Fraser Guideline

Paulo Arturo Flores Tello

Abogado por la Universidad de Guadalajara y Maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana Campus Santa Fe.

 

Caso: Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority and another.
Órgano Jurisdiccional: House of Lords.
Integrantes: Lord Fraser of Tullybelton; Lord Scarman; Lord Bridge of Harwich, Lord Brandon of Oakbook and Lord Templeman.

 

Antecedentes:

La autonomía de los menores de edad es un tema que ha sido abordado de manera recurrente por los tribunales alrededor del mundo. De hecho, existen casos paradigmáticos que son abordados en prácticamente todos los cursos de argumentación jurídica. Uno de estos casos es el del Niño Marcos, el cual sirve para analizar la ponderación entre el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la salud.

En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hace algunos días la acción de inconstitucionalidad 22/2016, en la que declara inconstitucional el matrimonio infantil. Tan sólo en la décima época, la Suprema Corte ha emitido 26 criterios reflejados en tesis aisladas y jurisprudencias, que van desde el derecho de los niños a tener un nivel de vida adecuado, hasta la regulación del principio del interés superior de la niñez.

Si bien el análisis de estos criterios recientes se antojaba natural para abordar la temática de este número, he decidido abordar una sentencia emitida en el año de 1985, que dio lugar a un criterio relevante sobre los derechos de las niñas menores de 16 años a decidir sobre su atención médica y que hoy en día sigue vigente en Gran Bretaña y ha sido asumido en Australia y Canadá.

 

El Caso:

En diciembre de 1980, el Departamento de Salud y Seguridad Social (DHSS, por sus siglas en inglés) del Gobierno británico emitió una guía de atención que, entre otros temas, abordaba los servicios de planeación familiar en menores de edad. Dentro de las disposiciones de la guía fue establecido que en algunos casos excepcionales los médicos podrían prescribir anticonceptivos o asesoría sobre aborto a niñas menores de 16 años sin que fuese necesario el consentimiento de sus padres.

A la fecha en la que la guía fue emitida, las cuatro hijas de Victoria D.M. Gillick eran menores de 16, posteriormente nacería su quinta hija. La posibilidad de que les fueran prescritos anticonceptivos a sus hijas o que se les informara sobre el aborto sin necesidad de que ella o su marido dieran su consentimiento, la llevó a presentar una carta en la que prohibía expresamente a cualquier miembro del staff médico en Norfolk a realizar tales actos.

Además, Victoria Gillick acudió a los tribunales para impugnar la guía emitida por la DHSS. La impugnación presentada por Gillick argumentaba esencialmente lo siguiente: 1) Sus derechos parentales debían ser protegidos de cualquier invasión que no proviniera de los tribunales; 2) el tratamiento otorgado sin el consentimiento de los padres constituía un caso criminal, y 3) una menor de 16 años no cuenta con la capacidad para otorgar su consentimiento a recibir el tratamiento.

El procedimiento judicial buscaba que los tribunales realizaran las siguientes declaraciones:

  • La guía afecta el bienestar de las hijas menores de 16 años de la recurrente y hacen nugatorios sus derechos de madre respecto de ellas.
  • Ningún médico o profesional de la medicina podrá prescribir anticonceptivos o dar tratamiento o asesoría respecto al aborto a las hijas de Victoria Gillick sin el consentimiento de ella o de su esposo.

En la primera instancia, la solicitud de Gillick fue rechazada, por lo que apeló dicha determinación. En la segunda instancia, la Corte de Apelaciones concedió lo solicitado por Gillick, lo que llevó a la DHSS a apelar dicha determinación ante la Cámara de los Lores.

Al momento de resolver la cuestión planteada ante ellos, los cinco lores emitieron su opinión respecto a diversos aspectos del caso. No obstante, la opinión de Lord Fraser of Tullybeton contiene los principales argumentos del fallo.

 

Lord Fraser of Tullybelton:

En la redacción de su opinión, Lord Fraser resaltó que ninguna de las hijas de Gillick había buscado atención médica en materia de planeación familiar, así como que el entorno familiar de las niñas era normal y feliz. Además, hace mención que el padre de las niñas apoyaba a su esposa en el trámite judicial aunque no había promovido la impugnación junto con ella.

Para este integrante de la Cámara de los Lores, la cuestión a resolver en este caso consistía en determinar si un médico podía o no prescribir anticonceptivos o tratamientos de planificación familiar a una menor de 16 años sin el consentimiento de sus padres.

Al respecto, recordó que al declarar ilegal la guía emitida por la DHSS, la Corte de Apelaciones reconoció que mediante orden de un tribunal competente se podría dar tratamiento a una menor de 16 años sin el consentimiento de sus padres.

En ese sentido, Lord Fraser consideró que la excepción establecida por la Corte de Apelaciones era impráctica, pues llevaría inevitablemente a vulnerar la confidencialidad del tratamiento a prescribir, además de que acudir a los tribunales implicaría gastos y pérdida de tiempo. Ante ello, Lord Fraser consideró otras circunstancias en los cuales estaría permitido prescribir el tratamiento en las condiciones mencionadas.

Así, Lord Fraser menciona que en aquellos casos en el que los padres de la menor han incumplido de manera deliberada con todas sus obligaciones parentales, no les debe estar permitido “salir de las sombras” con la única y exclusiva misión de evitar que su hija reciba tratamiento anticonceptivo o se practique un aborto.

Para resolver el caso, Lord Fraser plantea tres interrogantes:

  1. ¿Una menor de 16 años tiene capacidad legal para dar su consentimiento y recibir tratamiento anticonceptivo o abortivo?

Al inicio de la respuesta a este interrogante, Lord Fraser menciona que de establecerse que las menores de 16 años no tienen capacidad legal para dar su consentimiento para recibir tratamiento anticonceptivo y/o abortivo, cualquier examinación o tocamiento realizado por el médico constituiría asalto sexual.

Asimismo, menciona que las leyes relacionadas con el sistema de salud no prohíben a los menores de 16 años solicitar servicios médicos por sí mismos, sin que se haga distinción entre los servicios de planificación familiar y el resto de los servicios médicos.

Al respecto, el Lord ilustra que no es necesario el consentimiento de los padres para que un menor de 16 años acuda a examinación médica ante una lesión menor o, incluso, ante la fractura de un brazo. De igual manera, menciona que no en todos los casos los padres de los menores de edad estarán disponibles de manera inmediata, por lo que bastará con que el menor comprenda el tratamiento que se le propone para que éste pueda dar su consentimiento.

Por ello, la respuesta a este interrogante es que no existe disposición alguna que establezca que una niña menor a 16 años carece de capacidad legal para otorgar su consentimiento a un tratamiento anticonceptivo.

 

  1. ¿Dar tratamiento y consulta anticonceptiva a una menor de 16 años sin el consentimiento de sus padres viola los derechos de éstos?

Para Lord Fraser, los derechos de los padres respecto de los hijos existen para beneficio de éstos últimos y no de los primeros. Por lo tanto, aceptar la pretensión de Gillick implica reconocer que los padres son siempre los mejores jueces para determinar qué es lo más conveniente para sus menores hijas.

En ese tenor, Lord Fraser considera que en algunas ocasiones serán los médicos quienes podrán tener mejor juicio sobre las necesidades médicas reproductivas de las menores. Para ejemplificar lo anterior, Lord Fraser refiere que muy difícilmente los jóvenes comparten su vida sexual con sus padres o guardianes, por lo que no recibir el tratamiento adecuado les expone al embarazo y las enfermedades de transmisión sexual.

Ante esto, Lord Fraser considera que la guía es legal, pues dicta que sólo en casos excepcionales podrá el médico prescribir tratamiento o dar consulta anticonceptiva a una menor de 16 años sin el consentimiento de sus padres, es decir, la guía no faculta a los médicos a dar ese tipo de atención en todos los casos, sino sólo en aquéllos que su juicio los haga considerar que es necesario; en el resto de las ocasiones, se buscará contar con el consentimiento de los padres e incluso el médico deberá tratar de convencer a la paciente para que le informe a sus papás.

La respuesta a esta interrogante termina con una guía sobre en qué casos está permitido dar el tratamiento mencionado a mujeres menores de 16 años, esto es cuando:

  • La menor debe ser capaz de entender el consejo médico que se le dará.
  • No pudo ser persuadida de informar a sus padres de que está buscando tratamiento anticonceptivo.
  • Es muy probable que la menor comience a tener relaciones sexuales o continúe teniéndolas, con o sin métodos anticonceptivos.
  • Sin el tratamiento anticonceptivo sea probable que sufra un menoscabo a su salud.
  • Es en el mejor interés de la menor el recibir tratamiento anticonceptivo.

Estos criterios constituyen la Fraser Guideline para la prescripción de tratamiento anticonceptivo a menores de 16 años sin el consentimiento de sus padres.

  1. ¿Son responsables penalmente los médicos que prescriben anticonceptivos o tratamiento de planificación familiar a una menor de 16 años sin el consentimiento de sus padres?

Para Lord Fraser esta cuestión es irrelevante para el fondo del caso. Esto dado que la comisión de un acto criminal en contra de la menor no dependerá del consentimiento que otorguen o dejen de otorgar sus padres, sino de la conducta desplegada por el médico.

Así, si el profesional de la medicina otorga el tratamiento y lo que él conlleva con la finalidad de ayudar a su paciente, no habrá cometido delito alguno. Por el contrario, si sus actos son delictuosos, el consentimiento de los padres no lo eximirán de su responsabilidad penal.

Por su parte, Lord Scarman se adhirió al criterio expresado por Lord Fraser y aunó en el sentido de que los derechos de los padres para ser informados y decidir sobre el tratamiento anticonceptivo de sus hijas menores a 16 años concluye una vez que la menor adquiere pleno entendimiento y la inteligencia necesaria para comprender el tratamiento que se le propone y sus circunstancias.

En los casos en los que no pueda considerarse que la menor tiene la inteligencia necesaria para entender el tratamiento que se le propone, el médico podrá prescribirlo cuando se encuentre ante un caso de emergencia, negligencia u abandono parental.

Por su parte, Lord Bridge of Harwich manifestó su conformidad con lo expresado por Lord Fraser y Lord Scarman, sin realizar una contribución diferente al caso. Mientras que Lord Brandon of Oakbook manifestó que la prescripción de anticonceptivos a una menor de 16 años es ilegal dado que fomenta la comisión del delito de violación, pues así está considerado el tener relaciones sexuales con mujer de ese rango de edad.

Por último, Lord Templeton manifestó su desacuerdo con conceder a las menores de 16 años la capacidad para consentir el recibir tratamiento anticonceptivo, además de considerar que la discrecionalidad otorgada a los médicos para decidir cuándo es procedente prescindir del consentimiento de los padres es ilegal.

Aún así, consideró que en casos excepcionales los profesionales de la salud podrán prescribir dichos tratamientos, pero deberán buscar inmediatamente a los padres o a las autoridades, según sea el caso, para que los primeros ejerzan sus derechos parentales o las segundas actúen ante la posible comisión de un delito.

 

Corolario:

Al final, la apelación de la DHSS fue aprobada por mayoría, por lo que se sostuvo la legalidad de la guía para la atención de menores de 16 años en aspectos relativos a la salud reproductiva.

Tanto la opinión de Lord Fraser como la de Lord Scarman tienen como base la excepcionalidad de las medidas, así como el derecho de las menores de 16 años a opinar sobre los tratamientos médicos que reciben, sea cual sea su naturaleza. La resolución reconoce que en un caso normal u ordinario será necesario el consentimiento de los padres para obtener el tratamiento anticonceptivo, pero también establece que no en todos los casos será necesario por no ser posible o deseable.

En esos casos excepcionales, sugiere la resolución, se deberá respetar la voluntad de la menor y sólo el médico podrá negar el tratamiento por razones de esa naturaleza.

Desde mi punto de vista, si en circunstancias excepcionales (urgencia, negligencia o abandono de los padres) se permite a las menores de 16 años solicitar tratamiento anticonceptivo por ser lo suficientemente maduras e inteligentes para comprender el tratamiento propuesto, no existe razón alguna para negarles el mismo derecho a quienes sin estar en esos casos excepcionales tienen el nivel de madurez e inteligencia exigido en los otros casos.

No obstante, la Fraser Guideline sigue siendo utilizada hoy en día, lo que sugiere el éxito en su aplicación.