El estado, corresponsable de la trata de personas

Yuriria Alvarez Madrid

Maestra en Ciencias Penales por Investigación del INACIPE. Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana. Fue directora del Programa contra la Trata de Personas de la CNDH y coordinadora general de Participación Ciudadana y Atención a Víctimas de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

 

Un enfoque de Derechos Humanos devela que no sólo los tratantes pueden ser señalados por esta práctica criminal. Han pasado casi 21 años del primer instrumento internacional que obliga a su combate, pero los resultados están lejos de lo deseado.

1. Causas estructurales y Derechos humanos

La trata de personas puede ser analizada como fenómeno delictivo, una cuestión de seguridad nacional, un asunto migratorio, un problema social y/o cultural, etcétera. Para algunos representa una forma de violencia, para otros, una injusticia social; para unos más, incluso, un atentado contra la moral. Cada uno de estos abordajes conllevará decisiones y acciones cuyos resultados tendrán efectos directos en las vidas de las personas que son víctimas y de aquellas que están en peligro de serlo, así como en las comunidades en las que se manifiesta.

Si bien la adopción del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000 constituyó un momento crucial para el reconocimiento y combate a la trata de personas, resulta asombroso el tiempo que ha pasado sin que los países den el salto de lo que en un principio fue la exigencia mínima consistente en tipificar a la trata de personas como delito, a contar con una política integral que garantice el derecho a no ser víctima de trata de personas.

Hay que recordar que los primeros intentos dirigidos a la persecución y sanción de la trata de personas en la mayoría de los países, incluyendo México, se dieron sin el mayor conocimiento de dónde y cómo se presentaba; de quiénes eran las víctimas y quiénes los victimarios. Al mismo tiempo, cada modalidad de trata de personas se iba develando rodeada de mitos, de prejuicios, de doble moralidad y, a la vez, enraizada en cadenas de producción explotadoras, intereses económicos, impunidad, corrupción y, sobre todo, en el poder que ejerce el que consume, el que paga por lo que sea, incluso por un ser humano.

Reconocer a la trata de personas como un delito asilado, como una acción que se comete en el anonimato, además de que no ha dado resultados como lo podemos verificar en los informes globales bianuales que presenta la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), resulta poco apegado a la realidad y a siglos de historia que narran cómo prácticas como la esclavitud siguen sin ser erradicadas por más repudiadas y prohibidas que se encuentren. La comercialización de seres humanos con fines de explotación es parte de un fenómeno más amplio que tiene que ver con estructuras establecidas en un sistema social que se ocupa de la persistencia de condiciones injustas, discriminatorias y de desigualdad dirigidas a que unos pocos mantengan sus privilegios.

La trata de personas está arraigada en fuertes causas estructurales que hacen complejo erradicarla desde sus raíces. La discriminación racial, por ejemplo, aumenta las probabilidades de que una persona sea captada por tratantes y entregada a explotadores sin tener la posibilidad de ser identificada como víctima por parte de las autoridades; la corrupción permite que agentes del Estado se mezclen con delincuentes para que subsistan los paraísos en torno a la explotación y la impunidad; la violencia contra las mujeres y la posición histórica y cultural que han ocupado las adolescentes, las niñas y los niños ante la violencia sexual admite que se les siga explotando en la prostitución como un hecho normalizado; la discriminación estructural y las prácticas “ancestrales” disfrazadas de caridad hacia las personas con discapacidad, en pobreza extrema o en situación de calle, hacen que se tolere socialmente los trabajos y mendicidad forzadas.

La trata de personas está intrínsecamente relacionada con la dignidad de las personas, por ello, no puede ser vista exclusivamente como un delito, sino que también como una violación a los Derechos Humanos. La trata de personas y la explotación que de ella deriva, ya sea por sus causas o consecuencias, violenta derechos protegidos por los tratados internacionales de Derechos Humanos que implican responsabilidad para los agentes del Estado. Esto significa que las acciones para su erradicación no puedan reducirse a una cuestión represiva, de persecución de delincuentes, pues el delito seguiría teniendo efectos en las personas y en las comunidades al no combatirse desde sus causas; es decir, si no se hace desde un enfoque que corrija las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo de todas las personas sin importar su origen, sexo, raza, etcétera.

La libertad va de la mano del ejercicio del derecho a la igualdad; en la medida en la que una persona tiene acceso a las oportunidades en condiciones de igualdad, puede tomar decisiones. Si el Estado no le garantiza ese derecho, habrá quien se aproveche de esa situación de vulnerabilidad y obtendrá un beneficio.

Si bien es sumamente relevante reconocer que sacar provecho de la explotación humana es un delito, comprender que, antes que eso, la trata de personas es una violación a los Derechos Humanos y un atentado contra la dignidad y la integridad de las personas, puede permitir actuar bajo el deber de diligencia que se traduce en frenar el daño antes de que se produzca.

2. Enfoque de Derechos Humanos, como responsabilidad del Estado

Ante la necesidad de poner como eje de la acción del Estado a la prevención y sobre todo a la víctima, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicó los Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y trata de personas1 que establecen que:

“El enfoque basado en Derechos Humanos es aquél basado desde el punto de vista normativo en las normas internacionales de Derechos Humanos y dirigido desde el punto de vista operacional a la promoción y protección de los Derechos Humanos.”

Concretamente, para el caso de trata de personas, “requiere de un análisis de las formas que se vulneran los Derechos Humanos a lo largo del ciclo de la trata de personas, así como de las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de los Derechos Humanos”.2

Como señalé anteriormente, la trata de personas tiene sus raíces en causas estructurales como la discriminación y la desigualdad, por lo que abordarla desde un enfoque de Derechos Humanos implicaría promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos más marginados, para participar en la formulación de políticas y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar en torno a estos temas,3 aunque no se consideren directamente acciones “contra la trata de personas”. Conllevaría implementar medidas específicas con el fin de reducir la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes ante la trata, creando un entorno protector y acciones dirigidas a desincentivar la demanda que favorece todas las formas de explotación de las personas, en especial de las mujeres y personas menores de edad.

La obligación del Estado es identificar las prácticas que se están dando y corregirlas. Si la pobreza y la violencia de género son motores que ponen en situación de vulnerabilidad a las personas, en especial a las niñas y las mujeres, la respuesta del Estado debe, con base en las obligaciones que tiene a nivel nacional e internacional, aplicar medidas dirigidas a promover la justicia social y la distribución de la riqueza de manera equitativa, así como aquellas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia.

Ahora bien, la trata es una cadena que va desde la selección, captación, traslado, desarraigo, entrega y recepción de las personas víctimas con fines de explotación, hasta su relación con los mercados del consumo humano y los cómplices alrededor de éstos. Partimos de que a la trata de personas se le confunde con otras cuestiones, como al tráfico de personas migrantes o a la propia explotación, y que la detección de las víctimas y posibles víctimas ha sido uno de los retos más importantes para su combate porque existen mitos, prejuicios y normalización de la violencia y discriminación, pero en especial porque se considera que la trata de personas, al ser un delito, no genera obligaciones en servidores públicos que no están vinculados a la administración y procuración de justicia.

Sucede, sin embargo, que todas y todos los servidores públicos tienen la obligación, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional, de actuar con debida diligencia para prevenir la trata de personas y, en caso de no lograrse, atender a las víctimas, siendo el primer derecho que éstas tienen el ser detectadas e identificadas a tiempo. No actuar conforme a esto puede generar responsabilidad por la violación a Derechos Humanos, ya sea por acción u omisión.

En ocasiones, los Estados se resisten a aceptar la responsabilidad legal por la trata de personas y por las violaciones a Derechos Humanos argumentando que el daño principal y otros prejuicios asociados han sido cometidos por un delincuente o grupos de delincuencia y no propiamente por el Estado. Al respecto, el Principio 2 de los Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y trata de personas del Alto Comisionado señalan que “los Estados serán responsables por aquellos de sus propios actos u omisiones que incumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Además, los Estados en general no podrán eludir la responsabilidad de los actos de particulares cuando se haya demostrado su capacidad para influir en un resultado diferente y más positivo (en relación con la norma primaria). En estos casos, la fuente de responsabilidad no es el acto sino la falta de acción del Estado que no adopta medidas de prevención o respuesta de acuerdo a la norma exigida”.4

La falta de detección de las víctimas es entonces un indicador que nos permite observar que la respuesta del Estado no tiene un enfoque de Derechos Humanos. Si a esto le adicionamos aspectos de discriminación y desigualdad, entonces tenemos el siguiente ejemplo.

Actualmente, las y los adolescentes están siendo víctimas de la violencia homicida, así como de la violencia indirecta (derivado de la muerte de sus familiares a manos del crimen organizado), pero también se está reforzando la participación de estos/as en actividades delictivas. Si esta cuestión no se mira a través de un enfoque de Derechos Humanos, fácilmente se puede caer en la criminalización de las personas adolescentes involucradas en estas actividades, sin tomar en cuenta las circunstancias que las ubican en este contexto, pudiendo traer consigo acciones
represivas, que lejos de brindar una solución constituyen violaciones a sus derechos.

Cabe destacar que en México, de acuerdo con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos5, la captación de personas menores de edad con fines de ser utilizados para la comisión de delitos relacionados con la delincuencia organizada es trata de personas. Sin embargo, están siendo procesados y no se les está rescatando ni atendiendo como víctimas de este delito.

Para concluir puedo señalar que la trata de personas y las diversas formas de explotación tienen su origen principalmente en la desigualdad. Existe trata de personas y explotación derivado de la amoral concentración de la riqueza, de las históricas injusticias socioeconómicas, de la falta de acceso a las oportunidades en condiciones de igualdad, de la cultura patriarcal dominante, concretamente, de las vulnerabilidades creadas por el fracaso en la protección de derechos por parte de los gobiernos que, por siglos, no han invertido en educación de calidad, ni en garantizar el goce en el ejercicio de derechos de sus habitantes.

Como en pocos delitos, a las víctimas de trata de personas se les reprocha el haberse dejado engañar, seducir, el haber creído que tendrían una vida mejor. De igual forma, es el único delito en el que la propia víctima tampoco se ve a sí misma como tal, se le asume pobre, ingenua, desafortunada, enamorada. Sin embargo, para entender la trata de personas hay que comprender primero a la sociedad que la permite y tolera, y analizar la construcción social de la pobreza, esa relación normalizada con la palabra “explotación”.


1 Oficina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios y Directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas, ONU, Nueva York, Ginebra, 2010, pág. 51.

2 Ibídem, pág, 52

3 Oficina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Preguntas frecuentes sobre el Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo. Ginebra, 2006, pág. 15.

4 OACDH, Principios y Directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas, ONU, Nueva York, Ginebra, 2010, pág. 84y 85.

5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012.