Inclusión, ius commune y justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia interamericana. El caso Lagos del Campo y los nuevos desafíos

 

Alfonso Herrera García

Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Twitter: @jAlfonsoHerrera

 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; Morales Antoniazzi, Mariela; y Flores Pantoja, Rogelio (coords.)

México, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2018, 402 págs.

Ha sido lugar común ubicar a los derechos sociales como uno de los más sensibles pendientes del constitucionalismo latinoamericano. Hace un par de años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia condenatoria en contra del Perú en el caso Lagos del Campo. Es una decisión trascendental en esta materia porque implica un punto de quiebre en sus 40 años de jurisprudencia al haber reconocido la justiciabilidad plena y directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) a partir de la Convención Americana.

Dicha conclusión no deja de ser polémica si consideramos que el artículo 26 de la Convención reconoce la obligación de los Estados parte en términos de un “desarrollo progresivo” de esos derechos. La Corte opta por una interpretación evolutiva del precepto para descartar un sentido meramente “programático” y dotarle de justiciabilidad. Esas premisas le permiten determinar la violación al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de la víctima en ese caso.

En este libro, los coordinadores se propusieron reunir un conjunto de estudios que dieran cuenta de ese inédito estado de la cuestión. En el marco de una doctrina que ya es conocida como del “constitucionalismo transformador”, las expertas y expertos convocados aportan construcciones doctrinales, primero en torno al concepto de “inclusión” para la tutela de la igualdad estructural; y segundo, sobre el desarrollo de los DESCA en el sistema interamericano de Derechos Humanos, justamente a propósito del caso Lagos del Campo.

Merece la pena reflexionar a estas alturas de nuestra evolución jurídica el grado efectividad de los DESCA y cómo su protección puede coadyuvar a la disminución de la desigualdad estructural que históricamente ha caracterizado a la región latinoamericana. Los tribunales pueden no ser las sedes institucionales ideales para generar políticas públicas. Pero ello no les impide ser consecuentes con la protección efectiva de los derechos sociales en casos concretos en los que se demuestra su violación.