Enfermedad que agudiza la desigualdad social

Alfredo Camhaji

Maestro en Seguridad Alimentaria y Licenciado en Economía por la UNAM, con Mención Honorífica. Especialidad en Desenvolvimiento Económico y Social por el IPARDES, Brasil. Fue director de Estudios Económicos de Canacintra.*

 

José Franco

Doctor y Maestro en Física en la Universidad de Wisconsin-Madison y físico por la UNAM, en donde es investigador titular, SNI 3, del Instituto de Astronomía. Expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.*

 

*Los autores agradecen las aportaciones del Seminario de Estudios de la Globalidad, Facultad de Medicina, UNAM, para la elaboración de este artículo.

 

Los grupos más vulnerables en México tienen escasas o nulas posibilidades de conservar el empleo y los ingresos, al tiempo que enfrentarán mayores dificultades para mantener a raya el contagio por el coronavirus.

 

Introducción

Las infecciones de la nueva enfermedad Covid-19 no distinguen las clases sociales, las edades o el género de los individuos infectados, pero sus efectos y desenlaces fatales hacen más evidentes las desigualdades existentes en los diferentes sectores de la población. Determinantes sociales como ingreso, educación, ocupación, etnicidad y sexo, pueden ser causas subyacentes de muchos problemas de salud. La razón es muy simple: cuando la sanidad, la vivienda y el acceso al agua no son derechos públicos garantizados, los grupos sociales pobres, discriminados, marginalizados y explotados quedan expuestos a la infección sin protección alguna (Ramonet, 2020).

La atención a la población en un país como México, con un espectro amplio de grupos étnicos con sus culturas, desigualdades y necesidades, requiere del diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas que respondan a la diversidad de demandas y condiciones. Se requieren estrategias de gobierno que sean pertinentes con la realidad social, evitando programas homogéneos que se apliquen por igual a todos los sectores, los cuales suelen partir de una lectura equivocada del concepto de universalidad. Para reducir los impactos de las crisis de salud, económica y social, se requiere de la construcción de la unidad nacional y acciones coordinadas que permitan atender a todos, en particular a los más vulnerables, quienes tienen menos recursos para prevenir el contagio y sus consecuencias, y además cuentan con menos conocimiento e información, volviéndolos fácil presa de las noticias falsas y la desinformación.

Es indispensable recuperar las capacidades del Estado para proteger no sólo la salud sino también la planta productiva y el empleo, además de frenar la creciente violencia contra las mujeres y los niños. Desafortunadamente, la administración pública federal no cuenta con recursos, personal suficiente y capacitado, ni la infraestructura, el equipo y los insumos, para poner en práctica las medidas necesarias. Si bien el origen de estas carencias está en el actuar del régimen neoliberal de las últimas décadas, donde se privilegió el mercado sobre el Estado, las medidas de la actual administración de austeridad Republicana en vez de resolverlas, están contribuyendo a acelerar el deterioro de las capacidades Estatales (Jusidman, 2020).

Por otro lado, la evolución de la pandemia genera complicaciones adicionales y a medida que los números de muertos e infectados han ido aumentando, también han aparecido elementos cuyas dimensiones no se apreciaban en las etapas iniciales, como:

Los costos de no contar con un programa de protección al empleo ante la magnitud de la caída en la ocupación, que no se había observado en crisis anteriores;

La carencia de un programa de comunicación que atienda a las diversas culturas de México, con información clara, consistente, creíble y respaldada por las evidencias científicas;

Los costos psicológicos que está pagando la población por el confinamiento son altos, con un aumento general de la violencia, en especial contra mujeres y los niños;

El espacio político que están ganando las bandas de narcotráfico y crimen organizado;

El aumento marcado de los casos de infección en los sectores más desprotegidos y la confusión que se crea con el mensaje de regreso a la “nueva normalidad”, mientras siguen aumentando los contagios y decesos diarios en el país.

En este contexto, es previsible que las desigualdades de inicio se profundicen hacia las etapas finales de la pandemia, como se describe más adelante, y sea apremiante imaginarnos nuevas formas de relacionarnos para hacer frente a los efectos de esta crisis mundial.

La salud y la desigualdad

La insuficiencia, el deterioro, la desarticulación y la baja calidad en el acceso a los servicios de salud pública son una muestra de la grave situación existente en todos los Estados de la República Mexicana, para cubrir sus obligaciones de protección a sus habitantes, garantizando sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales.

En 2020, el gasto público en salud equivalía en México a apenas 2.5% del PIB, muy por debajo del 6% que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, véase el gráfico 1). Del gasto en salud general que incluye la prevención, curación, rehabilitación, terapia y tratamientos, México se encuentra muy por debajo del promedio internacional, que es de 3 mil 992 dólares por habitante, cifra que incluye la aportación personal y gubernamental, casi equivalentes. En el país la aportación es de solamente mil 138 dólares, casi una décima parte de la que hace Estados Unidos, la nación que más invierte en salud (OCDE, 2019).

La actual pandemia nos afecta a todos, desde luego. Pero como siempre, a unos más que a otros y hace más visibles las diferencias, que son auténticas violaciones a los derechos elementales de los sectores más vulnerables de México. Tal es el caso de la población indígena, de jornaleros y campesinos, de infantes, adolescentes, mujeres y ancianos de los sectores que viven en la pobreza, hacinados en asentamientos que no cuentan con servicios básicos ni de salud ni de agua.

Lavarse las manos reiteradamente como lo piden las autoridades no es una opción para quienes ocupan los lugares más bajos de la pirámide social y viven en condiciones precarias. El hacinamiento en una proporción grande de los hogares aumenta el riesgo de contagio ante la dificultad de establecer la sana distancia; mantenerse fuera de las calles tampoco es una posibilidad.

Pero las desigualdades se vuelven dramáticas si se adquiere la enfermedad. Para los grupos sociales más favorecidos, el caer enfermo equivale a pedir una licencia por enfermedad, acceder a los servicios de salud y continuar percibiendo el salario. Sin embargo, para quienes están en el extremo inferior de la cadena salarial, la situación es simplemente catastrófica. Carecen de la cobertura de un seguro de salud y es posible que ni siquiera tengan acceso a servicios públicos de salud, quedando expuestos al riesgo de morir. Incluso si en última instancia se recuperan, la ausencia de prestaciones de sustitución de los ingresos los expone a una situación de mayor pobreza a consecuencia de los gastos, que pueden llegar a ser desmesurados.

Y otros males

El confinamiento para evitar la propagación del virus ha interrumpido los programas de inmunización contra enfermedades prevenibles y amenaza con echar por la borda décadas de progreso. Las repercusiones han sido mayores en los países pobres que podrían enfrentar nuevas explosiones de enfermedades y muerte que las vacunas prevenían fácilmente. El riesgo ahora es “una epidemia en unos pocos meses que matará a más niños que la Covid-19”, enfermedades como la polio, el sarampión, el cólera, la difteria y la tuberculosis están empezando a constituirse en una amenaza en los países con menos recursos.

De acuerdo con los datos de la organización internacional “Stop TB Partnership”, una organización internacional creada en el 2001 y basada en Ginebra,1 se estima que en 2025 habrá más de 6.3 millones de personas infectadas de tuberculosis como resultado del encierro de estos meses de pandemia de la Covid-19.2 Esto se sumaría a las estadísticas actuales de tuberculosis, la cual es una de las enfermedades más mortíferas del planeta, que causa al año alrededor de 10 millones de nuevos casos y 1.5 millones de decesos a nivel mundial (Ford, 2020).

Las condiciones de desigualdad de acceso a los derechos sociales en el país, que persisten desde hace muchas décadas, han creado brechas que se manifiestan como diferencias notables de morbilidad y mortalidad entre los diferentes grupos poblacionales. Así que, muy a pesar de que la situación es multifactorial, no hay mejor predictor de dónde se está en la pirámide social que la salud.

Aunado a los riesgos inherentes de la nueva enfermedad de consecuencias mortales, estos grupos ahora sufren también la pérdida de los empleos e ingresos que les permitían vivir al día. Por si eso no fuera suficiente, para redondear el panorama, todo esto se da bajo un ambiente de una mayor violencia, tanto social como de género.

Pobreza y Desigualdad de ingreso

Desde la década de los años 80, la desigualdad de los ingresos se ha disparado, teniendo graves repercusiones sociales y económicas. Hoy, el Covid-19 recrudece sus efectos a lo largo de todo el proceso, desde la facilidad de contraer el virus, hasta las dificultades de mantener la vida y enfrentarse a las rudas consecuencias económicas.

Según las estimaciones de julio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, debido al deterioro de las proyecciones de crecimiento para este año, estimado en una contracción del PIB de 9%, la pobreza podría aumentar 7.6 puntos porcentuales con respecto a 2019 (CEPAL, 2020).3 Para la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la cifra en México sería alrededor de 14 millones de personas en pobreza adicionales, considerando que la pérdida de empleos formales podría llegar aproximadamente a 900 mil.4 De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el 2018 el número de pobres era de 54.2 millones, de los cuales 9.3 millones se encontraban en pobreza extrema.

Si bien hay trabajadores que pueden reducir el riesgo de contagio trabajando a distancia o beneficiándose de medidas de prevención, los de los empleos informales no tienen esa ventaja, pues ya están en situación de desigualdad. Los millones de personas que con escaso acceso a la atención sanitaria y que, por necesidad, viven en condiciones de hacinamiento, con un saneamiento deficiente y sin red de seguridad, sin agua limpia, es menos probable que puedan protegerse del virus, y menos viable que soporten una caída adicional de sus ingresos.

 

El dilema entre trabajar o perder los ingresos

Para los trabajadores de la economía informal, la reducción de las horas de trabajo impuestas por la pandemia es sinónimo de pérdida de ingresos sin la posibilidad de percibir una prestación por concepto de desempleo.

Las microempresas y las pequeñas empresas informales, que constituyen el 80% de las empresas del mundo, suelen quedar fuera del alcance de las políticas públicas.5

Los trabajadores de corta duración y los de tiempo parcial, muchos de los cuales son mujeres, o aquellos en la economía digital con ocupaciones transitorias, no suelen tener derecho a una prestación de desempleo o de ayuda a los ingresos.

Todas estas personas afrontan el mismo dilema de “trabajar o perder sus ingresos”. Para poder pagar los insumos para alimentación y otros gastos básicos, tienen que seguir trabajando hasta que las medidas para limitar el contagio del virus los obligan a dejar de hacerlo. Ello agrava la inseguridad tanto económica como de salud en la que ya se encuentran. Los hogares de ingresos más bajos tienen mayores probabilidades de perder sus empleos y cerrar sus pequeñas empresas durante la pandemia (véase el gráfico 3).

El reto del empleo frente a la pandemia

El confinamiento ha sido un elemento mitigador eficaz para evitar el posible desbordamiento de los sistemas de salud, pero sus repercusiones en los empleos y las plantas productivas han derivado en una crisis global de magnitud, profundidad y velocidad sin precedentes.

La primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del Inegi reveló que millones de personas se encontraron “en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena… se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo” (ETOE-INEGI, 2020).

La Población Económicamente Activa en abril de 2020 fue de 45.4 millones, 12 millones menos respecto de marzo previo. La población ocupada disminuyó 12.5 millones en el mismo periodo. Los más afectados han sido trabajadores independientes, con una caída de 36%, lo que representa cerca de 10 millones y solamente 2 millones son empleos formales. Estas caídas tienen repercusiones en la planta productiva y en la demanda final, dado que el empleo forma parte de las fuentes de ingreso de 9 de cada 10 familias y representa el 66% del ingreso nacional.

Lo que conocemos como “vivir al día”, para muchos mexicanos es algo literal. Poco más de la mitad (51%) de los ingresos de la población que compone el decil I, los más pobres del país, se destina exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas. El restante se queda a repartir en vivienda, servicios, educación o salud. Esta cifra contrasta con la composición del gasto del decil X, los mexicanos con mayores ingresos. En este rubro de la población sólo el 25% de sus ingresos se destinan a la alimentación6 (véase el gráfico 4) (CONEVAL, 2018).

Poblaciones Vulnerables ante Covid-19

En México se reconoce la importancia de atender a la población más vulnerable. Diversos estudios valoran y alertan de la importancia de tener en cuenta la desigualdad social para la adopción de las medidas de mitigación de la pandemia que ha puesto en marcha el gobierno para reducir y controlar la trasmisión comunitaria.

El impacto de la pandemia es mayor en los grupos de estratos socioeconómicos bajos, con menores recursos e información para prevenir la infección y sus consecuencias negativas.

El concepto de vulnerabilidad social ha empezado a usarse en el estudio de enfermedades infecciosas a partir de la pandemia de influenza A/H1N1. Ha sido retomado por el Colegio de la Frontera Norte, como una herramienta para atender a los grupos vulnerables en su ubicación. El cálculo del índice de vulnerabilidad incluye nueve variables, medidas en porcentajes: población mayor de 65 años y menor de 11 años, población migrante (menos de 5 años de residencia en la Entidad), población en hogares censales indígenas, población de 15 años y más sin escolaridad, población en hogares censales con jefatura femenina, viviendas donde sólo uno de los cuartos se usa para dormir, viviendas sin agua, en la vivienda o en el lote de la vivienda, viviendas sin refrigerador, viviendas sin lavadora.

Después de la Pandemia

La pandemia de Covid-19 no es sólo una crisis de salud pública, es también una crisis económica de grandes dimensiones y una crisis social planetaria. Para luchar contra la enfermedad en esta época, en la que las sociedades están profundamente divididas, es urgente una llamada a la unidad y a la acción de la ciudadanía para cobrar conciencia de los bienes públicos y de la solidaridad.

La pandemia también llegó en un momento de crisis ambiental global dominada por grandes desigualdades económicas, con una profunda división entre grupos de ganadores y perdedores, producto de 40 años de globalización neoliberal sin restricciones. La hegemonía de la doctrina económica neoliberal ha prodigado generosas gratificaciones a tan solo el 1% de la población mundial y a un puñado de multimillonarios, pero en el otro extremo ha dejado a los trabajadores con salarios estancados, menores garantías sociales y un aumento en la discriminación, lo que ha originado una clara polarización con tintes clasistas y racistas.

Es hora de recuperar la capacidad del Estado para garantizar los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales que se traduzcan en servicios públicos de calidad, bajo lineamientos y propósitos consensuados, compartidos, y plasmados en un pacto social. Un Estado con la fuerza, los recursos, la organización y la capacidad para tomar decisiones y concretarlas en beneficio de la población. Se requiere una nueva política del bien común que permita a las sociedades ser más resistentes ante las crisis y eviten regresar al orden anterior.

Hoy el reclamo por hacer efectivo el derecho universal a la salud tanto física como mental no parece el grito de un idealista sino la exigencia de una obviedad.7 Un acto elemental de humanidad con los más vulnerables y los más afectados, con los más viejos y los más pobres. Por lo que se debe ampliar los servicios de salud pública con equidad, gratuidad y buena calidad. Fortalecer tanto lo preventivo como lo curativo.

La emergencia sanitaria también nos permite replantear a fondo el tema de la protección del medio ambiente como la mejor manera de resguardar la salud y el bienestar humanos. La destrucción medioambiental, el cambio climático y la acelerada pérdida de biodiversidad han creado las condiciones para las zoonosis entre animales y humanos, provocando epidemias de varios tipos y repetidamente.

En el plano económico estamos frente a decisiones trascendentes, debemos garantizar el financiamiento necesario para un cambio de rumbo hacia una política social global. Si aspiramos a que nuestro futuro sistema económico sirva a los intereses de toda la sociedad —no sólo a los del 1% más alto— tenemos que dar el control a una autoridad pública democrática por encima del sistema actual.

Como dijimos, los efectos de esta crisis afectan a los más desfavorecidos, quienes no pueden guardarse en casa o tienen un sistema inmune mermado por la desnutrición y la pobreza. Es claro que, si queremos aprender de esta experiencia, las medidas y políticas que se pongan en marcha tendrán que ser diseñadas con un enfoque igualitario y sostenible que permita reducir las brechas y desigualdades que hoy agudizan de manera importante los efectos sociales y económicos de la pandemia.   

https://www.tiempodederechos.mx/bibliografia-enfermedad-que-agudiza-la-desigualdad-social/


1 http://www.stoptb.org

2 Se ha observado que han ayudado a aplanar la curva en los países que las han impuesto, pero al mismo tiempo son contraproducentes en la batalla contra otros males. En el caso de la tuberculosis, el confinamiento significa hacinamiento para los mil millones de personas que residen en infraviviendas de barrios marginales en el mundo, con malas condiciones de salubridad e higiene. Este es el caldo de cultivo perfecto para la transmisión de la enfermedad, que se produce cuando un contagiado expulsa bacilos tuberculosos al aire al toser o estornudar. Basta con que una persona inhale unos pocos para quedar infectada (Hierro, 2020).

3La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL indicó que en América Latina, la pobreza, la desigualdad y la desocupación, se incrementarán debido a que 18 millones de personas adicionales perderán su trabajo, con lo que la suma de desempleados en el continente ascenderá a 44.1 millones, lo que llevará a que aumente la pobreza en 45.4 millones de personas, para que llegue a un total de 230.9 millones. Alertó incluso sobre una posible crisis alimentaria, no porque falte comida, dijo, sino porque no habrá poder adquisitivo de un grueso sector de la población para adquirirla.

4 De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) lo que podría llevar a un incremento de la informalidad y la precarización del trabajo. La informalidad podría ser más precaria en cuanto a ingresos, porque depende de la formalidad; es decir, de los trabajadores que tienen un ingreso fijo y al perderse puestos de trabajo formales, la demanda baja.

5 De acuerdo con el documento “La crisis de Covid-19 y la economía informal: Respuestas inmediatas y desafíos políticos”, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los países de más bajos ingresos, 90% de los empleos son informales. A partir de ahí, el porcentaje se reduce, pero no desaparece ni en países ricos. En naciones con ingresos medios, 67% de los puestos de trabajo están fuera de la economía formal y sus beneficios; y en los de altos ingresos, la proporción es de 18%. Eso era antes del coronavirus, pero las medidas de confinamiento y de contención “amenazan con aumentar los niveles de pobreza relativa” de esos trabajadores en todo el orbe (Juárez, 2020).

6 Un decil se utiliza para definir sectores socioeconómicos según ingreso per cápita familiar, es decir, según el total de dinero que aporta el o los integrantes de un hogar, dividido por el número de miembros de éste. Así, el decil I representa a la población con la condición socioeconómica más vulnerable, y el decil X a las personas de mayores ingresos del país.

7 El 7 de mayo del 2020, la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado Mario Delgado Carrillo, así como la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, sostuvieron un encuentro virtual con la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM), para dialogar en torno a la necesidad de una legislación que garantice a los mexicanos el acceso real y gratuito a la atención médica y tratamientos. En este encuentro, la presidenta de ANAFAM consideró que en el marco de la pandemia generada por la COVID-19, resulta preponderante elaborar un marco jurídico que contemple el acceso a la salud como un asunto de soberanía y seguridad nacional, ya que de esta forma se promovería la fabricación de medicamentos seguros, eficaces y accesibles, además de mejorar sustancialmente las finanzas del país y generar empleos.