La depredación del orden jurídico

Rafael Estrada Michel

Director General Ejecutivo.

 

Tuvimos la doble ocasión (pues lo hicimos en sendas tardes) de platicar con el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor José Ramón Cossío, miembro de El Colegio Nacional, profesor investigador de El Colegio de México y una de las voces liberales constitucionales más respetadas del país. Un privilegio que compartimos, agradecidos, con los lectores de Tiempo de Derechos.1

Rafael Estrada (REM): Doctor, no podemos dejar de preguntarle acerca de la pandemia de Covid-19 que asola al planeta y que ha traído, como usted ha manifestado, una serie grave de disonancias entre el mundo de la norma, el deber ser, y el mundo de la realidad, el ámbito del ser:

José Ramón Cossío (JRC): Efectivamente, la pandemia ha revelado una notable incompetencia para cohonestar el ámbito de la realidad (la evidente, como la que se desprende del análisis de datos científicos y médicos) con aquello que se exige de los ámbitos públicos. Esta suerte de empirismo necio, o negacionista de la ciencia, ha generado políticas dispersas, mal articuladas, sin mayor preocupación por generar entornos de menor daño a la población.

El intento de comprender la situación como una cuestión escindida de los datos científicos ha devenido en trágico. Sólo la vinculación de la regulación, las políticas públicas y el acceso a la justicia con la ciencia médica, con el análisis de datos duros, podría permitir una superación ágil y eficiente de una situación que en un principio nos rebasó a todos. Los países con mayor capacidad de análisis científico fueron –esto no puede ponerse en duda– los que mejor se adaptaron a la urgente necesidad de tomar medidas sensatas para garantizar las prerrogativas más básicas de sus poblaciones. Me temo que no fue nuestro caso.

REM: Desde su obra temprana se ha referido a lo importante que puede ser el derecho para el cambio de las estructuras sociales. ¿Qué papel jugaría en ello la relación entre ciencia y derecho a la que se ha estado refiriendo?

JRC: Por supuesto que juega, o debería jugar, una relación de radical importancia. El cambio sólo es verdadero cuando se asienta en bases realistas (insisto: no en ocurrencias), en análisis empíricos que resistan las comprobaciones propias de un método científico, que no se contenten con explicaciones sin sustento lógico o, de plano, sentimentalmente demagógicas. Los hacedores y los instrumentadores de políticas públicas deben hallarse conscientes de que su trabajo únicamente servirá en la medida en que posea una vinculación sólida con la ciencia y con el entorno del desarrollo de la investigación de vanguardia. Es un tema de desarrollo y bienestar comunes y, por supuesto, es un tema de justicia. Infortunadamente, no ha sido el caso de México, cuyo gobierno ha estado ocupado en otras tareas y preocupado por generar un entorno incluso hostil hacia el conocimiento científico.

REM: ¿Ve alguna esperanza de reversión?

JRC: Siempre la hay, pero pasa por tomar en cuenta la realidad y apegarse al seguimiento de protocolos avalados por la medicina, la psicología, la administración, más allá de ocurrencias. Se trata de comprender que nadie es poseedor absoluto de la verdad y que hay que procurar integrar visiones –incluso, en ocasiones, encontradas– con miras a resolver problemas sumamente complejos. Implica también reconocer que se han cometido errores y tener disponibilidad para dar marcha atrás e intentar caminos alternos. Se requiere, pues, una buena dosis de objetividad que es lo que, infortunadamente, no estamos viendo entre nosotros, y menos entre quienes tienen a su cargo las determinaciones de las políticas públicas.

La situación es preocupante, pues en todo el mundo se vive un ambiente de muerte y en culturas especialmente permeables a la necesidad de guardar luto y respetar a quienes han perdido la vida, es muy delicado pretender cerrar una olla de presión constituida por millones de personas que se han visto en la imposibilidad de seguir los rituales de su cultura para llorar debidamente a los fallecidos.

REM: ¿No ve en el horizonte un retorno a los “fabulosos veinte”?

JRC: Es una opción, sí: una reacción lúdica, una explosión de felicidad tan pronto se vea superada la pandemia, como ocurrió hace un siglo. No nos olvidemos, sin embargo, que hay reacciones alternas, y que algunas corren por cuerda paralela: mientras algunos se entregan a la fiesta y al jolgorio, otros van preparando el camino del terror y del apego a un supuesto “orden”, a una supuesta “seguridad”, para abrir los pórticos del autoritarismo y de horrores de muy difícil pronóstico. Como decía Margadant, no tengo facultades de profeta, pero es difícil imaginar que en un México de 90 mil desaparecidos, cientos de miles de muertos por la pandemia, familias separadas y traspasadas por un dolor que tal vez pudo haberse evitado, la reacción única y constructiva vaya a ser la de una alegría sana que se canalice adecuadamente por las vías institucionales. Eso es lo que realmente preocupa.

REM: Se ha referido en escritos recientes a “Los juristas del horror”, el impresionante libro de Ingo Müller. ¿Cómo hacemos para no ser los juristas del horror? Más aún: ¿cómo formaremos a juristas que no se presten al horror?

JRC: Lo más escalofriante del libro de Müller, que ojalá se leyera mucho más y que tuviera una mejor edición castellana, es la posibilidad de que la sinrazón se imponga con la complicidad de profesionistas que parecían, cinco minutos antes, perfectamente solventes y sensatos. La característica esencial del régimen del horror, que Hitler comenzó a cimentar desde esos “fabulosos veinte” a los que te has referido, es precisamente la indiferencia ante resoluciones absolutamente gratuitas y arbitrarias, como la negación de la igualdad y la escandalosa pérdida de libertades en los amplios márgenes de la Europa central, y en un tiempo relativamente corto.

Un mundo de excesiva confianza en un Iuspositivismo voluntarista y un Iusnaturalismo militante se encontró con el triunfo de la voluntad arbitraria, y los operadores jurídicos no sólo no tuvieron, sino que no parecieron querer tener capacidad de respuesta. Los juristas mostraron su falta de formación y resiliencia en el momento en el que más se les necesitaba. Se alinearon –unos con más entusiasmo que otros– en las filas del servicio a la insensatez y a la arbitrariedad. Milenios de formación jurídica supuestamente cabal no parecieron servir casi para nada.

En mi discurso de despedida a la Corte, en 2018, me refería a la constante discusión en torno al temido fenómeno de la muerte de la democracia, pero también al hecho de que pocos, muy pocos, hablan de los peligros que acechan a la justicia constitucional. En esos márgenes, que son los que nos corresponden a nosotros los juristas, los mecanismos de pérdida de las libertades se hallan a la orden del día. Son varios, y van desde la burda imposición hasta la generación de complicidades que se convierten en dóciles aceptaciones. Esto es lo que más me agobia porque las pérdidas en materia de justicia constitucional son, como sabemos, pérdidas en el goce de los Derechos Humanos y de las libertades básicas.

REM: También ha hablado de una cierta hostilidad hacia lo que denomina “antropología de los Derechos Humanos”. ¿En qué consiste y cómo pone en riesgo el debido disfrute de las prerrogativas propias de la dignidad de la condición humana? Se refería usted a la imposibilidad de expresar el duelo con esta epidemia…

JRC: Todas las sociedades tienen rituales de duelo cuando mueren las personas. Hay quien piensa que la fundación de las religiones radica en fenómenos que tienen que ver con la muerte. Algunas sociedades incineran a sus muertos, en otras, los entierran; otras, los depositan en ríos, y también hay duelos mortuorios: algunas sociedades comen, otras beben, hay distintos fenómenos. Lo que me ha preocupado mucho, y no es un problema de México, sino del mundo, es que no se han podido realizar estos ritos y esto va a dejar una huella profunda en las personas.

Todos hemos sabido: en distintos lugares, ingresan a los familiares, fallecen, se los llevan, los incineran y vuelven con una urna que supuestamente contiene sus cenizas: un padre, una madre, los hijos, en fin. Todo eso nos va a generar una herida social muy complicada de cerrar. Otra dimensión a observar es la cantidad de personas que se han quedado en orfandad, números muy elevados, y las que van a quedar con lesiones corporales y mentales.

El derecho va a tener que entrar a atender algunos de estos casos. El otro día leía en el libro de Planiol todo este tema de la desaparición de la Declaración de Ausencia, en Francia. Después de la guerra se emitieron disposiciones particulares para quienes fallecieron: se recortaron enormemente los plazos como también las condiciones de identificación. Son procesos sociales que ahora no estamos viendo y van a requerir respuestas jurídicas, religiosas, para los creyentes; respuestas morales, familiares, porque de otra forma nos vamos a quedar con un tejido social todavía más lastimado.

REM: Obviamente todos los operadores jurídicos tenemos una responsabilidad y deberíamos estarnos preocupando por formar a las nuevas generaciones de abogados y abogadas en torno a ese tipo de responsabilidades frente al horror cotidiano…

JRC: El maestro Fix Zamudio hizo un análisis para clasificación del amparo, y una de las categorías era la del amparo habeas corpus. Ese habeas corpus me parece que ha caído en una situación sumamente limitada. Pensé que tenía más relevancia y me dediqué a buscar todas las tesis del Semanario Judicial relacionadas con desaparición forzada o con habeas corpus, y me di cuenta de que son poquísimas. Unas a finales del Porfiriato, pero después no hay.

Siempre queda como gran modelo la sentencia de la jueza Karla Macías, de Guanajuato, que tiene como sentido para el juez, no sentarse a esperar a que llegue la información al expediente, sino una respuesta muy dirigida a encontrar a la persona que está desaparecida. Eso, el Poder Judicial, no lo ha generalizado. A pesar de que existen ahí algunos casos, no se ha constituido jurisprudencia.

No hay conciencia, no la hemos hecho, de lo que significa tener personas desaparecidas y de cómo tendríamos que estar como sociedad procesando el tema. Quien lleva las cargas generales de la búsqueda son los padres, en particular las madres, de los desaparecidos.

Creo que, ahí sí, el Estado claudicó, que estamos en un proceso de privatización –como en otros fenómenos–, donde los particulares tienen que hacer aquello que el Estado de plano no puede, no sabe o no quiere llevar a cabo por distintos motivos. Esto es una lesión social muy grande y expuesta.

REM: ¿Cree que en los próximos años vaya a haber una conciencia mayor, en las administraciones públicas, como en la opinión pública, en torno a que los cauces judiciales pueden resultar no sólo útiles sino muy relevantes a la hora de resolver un problema generalizado de violencia y de la falta de Estado de Derecho?

JRC: Creo que sí. Se está dando un cambio generacional y esto es muy importante. Hoy, hay juzgadores mucho más entendidos, entrenados y capacitados. La noticia es buena, pero hay dos amenazas:

Una, el Gobierno federal actual habla poco de Derechos Humanos. Habla de otras cosas, de pobres –cosa que está muy bien–, de niños, de mujeres, de pensiones, pero no en clave de derechos, sino en clave de la entrega directa de recursos económicos, y esto me parece que es un asunto sumamente delicado.

La otra amenaza es si las acciones de la reforma judicial, como la integración del Consejo, la narrativa de un Poder Judicial corrupto –cosa que desde luego no es cierta–, etcétera, puede inhibir las posibilidades de expansión jurisprudencial de los propios jueces y magistrados.

En consecuencia, hay que luchar por dos cosas: una, por estabilizar esa utilización, esa pragmática de los Derechos Humanos, pero al mismo tiempo por el mantenimiento, la sobrevivencia, la extensión de las garantías jurisdiccionales, de la autonomía y la independencia al juzgar. De otra forma, vamos a ver el peor de los mundos: una retórica de ¡vivan los Derechos Humanos!, pero con una práctica sumamente limitada y la ilusión de que lo que estamos haciendo es desarrollar derechos fundamentales.

REM: Esto que menciona, los cambios de adscripción, que desgraciadamente se han ido volviendo más frecuentes…

JRC: Sí, y la otra es la concentración que se generó con esta última reforma, la concentración de todos los asuntos de una determinada materia, rompiendo las condiciones generales de competencia como regla expresa. Me parece que lo vimos en el caso de los aeropuertos: la totalidad de los amparos, con suspensiones o no, se concentran en un juez, sobre el que se ejerce una presión política, social, económica, que acota la autonomía para dictar resoluciones. Tenemos además la amenaza de un proceso disciplinario, acusaciones de corrupción, de nepotismo, etcétera. Toda esa presión social para esa sola persona, como lo dijo el relator de Naciones Unidas, Diego García Sayán, nos afecta para el tema de independencia judicial.

El otro tema es efectivamente la posibilidad de cambio de adscripciones o de suspensiones u otras medidas disciplinarias. Se presta a la confusión de que todo está siendo corrupto: se ha llegado a hablar inclusive de la cultura del acoso como si esto fuera un elemento generalizado. Podrían surgir, pues, estos factores de gran presión sobre los jueces.

REM: Desde hace algunos años, usted ha sostenido que también los abogados postulantes tendríamos que llevar mejores argumentos ante los jueces para que las resoluciones contribuyan a generar un Estado de Derecho de un nivel mucho más avanzado de discusión, de análisis. ¿Cómo ve la situación en este momento?

JRC: Tengo la fortuna de tener amistad con el doctor José Sarukhán, con Julia Carabias, alguna relación tuve con Mario Molina, y de ellos aprendí esta idea de los espacios físicos grandes, la estratósfera, por ejemplo. De ahí acuñé un neologismo nomósfera que, obviamente, tiene un sentido social, pero también, un poco metafórico, de que hay una esfera del nomos como representación de las cosas.

El orden jurídico no es un bien que se mantenga, que se cuide por sí mismo: son los operadores los que lo cuidan. Pienso en cuando no teníamos la idea de que la tierra era un lugar para ser cuidado, que más bien parecía un espacio de conquista, hasta que un día nos dimos cuenta de que eso no podría seguir siendo así porque íbamos a generar efectos perniciosos que hoy vemos. En el derecho es lo mismo: si decimos “da igual qué tipo de normas se expiden, qué tipo de legislador tengo, qué tipo de jueces tengo, qué tipo de sentencia sale”, estamos cometiendo un gran error. Los abogados, los jueces, quienes participan en el mundo de la producción y aplicación de normas –no todos, por supuesto, hay gente muy seria– en muchas ocasiones se comportan depredando el propio orden jurídico y esto sí es uno de los defectos más grandes que tenemos: depredar al orden jurídico significa que un día ya no podrá proporcionar los servicios que nos da hoy.

REM: Hay muchos incentivos perversamente alineados…

JRC: Muchísimos: “el juez es tonto, ya veremos cómo le tomamos el pelo; ¿es corrupto?, ya veremos cómo le sacamos provecho”. Entonces todo el mundo empieza a jugar a “quítale esta parte para que quede una norma intencionadamente ambigua, después vemos”. Noto un deterioro en el orden jurídico: prácticas de corrupción, leyes peor redactadas, supuestos normativos muy ambiguos. Hay un desorden administrativo… es aquello ya un mundo muy abigarrado que no cumple ninguna función, que no genera orden, ninguna racionalidad, y eso lo estamos normalizando muchísimo.

REM: ¿Serviría un Ministerio de Justicia?

JRC: Creo que sí. Me gustaría por lo mucho que hacen otros países: los ministerios de Justicia tienen comisiones de codificación, no se trata de estar sacando leyes sin ton ni son, y presumir qué legislador presentó más iniciativas, como si se produjeran bienes. Ahí, hay problemas muy severos.

La parte que me gusta es esa comisión de codificación ¿Quién cuida a quien promulga la ley de quiebras?, ¿cómo va a ser la nueva legislación del derecho de familia?, ¿cómo vamos a ajustar los impuestos?, ¿el Código Fiscal es bueno o malo? El Ministerio de Justicia como garante de la nomósfera es una idea interesante.

REM: Usted también ha hablado de la necesidad de generar peritos expertos en las diversas ciencias que tuvieran una capacidad real de acudir de manera independiente a manifestar sus criterios…

JRC: En la Suprema Corte hubo grandes avances en eso. Se firmaron convenios de colaboración que fueron muy útiles con la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional. Cuando tuvimos algunos casos, sí nos dieron información importantísima. Puedo saber derecho, pero no tengo necesariamente la capacidad para entender el fenómeno físico químico sociológico respecto del cual me voy a pronunciar. En la presidencia del ministro Ortiz Mayagoitia se utilizó también el mecanismo de las audiencias públicas que son altamente útiles porque, otra vez, no se le va a preguntar al experto acerca del derecho, sino de los fenómenos fácticos que se van a resolver.

La otra cuestión es la del amicus curiae que me parece también de extraordinaria importancia porque ya sabemos que presenta información que ilumina de manera general el proceso decisorio. Son entradas laterales de información extraordinariamente importantes.

REM: El retrato del maestro Fix-Zamudio va a ser develado en El Colegio Nacional. ¿Qué significa en las circunstancias actuales una figura señera como la de don Héctor para las y los juristas del país? 2

JRC: El maestro Fix tuvo una característica central en su momento: impulsó una condición mucho más científica para el estudio del derecho.

Si vemos, una parte importante, sobre todo del derecho público, a mediados del siglo XX estaban expresándose la mayor parte de los constitucionalistas y de los administrativistas para favorecer el establecimiento, el mantenimiento, y sobrevivencia del régimen. El maestro Fix con enorme talento rompe toda esa mitología cuando analiza al juicio de amparo desde la teoría general del proceso, lo que aprendió con Niceto Alcalá-Zamora; explica porqué se produce el amparo, lo estudia como proceso, y pide que dejemos de verlo como símbolo patrio y comencemos a mirar a las garantías como los elementos que van a estar protegidos por el amparo, no más como la sangre derramada por los mexicanos en su lucha histórica.

La otra cosa que es bien interesante es que fue esa generación del maestro Fix la primera que formó en ciencias sociales académicos de tiempo completo. El maestro fue el primero en Jurídicas, don Pablo González Casanova, en Sociales. Me parece que son los primeros que empiezan a construir a finales de los 50, comienzos de los 60, esta idea.

Algo que también tenemos que reconocer muchísimo al maestro Fix, es todo el tema del derecho comparado, que deja de ser un conjunto de anécdotas para convertirse en un tema central que requiere método, ritmo y una gran cantidad de categorizaciones.
El maestro Fix convirtió lo que era el viejo Instituto de Derecho Comparado en Investigaciones Jurídicas, en un instituto muy potente, donde muchos de nosotros nos hemos formado. Yo estuve ahí varios años en la biblioteca y además fui asistente de investigación del maestro.

También mandó a mucha gente fuera. Es mi caso, me dijo “vete a Europa, para que conozcas otras cosas”, y yo se lo agradezco mucho.

Finalmente, una cuestión que no es menor y que a muchas personas les puede significar mucho, fue que supo decir: “yo tengo la vocación de académico y por ende no voy a aceptar cargos públicos”, como lo cuenta en su libro acerca de las ofertas que recibió en tiempos de Díaz Ordaz.

Alguna vez lo platiqué con el presidente De la Madrid, cuando ya no ocupaba el cargo, y me confirmó que el maestro no aceptó. Cuando tuve la oportunidad de colaborar con el presidente Zedillo, en la reforma del 94, envió a una persona para convencer al maestro Fix para que aceptara integrarse a la Corte, pero no quiso: no porque no hubiera podido, no porque no tuviera los merecimientos, sino que dijo: “Yo tengo una vocación de académico y voy a mantener mi vocación con un nivel socioeconómico diferente al que gana” un ministro y mantuvo su vida como la había planteado. Es una lección para muchos chicos y chicas que están definiendo vocación.

REM: Ha sido un placer. Solamente una petición más para una revista como Tiempo de Derechos que por sus fundadores, y señaladamente por don Sergio Salvador Aguirre, ha buscado siempre ver los problemas de la realidad social desde un prisma de dignidad humana, es decir haciendo valer el criterio pro dignitate. ¿Cómo le hacemos para traducir eso en ediciones que realmente sean útiles para que este prisma trasluzca?

JRC: Cuando me pidieron ustedes que hiciera una especie de oración fúnebre para el ministro Aguirre, destaqué que cuando convivimos en la Suprema Corte –fuimos compañeros de banca: él era el primer voto en el Pleno, yo el segundo– veía que él filtraba una parte muy importante del derecho desde sus creencias religiosas, desde su perspectiva moral, y no tenía ningún reparo en decirlo, y esto a mí me parecía que era extremadamente importante.

En algunos casos lo vi, no voy a decir lastimado, pero sí afectado porque no pudo lograr una votación en determinado sentido, porque no pudo convencer la valía e importancia del tema.

Creo entonces que lo primero que hay que hacer con una revista como esta es no disfrazarla: si es una revista que tiene un punto de vista jurídico definido determinado, pues hay que decirlo y lograr que se discuta también en esa clave.

A mí no me preocupa eso en absoluto, me parece estupendo. Uno tendrá la posibilidad de leer, de considerar los distintos elementos; pero lo que no puede ser es una revista vergonzante, pretendiendo hacer pasar los argumentos como lo que no son.

Hay que decir: “Nosotros tenemos una posición en la vida del mundo ante el derecho y es ésta y estamos dispuestos a discutirla y no nos avergonzamos de tenerla”. Yo creo que eso es lo que nos hace falta porque me parece que esa era una de las características de Sergio, no sólo lo admitía, lo aceptaba, y es agradable discutir con alguien que se define, que se ostenta y que sabe qué está discutiendo y de qué está discutiendo y para qué está discutiendo.

En cambio, lo que no me parece claro es decir: “Yo no tengo una posición ideológica”. Entonces, uno piensa, “eso no me queda claro, es más bien para irse acomodando”…

En los momentos que vivimos sí necesitamos que cada quien se coloque en la posición que quiera tener, pues para eso hay libertades de todo en nuestra Constitución y en el mundo que estamos tratando de construir.


1 Una versión completa de la segunda entrevista se halla en la página y redes sociales de la Revista. www.tiempodederechos.mx/entrevista-jose-ramon-cossio/

2 La entrevista con el Ministro Cosío se dio unas horas antes de la ceremonia.