Interpretación Conforme

Paulo Arturo Flores Tello

 Abogado por la Universidad de Guadalajara y Maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana campus Santa Fe.

 

Caso: Amparo en Revisión 7326/2017
Órgano Jurisdiccional: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado

 

El caso:

  1. El 21 de diciembre de 2012, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), publicó la Convocatoria del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2013, en la que Integra Soluciones Informáticas, S.A. de C.V. (Integra), presentó su propuesta de proyecto, la cual fue aprobada.
  2. El 12 de julio de 2013, ambas partes suscribieron electrónicamente el Convenio de Asignación de Recursos, con lo cual dio inició la relación contractual entre ambas.
  3. El 13 de junio de 2014, el Conacyt requirió a Integra la devolución de recursos cuya comprobación no fue aceptada.
  4. El 2 de septiembre de 2014, Integra presentó demanda civil ordinaria en contra del Conacyt, para obtener la aprobación de la comprobación de gasto de los recursos asignados en virtud del Convenio de Asignación de Recursos. Esta demanda fue turnada al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del, entonces, Distrito Federal.
  5. El Conacyt dio contestación a la demanda y reconvino por el reintegro de las cantidades cuya comprobación no fue aprobada, además de los intereses legales y los gastos y las costas del juicio.
  6. El 31 de enero de 2017 el Juez de Distrito absolvió al Conacyt y condenó a Integra al reintegro de las cantidades cuya comprobación no fue aprobada.
  7. Integra interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. El recurso fue turnado al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, el cual declaró desierto el recurso puesto que el escrito de expresión de agravios fue presentado fuera del término establecido en el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En contra de esta determinación, Integra interpuso recurso de revocación, sin embargo, el Tribunal Unitario confirmó su resolución.
  8. Integra promovió juicio de amparo directo en contra de esta determinación. Este amparo fue turnado al Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito. En su demanda de amparo Integra hizo valer el siguiente agravio:
  • El artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Civiles es inconstitucional pues es contrario a las garantías de debido proceso y audiencia contenidas en el artículo 14 constitucional, y acceso a la justicia, tutelada por el artículo 16 de la Constitución. Esto por las siguientes razones:
    • No confiere un plazo razonable para la continuación del recurso, puesto que otorga el mismo término para la expresión de agravios en contra de un acuerdo o una resolución definitiva, siendo que esta última es más compleja.
    • Vulnera el principio de “a igual razón, igual disposición” pues el artículo sí establece un término diferenciado para la interposición del recurso en contra de acuerdos y resoluciones definitivas, sin embargo, no existe diferencia en el término para la continuación del recurso.
    • El Código de Comercio sí confiere plazos diferenciados entre ambos supuestos.
  1. El Tribunal Colegiado consideró ineficaces los argumentos de Integra, por considerar que no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales. Esto, puesto que el propio artículo 17 constitucional supedita el derecho al acceso a la justicia a que se ejerza en “los plazos y términos que fijen las leyes”, lo cual responde a la exigencia razonable de ejercer los derechos procesales en lapsos determinados.

Así, el Tribunal Colegiado menciona que: “el plazo establecido en el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Civiles para la continuación del recurso de apelación, no es contrario a la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, atento a que no se aprecia que se erija en un obstáculo excesivo, formalista o desproporcionado para el ejercicio del medio de impugnación en cuestión…”

Para arribar a tal conclusión, el Tribunal Colegiado refiere que si bien es cierto que el artículo 243 otorga 3 días para la expresión de agravios, el artículo 241 otorga 5 días para la interposición del recurso, es decir, a partir de que la resolución es notificada a la parte, ésta cuenta con 8 días hábiles para formular sus agravios.

  1. Integra interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo directo. El recurso de revisión fue remitido a la Primera Sala y por turno fue enviado a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz.

En su recurso, Integra arguyó que los principios pro persona y pro acción debieron haber llevado al Colegiado a interpretar la ley de manera favorable al particular, de tal manera que fuera más efectivo el derecho de acceso a la justicia.

  1. Para la resolución del recurso de revisión, el Ministro ponente planteó la siguiente interrogante:
  • ¿Entre la posición de la quejosa recurrente y la del Tribunal Colegiado de Circuito, cabe la aplicación de la técnica de interpretación conforme y del principio pro persona?
  1. La resolución responde de la siguiente manera:

No, conforme a la Primera Sala las posiciones opuestas de Integra y el Tribunal Colegiado no dan lugar a la interpretación conforme y al principio pro persona.

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Para arribar a esta conclusión, la Primera Sala ofrece los siguientes argumentos:

  • El artículo 1 de la Constitución establece que las normas de Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.
  • El principio pro persona implica que se debe acudir a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente cuando se trata de restringir el ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria, por lo tanto, ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, se debe optar por la que protege los derechos en términos más amplios.
  • La interpretación conforme es una técnica hermenéutica de carácter constitucional mediante la cual, previo a declarar la inconstitucionalidad de una norma, se agotan todos sus significados posibles para encontrar alguno compatible con la Constitución. A través de esta técnica, sólo son declaradas inconstitucionales las normas francamente incompatibles con la Constitución.
  • El principio pro persona y la interpretación conforme obligan a maximizar esta última en los casos en los que dicha interpretación permita garantizar la efectividad de los derechos fundamentales.
  • Un presupuesto indispensable para que estos principios puedan aplicarse es que la asignación de un sentido o significado a una norma sea fruto de una interpretación válida, es decir, que el significado otorgado a la norma no sea caprichoso o falso, sino que sea producto de la aplicación de algún método de interpretación jurídica.
  • Lo anterior implica que con la interpretación conforme no pueden ser asignados a una norma significados que no son plausibles, pues en ese caso se estaría sustituyendo la regla interpretada.
  • En este caso, lo sostenido por Integra en el sentido de que debe interpretarse, conforme a los principios citados, que el plazo para la expresión de agravios es de 5 días y no de 3 como lo establece el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no es en sí una interpretación del citado artículo.
  • Esto, puesto que lo argumentado por Integra en el sentido de que el término para presentar los agravios debería de ser igual al de la presentación del recurso de apelación, es decir, 5 días hábiles, no es resultado de la aplicación al artículo impugnado de ninguno de los métodos de interpretación jurídica, sino una pretensión de cambiar el plazo establecido en dicho artículo.
  • Mientras tanto, lo resuelto por el Tribunal Colegiado es el resultado de la interpretación sistemática de los artículos 241, 242, 243 y 244 del Código Federal de Procedimientos Civiles. A través de dicha interpretación el Tribunal Colegiado arribó a la conclusión de que los recurrentes cuentan con 8 días hábiles para formular sus agravios en el recurso de apelación y no sólo los 3 días que menciona el artículo 243.
  • En ese sentido, el artículo impugnado no admite otra acepción respecto al plazo para presentar los agravios, por lo que los principios pro persona y de interpretación conforme no llevan a considerar un término diferente para la continuación del recurso de apelación.
  • Por lo tanto, no es posible aplicar el principio pro persona puesto que la norma no presenta dos significados diferentes entre los cuales escoger el que mayor cobertura otorga al derecho al acceso a la justicia.
  • En consecuencia, la Primera Sala determinó confirmar la sentencia recurrida. 

Colofón

El 10 de junio de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. Dentro de las novedades que dicha reforma introdujo a la Constitución se encuentra la adición de 4 párrafos al artículo primero de la Constitución.

El primero de los párrafos adicionados, el segundo del artículo, menciona lo siguiente:

“Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

Con esta adición el Poder Constituyente incluyó en el texto el concepto de “interpretación conforme” y trajo con ello una práctica forense reiterada de solicitar el ejercicio de dicha técnica en los juicios de amparo.

Según el Doctor Pedro Antonio Enríquez Soto[1], el principio de interpretación conforme tiene su origen en “el voto formulado por el justice Samuel Chase, en el caso Hylton vs. United States en 1796, quien expresó: ‘si la Corte tiene tal poder de declarar la inconstitucionalidad, soy libre de declarar que nunca lo ejerceré si no se trata de un caso muy claro’”.

Asimismo, en el mismo artículo el Doctor Enríquez Soto cita al Juez Marshall, quien mencionó: “la conformidad de una ley con la Constitución debía decidirse en sentido afirmativo en un caso dudoso, pues no sobre leves implicaciones y vagas conjeturas debe pronunciarse que la legislatura trascendió sus poderes, sino sólo cuando el juez sienta una clara y fuerte convicción sobre la incompatibilidad entre la Constitución y la ley”.

En nuestro país, el Semanario Judicial de la Federación arroja 321 resultados ante la búsqueda de la frase “interpretación conforme”. De dichos resultados, la tesis más antigua que se refiere al tema corresponde a la Novena Época, registro 180906, tesis: XVII.2o.C.T.14 K, con rubro:

 

DERECHO DE PETICIÓN. AUN CUANDO EN LA DEMANDA NO SE HAYA SEÑALADO EXPRESAMENTE VIOLACIÓN A DICHA GARANTÍA, ATENTO EL PRINCIPIO DE «INTERPRETACIÓN CONFORME», EL JUEZ AL RESOLVER DEBE APLICAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL.

Por el contrario, la tesis más reciente sobre el tema es la resultante al caso que aquí se resume, dicha tesis es la siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2018696

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h

Materia(s): (Constitucional)

Tesis: 1a. CCLXIII/2018 (10a.)

INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO. Conforme al principio pro persona, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Este principio se relaciona con la interpretación conforme, por la cual, antes de considerar inconstitucional una norma jurídica, deben agotarse todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de ser posibles varias interpretaciones de la disposición, debe preferirse la que salve la aparente contradicción con la Norma Fundamental. En ese sentido, un presupuesto indispensable para que esas técnicas hermenéuticas puedan aplicarse es que la asignación de significado a la norma jurídica sea fruto de una interpretación válida, es decir, la derivada de algún método de interpretación jurídica, ya sea el gramatical, el sistemático, el funcional, el histórico o algún otro. Así, la interpretación conforme o la aplicación del principio pro persona no puede realizarse a partir de atribuir a la norma un significado que no tiene conforme a alguno de los métodos de interpretación jurídica, porque en ese caso, la norma sujeta a escrutinio ya no será la misma, sino que habría sido cambiada por otra.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 7326/2017. Integra Soluciones Informáticas, S.A. de C.V. 16 de mayo de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

[1] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932015000100004