Don Sergio

Paulo Arturo Flores Tello

Maestro en Derecho de la Empresa

 

Antecedentes

El 3 de septiembre de 2009, fue publicada en el Periódico Oficial de San Luis Potosí la reforma al artículo 16 de la Constitución Política de dicha entidad federativa. El texto reformado del numeral en cita refiere lo siguiente:

Artículo 16. El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso.

No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte”.

El 5 de octubre del mismo año, 12 diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo transcrito previamente.

Los promoventes adujeron en sus conceptos de invalidez, esencialmente, lo siguiente:

“… el precepto combatido establece los casos en que no se puede sancionar penalmente la interrupción del embarazo (culpa, violación, inseminación indebida, peligro de muerte de la mujer); modifica el concepto de persona, para efectos jurídicos (se amplía a los no nacidos); eleva creencias particulares a nivel de norma general; constituye una regresión de los derechos fundamentales de las mujeres (pues ya no podrán tener acceso a métodos de planificación familiar, como el DIU y la anticoncepción de emergencia, ni a métodos de reproducción asistida, como la fertilización in vitro); y contiene un mandato consistente en penalizar la interrupción del embarazo.”

La demanda fue turnada para su estudio y resolución al señor Ministro José Fernando Franco González Salas, el cual propuso al Pleno declarar la invalidez del párrafo primero del artículo 16 impugnado: “en las porciones normativas que dicen: ‘como fundamento de todos los derechos de los seres humanos’ y ‘desde el momento de su inicio en la concepción’”.

Al respecto, los Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Pardo Rebolledo y Ortiz Mayagoitia votaron en contra del proyecto, por lo que éste no alcanzó los 8 votos necesarios para decretar la invalidez del artículo cuya constitucionalidad fue cuestionada y, en consecuencia, la acción de inconstitucionalidad fue desestimada. Lo anterior, en términos de los dispuesto por los artículos 105, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 72, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las razones por las que el señor Ministro Aguirre Anguiano consideró constitucional el artículo 16 de la Constitución potosina fueron plasmadas en un voto particular.

Voto Particular

El señor Ministro Aguirre Anguiano estructuró su opinión disidente en cuatro partes. En la primera, realizó un estudio de las disposiciones constitucionales y convencionales que establecían el derecho de protección a la vida humana desde la concepción; en el segundo apartado analizó la facultad constitucional de las entidades federativas para regular los Derechos Humanos y dictar normas que protejan a estos; en la tercera porción abordó las implicaciones del artículo impugnado respecto de los Derechos Humanos de las mujeres; y, por último, la cuarta parte fue destinada a las conclusiones jurídicas frente al artículo combatido en la acción de inconstitucionalidad.

El Derecho a la Vida

En la primera parte del voto, el Ministro hace patente que, a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, el artículo 29 de nuestra Constitución establece que el derecho a la vida no puede ser restringido ni suspendido, en consonancia con lo dispuesto por los artículos 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 4 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.

Previo a esta reforma, este derecho se encontraba implícito en el texto constitucional, en específico en los artículos 1, 14 y 22, “al ser la vida el presupuesto lógico de existencia de los demás derechos sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos”. La presencia implícita del derecho a la vida humana fue sostenida por el mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la acción de inconstitucionalidad 10/2000, la cual dio lugar a las jurisprudencias P./J. 13/2002 y P./J. 14/2002, con los siguientes rubros:

“DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”

“DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES”

Asimismo, el derecho a la vida humana en todo momento se desprende del análisis de los principios de universalidad, pro personae y de no discriminación, presentes en el artículo 1 constitucional, en relación con tal derecho.

Así, dado que el principio de universalidad de los derechos humanos implica que resultan aplicables a todos los seres humanos sin distinción, la cobertura del derecho a la vida incluye a aquellos que aún no han nacido, lo cual, adminiculado con el derecho a la no discriminación, en este caso por edad, permiten determinar que la vida está protegida constitucionalmente desde su origen. Esta interpretación es conforme al principio pro personae, el cual obliga a que, ante diversas interpretaciones de una norma, se prefiera aquella que otorgue la protección más amplia del Derecho Humano conducente.

No es óbice, para lo anterior, el hecho de que la Constitución no cuente con una norma que expresamente determine en qué momento inicia la vida, pues corresponde al legislador delimitar los alcances de protección de dicho derecho, pero al hacerlo deberá respetar los principios enunciados en el artículo 1 constitucional, es decir, el principio pro personae, de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese mismo sentido, en la emisión de leyes que establecen derechos fundamentales, los poderes legislativos deben respetar el núcleo esencial de los derechos, sus contornos y alcances, tal cual fueron concebidos por el Constituyente, de tal manera que los derechos humanos podrán ser detallados, desarrollados, reglamentados, ampliados y reforzados a través de tales leyes, pero jamás podrán ser alterados, disminuidos, aniquilados o anulados.

De este modo, cuando el Constituyente potosino reformó el artículo 16 de su Constitución para proteger el derecho a la vida desde su concepción, se ajustó plenamente a los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que su contenido implica una protección más amplia del derecho a la vida (pro personae); protege al ser humano no nacido (universalidad); representa un avance al comprender como objeto de protección a todas las etapas que conforman la vida humana (progresividad); considera la existencia humana de principio a fin (indivisibilidad); y coexiste con el ejercicio responsable del derecho a la libertad reproductiva de la mujer (interdependencia).

Esta interpretación es armónica con lo dispuesto por los artículos 3, 4, 123, apartados A, fracciones V y XV, y B, fracción XI, inciso c), y Tercero transitorio del Decreto que reformó los artículos 30, 32 y 37 constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1999, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual manera, la interpretación resulta acorde con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en su artículo 4.1 menciona lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Si bien es cierto que nuestro país realizó una declaración interpretativa respecto a la expresión “en general”, esto no puede tener como efecto suprimir o limitar el goce y ejercicio del derecho a la vida, pues dicha interpretación está prohibida por el artículo 29 de la misma Convención.

La Facultad de los Estados para Regular los Derechos Humanos y Protegerlos

Las autoridades estatales no pueden desconocer los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el artículo 1 de ésta es claro al establecer que todas las personas gozarán de ellos. No obstante, esto no implica que las entidades federativas no puedan regular dichos derechos e incluso aumentar su ámbito de protección, pues no se trata de una materia reservada a la Federación en términos del artículo 73 de dicha Ley Fundamental. En estos casos, lo que está vedado a las entidades federativas es la restricción o limitación de los Derechos Humanos.

En ese tenor, el artículo 16 de la Constitución local de San Luis Potosí cumple con los parámetros constitucionales, pues la norma que de él se desprende respeta el núcleo esencial del derecho a la vida, y no lo restringe o limita de manera alguna. Incluso, de acuerdo con lo expresado en el apartado anterior, no puede siquiera considerarse que con esta reforma se haya ampliado el derecho a la vida, pues éste está reconocido expresamente en la Constitución Federal.

De este modo, la inconstitucionalidad del dispositivo normativo combatido no puede producirse debido a la falta de determinación en la Constitución Federal de en qué momento inicia la vida, pues esta indeterminación no impide al legislador a establecer dicho momento en apego a lo dispuesto por el artículo 1 constitucional, pues, se reitera, los Derechos Humanos y su reglamentación no son una materia exclusiva de la Federación.

Implicaciones del Artículo 16 de la Constitución Política de San Luis Potosí respecto de los Derechos Humanos de las Mujeres

La protección del derecho a la vida desde la concepción no dificulta el pleno ejercicio del resto de los Derechos Humanos. En específico, esta protección no transgrede la dignidad ni los Derechos Humanos de las mujeres, concretamente los relativos a la libertad reproductiva y la salud.

Para garantizar los derechos a la libertad reproductiva y la salud de las mujeres, el Constituyente potosino estableció expresamente la impunibilidad de aquellos casos en los que la muerte del producto de la concepción sea el resultado de una acción culposa; o cuando éste sea producto de una violación o inseminación indebida; así como que la continuación del embarazo conlleve el riesgo de muerte para la mujer.

Si bien el Constituyente de San Luis Potosí enumeró algunos casos no punibles, esta disposición constitucional no impide que el legislador ordinario considere un mayor número de supuestos en los que la interrupción del embarazo sea impunible, pues su contenido no conlleva un mandato de considerar castigables al resto de los supuestos en los que se puede presentar este hecho.

De la misma manera, del artículo en análisis no emana la prohibición al uso de anticonceptivos, ni la facultad de imponer embarazo alguno a ninguna mujer, pues éstas pueden optar libremente por no ser madres tomando las medidas anticonceptivas relativas e interrumpir su embarazo cuando éste sea resultado de una violación o una inseminación indebida, por lo que no se advierte colisión alguna entre los derechos a la vida, la libertad reproductiva y la salud.

Por ello, se considera un error enfrentar estos derechos en abstracto, pues tal confrontación lleva necesariamente a la prevalencia de un derecho sobre el otro, sin que sea posible ponderar caso por caso qué derecho debe primar, atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno de ellos.

Esta confrontación en abstracto no puede ser realizada al resolver una acción de inconstitucionalidad, pues en ésta sólo debe dilucidarse la constitucionalidad de la norma general impugnada y no si alguna de las conductas realizadas al amparo de esa norma podría contravenir el texto constitucional, lo cual debería ser analizado casuísticamente por los jueces.

Ahora bien, los derechos a la libertad reproductiva y la salud no otorgan a las mujeres la capacidad para decidir si se desea o no interrumpir un embarazo que sea producto del ejercicio del derecho de libertad sexual, pues sería reconocer el derecho a destruir o anular la vida de un ser humano sólo por no haber nacido.

En consecuencia, la vida tiene que ser un valor prevalente en este tipo de ponderaciones, porque su limitación a favor de otro derecho implica su anulación total y, por ende, las de los demás Derechos Humanos, sin que esto obste para que los legisladores regulen excluyentes de responsabilidad o excusas absolutorias en la materia penal en los casos que consideren justificados.

Ahora bien, no puede considerarse que el derecho a la vida pueda protegerse mediante la promoción de políticas públicas que atiendan la salud sexual y reproductiva, así como la maternidad y paternidad responsables, pues con ello se evitarían los embarazos no deseados, más no se protegería la vida del nasciturus en los casos en que se produzcan dichos embarazos.

Así, la norma combatida es constitucional, pues persigue un fin constitucionalmente válido como es la protección de la vida humana desde su inicio, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que nuestro país es parte, además de que con su protección no se impide el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres.

Conclusiones Jurídicas

El voto culmina con las siguientes conclusiones:

El control abstracto que implica una acción de inconstitucionalidad impide, desde la técnica jurídica, realizar especulaciones y supuestos imaginarios sin atender al método de interpretación conforme de la norma impugnada.

La norma impugnada es de naturaleza declarativa, por lo que no incumbe una sanción o prohibición que destruya otros Derechos Humanos.

El artículo combatido respeta el núcleo duro del Derecho Humano a la vida sin que ocasione un detrimento en los derechos humanos de las mujeres.

La propuesta sometida al Pleno no aborda cabalmente el principio pro personae, ni la consagración del derecho a la vida, cuya suspensión o restricción está expresamente prohibida en el artículo 29 de la Constitución.

La norma impugnada es conforme con los principios y artículos constitucionales enunciados en el texto del voto particular.

Las jurisprudencias resultantes del fallo a la acción de inconstitucionalidad 10/2000 se encuentran vigentes y no han sido interrumpidas.

No existe un Derecho Humano a abortar sin restricción alguna.

En casos muy concretos el legislador debe regular excluyentes de responsabilidad o excusas absolutorias en materia penal, por ejemplo, en los casos de violación o inseminación indebida.

Colofón

Las convicciones personales de un hombre profundamente católico como lo fue el Ministro Aguirre Anguiano no son compatibles con el aborto. Sin embargo, este voto particular no está sustentado en las creencias particulares de quien lo formula, ni en dogma alguno.

En el transcurso de su opinión minoritaria, el Ministro Aguirre Anguiano presenta una serie de argumentos jurídicos que respaldan de manera plausible el hecho de que en la Constitución el derecho a la vida está protegido desde la concepción. La interpretación de los dispositivos constitucionales y convencionales citados en el texto es realizada conforme a las reglas de interpretación ampliamente conocidas en el mundo del derecho, no hay un ejercicio falaz que busque inclinar la balanza hacía las convicciones personales de quien lo formula; se trata pues, de una argumentación intelectualmente honesta, que refleja el carácter del Ministro Aguirre Anguiano.

Con independencia de si se comparte o no el criterio jurídico contenido en este voto particular, no puede negarse su valor jurídico, argumentativo y ético.

El 22 de junio de este año, las redes sociales reportaban el fallecimiento del Ministro Aguirre Anguiano. Voces de todos los espectros ideológicos lamentaban la muerte de un hombre congruente, amable, culto, siempre abierto al debate de las ideas y de gran capacidad y habilidad argumentativa, un jurista en toda la extensión de la palabra.

Tuve la fortuna y el honor de conocer a Don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, tuve el privilegio de tratarle personalmente y considerarle mi amigo. Hombre de grandes convicciones y mayor inteligencia, de formidable sentido del humor y trato humano.

El Ministro Aguirre Anguiano fue un hombre de una pieza.

Se le extraña y se le seguirá extrañando.