El Federalismo Mexicano Frente al Covid-19

Lorena Guadalupe Von Aguilar

Maestra en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, España y Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En 2015, ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación colaborando con el Ministro José Ramón Cossío Díaz, posteriormente colaboró con el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Autora del libro “Derecho y pandemias”.

 

En una emergencia sanitaria, un sistema jurídico federal disfuncional entorpece la operación de las instituciones del país y afecta la toma
de decisiones, lo cual se agrava con la omisión del ejercicio de facultades.

 

Introducción

Dentro de la ardua tarea de constituir un Estado se encuentra la necesidad de estructurar diversos sistemas de organización, uno de ellos es el territorial. La importancia de construir una adecuada organización radica en que ello contribuye a que el Estado lleve correctamente la administración de las diversas materias que tiene a su encargo y que se le facilite, en la mayor medida de lo posible, el manejo de los problemas que se puedan presentar.

Existen diversas formas de organización territorial, sin embargo, únicamente nos centraremos en la que se estructura México: el federalismo, que se entiende como una “forma de organización territorial del poder que se expresa a través de una gran variedad de fórmulas político-constitucionales”.1

Según George Anderson, para que exista una “esencia del federalismo” deben existir al menos dos niveles de gobierno con autonomía entre ellos.2 Esa esencia en lo más básico del federalismo, puede plantear conflictos entre los distintos niveles de gobierno al momento de que las autoridades de cada uno ejerzan el reparto competencial que les fue asignado.

Estos conflictos se ven exacerbados en momentos de crisis. Sin una buena regulación, el Estado puede verse rebasado al generarse un caos administrativo por el deficiente reparto de competencias entre los niveles de gobierno. El actuar de las autoridades resultaría tardío, torpe, ineficiente o incluso paralizado, si es que las normas no definen claramente sus facultades.

Es una situación que se ha presentado con la emergencia sanitaria por la enfermedad Covid-19. La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha supuesto un gran reto a los países.

Como lo adelantábamos, frente a esta emergencia México encuentra “una solución institucional y políticamente posible”3 en la organización federal, cuyas bases constitucionales se encuentran en los artículos 40, 41 primer párrafo, 73, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que se complementan con las atribuciones específicas que establece para cada ámbito de gobierno, artículos 89, 115, 116 y 122.

De forma muy resumida, el federalismo mexicano se establece de la siguiente manera. México es una República compuesta por estados libres y soberanos respecto a su régimen interior y la Ciudad de México.4 Se compone de tres niveles de gobierno: federal, estatal —y Ciudad de México— y municipal.5 Las facultades originarias corresponden a las entidades federadas, dejando a la Federación solamente las expresamente delimitadas en Constitución.6

Recientemente se ha seguido una tendencia hacia la centralización, un fenómeno que los juristas Raúl Mejía y Laura Rojas llaman “descontitucionalización de la fórmula de distribución de facultades”. Esto se refiere a que la CPEUM ha delegado al legislador la facultad de distribuir a través de leyes generales las competencias específicas de las materias, lo que antes ella misma definía en su texto.7 Esto ha llevado a que cada materia se organice de forma distinta, creando un complejo sistema federal de múltiples federalismos.8 Uno de ellos se refiere a la materia de salubridad y salud, relevante para el combate a la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.

Sistema federal en materia de salud9

En primer lugar, tenemos que la materia de salubridad general encuentra su base constitucional en el artículo 4 de la CPEUM que establece el derecho a la protección de la salud. Asimismo, en este artículo se establece que la materia de salubridad general será concurrente entre la Federación y las Entidades federativas, la que tendrá que estar definida en la ley, ateniéndose a lo establecido en el artículo 73, fracción XVI de la misma Constitución. Este último establece que el Congreso es el facultado para dictar las leyes en materia de salubridad general. De ahí, que el Congreso haya emitido en 1984 la Ley General de Salud (LGS). Por ello, la LGS desarrolla, entre otras cosas, la concurrencia de la Federación y las Entidades federativas en materia de salubridad general.10

La salubridad general en México, definida en una lista de temas establecida en el artículo 3 de la LGS, tiene una regulación competencial muy particular, que, sin encontrar utilidad en profundizar en el desarrollo histórico y normativo de su concepto11, podemos decir que actualmente bajo la directiva de la protección del derecho a la salud12, la salubridad general se ordena bajo un esquema de competencias concurrentes entre la Federación y las Entidades federativas.13

Se desprende entonces que existen dos subsistemas: la salubridad general y la salubridad local. No obstante, que existan dos niveles de gobierno que legislen y ejecuten la materia de salubridad en México no significa que existan dos sistemas de salud, sino más bien, que existe un único Sistema Nacional de Salud (SNS), constituido por múltiples subsistemas, el federal y los estatales, que concurren en sus facultades legislativas y operativas en dicha materia. SNS que además incluye a cualquier sujeto que preste servicios de salud ya sea público o privado, persona física o moral.14

Ahora bien, de dicha base constitucional del federalismo en materia de salubridad general que opera de forma concurrente entre Federación y Estados, podemos desprender varias cuestiones desde los dos ejes importantes del federalismo: ¿quién legisla? y ¿quién opera?

La primera, es que están facultados para legislar en materia de salubridad autoridades tanto del ámbito federal como local.15 En el ámbito federal, el órgano facultado para dictar leyes sobre salubridad general de la República es el Congreso.16 Por su parte, en el ámbito local corresponde a los gobiernos de los Estados.17

Como se mencionó arriba, la materia de salubridad general cuya regulación corresponde a la federación, se define a través de una lista de temas establecida en el artículo 3 de la LGS, pero ¿qué materias pueden ser reguladas por el ámbito local? Fácil, por fórmula residual, todo aquello que no esté en aquel listado corresponde a los gobiernos locales.18

La segunda cuestión que podemos desprender es que, del mismo modo como ocurre en el ámbito legislativo, en la operatividad también existen dos niveles de gobierno —federal y local— a los que se les atribuyen facultades para llevar a cabo acciones encaminadas a cumplir la política nacional en materia de salud. La federación, bajo la antes mencionada facultad legislativa en materia de salubridad general del Congreso, emitió la LGS a través de la cual distribuyó la operatividad de la materia sanitaria a los Estados.

Así, el reparto competencial para ejecutar la operatividad concurrente de la salubridad general se establece en los dos incisos del artículo 13 de la LGS y es de la siguiente forma: en el ámbito federal, el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Salud (SSA), mientras que en el ámbito local son competentes dentro de su jurisdicción territorial los gobiernos de las entidades federativas. “Es importante subrayar que la materia de salubridad general concurrente distribuida operativamente a las autoridades — inciso b) — no pierde en ningún momento su naturaleza federal, por lo que también les resultan aplicables a las autoridades sanitarias locales todas las normas administrativas secundarias emitidas por autoridades federales, […] ya que aun siendo autoridades sanitarias locales, están operando una facultad federal”.19

Como podemos observar, tanto del eje legislativo como del operativo de la materia de salubridad, se excluye al tercer nivel del federalismo mexicano: el municipal. Esto se hace evidente en el artículo 115 constitucional en el que no se le asigna al nivel municipal tal facultad y en el artículo 4 de la LGS que enumera a las autoridades sanitarias del país y no hace mención de los municipios. Esto quiere decir que no cuentan con ninguna facultad originaria en materia de salubridad general. No obstante, pueden intervenir en las tareas de salubridad si los Estados deciden descentralizar las facultades y delegarlas a través de convenios de coordinación.

Federalismo en la pandemia

Las Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII),20 como lo es la enfermedad de Covid-19 causada por el virus del SARS-CoV-2, figuran dentro de las materias de la salubridad general, pues en el listado del artículo 3 de la LGS se consideran: la prevención y el control de enfermedades transmisibles21 y la sanidad internacional22. Así, al ser materia de salubridad general, corresponde a la federación legislar a través del Congreso las normas aplicables en casos de emergencias sanitarias como una pandemia.

Lo anterior incluye dos cosas: regular medidas en la ley que puedan ser útiles para coordinar una estrategia de combate a la ESPII y asignar en ley a los órganos de las distintas materias —salud, educación, transportes, comunicaciones, etc.— las competencias específicas que poseen para coadyuvar en el combate a la emergencia, competencias que sirvan como fundamento para estructurar protocolos de actuación coordinados entre las autoridades.

Lo ideal es que las regulaciones se establezcan con tiempo para que se sometan a un buen debate que las enriquezcan, tratando de evitar, en la mayor medida de lo posible, caer en regulaciones de emergencia que puedan resultar deficientes, inefectivas o incluso violatorias de Derechos Humanos.

Ahora bien, respecto a la operatividad de las autoridades en caso “de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas” en el país, la Constitución dispone que es la Secretaría de Salud quien tiene la “obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables”.23 Medidas que además serán ejecutivas y obedecidas por todas las autoridades administrativas del país.24

Esto significa varias cosas. En primer lugar, que la máxima autoridad sanitaria competente en casos de ESPII’s es la SSA, lo que nos lleva a considerar que en este tipo de escenarios la estrategia de combate se concentra en la Federación. En segundo lugar, más allá de simplemente ostentar una competencia como autoridad máxima, es una obligación que, además, debe ser de inmediata ejecución. Y finalmente, que las decisiones de dicha autoridad sanitaria permean y tienen aplicación en todos los niveles de gobierno y deben ser acatadas por todas las autoridades del país.

Aquello tiene sentido cuando se pretende actuar de manera rápida, coordinada y de forma unificada a través de una sola cabeza, debido a la naturaleza de las emergencias de este tipo en las que se tiene que actuar de forma rápida y certera.

Vemos pues, que el federalismo en materia de salubridad general durante tiempos de emergencias sanitarias, que de por sí cae dentro del ámbito de la materia federal, adopta una forma mucho más centralizada, distinta a la que normalmente opera. Y si bien es cierto que en ningún lado se prohíbe como tal a los estados a tomar sus propias medidas, lo ideal en estos casos es que las que se tomen sean uniformes en todo el territorio nacional. Ese es el razonamiento detrás de que se concentre en una sola autoridad la facultad de dictar las medidas. Ahora que si la federación es omisa y no actúa en ejercicio de aquella facultad, es claro que los estados no sólo pueden, sino que deben tomar medidas por el bien de la población.

Finalmente, tenemos que decir que un síntoma más de la centralización de las facultades para el combate a una ESPII en la Federación, la podemos encontrar en la existencia y las facultades que ostenta el Consejo de Salubridad General (CSG)25 que, en apoyo técnico a la SSA, interviene en la toma de decisiones para estructurar una estrategia de combate a la pandemia, pues fue creado con la intención de dar respuesta rápida y eficaz a problemas de salubridad tanto interiores como provenientes del exterior.26 Este órgano, como establece el artículo 73, fracción XVI, base primera de la CPEUM, depende directamente del Presidente y sus disposiciones generales son obligatorias en el país. Como vemos, su naturaleza es de corte federal, pues además, las autoridades que lo componen, que cuentan con voz y voto en la toma de decisiones son todas federales. Y aunque en su composición se encuentren también “los Secretarios de Salud o su equivalente de las entidades federativas”27, estos sólo figuran como vocales que cuentan con voz, pero sin voto en la toma de decisiones, por lo que el CSG funge como un órgano federal, técnico y a través del cual, eso sí, se puede lograr una coordinación entre todas las autoridades del país, lo que no le quita a sus decisiones la concentración Federal.

Sistema Federal en el
combate al Sars-CoV-2

México no se ha librado del azote de la enfermedad y ha sufrido los estragos de la extraordinariedad de los acontecimientos. Ello se ha debido, en gran parte, a que si bien en su legislación es posible encontrar algunas previsiones a escenarios como el actual, lo cierto es que la normativa no es clara y precisa respecto de cómo actuar y  quién tiene que tomar las acciones para combatir la pandemia.

Por ello, es lógico que sus estructuras de organización interna para llevar a cabo acciones que combatan la emergencia sanitaria se han visto rebasadas, estructuras organizativas que ya de por sí, previo a la pandemia, enfrentaban defectos en su funcionamiento. No es que la emergencia sanitaria que hemos vivido en los últimos meses esté generando problemas al sistema Federal, sino que simplemente ha hecho más evidentes los ya existentes y antiguos problemas del sistema de distribución competencial.

Lo que hemos visto del gobierno federal en estos últimos meses, ha sido una actuación retrasada y lenta, emitiendo medidas desarticuladas, vagas, ambiguas y muy generales. Medidas sin especificaciones y desarrollo para su implementación, como la sana distancia, las limitaciones a la movilidad de personas, la cuarentena y la desescalada en el regreso a la normalidad. Medidas sin certeza plena por los mensajes contradictorios de las autoridades, respecto a si son efectivos o no como el uso de cubre bocas, el lavado de manos y el uso de gel hidroalcohólico. Medidas de comunicación con información no clara ni exacta respecto a las estadísticas y a las etapas en las que se encuentra México en la pandemia. Y peor aún, medidas sanitarias sin acompañamiento de políticas públicas integrales y disposiciones en otras áreas como la fiscal, la educativa, la turística, la económica, de comunicaciones y transportes, etc.

Es por esto que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, los gobiernos estatales mostraron su inconformidad con la falta de iniciativa del gobierno federal en la toma de acciones contundentes para la prevención y posterior combate a la enfermedad de Covid-19. Pues incluso habiendo ya casos confirmados dentro del territorio nacional, la autoridad federal no había ejercido las facultades que tenía a su alcance para comenzar a delinear un plan estratégico en respuesta a la ESPII. Acciones tales como convocar al Consejo de Salubridad General y comenzar a tomar medidas para prevenir la entrada al país de nuevos casos y para contener los ya existentes, así como acciones que coordinasen a los diversos sectores y niveles de gobierno que prepararan a México en todas las áreas (económica, social, educativa, sanitaria…) para afrontar la posible pandemia.

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Así, al observar la omisión por parte del gobierno federal y ver la inminente e inevitable llegada del virus a México, mucho antes de que las autoridades federales tomaran cartas en el asunto, los Estados comenzaron a tomar sus propias acciones, e incluso fueron más allá expandiéndolas e implementando otras nuevas ya que la pandemia había cundido en el país, medidas tales como28:

Filtros y controles sanitarios en los accesos al Estado como aeropuertos, puertos marítimos y centrales de autobuses. Algunos Estados aplicaron pruebas médicas a las personas procedentes de países con alerta sanitaria.

Suspensión de actividades no esenciales aparejada con políticas como apoyos alimenticios y entrega de medicamentos a enfermos crónicos y con Covid-19.

Interrupción de visitas a centros de reinserción social.

Cierre de lugares turísticos, hoteles y tiempos compartidos.

Cancelación de reuniones masivas como ferias y eventos estatales, culturales y actos religiosos.

Cierres de áreas naturales, bares, cines, casinos, centros nocturnos, salones de eventos, centros comerciales, balnearios, centros de recreación, centros de desarrollo infantil, guarderías, casas de día del adulto mayor, museos, bibliotecas, teatros, unidades deportivas.

Reducción en el aforo de restaurantes o limitación de venta de comida únicamente para llevar.

Patrullajes para promover el autoaislamiento y de promoción de uso de cubre bocas.

Control en el acceso e implementación de medidas en mercados, supermercados y tianguis.

Apoyos en materia de salud, alimentos, luz, agua y gas.

Aplicación de cuestionarios online y desarrollo de aplicaciones y páginas web para detectar posibles casos de Covid-19.

Instalación de nuevos hospitales y reconversión de otros para la atención exclusiva de pacientes enfermos de Covid-19, así como la instauración de unidades médicas móviles.

Apertura de líneas telefónicas, apps y micrositios web para mantener informada a la población y para brindar ayuda psicológica.

Suspensión de trámites estatales con plazos como renovación de placas y de regularización del padrón vehicular.

Implementación de programas y líneas de auxilio por violencia en casa.

Operativos para evitar reuniones.

Suspensión de actividades educativas antes de lo establecido por la Federación con medidas aparejadas como vacaciones anticipadas a trabajadores públicos con hijos menores a 15 años.

Compra de pruebas para detectar el nuevo coronavirus, material sanitario y respiradores. Además, en algunos Estados se buscó desarrollar caretas y mascarillas.

Estrategias para la cremación de muertos por Covid-19. Se prohibieron velorios en casa.

Desafortunadamente, las mencionadas acciones se han tomado de manera desigual en todo el territorio nacional, dependiendo del buen entender y saber de cada gobierno estatal, sin una directriz clara de cuáles son las medidas más pertinentes y quién debe ejecutarlas. Determinar aquello, correspondía a la Federación a través de la Secretaría de Salud conforme a la facultad que concentra conforme al artículo 73, fracción XVI, base segunda de la CPEUM, frente a epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas.

Otros sectores como el empresarial y la sociedad civil también han demostrado su inconformidad ante el titubeo del gobierno federal para tomar las riendas del combate a la pandemia de Covid-19, pues han sufrido los estragos de que la federación no haya ejercido sus facultades en la materia.

Podemos concluir que el problema de organización para el combate a la pandemia de Covid-19 en México ha radicado en dos cuestiones. La primera es normativa y se refiere a la falta de regulación de medidas y de asignación de facultades en el sistema de reparto competencial entre las autoridades de los diversos niveles de gobierno, así como la falta de claridad en la legislación ya existente. La segunda es de naturaleza operativa y se refiere a la omisa o deficiente ejecución, por parte de las autoridades, de las normas que sí son claras. Aquello se traduce en respuestas tardías, diferenciadas e imprecisas, omisiones, violaciones a Derechos Humanos y, en general, en un ambiente de inseguridad e incertidumbre que pone en riesgo a la población.

Conclusiones

En resumen, el sistema federal mexicano está compuesto por múltiples federalismos que responden a las diversas materias existentes. Uno de ellos es el federalismo en materia de salubridad y salud en México, que se caracteriza por ser concurrente, residual y coordinado.

Ese federalismo cambia ante un evento extraordinario como una ESPII, pues la Constitución define quién es la autoridad encargada de estructurar el combate. El cambio es tanto en lo legislativo como en lo operativo. En lo legislativo porque la SSA puede dictar las medidas que sean necesarias de ejecución inmediata y obligatoria en todo el país a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República, lo que quiere decir que pueden eventualmente convertirse en reglamentos administrativos. En este caso, la SSA estaría emitiendo un acto formalmente administrativo, pero materialmente legislativo.29 En una situación de normalidad, la facultad de dictar medidas a través de leyes le correspondería únicamente al Congreso. En la parte operativa el funcionamiento cambia porque la SSA se convierte en la autoridad sanitaria máxima durante las crisis sanitarias producidas por epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas, concentrando las facultades en la federación para establecer una estrategia de acción para el combate de las ESPII´s.

Como vemos, el fenómeno de la “desconstitucionalización de la fórmula de distribución de facultades” en el que la Constitución delega al legislador la facultad de distribuir a través de leyes generales las competencias específicas de las materias, en vez de distribuirlas en su mismo texto, también abarca la materia de salubridad y salud en lo general. Sin embargo, específicamente en el tema de combate a emergencias sanitarias se constituye una excepción a dicho fenómeno, pues la CPEUM no delega dicha distribución, sino que ella misma establece muy claramente que la facultad para atender emergencias de esta naturaleza corresponde a la Secretaría de Salud, constituyéndola, además, como la autoridad sanitaria máxima en estos casos.

Ahora bien, en realidad, a pesar de que en  materia de salubridad general corresponde a la Federación legislar por medio del Congreso tanto las medidas sanitarias como las atribuciones de las autoridades en casos de ESPII’s, esto no ha sido así pues, previo a la pandemia, el andamiaje jurídico a este respecto era muy pobre y el protocolo integral y coordinado de actuación, inexistente.30

Lamentablemente, las deficiencias normativas y operativas no terminan ahí. Como ya dijimos, la Federación concentra la operatividad de la salubridad general en el país en momentos de emergencias sanitarias conforme la base segunda de la fracción XVI del artículo 73. Sin embargo, las autoridades federales han sido omisas en ejercer plenamente sus facultades tanto en lo normativo como en lo operativo, dejando de lado la estructuración de una estrategia integral y coordinada para combatir la pandemia de Covid-19.

Podemos resumir que tener un sistema federal disfuncional durante una emergencia sanitaria importa porque entorpece el funcionamiento de las instituciones de todo el país, además de que ello también incide en la toma de decisiones y afecta la implementación de política pública y la prestación de servicios de salubridad y salud.

Por el contrario, un sistema de organización federal bien definido normativamente evita que las autoridades naveguen en la inseguridad jurídica, pudiendo actuar pertinente y acertadamente. Asimismo, un reparto competencial correctamente ejecutado operacionalmente, permite que los ciudadanos tengan la posibilidad de hacer uso de los servicios públicos y que exista una respuesta coordinada y adecuada a la emergencia, pudiendo salvar la vida de millones de personas. Es por este último camino por donde la Federación aún está a tiempo de reconsiderar y reconfigurar la estrategia de México frente a la pandemia de Covid-19.

 

   Bibliografía y fuentes documentales

  1. Aguilar Villanueva, Luis F. El Federalismo Mexicano: Funcionamiento y Tareas Pendientes. Revista Mexicana De Sociología, vol. 58, no. 3, 1996, pp. 3–37. JSTOR, www.jstor.org/stable/3540873.
  2. Anderson, George, Una introducción al federalismo. Editorial Marcial Pons, Madrid, 2008.
  3. Cano Valle, Fernando, et all. Medicina y estructuras jurídico-administrativas en México. Instituto de investigaciones jurídicas. Serie: Estudios jurídicos, numero 250. Primera edición, México, 2014.
  4. Cossío Díaz, José Ramón, et all. Reflexiones constitucionales sobre el Consejo de Salubridad General. Gaceta Médica de México, año 2013, volumen 149, número 3, pp. 356-362. Consultado el 15 de septiembre de 2017. Disponible en http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2013/gm133q.pdf
  5. Cossío Díaz, José Ramón & Sánchez Mejía, David Jesús. El consejo de Salubridad General en la Constitución mexicana de 1917. En el libro: “Secretaría de Salud: La salud en la Constitución mexicana”, Coord. Gutiérrez Domínguez, Fernando. Serie: Memoria y prospectiva de las secretarías de Estado, Biblioteca Constitucional INEHRM, Primera Ed., México, 2017.
  6. Mejía Garza, Raúl Manuel & Rojas Zamudio, Laura Patricia, Federalismo(s). El rompecabezas actual (Formato E-Book), Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2018.
  7. Periódico Expansión Política, Estado por estado, estas son las medidas que se han tomado contra el Covid-19, Sección Estados, 1 de abril de 2020. Disponible en: https://politica.expansion.mx/estados/2020/04/01/estado-por-estado-medidas-que-se-han-tomado-contra-covid-19
  8. Von Aguilar, Lorena Guadalupe. Derecho y Pandemias. Editorial Tirant Lo Blanch, Colección “Derecho y…”, primera edición, México, 2019.

1 Anderson, George, Una introducción al federalismo, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, pp. 11

2 Ibídem., pp. 23-24

3 Aguilar Villanueva, Luis F. El Federalismo Mexicano: Funcionamiento y Tareas Pendientes. Revista Mexicana De Sociología, vol. 58, no. 3, 1996, pp. 3–37. JSTOR, www.jstor.org/stable/3540873. Accessed 26 June 2020.

4 Artículo 40 de la CPEUM.

5 Facultades reguladas en los artículos complementarios mencionados un párrafo antes.

6 Óp. Cit. Mejía & Rojas, sección Aparición y evolución de los federalismos, pp.14 de 16.

7 Ibídem, pp.10-14 de 16.

8 Para profundizar en esta idea ver el libro: Óp. Cit. Mejía & Rojas.

9 Ibídem, sección Introducción. Precisiones metodológicas y bibliográficas, pp.1 de 3.

10 Artículo 1 de la LGS.

11 Para mayor profundización ver: Óp. Cit. Mejía & Rojas.

12 Cuyas finalidades se enumeran en el artículo 2 CPEUM.

13 Artículo 4, párrafo cuarto de la CPEUM.

14 Artículo 5 de la LGS.

15 Artículo 13, Ley General de Salud (LGS).

16 Artículo 73, fracción XVI de la CPEUM.

17 Artículo 13, inciso B de la LGS.

18 Óp. Cit. Mejía & Rojas, sección III. Federalismo(s), pp. 12 de 48.

19 Ídem.

20 Artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional 2005 (RSI2005).

21 Artículo 3, fracción XV de la LGS.

22 Artículo 3, fracción XXVII de la LGS.

23 Artículo 73, fracción XVI, base segunda.

24 Artículo 73, fracción XVI, base tercera.

25 Para conocer más sobre este órgano federal ver: Cossío Díaz, José Ramón, et all. Reflexiones constitucionales sobre el Consejo de Salubridad General. Gaceta Médica de México, año 2013, volumen 149, número 3, pp. 356-362. Consultado el 15 de septiembre de 2017. Disponible en http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2013/gm133q.pdf

26 Cossío Díaz, José Ramón y Sánchez Mejía, David Jesús. El consejo de Salubridad General en la Constitución mexicana de 1917. En el libro: “Secretaría de Salud: La salud en la Constitución mexicana”, Coord. Gutiérrez Domínguez, Fernando. Serie: Memoria y prospectiva de las secretarías de Estado, Biblioteca Constitucional INEHRM, Primera Ed., México, 2017, pp. 77.

27 Artículo 4, fracción VII del Reglamento Interior del CSG.

28 Se realiza una recopilación de medidas más específica por Estado en el artículo Estado por estado, estas son las medidas que se han tomado contra el Covid-19, Periódico Expansión Política, Sección Estados, 1 de abril de 2020. Disponible en: https://politica.expansion.mx/estados/2020/04/01/estado-por-estado-medidas-que-se-han-tomado-contra-covid-19

29 Cano Valle, Fernando, et all. Medicina y estructuras jurídico-administrativas en México. Instituto de investigaciones jurídicas. Serie: Estudios jurídicos, numero 250. Primera edición, México, 2014, pp. 111.