Interpretación vs. uso de los textos jurídicos

José Rogelio Alanís García

Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Doctorando en Derecho y maestro en Derecho Procesal Constitucional por la UP, maestro en Derechos Humanos y democracia por la FLACSO y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana.

 

Con algunas bases de la teoría semiótica, es posible entender qué es la interpretación conforme y los límites que impone a los jueces en México. Una cosa es usar un texto para su goce, y otra reconstruirlo para interpretarlo.

En un régimen constitucional y democrático de Derecho, en cuyo centro se encuentra el respeto a los derechos fundamentales, es imprescindible un Poder Judicial independiente y legítimo. Ahora, dado que su legitimidad es garantía de su independencia y de que aquella no tiene asidero democrático, entonces será la racionalidad y justicia de las sentencias y resoluciones las que puedan ser fuente de ella.

Consideramos pertinente efectuar algunas consideraciones sobre el concepto de interpretación, desde una perspectiva semiótica (Eco 2005, Derrida 1979) y jurídica (Guastini 2008; Alexy 1993; Ezquiaga 1987).

Eco sostiene su teoría de la interpretación de textos en la definición de signo de Peirce1. En palabras de este último: “Un signo [en la forma de un representamen] es algo que se encuentra para alguien en lugar de algo en algún aspecto o capacidad. Esto provoca a alguien, es decir, crean en la mente de esa persona un signo equivalente, o tal vez un signo más desarrollado. Ese signo, que es creado, lo llamo interpretante del primer signo. Aquello en lugar de lo cual está el signo, es su objeto. El signo está en lugar del objeto no en todos los aspectos, sino en referencia al tipo de idea, lo cual algunas veces he llamado el fundamento del representamen” (Chandler 2007).

Dada la importancia del interpretante dentro de esa definición, es ineludible la participación del lector no sólo en la comprensión del texto, sino en su actualización y construcción.

En la medida en que debe ser actualizado, un texto está incompleto. Una palabra sigue siendo un sonido vacío, mientras no se le pone en correlación, por mediación de un determinado código, con su contenido establecido por convención: en este sentido, el destinatario se postula siempre como el operador (no necesariamente empírico) capaz, por decirlo así, de abrir el diccionario a cada palabra que encuentra y de recurrir a una serie de reglas sintácticas preexistentes con el fin de reconocer las funciones recíprocas de los términos en el contexto de la oración (Eco 2005).

Por tanto, la decodificación de un texto implica la competencia enciclopédica del destinatario, es decir, su conocimiento del campo semántico y de los contenidos expuestos en la obra. La obra se compone tanto de lo que allí está dicho, como de lo que se deja de decir: por ejemplo, cuando se narra una historia, no se cuentan todos los detalles con exhaustividad, ni se describen todas las características del escenario, de los objetos ni de los personajes, por lo que estos silencios requieren ser llenados por el lector.

En el caso del derecho, la calidad de la interpretación depende en buena medida de los conocimientos jurídicos del intérprete. El texto jurídico no es sólo lo que está expuesto en determinada fuente (v. gr. un artículo legal o constitucional), sino también de aquello que el texto presupone para su inteligibilidad (conceptos jurídicos de la dogmática y teoría jurídicas).

Esta necesidad de complementación del texto a cargo del lector, conlleva la de que el autor, al elaborarlo, genere estrategias que hagan más probables ciertas lecturas a cargo de aquél, en detrimento de otras, pues se parte del hecho de que la competencia del lector y del autor no coinciden necesariamente. Así, el texto se estructura mediante una selección del lector deseado o modelo. El texto postula y ayuda a producir a su lector modelo, así como éste formula al autor modelo (Eco 2005:77, 84 y 90).

De esta suerte, “texto” se define como “un producto cuya suerte interpretativa debe formar parte de su propio mecanismo generativo: generar un texto significa aplicar una estrategia que incluye las previsiones de los movimientos del otro, como ocurre, por lo demás, en toda estrategia” (Eco 2005:79); o como “un artificio sintáctico-semántico-pragmático cuya interpretación está prevista en su propio proyecto generativo” (Eco 2005:96).

Eco realiza una distinción crucial entre interpretación de textos y uso de estos. El lector puede usar libremente el texto y tomarlo como estímulo imaginativo, sin considerar su estructura ni la estrategia de selección del lector modelo o, bien, puede considerar esos factores. A lo primero se denomina uso y a lo segundo, interpretación. Sólo en el segundo hay, propiamente dicho, cooperación. “Hay que decidir si se usa un texto como texto para el goce o si determinado texto considera como constitutiva de su estrategia (y, por consiguiente, de su interpretación) la estimulación del uso más libre posible” (Eco 2005:86).

Con estas bases semióticas es posible entender lo que es la interpretación conforme. En primer lugar, se trata de una interpretación, es decir, de la actividad de un lector consistente en cooperar con las estrategias del texto interpretado, para reconstruirlo. Entonces, la interpretación implica que se tome en serio el texto objetivo, es decir, la manera en que aparece y está redactado. La interpretación no se reduce a los significados, sino que parte de la forma específica del plano de expresión del texto. La interpretación no sólo es semántica, sino también sintáctica y, en cuanto a que es una cooperación activa, es también pragmática.

Alexy distingue entre disposición y norma (1993:67). La primera es el plano de expresión de una norma y esta última es el significado. Su teoría de los derechos fundamentales descansa toda en esta distinción.

Todo derecho fundamental –sostiene– es soportado por una norma de derecho fundamental, mas no toda norma de derecho fundamental refiere a un derecho fundamental; por ejemplo, existen normas de derecho fundamental que no otorgan derecho subjetivo alguno (Alexy 1993: 47).

El pensamiento de Eco nos conduce a que todo texto normativo, considerado como plano de expresión de una norma, sólo puede válidamente ser interpretado (y no usado), si se considera la manera en que está redactado, pues allí se encuentran las estrategias empleadas por el autor para que se prefieran unas lecturas posibles sobre otras. Así, primero debe identificarse la forma en que aparece el texto, para después establecer los recorridos semánticos posibles, es decir, las normas que pueden encontrarse asociadas al texto.

Tanto la postura de Eco como la de Alexy llevan a que el significado de todo texto jurídico es inestable, en cuanto a que puede estar asociado a más de una norma posible, a más de una lectura posible. Labor de la interpretación será, entonces, determinar cuál de las normas posibles es la efectivamente asociada a determinado texto jurídico, conforme a las estrategias objetivamente relacionadas al texto para su reconstrucción.

La interpretación conforme parte de todo lo anterior. Es un tipo de argumento sistemático, específicamente de un argumento sistemático a cohaerentia conforme al cual se selecciona de entre las normas posiblemente asociadas a un texto, aquella posibilidad que no sea contraria a la interpretación de otras disposiciones, concretamente, las de la Constitución o de Derechos Humanos (Ezquiaga 1987:105). En este sentido también se encuentra la Primera Sala de la Suprema Corte, pues en la jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.)2 ha determinado que la interpretación conforme “es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto.”

Entonces, para realizar una interpretación conforme, (1) primero debe precisarse el texto a interpretar y, después, debe determinarse conforme a su redacción, cuáles son las normas posiblemente asociadas al texto, para lo cual ha de considerarse la estrategia de reconstrucción del texto objetivamente contenida en éste; (2) posteriormente, debe determinarse cuál es el marco de referencia para la selección de la norma efectivamente asociada, de entre las normas posiblemente asociadas al
texto, es decir, debe precisarse la interpretación previamente dada del texto constitucional o de Derechos Humanos relevante para el caso (para nuestros fines, el marco nacional o internacional de Derechos Humanos); (3) por último, debe establecerse cuál de las normas posiblemente asociadas al texto es compatible con el marco de referencia y, si varias lo son, cuál lo es en mayor medida.

Estos pasos de la interpretación conforme deben seguirse necesariamente, pues de lo contrario no se estará frente a una interpretación de un texto jurídico, sino ante su uso. Si un tribunal usa el texto, en vez de interpretarlo, su legitimidad será cuestionable. Si usa los textos, su legitimidad será más cuestionable que, de por sí, es el hecho de atribuirle la facultad de interpretación (Linares 2008: 99-145).

El artículo 1 constitucional mexicano establece la existencia de un bloque de constitucionalidad, de tal forma que es parte integrante de nuestra Ley Suprema, no sólo los textos expresamente consignados en ella, sino también los textos de los diversos tratados internacionales que tengan disposiciones de Derechos Humanos (Caballero 2009:167; Uprimny 2008:30-33). Por tanto, la interpretación de las disposiciones internacionales de Derechos Humanos es, junto con la interpretación de las disposiciones constitucionales nacionales sobre la misma materia, el parámetro o marco de referencia para la selección de la norma efectivamente asociada a cualquier texto constitucional o legal del país.

La interpretación conforme a la Constitución se impone como un elemento condicionante para la constitucionalización del sistema jurídico (Guastini, 2006:56). Así, la interpretación conforme es un canon de interpretación constitucional que ha constituido una autorrestricción para los jueces, en el ejercicio del control constitucional de la norma, para tratar de salvar el ordenamiento jurídico y el impacto que puede ocasionar al sistema la declaratoria de inconstitucionalidad correspondiente, aun cuando sea con efectos para el caso concreto.

En suma, estimamos que, para abonar a la legitimación e independencia judiciales, imprescindibles en un régimen constitucional y democrático de Derecho, se requiere que los jueces ciñan su actuación a interpretaciones de los textos cuya validez y justicia son asumidos por los justiciables, de tal forma que ha de evitarse el uso del texto.


1 “La obra de Peirce, más que la de muchos autores posteriores, proporciona la junta cardánica capaz de articular una semiótica del código con una semiótica de los textos y de los discursos”. Lector in Fabula, op. cit. p. 72.

2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 239. Registro: 2014332.

BIBLIOGRAFÍA

1. ALEXY, Robert (1993). Teoría de los derechos fundamentales, trad. de Ernesto Garzón Valdés, C.E.C., Madrid.
2. Alonso García, Enrique, (1984). La Interpretación de la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
3. Caballero Ochoa, José Luis, (2009). La Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a los tribunales nacionales. Algunas reflexiones sobre el caso mexicano” en García Ramírez, Sergio y Castañeda Hernández, Mireya, Recepción nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Admisión de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana. UNAM-SER-Corte IDH, México.
4. Chandler, Daniel (2007). “Semiotics. The basics”, Taylor & Francis Group, Nueva York, 2a. ed. 2007.
5. Eco, Umberto (2005). “Lector in fabula”, Lumen, Barcelona, 5a ed., p. 43. Traductor: Ricardo Pochtar.
6. Ezquiaga Ganuzas (1987). “La argumentación en la justicia constitucional española”, Instituto Vasco de Administración Pública, 1987.
7. Guastini, Ricardo, (2006). La constitucionalización del ordenamiento jurídico, en Neoconstitucionalismo (s), ed. Carbonell, M. UNAM y Trotta. México, 3a edición.
8. _______________(2008). “Teoría e ideología de la interpretación constitucional”, Trotta, Madrid, 2008. Título original “Teoria e ideología dell’in-terpretaciones constituzionale”. Traductor: Miguel Carbonell.
9. Tesis P. LXIX/2011(9a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1: 552.
10. Tesis P. LXVII/2011(9a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1: 535.
11. Uprimny Yepes, Rodrigo. 2008, Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y proceso penal, Consejo Superior de la Judicatura, Colombia.