La delicada excepción a los fallos del INAI

Juan Alberto Galván Trejo

Maestro en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, con especialidades en Derecho Penal y Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana y Licenciado por la Universidad Marista. Ha sido director general Jurídico de Cámara de Diputados y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

 

Todos los servidores públicos están obligados a garantizar el acceso a la información pública. Sólo la seguridad nacional puede justificar una negativa al ejercicio de este derecho, un criterio delicado del cual se puede abusar.

La tradicional división de poderes a nivel global ha venido sufriendo grandes transformaciones con el fin de brindar más herramientas democráticas a la ciudadanía para que incida en el rumbo de la nación.

En México, se han ido construyendo instituciones para que garanticen de manera específica los derechos fundamentales, particularmente aquellos que han venido reconociéndose en los últimos 50 años, lo que implica que poco a poco la actividad pública del Estado se ha ido delegando en órganos cuya autonomía e independencia reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Tal es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que en febrero de 2014 pasó de ser un órgano cuya competencia se limitaba a entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, a tener atribuciones a nivel nacional; es decir, se convirtió por disposición constitucional en el órgano cuyo principal objeto es garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en todo el país, conforme a lo dispuesto en el artículo 6o, fracción VIII, primer párrafo, de la CPEUM.

Al dotar de autonomía constitucional al Instituto se cumple a cabalidad el mandato previsto en el artículo 1o de la Constitución, conforme al cual las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; toda vez que, con ello, se promueve el respeto, la protección y la garantía de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales.

Nuestro régimen constitucional señala diversas excepciones al ámbito de acción del INAI. Así, es competente para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que formen parte de alguno de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y en general de todos aquellos que reciban o ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, pero con la excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El INAI, como órgano garante de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales tiene diversas atribuciones y facultades constitucionales y legales de las que se pueden resaltar que sus resoluciones son: vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, lo que significa que las autoridades no cuentan con medios de defensa para combatir las determinaciones del instituto, haciendo de este un órgano de última instancia. Esto no es así para los ciudadanos, quienes pueden acudir al Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo.

Lo anterior refleja la importancia que tiene el INAI como ente del Estado mexicano para que el poder revisor de la Constitución le otorgue la potestad de ser la máxima autoridad en la materia y que los entes públicos respeten los derechos tutelados en su artículo 6o; es por eso que debe reconocerse la función que desempeñan las comisionadas y comisionados del Instituto.

El INAI cuenta con la potestad para conminar a los sujetos obligados a entregar la información solicitada y estos deben acatar las determinaciones sin contar con ningún medio de defensa para que se revoque la resolución, con lo que se materializa la función garantista que tiene el Instituto siempre en defensa del derecho de acceso a la información.

La CPEUM establece un único supuesto de excepción a las resoluciones del INAI, plasmado en el apartado A del artículo 6o que señala:

“Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.”

El Constituyente Permanente consideró necesario conceder al Poder Ejecutivo Federal la posibilidad de que la SCJN revise las determinaciones del INAI sólo en el caso de que las mismas puedan poner en peligro la seguridad nacional, esta excepción confirma lo trascendente de la actividad del Instituto, pero también orilla a la reflexión sobre la discrecionalidad de la interposición de este recurso sui generis.

¿Qué aspectos deben señalarse en torno a este recurso de revisión?

En primer lugar, se trata de un recurso excepcional que sólo procede en el supuesto de que las determinaciones del INAI puedan poner en riesgo la seguridad nacional, por tal motivo no puede considerarse como una segunda instancia para el Ejecutivo Federal para combatir cuestiones de legalidad. En ese sentido, el Consejero Jurídico debe realizar un ejercicio analítico de las causas por las que esa resolución puede poner en peligro la seguridad nacional del país, cuestión que obliga a entender claramente ese concepto, ya que no puede bajo ninguna circunstancia negar el acceso a la información argumentando que es una cuestión de seguridad nacional, puesto que esta es la última razón justificada para tal negativa.

El citado párrafo del artículo 6o remite a la Ley de Seguridad Nacional, la cual en su artículo 3, fracción XII, define qué se entiende por seguridad nacional; en ese sentido es claro que no pueden “impugnarse” las resoluciones del INAI por parte de los sujetos obligados con la justificación de que las mismas ponen en peligro la seguridad nacional. Dicho numeral dispone puntualmente:

XII. Seguridad nacional: acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional.

La ley de la materia orienta sobre este concepto, el cual, para aplicarse en relación con el principio propersona, debe buscarse que no sea un obstáculo al derecho de acceso a la información, pero sí un elemento ponderativo para evitar poner en riesgo la seguridad nacional.

Atendiendo al principio de máxima publicidad, todos los entes del Estado deben transparentar y hacer accesible la información en su poder, con las excepciones que la propia ley determine, lo cual debe estar plenamente fundado y motivado por lo que no se puede evadir el cumplimiento de lo dispuesto por la CPEUM.

En segundo lugar, la norma constitucional referida remite a una ley secundaria los términos de la presentación, trámite y procedimiento del recurso de revisión que interponga el Consejero Jurídico del Gobierno, cuerpo normativo que a la fecha no ha sido expedido por el Congreso de la Unión por lo que las reglas procesales aplicables para la sustanciación de este medio de defensa seguirán lo que determinen las normas supletorias atinentes.

Si bien es cierto que el recurso de revisión mencionado no se trata formalmente de un medio de impugnación, sí debe contar con reglas claras para que la SCJN, el INAI y el Consejero Jurídico tengan igualdad de condiciones y sea nuestro máximo tribunal quien determine si la decisión del Instituto pone o no en peligro la seguridad nacional.

Como se puede observar y ante la posibilidad latente de que sean combatidas algunas determinaciones del INAI por considerar que las mismas ponen en peligro la seguridad nacional, será la SCJN quien determine, previo análisis de las expresiones del Consejero Jurídico y del análisis del acto impugnado, si la misma vulnera o no lo establecido en el artículo 6o constitucional.

Lo anterior es de suma relevancia para la transparencia y el derecho de acceso a la información, ya que a partir de lo que resuelva la SCJN quedará claro qué información debe reservarse por cuestiones de seguridad nacional, lo cual deberá ser en concordancia con lo dispuesto en la CPEUM, la ley reglamentaria y los precedentes del Poder Judicial para que sea como tal una causa que exceptúe el derecho y no lo restringa de manera generalizada.

Es claro el papel que juegan en la actualidad los órganos constitucionales del Estado mexicano como garantes de los derechos de los ciudadanos, es por eso que se deben fortalecer, previa evaluación en la que se señalen aciertos y errores con el objeto de lograr un mejor sistema de pesos y contrapesos.

Sin duda la actividad pública es perfectible si se detectan los hierros que se cometen y si se sancionan las conductas que lesionen o atenten contra los principios democráticos. Los actores políticos deben buscar este fortalecimiento institucional en virtud de los beneficios que los órganos constitucionales han generado a la sociedad mexicana.