El juez que retó al Sistema

Esta historia está inspirada en hechos reales. Los nombres de los personajes han sido modificados para preservar su intimidad.

Daniel González-Dávila

presidencia@bufetenacional.org

Abogado por la UNAM. Exdelegado presidencial ante la SCJN y jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales de la misma. Desde 2007 es socio presidente de Bufete Jurídico Nacional. Escritor y Barítono.

 

 

Ciudad de México, julio de 2019.

Por quinta ocasión, el juez Michael Edwards, asignado al Tribunal de Familia en el circuito judicial 43 de los Estados Unidos, con jurisdicción en los condados de Barren y Metcalfe, Kentucky, presidía un juicio de adopción homoparental. En las cuatro solicitudes anteriores había negado la adopción a las parejas del mismo sexo.

En esta ocasión, se trataba de una pareja de dos jóvenes mujeres homosexuales que deseaban adoptar a un niño de siete años, huérfano de padre y madre, que se encontraba bajo la custodia del Estado.

─He estudiado detenidamente el perfil psicológico de las postulantes a adoptar al menor Joseph Kraft y he llegado a la conclusión de que no son aptas para hacerse cargo de la manutención y custodia del mismo, habida cuenta de su ideología feminista totalitaria y de que no han sido pocos los casos en que menores varones bajo custodia de este tipo de perfiles extremos han sido víctimas de castración o de tremenda violencia doméstica para imponer al adoptado formas femeninas de vestido y de conducta que atentan contra su dignidad e incluso contra su vida. Desde luego que no hay manera de estar seguros de que en este caso existiría violencia doméstica en perjuicio del menor, pero lo que sí existe es el temor fundado de que sobrevenga. Ahora bien, antes de dictar sentencia definitiva en este asunto, me gustaría escuchar el sentir del menor a quien se pretende adoptar en este juicio.

El juez bajó de su presídium y se sentó junto al niño.

─¿Cómo te llamas, hijo?

─Joe ─dijo el menor casi susurrando.

─Y ¿dónde vives?

─En mi escuela, con otros niños.

─Y ¿te gusta donde vives?

─Sí, pero extraño a mis papás.

─¿Qué les pasó a tus padres?

─Se murieron en un accidente en el coche.

─No sabes cuánto lo lamento. Oye, ¿y te gustaría tener unos nuevos papás?

─Sí.

─¿Papá y mamá?

─Sí.

─Muy pronto los tendrás, pero tienes que ser paciente, ¿de acuerdo?

─Sí.

El juez regresó a su presídium.

─El niño ha sido claro como el agua, como la propia naturaleza. Quiere y tiene derecho a un padre y a una madre. Es el niño quien tiene derecho a ser adoptado conforme a las leyes de la naturaleza, no las personas a adoptar para satisfacer algún tipo de anhelo emocional, ideológico o político. Este testimonio robustece mi argumentación para negar la adopción solicitada que, si bien es legal en este Estado de la Unión, es mi deber como juez anteponer mi criterio jurídico y en todo caso mi objeción de conciencia.

Varias personas del auditorio empezaron a alzar la voz con adjetivos como “homofóbico” y “misógino”.

─¡Orden en la sala! Las fobias son miedos irracionales. Yo no tengo ningún miedo irracional hacia la homosexualidad. La intimidad de las personas no es asunto de las Cortes y mucho menos mío. Lo único que concierne a este juzgado es el mayor interés del menor aquí presente, quien tiene el derecho a ser parte de una familia que no perturbe sus tiernas emociones, según consta en los diversos dictámenes de expertos de que esta instancia se ha allegado y cuyo contenido se ha hecho saber al representante de las solicitantes. En tal caso, se niega la solicitud de adopción del menor Joseph Kraft y se levanta la sesión.

El juez salió de la sala entre acusaciones de todo tipo.

Inmediatamente, la pareja presentó una apelación ante la Corte Suprema de Kentucky, en Frankfort, con la esperanza de que admitieran su recurso, no sin antes presentar una queja ante la Comisión de Conducta Judicial de Kentucky por indebida praxis judicial.

La admisión de la queja administrativa dejó perplejo al juez Edwards, pues el referido órgano sólo es competente para conocer de conductas indebidas de los jueces y no es, bajo ninguna circunstancia, revisor de las sentencias ni de los criterios jurídicos empleados en las mismas, de manera que su indignación lo condujo a tomar una decisión retadora ante dicha Comisión. Su conciencia estaba tranquila y la Comisión de Conducta Judicial le había declarado la guerra al admitir la queja. Le daría entonces algo concreto para discutir.

Edwards llevó a cenar a uno de sus colegas de la Corte de Familia, el juez George Donovan, quien conocía de casos de divorcios. Era uno de sus mejores amigos y quería exponerle su situación.

─Estoy verdaderamente indignado ─le dijo el juez Edwards─. ¿Cómo se atreve la Comisión de Conducta Judicial a admitir una queja contra una resolución judicial?

─Para mí el caso es muy simple. Es política pura. Ya bastante has golpeado a la comunidad homosexual de Kentucky como para que además lo haga la Comisión. Quizá no te has dado cuenta, pero tus negativas a las solicitudes de adopción por gays van a generar un tsunami de protestas que te pueden costar el cargo. La comunidad gay va a querer sangre, y tendrá que ser la tuya.

─Estoy consciente de los derechos de las minorías, pero lo que me parece una desgracia es que la sociedad estadounidense tenga que rechazar todos sus principios y sus valores para que esas minorías encajen en ella tal y como quieren. Simplemente, hay cosas que no caben en una sociedad civilizada.

─¿Te refieres a la adopción homoparental?

─Efectivamente. Todo el colectivo gay alardea de que se trata de un derecho humano recientemente conquistado, pero para mí es todo lo contrario: un antiderecho que coloca al niño como objeto de satisfacción de un anhelo ideológico. Y si por fallar en contra de las solicitudes de adopción se me considera sujeto de análisis con motivo de mi conducta, le voy a dar a la Comisión una mejor razón para hacerlo. Lee esto.

Edwards le entregó a su amigo un escrito, que obraba en los términos siguientes:

“ORDEN GENERAL 17-01:

“Luego de estudiar cuidadosamente diversos análisis de científicos respetables sobre el impacto psicológico que causa la convivencia de menores con padres adoptivos del mismo sexo, este tribunal no escuchará y negará cualquier tipo de solicitud de adopción de parejas homoparentales, así sea uno de los adoptantes pariente del menor.

“Lo anterior tiene fundamento en la objeción de conciencia del juez de la Corte de Familia en este circuito judicial, quien considera que, aunque la adopción homoparental sea legal, no está obligado a concederla, tomando en cuenta el interés superior del niño, a quien pretende proteger a toda costa de un embate psicológico brutal que tuerza su sexualidad para toda su vida.

“Este tribunal reconoce el derecho natural del niño a ser adoptado para formar parte de una familia, en contraposición al derecho artificial de las personas para adoptar, a fin de colmar un anhelo emocional, ideológico o político, en donde el menor se ve disminuido a un mero objeto satisfactor.

“Esta política tendrá efectos en todo el circuito judicial 43. Se hace hincapié en que esta Corte admite la plenitud de derechos de la comunidad homosexual de Kentucky, pero también reconoce la preferencia en la protección del interés superior de la infancia, lo que motiva la adopción de esta medida.

“Michael Edwards,

“Juez de Adopciones de la Corte de Familia”

 

─¡No irás a publicar esto!

─¡Por supuesto que sí!

─¡Te van a hacer pedazos!

─Lo harán de cualquier manera con las quejas que se han presentado. Si he de ser sujeto de una sanción por mi conducta por la Comisión, que de una buena vez se vayan preparando para fundamentarla, si es que tienen con qué.

Al día siguiente, la Orden General estaba publicada en los estrados de la Corte y en su Sistema de Difusión Digital.

La respuesta del colectivo homosexual local no se hizo esperar. A los pocos días, una manifestación multitudinaria había tomado el edificio de la Corte de Familia. Todos los periódicos locales daban parte de la noticia y de la razón del descontento. El pronunciamiento del juez Edwards se había viralizado en las redes sociales y había provocado un debate que parecía haber quedado en el pasado. Los insultos y las falacias pro homine eran la constante, pero una minoría de cibernautas tomaron el tema en serio y hubo quien se manifestó a favor y quien lo hizo en contra del juez con argumentaciones sólidas.

El juez no tardó en recibir en carne propia las consecuencias de su comunicado. Una mañana el portón de su casa amaneció con una swástica pintada. No era raro que su arribo al edificio de la Corte de Familia fuera bienvenido con huevos lanzados desde el anonimato o con injurias por parte de un campamento de homosexuales que permanecía en manifestación a las afueras del tribunal. El colmo llegó cuando al dejar su auto estacionado en la calle, fue totalmente destruido a golpes con un bate de béisbol.

Pero Edwards estaba decidido a oponerse ante lo que él llamaba “la conquista ideológica de Occidente” y a llevar este asunto hasta las últimas consecuencias.

Fue así como a los pocos días, como él esperaba, recibió un citatorio para comparecer ante la Comisión de Conducta Judicial de Kentucky, tanto por sus sistemáticas negaciones de adopción a parejas homoparentales, como por la Orden General que negaba a priori toda solicitud de dicha naturaleza, privando a toda la comunidad homosexual de la garantía de audiencia.

Llegada la fecha y hora de la audiencia, se presentó en tiempo y forma. El presidente de la Comisión tomó la palabra:

─Se declara abierta la sesión del 19 de diciembre de la Comisión de Conducta Judicial de Kentucky, integrada por los jueces Adams, Carlton, Montgomery, O’hara y presidente Williams, para conocer de la queja y hechos probablemente constitutivos de mala conducta por parte del juez Michael Edwards, juez de adopciones del circuito judicial 43 del Estado de Kentucky. Para que conste en el acta, el honorable juez Edwards responderá si ha recibido el dictamen y las correspondientes acusaciones que esta Comisión le imputa.

─Sí, su señoría, las he recibido.

─Entonces seré breve en mi exposición, a fin de darle el uso de la palabra en su defensa. Esta Comisión está seriamente sorprendida de la emisión de la Orden General 17-01 en la que se sostiene que su tribunal, cito, “no escuchará y negará cualquier tipo de solicitud de adopción de parejas homoparentales”, con base en el interés superior del niño y en la objeción de conciencia del titular del órgano judicial. ¿Usted emitió esa orden?

─Sí, su señoría.

─Bien. Con base en ella se le acusa de emitir la referida orden sin la aprobación del presidente de la Corte Suprema de Kentucky, de violar la ley vigente y de tener un sesgo personal o prejuicio contra la comunidad homosexual de Kentucky. Asimismo, sus acciones constituyen mala conducta por violar la independencia del Poder Judicial (Canon 1A); por incumplir con la ley y con la debida integridad e imparcialidad a fin de conseguir en todo momento la confianza de los justiciables (Canon 2A), y por violar directamente la garantía de audiencia, siendo fiel a la ley y sin discriminar por razón de raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, edad, orientación sexual o situación socioeconómica (Canon 3B). ¿Cómo responde a estos cargos?

─Daré respuesta a cada uno de ellos en el orden en el que me han sido expuestos, su señoría. En primer lugar, la Orden General 17-01 fue emitida precisamente en ejercicio de la independencia judicial. La Corte Suprema de Kentucky no es superior administrativo del de la voz, por lo que no requiere permiso para emitir órdenes generales. Si un justiciable está inconforme con el contenido de una orden general puede presentar su apelación ante la Corte y recibir justicia. En el caso, basta que se presente una solicitud de adopción que sea negada conforme a la referida orden para que pueda accederse a la jurisdicción de la Corte, que sí es superior jurisdiccional del Tribunal que presido, de manera que estimo infundada la acusación de mérito.

─Esta Comisión ─dijo el presidente─ estima que usted debió someter a consideración del presidente de la Corte Suprema de Kentucky la Orden General 17-01 antes de publicarla. Continuemos.

─Por cuanto hace a la supuesta violación a la ley por tener un sesgo personal o prejuicio contra la comunidad homosexual, me parece que esta honorable Comisión está algo confundida. La intimidad de las personas no es asunto de las leyes ni mío. Cada quien es libre de gozar de la sexualidad que le plazca. La Orden General no discrimina al colectivo homosexual de Kentucky ni reprime las prácticas homosexuales. Su contenido se refiere a algo muy distinto, que es la adopción de menores por parejas homoparentales, que como juez he valorado como inapropiado para los niños, en estricto cumplimiento de la ley. Es cierto que en el Estado de Kentucky la adopción homoparental es legal. Pero también lo es que, aunque los Estados Unidos no han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, sí son parte de la Declaración de los Derechos del Niño adoptada en 1959 por la Organización de las Naciones Unidas, instrumento que goza de la misma jerarquía de las leyes federales de nuestro país. Dicho instrumento prevé en su Principio 6 que, cito: “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre”. Este dispositivo obliga a los jueces a cerciorarse de que los menores adoptados vivan dentro de un círculo moral apropiado y de que se otorgue preferencia a parejas heterosexuales en su adopción. Lo anterior significa que es derecho del niño el ser adoptado y no derecho de las parejas homoparentales el adoptarlo, máxime cuando con ellos buscan la satisfacción de un anhelo emocional, ideológico o político, reduciendo con ello al menor a un mero objeto de supermercado, privándolo de toda dignidad humana. Así que si esta Comisión me pregunta si discrimino a la comunidad homosexual, mi respuesta es no: no la discrimino. Simplemente le doy mayor valor al interés superior de la infancia en un ejercicio de ponderación de derechos.

─Tiene la palabra el juez Montgomery.

─Gracias, señor presidente. No puedo creer lo que estoy escuchando, que no es más que retórica homofóbica. En pocas palabras dice usted proteger a los niños de lo inmoral con base en lo que dispone un tratado de hace 60 años. ¿Está usted insinuando que una pareja del mismo sexo es inmoral? Porque si es así, usted no tiene vocación judicial.

─Parece que no me expliqué con claridad. Una pareja del mismo sexo no es ni moral ni inmoral. Lo moral es lo que resulta correcto y deseable para la convivencia de las personas en la sociedad y, si no mal recuerdo, hace unos instantes acabo de decir que lo que cada persona haga de su sexualidad no es ni debe ser asunto de las leyes, ni de los jueces y ni siquiera de sus respectivas progenitoras. Luego entonces, no puede ser objeto de escrutinio moral la intimidad de las personas, desde que ésta tiene impacto nulo en la dinámica social. Lo que sí me parece inmoral, y es ahí donde opera mi objeción de conciencia, es que la intimidad de las personas se convierta en una ideología totalitaria y en una política impuesta desde lo más alto de las organizaciones no gubernamentales dependientes de la ONU que financia el magnate George Soros para desquebrajar los valores de Occidente, y que esa ideología permee tanto en las leyes como en las familias y en los niños, particularmente en los adoptados por parejas del mismo sexo, sin darnos cuenta de que tal fenómeno no es más que una artimaña manipuladora para conseguir la autocastración voluntaria, pacífica e inadvertida de los pueblos.

─Esas son teorías conspirativas que sólo usan los homofóbicos.

─Verá usted. Yo lo conminaría a usar el término “homofóbico” con mayor responsabilidad. Una fobia es un miedo irracional y por tanto un desorden mental. Mi esposa es aracnofóbica. Ve una araña y simplemente pierde la razón. Huye despavorida entre gritos, sin importar dónde esté, así haya visto una araña minúscula. El término “homofobia” ha sido acuñado por el colectivo gay para acusar de un modo extremista, como si se tratare de un enfermo mental, a todo aquel que no esté de acuerdo con que la ideología de género o lo que ellos llaman el “orgullo gay” se enseñe desde la escuela primaria, lo que sí me parece inmoral, puesto que trasciende y tuerce las mentes de los niños. Usted me perdonará, pero tener una opinión diferente a la que priva en el status quo no me hace padecer un desorden mental. Más bien es usted quien cae en la trampa del lobby gay con extrema facilidad. Una cosa es educar en el respeto y la tolerancia y otra muy distinta es decir a los niños que los cromosomas “XX” y “XY” no existen y que su sexo es una más de sus elecciones, como qué carrera estudiar o qué deporte practicar. No señor. Yo no soy homofóbico porque no salgo corriendo con un terror irracional cuando veo a un homosexual. Lo que veo en él es a un ciudadano común y corriente. Lo único que me parece inmoral, extremadamente inmoral, es la imposición de ideologías minoritarias en una sociedad democrática que tiene el deber de proteger a sus grupos más vulnerables, y eso me lleva justamente al siguiente tema que es el de la independencia del Poder Judicial. ¿Me permite, señor presidente?

─No sé si el juez Montgomery tenga más preguntas.

─No señor presidente. He oído lo suficiente.

─Prosiga con sus alegatos, su señoría.

─Gracias, presidente. La independencia del Poder Judicial significa que éste debe obrar con absoluta libertad y permanecer ajeno a ideologías, presiones políticas o dádivas de cualquier tipo. Se me acusa de atentar contra la independencia judicial cuando es justo lo que he estado defendiendo en mis casos de adopción y con la Orden General 17-01. Con tales actos mi intención ha sido mantener a salvo a la Corte de Familia de Kentucky de los embates de ideologías perniciosas cuyo origen ya he mencionado y que tienen a los Estados Unidos de rodillas y con sus fortalezas cristianas absolutamente derruidas. Para todo decimos “que Dios bendiga a América”, “en Dios confiamos” y juramos sobre la Biblia, pero hacemos exactamente lo contrario a lo que Dios ordena. Somos un país incongruente que dice una cosa y hace otra. Por ello, ahora estamos de rodillas frente a nuestro antiguo rival, que es muy superior en instituciones, en política y en blindaje contra ideologías que pretendan mermar su civilización. Me refiero a Rusia, quien no ha permitido que ni el lobby gay, ni la ideología de género, ni el feminismo la destruyan. Por eso Rusia se erige ahora como un titán frente a nosotros. En efecto, Rusia prohíbe la discriminación en cualquiera de sus formas, pero también evita a toda costa la polarización de la sociedad y la toma de rehenes inocentes por minorías furiosas. Y precisamente es por ello que nos ha ganado la guerra más importante de todas: la de la preservación del tejido social. Con mis acciones no he hecho nada más que salvaguardar la independencia del Poder Judicial evitando la injerencia de presiones políticas externas que lo obliguen a doblar las manos en perjuicio de los niños y de su propia integridad institucional, actitud que creo que deberían tomar todos los jueces del país, de manera que rechazo totalmente la acusación relacionada con la independencia judicial. Más bien estimo que es todo lo contrario. Procedimientos como éste y la hipervigilancia sobre decisiones de contenido políticamente sensible son los que atentan contra la independencia de los jueces, y es motivo de gran oprobio que esa injerencia provenga del propio Poder Judicial, como en el presente caso.

El juez Edwards había puesto el dedo en la llaga. Algunos integrantes de la Comisión empezaron a perder los estribos.

─Tiene la palabra el juez O’hara.

─¡Válgame Dios! ¡El juez Edwards olvida que es su conducta la que está bajo escrutinio y no la del Poder Judicial, ni mucho menos la de esta honorable Comisión!

─Pues matemos entonces tres pájaros de una pedrada ─contestó Edwards con una ligera sonrisa─. Un autoanálisis profundo no le vendría mal al Poder Judicial de Kentucky.

─¿Juez Adams? ─indicó el presidente.

─Esto es inaudito. Ahora resulta que el juez Edwards nos da una cátedra de política internacional, cuando estamos aquí para revisar su indebida conducta como juez de la Corte de Familia.

─Puede usted permanecer tan ciego como quiera ─lo interrumpió el juez Edwards, con tono amenazante─. Y puede permanecer de esa forma, bien por ingenuidad, o bien por hipocresía. Me basta a mí ser consciente de mis actos y obrar conforme a mi conciencia en todos mis asuntos profesionales y personales. Es evidente que esta Comisión ha emitido ya su resolución aun antes de montar esta simulación porque la obligan sus compromisos políticos y en consecuencia su falta de independencia judicial. Guarden sus deberes políticos para otra ocasión, que por mi parte he dicho todo lo que tenía que decir y sepan que no espero de ustedes ningún tipo de atención a mis alegatos, pues sé de antemano que no son libres y que las aplastantes ideologías que aquí se han discutido no les dejan alternativa más que sancionarme. En tal caso, les ahorraré el trámite y en este momento presento a ustedes mi renuncia al cargo de Juez de Adopciones de la Corte de Familia del circuito judicial 43 de los Estados Unidos de América.

─No ha lugar a admitir la renuncia solicitada ─prosiguió titubeante el presidente─, sino hasta que se emita la resolución correspondiente a este procedimiento.

─Solicito entonces a su señoría se me tenga por presentada con efectos a partir de la emisión de la resolución. Ser juez con una mordaza en la boca ya no es atractivo para mí.

─Ha lugar. ¿Alguna otra cosa que su señoría desee manifestar en su defensa?

─Ninguna.

─Entonces en un periodo máximo de ocho días se dictará la resolución que corresponda, la cual se le notificará de manera personal. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Se levanta la sesión.

A los pocos días, el juez Michael Edwards recibió personalmente la resolución del procedimiento sancionador.

Con una votación de cuatro a uno, se le amonestaba públicamente por su mala conducta en el desempeño de sus labores jurisdiccionales, por lo que la referida resolución fue publicada en los estrados de la Corte de Kentucky y puesta a disposición del público en su sitio web.

El juez Adams hizo un voto particular, mediante el cual opinó que la sanción adecuada era la destitución del cargo.

Edwards podía apelar la resolución, pero no lo hizo. Estaba satisfecho por haber presentado su renuncia y dejar así de seguir juzgando bajo la lupa de los intereses políticos del sistema, que pecaba de lo mismo de lo que él fue acusado: violar sistemáticamente el principio de la independencia del Poder Judicial, lo cual quedaba patente en la propia resolución que lo amonestaba. Su caso fue tan paradigmático que representantes del Partido Republicano lo buscaron para unirlo a sus filas y darle un cargo de representación popular, a lo cual se negó bajo el paradójico argumento de que “lo suyo no era besar bebés” en una campaña política.

Si usted quiere conocer la resolución pública de la Comisión de Conducta Judicial de Kentucky en el caso real, ingrese a la siguiente dirección electrónica:

https://courts.ky.gov/commissionscommittees/JCC/Documents/Public_Information/FindingsFactsNance.pdf