El método interpretativo de la Adivinanza

 

Este cuento está basado en una sentencia singular donde la Primera Sala de la SCJN negó el amparo contra la prohibición de las peleas de gallos en Veracruz.

 

Daniel González-Dávila

Abogado por la UNAM. Exdelegado presidencial ante la SCJN y Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales de la misma. Profesor de Derecho Procesal Constitucional y Control Constitucional Mexicano. Escritor y Barítono.

 

Don Valente Zapata era célebre en el Estado de Guanajuato. Era dueño de la ganadería “Santa María”, una Hacienda dedicada a la cría de toros de lidia que producía ejemplares de magnífica calidad.

Los toros de lidia y las reses comunes no pueden criarse en el mismo lugar puesto que son razas diferentes. Unos bravos y otros mansos, como su nombre lo indica. Si algún ganadero inexperto se le ocurriera juntarlos, lo que encontraría al día siguiente sería un cementerio de reses mansas. La única manera de preservar a la especie del toro bravo es criarlo en ganaderías especiales, y la única razón de su existencia es la lidia, dada su extrema bravura.

Es cierto que la fiesta brava entraña un trato cruel al animal. Pero detrás de ese trato hay años de cuidados que requieren de mucha inversión para sostenerse. No obstante, los diputados del Estado discutían una ley para abolir la fiesta en la entidad.

Don Valente acudió con ellos para explicarles que en la tauromaquia el aficionado no disfruta de la muerte del toro, sino de la maestría con la que el torero mata al toro y de las artes que la fiesta lleva aparejadas, como la música, la danza, la literatura y muchas otras que en su conjunto hacen de ella toda una manifestación cultural milenaria que debe continuar, so pena de que el toro bravo se extinga y se cometa un genocidio.

Sin embargo, los diputados del Estado desoyeron los alegatos de don Valente y expidieron la Ley de Espectáculos Públicos, en donde se prohibieron las peleas de gallos y las corridas de toros, sin especificar siquiera qué clases de corridas, pues hay algunas en las que no se le toca un pelo al animal, como en el toreo de recorte (donde el torero torea con su propio cuerpo) o los forcados, que simplemente hacen acrobacias con el toro.

Así pues, el artículo 42 de la Ley citada quedó como sigue:

“Art. 42. Quedan prohibidas las peleas de gallos, las corridas de toros y cualquier otra forma de espectáculo que implique el sufrimiento de los animales”.

En el acto, don Valente presentó un amparo indirecto contra dicha ley, pero al serle negada la suspensión, su abogado le recomendó acudir ante los diputados que votaron en contra de la misma para persuadirlos de presentar una acción de inconstitucionalidad, a fin de que la prohibición fuere anulada, con base en el derecho a la expresión y acceso a la cultura del pueblo guanajuatense.

Así fue como se presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Espectáculos Públicos, en lo que respecta al artículo en cuestión, dado que se tratan de manifestaciones culturales populares hondamente acendradas desde hace siglos. El concepto de invalidez era, para la minoría parlamentaria, suficiente para anular la prohibición.

No obstante lo anterior, a don Valente y demás ganaderos no les quedó remedio más que cerrar sus ganaderías, sacrificar a sus toros y venderlos al kilo de carne y exterminar a la raza del toro bravo en todo el Estado.

A los pocos días, la acción de inconstitucionalidad fue radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Luego de realizar todo un estudio del caso, el ministro ponente dio un giro radical a lo que usualmente se esperaría en un asunto como este, en donde rige la plena libertad normativa de los Estados mientras no invadan la esfera de atribuciones de la Federación; es decir, que la acción de inconstitucionalidad debía desestimarse por tratarse de una ley que se encuentra dentro de la libertad de la configuración normativa de los Estados, como sucede en el caso de la interrupción del embarazo durante las primeras semanas de gestación (al menos hasta el cierre de esta publicación).

El proyecto, en su lugar, proponía otra cosa: desestimar la acción, sí, pero por un motivo diferente. En síntesis, porque ningún derecho cultural podría entrañar el “sufrimiento animal”, pues ello sería contrario al “espíritu” de la Constitución.

Tambén puedes leer: Encuentro casual de Presidentes

Llegada la hora, el proyecto se presentó ante el pleno de la Suprema Corte.

─A discusión el contenido del proyecto ─dijo el presidente.

El ministro González Ursúa pidió la palabra.

─Tiene la palabra, señor ministro.

─Gracias, señor presidente. Desde luego, estoy a favor de que esta acción de inconstitucionalidad sea desestimada, pero encuentro en el proyecto un peligroso precedente que no debe pasar inadvertido. Ya esta Suprema Corte ha sostenido en innumerables ocasiones que los Estados gozan de plena libertad en su configuración normativa, y ese criterio es el que debe permanecer y aplicarse en la presente acción para desestimarse. Tan es así, que unos Estados prohíben la fiesta brava y otros tantos la enarbolan como patrimonio cultural. En lugar de ello, advierto que el señor ministro ponente ha adoptado una forma distinta de interpretar la Constitución que él mismo llama “progresista”, en donde asume, sin fundamento, según mi parecer, que la Constitución pone trabas a esa libertad de configuración donde no las hay, invocando principios metaconstitucionales y axiológicos que según su juicio eventualmente serán incorporados al texto constitucional o simplemente corresponden a una tendencia ideológica que va conduciendo las recientes reformas constitucionales, pero que todavía no se han materializado en el texto supremo. Si esta Suprema Corte avala esta forma de interpretar la Constitución tan discrecional, lo mismo podríamos decir que la interrupción temprana del embarazo es inconstitucional por violar el espíritu de la Constitución o cualquier otra cosa que a nuestro juicio, y no al del Poder Constituyente, se nos presente como valorativamente contrario al espíritu de la Carta Magna. Por ese motivo me parece que esta acción de inconstitucionalidad se debe desestimar en virtud de la libertad de configuración normativa de los Estados y no porque la Constitución proteja a los animales del sufrimiento, cosa que no hay manera tangible de sostener. Adicionalmente, si hemos de ponerle calificativos restrictivos al libre acceso a la cultura consagrado en el artículo cuarto de la Constitución, el sufrimiento animal no puede ser uno de ellos, pues el sufrimiento implica conciencia del ser, a diferencia del dolor simple y llano, que es lo que experimentan los animales. Asimismo, y quiero ser muy puntual en ello, la cultura popular es un objeto claro de tutela amplísimo de la Constitución, y es algo bien sabido que el pueblo en su mayoría acude a este tipo de espectáculos y no a las óperas de la Sinfónica del Estado. El acceso a la cultura es una facultad libérrima del pueblo y es nuestro deber cuidar que en todo momento esa libertad esté garantizada, sea cual sea la forma de cultura que el pueblo elija mientras no constituya algo palmariamente ilícito. No veo razón para proscribir la fiesta brava y al mismo tiempo permitir el boxeo o el combate humano sin reglas, que pueden llegar a ser mucho más sanguinarios que la propia fiesta. Sin embargo, me parece que en este asunto este máximo tribunal debe abstenerse de definir lo que la Constitución no define, dejar abierto el concepto de cultura y simplemente proteger la libertad de su acceso, dejando en los Estados la libertad de definir su contenido, exactamente de la misma manera en la que esta Suprema Corte protege a la familia, sin adentrarse en definirla donde la Constitución no la define. Finalmente, y con esto termino, me parece inconstitucional cualquier traba al acceso a la cultura de una manera tan abierta aun cuando se trate de espectáculos sangrientos, por lo que en mi opinión la norma debe prevalecer, pero bajo una interpretación conforme, en el sentido de que, por el universal interés superior de la infancia, sólo esté prohibido el acceso de los menores de edad a este tipo de espectáculos.

─Gracias, señor ministro. ¿Alguien más?

El ministro ponente pidió la palabra.

─Tiene la palabra el señor ministro Villanueva.

─Gracias, señor presidente. Efectivamente el proyecto que pongo a la consideración de este honorable pleno difiere de la interpretación tradicional que hemos dado a la libertad de configuración normativa de los Estados. En el presente caso he empleado un método de interpretación distinto al tradicional. Un método progresista que se adelanta a las disposiciones expresas, pero que se ajusta a las necesidades y demandas de la sociedad mexicana, dando una respuesta expedita al pueblo de México sobre lo que considera justo y no simplemente allanándonos a la letra de la Constitución. Es cierto que en materia de derechos culturales no existe limitación alguna en el texto constitucional, pero para mí resulta claro que la limitación obvia debe ser lo moral y lo bueno, y nadie puede sostener que sea moral o bueno el sufrimiento animal. Esto rebasa la argumentación constitucional para arribar a un nuevo método de interpretación, partiendo del hecho de que el Constituyente en todo momento obró con bondad al redactar la Constitución y dichas cualidades permean a todo el texto aprobado, el cual debe ser examinado siempre desde el punto de vista de la bonhomía, aunque tal concepto resulte metaconstitucional. En segundo lugar, el método de interpretación progresista es acorde con una época de cambios estructurales en la Constitución, en donde constantemente estamos observando la inclusión de nuevos derechos fundamentales, y este Tribunal Constitucional no debe ser ciego ante esta tendencia sino, por el contrario, sumarse a la construcción de un Derecho Constitucional sustantivo cada vez más protector de una sociedad civilizada, armónica e incluyente, en donde la violencia sea cada vez más relegada hasta su extinción. Este principio es la base del método de interpretación progresista que he elegido para preparar este proyecto y, sí, efectivamente, admito que es novedoso para esta Suprema Corte.

─Gracias, señor ministro. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?

La ministra Martínez Gil levantó la mano.

─Tiene la palabra la señora ministra.

─Gracias, señor presidente. A mí me parece sumamente interesante la manera en la que el señor ministro ponente aborda el tema planteado en esta acción de inconstitucionalidad. Y es que la libertad de configuración normativa de los Estados no puede estar exenta de control constitucional. Efectivamente, el artículo cuarto de la Constitución establece sin ninguna excepción la libertad de acceder a la cultura, pero ¿qué es la cultura? Y me parece que ahí donde la Constitución no distingue corresponde a este máximo tribunal el establecer los límites necesarios para que su texto sea acorde con lo racional, lo prudente y lo lícito, y no encuentro cómo el maltrato de los animales pueda resultar una forma de cultura que encuadre dentro de lo racional y lo lícito. Es cierto que hay que sopesar el hecho de que la fiesta brava es una tradición hondamente acendrada en el pueblo de México, y fallar contra ella es fallar contra la afición de millones de personas. Pero el hecho de que una multitud guste del sufrimiento animal no obliga a esta Suprema Corte a validar un acto que en lo personal me resulta totalmente inaceptable por salvaje, tanto para niños como para adultos. No obstante, una interpretación causal-teleológica del artículo cuarto no es suficiente para llegar a esta conclusión, puesto que la cultura del pueblo de México incluye la fiesta brava sin duda alguna. De esta suerte, es preciso realizar un abordaje mucho más atrevido del asunto mediante un método distinto, tomando en cuenta, como bien sostiene el ministro ponente, que vivimos en una sociedad cambiante y progresista que cada vez más exige una vida sin violencia, lo cual efectivamente es un principio metaconstitucional que debe inspirar todos nuestros fallos, y que nos debe permitir incluso llenar los vacíos constitucionales que sobre el camino vayamos encontrando como un principio rector en cada una de nuestras sentencias. Además, es claro para mí que la progresividad de los derechos fundamentales nos obliga a estar atentos a lo que viene, por no decir adelantarnos un poco a los hechos, y a ser proactivos en la generación de los mismos, sin tener que esperar a que se eleven a rango constitucional o convencional. En ese sentido, existe ya toda una doctrina, nacional e internacional, que va más allá de la obligación de las personas de no maltratar a los animales y que atribuye derechos a éstos, la cual en no muy largo tiempo empezaremos a ver en las leyes y en la propia Constitución. Es cuanto, señor presidente.

─Muchas gracias, señora ministra. ¿Alguien más?… Señor ministro González Ursúa.

─Pidiéndole, señor presidente, se me permita realizar un voto concurrente, en tanto que estoy por la validez de la norma, pero con la interpretación conforme señalada y la libertad de configuración normativa de los Estados.

─Tome nota, señor secretario. ¿Alguna otra intervención?

El pleno permaneció en silencio.

─Señor secretario, haga el favor de tomar la votación.

─Con gusto, señor presidente. ¿Señor ministro Beltrán Carrasco?

─Con la metaconstitucionalidad.

─¿Señor ministro Cuevas Espíndola?

─Con el proyecto.

─¿Señora ministra Duarte Llano?

─Por la validez de la norma y me adhiero al voto concurrente del señor ministro González Ursúa.

─¿Señor ministro González Ursúa?

─Por la interpretación conforme y la libertad de configuración normativa de los Estados.

─¿Señor ministro Jiménez Vázquez?

─Con el proyecto.

─¿Señora ministra Martínez Gil?

─En el mismo sentido.

─¿Señora ministra Mendoza Ascencio?

─Con el proyecto.

─¿Señor ministro Pérez Prado?

─En igual sentido.

─¿Señor ministro Quintero Aguirre?

─Con el proyecto.

─¿Señor ministro Villanueva del Conde?

─Igual.

─¿Señor presidente Barrios González?

─Por la validez de la norma, solicitando también al señor ministro González Ursúa me incluya en su voto concurrente.

─Señor presidente, hay unanimidad por cuanto hace a la validez de la norma impugnada y mayoría de ocho votos a favor del método de interpretación progresista o de la metaconstitucionalidad. Los ministros González Ursúa, Duarte Llano y presidente Barrios González formularán voto concurrente con interpretación conforme y contra el método de interpretación empleado por la mayoría.

─Gracias, señor secretario. Por tanto, se resuelve: se desestima la acción de inconstitucionalidad en que se actúa y se ordena el archivo de la misma como asunto total y definitivamente concluido.

Fue así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un nuevo precedente de interpretación constitucional: el “progresista”. Un método por el cual cualquier cosa puede ser juzgada de cualquier modo, según se pueda adivinar el humor en el que se encontraba el Constituyente al redactar la Constitución de México, combinado con la ideología de moda de los milenials, y donde lo que menos importa es el texto constitucional.