima la potestad de los jueces para ejercer un control de la constitucionalidad de las leyes.

Ahora bien, la idea de la facultad de ejercer un control difuso que, con arreglo a la literalidad del artículo 133 de la Constitución de la República, adminiculado ahora con la enorme potencia que, para tutelar Derechos Humanos, confiere el artículo 1 del mismo cuerpo de normas a todas las autoridades de la República, tiene la innegable ventaja de proveer de instrumentos amplios y flexibles para evitar atropellos legislativos a los derechos fundamentales de las personas.

Sin embargo, dicha facultad, en cuanto indirecta y relativa al caso concreto sometido a consideración del juez, respondía, como lo destaca Aguilar Rivera, a una motivación de prudencia política y no de necesidad jurídica, sin que a cambio hubiere grandes beneficios, ya que la dispersión de los criterios, y más ahora en un contexto de casos de hiperinflación del discurso de los Derechos Humanos, provoca un caos interpretativo en el que las determinaciones discrepantes de los jueces generan una atomización de la jurisprudencia, con el consecuente costo en términos de déficit democrático y de inseguridad jurídica. El primero, porque la ley deja de tener fuerza como norma general emanada del único poder soberano. Y la segunda, porque el ciudadano no sabe a qué atenerse porque no puede prever razonablemente cómo será interpretado el derecho en caso de tener que acudir a los tribunales. Lo que a su vez rompe con la esencia del principio de igualdad ante la ley.

Por ello, es de celebrarse, como aspecto positivo de la reciente reforma al régimen jurídico del Poder Judicial federal, que se faciliten los instrumentos para que los ejercicios de control constitucional, de manera más sencilla, puedan tener efectos generales. Así, se protege a las minorías y, al mismo tiempo, se disminuye el margen para que existan tantos criterios como jueces se pronuncien sobre un mismo tema.

 


1  Este texto tiene su origen en conversaciones sobre el tema con Pablo Héctor González Hernández, a quien agradezco y de quien tomo prestadas las referencias iniciales sobre el pensamiento de Tocqueville y su reflexión sobre el papel de los jueces en una democracia

 


BIBLIOGRAFÍA

  • Aguilar Rivera, José Antonio, Los abogados mexicanos y Alexis de Tocqueville, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2013.
  • De Tocqueville, Alexis, La democracia en América, FCE, 1957.
  • Fussel, Paul, Class: A Guide Through the American Status System, Touchstone, 1983