Ética y responsabilidad de jueces y fiscales

Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático en Derecho Administrativo. Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

 

Cuando una persona física revestida de una posición pública, como puede ser un juez, intenta desconectar su acción de las consecuencias, se puede gestar una acción de impunidad cuyos costos recaen en el patrimonio Estado.

En este tiempo de pandemia el virus está poniendo a prueba los fundamentos del edificio democrático. Un edificio que se tambalea bajo la fuerza arrolladora de un omnímodo poder, público y privado, que se lleva por delante las señales de identidad de un sistema político y de una forma de gobierno que con el paso del tiempo han sido vaciados de contenido hasta haberlos convertido en meras formas que el poder maneja a su antojo.

Las razones de tal situación son claras y evidentes. No se han fortalecido los contrapesos, se han tolerado formas de control formales, la participación ciudadana se desnaturaliza, los partidos políticos, al menos en Europa, se convierten en agencias de colocación y en dominadores de todos los resortes del poder hasta licuar esa separación que antaño era una de las bases del sistema. Por eso, ahora, en plena ofensiva del totalitarismo sutil y con piel de cordero que nos desgobierna en tantas latitudes, es menester la urgente convocatoria a renovar los basamentos de la democracia, a recuperar los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho.

Efectivamente, se trata de restaurar un maltrecho sistema político repleto de quiebras por doquier. En los fundamentos, en la estructura y también en los mismos complementos del edificio. En el fondo, la crisis en la que estamos inmersos precisa recuperar los pilares básicos de la filosofía democrática: la efectiva participación de los ciudadanos en los asuntos de interés general y en el control sobre del poder. En este sentido, la función judicial precisa de recobrar su función primigenia para constituir un poder independiente que garantice que las controversias se resuelvan con arreglo a la justicia y al derecho, por lo que quienes integran este poder del Estado han de renovar su compromiso con la suprema tarea constitucional que tienen encomendada.

Decían los latinos, con gran acierto, que sin justicia no puede haber paz entre los hombres. En efecto, sin la conciencia clara de que en caso de contienda o controversia resplandecerá lo que a cada quien le corresponde, lo que se merece, a lo que tiene derecho, la convivencia pacífica y armónica a la que aspiramos se convierte, sin gran dificultad, en una selva en la que la ley del más fuerte prevalece. Por eso, cuando los institutos sociológicos o los sondeos nos muestran la opinión general de la ciudadanía hacia la justicia, se constata que algo va mal –para algunos muy mal– en el seno del Poder Judicial, que es menester, primero, identificar y, después, corregir o rectificar.

El derecho, bien lo sabemos los que a él nos dedicamos, tiene una vinculación permanente y radical con la justicia. Hasta tal punto que el denominado Estado de Derecho se apoya, fundamental- mente, sobre el primado de los derechos fundamentales de las personas, uno de los cuales es el derecho a la justicia, el derecho a que un juez independiente resuelva las controversias con arreglo a la ley y al derecho. Ley y derecho que, aunque debieran ser las dos caras de la misma moneda, con no poca frecuencia se nos presentan, por la tiranía de las mayorías de la que hablaba Tocqueville, como dos mundos no sólo independientes, sino también, no pocas veces, en franca oposición. Por eso, en cuanto de reflexionar sobre la justicia y el Poder Judicial, no podemos olvidar que la matriz política-cultural del Estado de Derecho, que se funda sobre el principio de juridicidad, sobre la separación de los poderes y sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, debe ser permanentemente en el frontispicio de la actividad cotidiana de la justicia misma.

En efecto, la justicia debe realizarse en este marco ético-jurídico en que consiste esencialmente el Estado de Derecho. Un marco ético-jurídico que siempre puede mejorar y que en un momento en el que pareciera que la fuerza, la arbitrariedad y la codicia dominan las relaciones sociales, debe brillar con luz propia. Para que eso sea así, es necesario e imprescindible el compromiso del juez con la verdad y la justicia. Con la verdad que debe encontrar en el marco del proceso desde el más pleno respeto a los derechos de quienes en él intervienen. Y con la justicia porque si el juez, no digamos ya el instructor, se conduce al margen de la búsqueda infatigable de la verdad por vincularse a fines inconfesables, entonces se lesiona, y de qué manera, el derecho fundamental a la justicia del que disponemos todos los seres humanos por ser inherente a nuestra dignidad personal.

El juez debe buscar y mostrar la ver- dad de forma infatigable. La justicia, dice un viejo jurista, normalmente está en el proceso. Lo que hay que hacer es trabajar con constancia y esfuerzo has- ta encontrarla y mostrarla. Cuando así acontece, se impone por sí misma y entonces la justicia, inseparable com- pañera de la verdad, despliega su virtualidad sin especiales problemas. Los problemas aparecen cuando en lugar de la dedicación exclusiva a la investigación de la verdad, se lesionan derechos inalienables de las personas. Es el caso, por ejemplo, de aquellas detenciones que se practican por orden de un juez con la única finalidad de obtener determinadas informaciones relevantes para el proceso. Pensemos por ejemplo en la calificación que merece la detención provisional de una persona durante varios días a la que se practican interrogatorios cercanos a la tortura, al menos psicológica, con el fin de arrancar determinadas declaraciones predeterminadas. El juez que trabaja la instrucción a fondo, que es sensible a los derechos de los actores en el proceso, que vela por la presunción de inocencia y guarda la razonable discreción sobre sus pesquisas, es muy probable, por no decir seguro, que discurre por el buen camino y podrá suministrar elementos seguros para la resolución adecuada del conflicto de que se trate.

En el caso de los fiscales, la iniciación de la función acusadora, cuando no hay indicios racionales, y ha de archivarse por ausencia de motivación, es otra práctica que en ocasiones se realiza para amedrentar a determinadas personas. Tanto en estos supuestos, como en el de las instrucciones recibidas por los superiores jerárquicos para actuaciones de este jaez, deben dejar de gozar de la irresponsabilidad. En el Estado de Derecho las palabras irresponsabilidad, impunidad, irresistibilidad, no tienen cabida.

La independencia del Poder Judicial es, desde luego, propiedad y característica de quienes están llamados a decir el derecho en cada controversia. Sin embargo, bien sabemos que, en ciertos estamentos y ambientes de la justicia, la independencia se cambia por el ascenso o por la complacencia con el poder establecido. Un juez que no busca la verdad en los hechos y en las pruebas y que no aplica adecuadamente la ley y el derecho, salvo cuando le conviene para su promoción, es un juez indigno. Por eso, cuando en la labor del juez prevalecen los prejuicios y los aprioris y se desatiende el estudio y la profundización necesaria para llegar a la ver- dad porque lo relevante es la posición ideológica, entonces, lamentablemente, la política con minúsculas domina el escenario judicial.
La justicia lenta no es justicia. En ocasiones hasta es iniquidad o injusticia. En fin, la jurisprudencia, la ciencia que estudia las soluciones justas a los casos, en un mundo en que el Poder Legislativo a veces no legisla o lo hace en clave de confrontación, tienen cada vez más importancia. Por eso, los jue- ces y tribunales son una pieza crucial del Estado de Derecho y la democracia. Hasta el punto de que una nación en la que el pueblo que es el verdadero titular del poder judicial, como de los otros poderes del Estado, confía en la justicia, es un pueblo que tiene un Poder Judicial comprometido con la verdad y la justicia. Pero un pueblo que no confía en sus jueces y que duda acerca de la adecuación a la verdad y a la justicia de las sentencias judiciales, es un pueblo que debe empezar a pensar en el sentido y la función de la democracia.

Observaciones al Poder Judicial Español

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, del que España es miembro fundador, hizo público en 2014 un informe en el que se proponía a España que se garantizara la independencia de los miembros del órgano constitucional de gobierno de jueces y magistrados: el Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ). Y desde principios de 2018, de nuevo el Greco nos recuerda la necesidad de despolitizar el CGPJ.

Tal medida se integraba con otras del mismo tenor como el establecimiento de criterios objetivos para la selección de los altos funcionarios judiciales y la revisión del método de designación del Fiscal General del Estado.

El propio presidente del Greco, Ma- rin Marcela, magistrado de la Corte Suprema de Croacia, señalaba en 2017 que en cualquier país la existencia de consejos generales del Poder Judicial tiene por objeto salvaguardar de la mejor forma posible la independencia de este Poder, tanto en la apariencia como en la práctica cotidiana. Por eso el Greco ha señalado reiteradamente que el sistema español tiende a la politización. Marcela recuerda que es verdad que se han emprendido varias reformas para infundir una mayor transparencia en el funcionamiento del CGPJ y mejorar los perfiles de sus integrantes. Sin embargo, Marcela recuerda también que 75% de jueces y magistrados encuestados por el propio CGPJ, considera que el Consejo no protege suficientemente el principio de independencia judicial.

El cuadro de indicadores de Justicia de la Unión Europea puso de relieve que la percepción pública de la independencia judicial en España está en la parte inferior de la media europea. Estos datos, como es lógico, animan al Greco a recomendar que las autoridades españolas realicen una evaluación sobre cómo funciona el sistema judicial en la práctica y si ha tenido efectiva- mente efectos en la confianza del pueblo en la administración de justicia y en la protección debida a jueces y magistrados en el ejercicio de la jurisdicción.

En los tiempos de reformas en que estamos, una fundamental y necesaria es precisamente la del Consejo General del Poder Judicial. Una reforma a fondo del sistema de integración de los vocales que proyecte independencia y autonomía. Casi nada.

Responsabilidad

Finalmente, unas líneas sobre la responsabilidad de los integrantes en sentido amplio del Poder Judicial: jueces y fiscales. La responsabilidad, como es bien sabido, es una institución central del derecho tan antigua como el derecho mismo, pues, en esencia, el principio de que quien causa un daño a alguien debe repararlo en su integridad, es la expresión de la justicia misma. Y ordinariamente los daños son causados por la acción u omisión humana por elaboradas y actuales que sean las justificaciones, para quien escribe insuficientes, de la responsabilidad de la persona jurídica o colectiva, pues siempre, en última instancia, las acciones de las instituciones no son anónimas.

Habrá responsabilidad conjunta, mancomunada o solidaria de quienes dirigen, según las jerarquías existentes para la toma de decisiones, pero por lo menos hasta el momento éstas, activas o pasivas, son obra del ser humano. Las personas no toman, no pueden tomar decisiones, si no es a través de las personas que en el organigrama funcional las representan y las dirigen. Otra cosa, sin embargo, es que en el mundo en que vivimos, también en esta materia, el individualismo reinante busca denodadamente la forma de eludir las consecuencias de las actuaciones y por eso aumenta, y de qué manera, la responsabilidad objetiva, universal y di- recta que, a nuestro juicio, como regla general y sin excepciones, es la demostración más obvia de uno de los males de este tiempo: la desconexión entre imputación y responsabilidad.

En efecto, la desconexión entre imputación y responsabilidad, hoy admitida en sectores no minoritarios, por ejemplo, del derecho penal, refleja la tendencia que existe a eliminar la responsabilidad personal de los actos u omisiones de manera que las consecuencias dañosas de las actuaciones siempre se residencien en determinados patrimonios generales. En el mundo de los negocios privados podría en- tenderse, pero en el ámbito del interés general donde los fondos públicos son de todos los ciudadanos, descargar la responsabilidad personal en el proceloso mundo de la responsabilidad patrimonial del Estado de cuño objetivo, universal y directo es un ejercicio del que resulta la impunidad y, al menos en el caso de los jueces y magistrados, ex artículo 117.1 constitucional, una operación inconstitucional.

No es este el lugar para unas re- flexiones sobre la imputación y sobre la responsabilidad, pero pensamos que es menester, aunque sea brevemente, pues no estamos en un estudio de filosofía del derecho, alguna consideración porque tanto la imputación como la responsabilidad son dos conceptos clave que ayudan sobremanera a plantear en sus justos términos también la responsabilidad civil derivada de las actuaciones de los fiscales en el marco de la actividad judicial sea anterior, durante o posterior.

La imputación es un concepto antiguo, que en su etimología romana ya nos plantea, imputatio, atribuir algo a alguien, pero esa atribución se hace como propia. Hasta ahora no se ha demostrado que las instituciones actúen ellas solas al margen de las personas que en ellas laboran y, probablemente, si las cosas no cambian sustancialmente, que en 20 siglos han cambiado, será muy difícil que acontezca en el futuro. Sin embargo, cuando una persona física actúa, aun- que sea revestida de un cargo o posición pública, es ella misma la que se proyecta con todo su ser sobre lo que hace o deja de hacer. Por eso, la pretensión de des- conectar la actuación de sus consecuencias es, sencillamente, una operación dirigida claramente a volver, a través de sutiles y sofisticados caminos, a la irresponsabilidad, algo que el Estado de Derecho combatió intensamente.

Imputación en sentido escrito, como enseña Mauro Ronco en su trabajo sobre “La relación entre la imputación y la responsabilidad”, de obligada lectura en esta materia, se refiere a atribuir a tal libro “es de Kant, fue escrito por él”;1 en sentido figurado, expresa el concepto de atribuir a título de mérito o de culpa. En efecto, partiendo del uso del término imputación en el lenguaje jurídico, según Tomás de Aquino, se refiere a un modo de predicación auténticamente real en el sentido de que aquello que se imputa (la acción y algunas de sus consecuencias) puede ser imputado en la media en que exprese plena- mente su pertenencia a aquel a quien se imputa, como propio de su conducta.2

En realidad, entre la persona y su actuación existe una relación de autoría intencional que se define como imputación.3

La imputación, por tanto, es como una marca de la misma persona en su proyección exterior en la que no es inescindible, de ninguna manera, su dimensión interna pues el ser humano es, como decía hace mucho tiempo en una de las mejores definiciones que conozco, una sustancia individual de naturaleza racional. Su impronta racional está inscrita en todas sus actuaciones salvo que estemos en presente de personas sin capacidad racional, en cuyo caso son inimputables y por ende irresponsables. Las actuaciones de los humanos reflejan el todo personal y la normatividad debe atender a esta realidad. El problema aparece, también en la materia que nos ocupa, cuando se legisla o se dictan sentencias al margen de la realidad de las cosas, como dice Ronco, de modo independiente de la esencia del hombre y de sus relaciones sociales y jurídicas, sobre la base de estructuras normativas.4

La responsabilidad es la consecuencia de la imputación. Precisamente porque la imputación expresa la pertenencia del acto y de algunas de sus con- secuencias a la persona, por esta razón corresponde que esta responda ante los demás y ante la comunidad política de la conducta realizada, para bien o para mal, con la libertad de los demás y con el bien de la sociedad. Sin imputación no hay verdadera responsabilidad.5 Es decir, para que haya responsabilidad debe haber imputación. Este es el meollo de la cuestión, las actuaciones de los fiscales en el ejercicio de sus funciones, moduladas por la dependencia jerárquica como estudiaremos más adelante, a ellos se les debe y a ellos, y a ellas, se les imputa.

No son imputación y responsabilidad conceptos análogos. No lo son, pero sí están relacionados porque de la imputación se sigue la responsabilidad. Y como no hay actuación humana que no sea imputable, salvo aquellas en que no hay conciencia real de su realización, todas las actuaciones de los hombres, nos guste o no, porque son objeto de imputación, son responsables. Otra cosa es que, como aconteciera durante mucho tiempo, el dogma de la irresponsabilidad, the King can do no wrong, haya acampado en el Estado absoluto. Pero en el Estado de Derecho, como nadie está por encima de la ley, todos somos responsables, sobre todo, y fundamentalmente, quienes actúan investidos de cargos públicos que, en nuestra opinión, disponen precisamente por ello de un plus de responsabilidad.

La imputación discurre en el ámbito del ser mientras que la responsabilidad deriva de la imputación. Por eso, insistimos, desconectar responsabilidad de imputación, tal y como se viene haciendo en el derecho público para resolver la responsabilidad de las autoridades públicas, y también de los jueces y fiscales, a través de estructuras normativas, es sencillamente regresar, de una forma más o menos sutil, a la irresponsabilidad y, con ella, a la inimputabilidad y a la irrecurribilidad, conceptos que hicieran historia en el antiguo régimen, hoy más presente de lo que imaginamos a través, entre otros medios, de la dictadura de la forma y el vaciamiento de los principios y valores del Estado de Derecho. En otras palabras, la responsabilidad es el corolario necesario de la imputación y sin imputación no hay responsabilidad. Por eso, eliminemos la imputación y no habrá responsabilidad personal. Entonces, como alguna suerte de consecuencia debe tener la actuación del funcionario o de la autoridad pública, diseñemos un sistema en el que desaparece la imputación en sentido estricto y afirmemos la responsabilidad objetiva del Estado que será a partir de ahora el centro de imputación y el patrimonio obligado a reparar dado la inoperancia de la acción de regreso.

Las derivadas de esta construcción son bien sencillas, si la imputación no es personal, sino, ante la disfuncionalidad de la acción de regreso, colectiva, entonces, como escribí hace tiempo, aparece el blindaje del anonimato en el que pueden cubrirse los funcionarios6 y autoridades para no responder personalmente o, lo que es lo mismo, para volver a la tan ansiada para tantos, irresponsabilidad.
Esta situación, que atraviesa el derecho penal y llega al derecho administrativo en materia de responsabilidad, parte de la negación de categorías clásicas como imputación y su sustitución por la voluntad del legislador. En lugar de imputación aparece en el horizonte de la responsabilidad el riesgo que, como dice Ronco, desarticula la estructura dogmática del delito y disuelve su estrecho vínculo con la ley. A la vez, se disuelve la culpabilidad en la responsabilidad, evaporando la imputación de la conducta culpable del sujeto en favor de un modelo de responsabilidad atribuida en función de los objetivos siempre mutables de la política criminal.7

La responsabilidad de los jueces y magistrados, como dice la Constitución española de 1978, en el artículo 117, y hemos recordado por activa, pasiva o perifrástica en las páginas anteriores, por más que se pretenda decir a la norma fundamental lo que en modo alguno señala, es personal: “Los jueces y magistrados son… independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. El precepto, con el que se abre el Título VI de la Constitución, el Poder Judicial, dice lo que dice y establece el principio general. Responsabilidad de los jueces y magistrados en cuanto tales, por sus actuaciones en el marco de las funciones que tienen atribuidas.

El artículo 121 de la Constitución española se refiere a dos tipos de daños que puede ocasionar la actividad jurisdiccional, los daños resultantes del error judicial, que ni son todos ni mucho menos, y los daños ocasionados por el funcionamiento anormal de la administración de justicia, que obviamente no son los referidos a actuaciones culposas o negligentes graves de los jueces que, aunque no son deseables, caben dentro de los posibles y a veces, lamentablemente, se producen. Intentar subsumir todos los daños que pueda ocasionar el comportamiento de los jueces y magistrados por sus actos u omisiones por esas dos vías, a través de la responsabilidad patrimonial del Estado, objetiva, universal y directa, es sencillamente una suerte de blindaje y elusión de la responsabilidad personal que igualmente debemos tachar de inconstitucional.

El Ministerio Fiscal, como es sabido, aunque se encuentra dentro del Título VI de la Constitución de 1978, no es considerado, como sí la judicatura, integrante del Poder Judicial. Así lo señala para la institución judicial con toda claridad el artículo 117, “integrantes del Poder Judicial”, por lo que razonablemente se puede colegir que si el constituyente hubiera considerado que el Ministerio Fiscal fuera parte del Poder Judicial, tendría que haberlo dicho pues en la doctrina se discute desde hace tiempo sobre este particular.

En fin, jueces, magistrados y fiscales, si cabe, deben ser más responsables que los miembros de los otros poderes del Estado porque son quienes tienen en sus manos la impartición de la justicia que, cuando brilla por su ausencia, el pueblo, desmotivado y desesperanzado, pierde su fe en la democracia. Y esto, en los tiempos que corren, de derivas autoritarias en tantas latitudes, es muy, muy peligroso.


1 M. RONCO, La relación entre imputación y responsabilidad, Prudentia Iuris, no 78, 2014, p-164

2 Ibidem

3 M. RONCO. La…, Loc. Cit, p.165

4 Ibidem

5 M. RONCO, La relación…., Loc. Cit, p. 166

6 J. RODRIGUEZ-ARANA, La responsabilidad patrimonial del Estado, en Derecho Administrativo y Administración pública en tiempos de crisis, Editorial Jurídica Venezolana, Panamá, 2014, pp181-199

7 M. RONCO, La relación…., Loc. Cit., p.176