Editorial

Las transformaciones estructurales (o, más bien, los cambios democráticos de estructuras) son combate a la simulación y a la mentira. Si no asumen tal condición terminan diluyéndose en la irrelevancia o se mimetizan con los oprobios y engaños que plantearon combatir. En tal situación suele profundizarse la negación de la libertad y el desconocimiento de la dignidad de la condición humana.

Desde la gran reforma al Poder Judicial que se produjo a fines del siglo XX, pasando por las reformas al juicio de Amparo, al proceso penal en sentido acusatorio, a la concepción y sistema de fuentes de los Derechos Humanos, a la transparencia y rendición de cuentas, al Poder Judicial Federal en diciembre de 2021 y, por supuesto, pasando también por nuestra aparentemente paradigmática Transición democrática, integrada por sucesivas mutaciones electorales, el prurito reformador se ha centrado en los parajes legislativos y ha procurado poco, más bien muy poco, traducirse en prácticas que permitan configurar un sistema a largo plazo: en un ordenamiento que convenga (merced a la interiorización de sus valores) a un amplio espectro de la población.

La Transición democrática (así, con mayúscula) ha distado de incorporar la conveniente Transición social en un sentido igualitario y de idéntico reconocimiento de la dignidad atinente a todos los integrantes de la familia humana (el fenómeno no es exclusivamente mexicano: allí están las recientes resoluciones de la Corte Interamericana en materia de protección a la vida perinatal e infantil para demostrarlo).

La ya no tan reciente reforma laboral brinda amplias oportunidades para reparar notorias áreas de simulación presentes en el Derecho mexicano. Pensemos, desde luego, en la siempre anhelada democracia sindical efectiva, así como en uno de los temas principales de este número: el combate a la contratación laboral simulada, la subcontratación de trabajadores con miras a regatearles derechos pomposamente incorporados, sin demasiada efectividad, a nuestros ordenamientos legales. Tenemos, por ejemplo, el reparto de utilidades entre los trabajadores de las empresas, una conquista tan antigua como el llamado “Desarrollo estabilizador”, que hoy requiere un relanzamiento a un tiempo eficaz y justo. El hecho de que la justicia laboral se vaya a impartir ahora en sede auténticamente jurisdiccional abre las ventanas a un saludable ambiente de genuina preocupación por las prerrogativas de quienes integran las cadenas productivas, tanto desde el punto de vista del capital como desde el correspondiente al trabajo.

Las plumas que nos han hecho el favor de colaborar en este número permiten que el lector se adentre en una sana dinámica de combate a la tergiversación de los conceptos, que es una forma (y tal vez la peor de todas) de la corrupción. Nosotros quisiéramos hacer de todos los tiempos, efectiva y eficazmente, Tiempos de Derechos, sí, pero de derechos vivientes, auténticos, tutelados, judicializables, actuantes y plenamente realizados. Al tiempo y con esperanza…