Despenalización, trampa para la mujer

Diana Ibarra Soto

Doctora en Filosofía por la UNAM, especializada en la transversalización de la perspectiva de género, el desarrollo humano y en feminismos. Socia Fundadora de Gender Rating y Profesora-Investigadora de la Universidad Panamericana y el Tec de Monterrey. Fue Consejera del Instituto Nacional de las Mujeres de 2012 a 2018.

 

Derogar como delito la comisión del aborto puede crear más lagunas, inequidades y violencia contra las mujeres. Significa que el Estado ha claudicado ante una injusticia; significa que ha llegado tarde.

Hablar de aborto es siempre complicado, se entremezclan emociones, experiencias y opiniones. Cada quien tiene una postura y entre ellas hay una tensión constante que está presta a acallar razones, a dejar de escuchar las implicaciones que puede tener la acción de derogar el delito penal de aborto. No pocas corrientes feministas han postulado que no se puede comulgar con dicho movimiento, sin estar a favor de una postura que conceda el aborto libre y sin preguntas. Ignorando la falacia histórica que esa afirmación supone, pues hay muchas feministas en contra del aborto, tal como lo es Mary Wollstonecraft en su obra “Una Vindicación de los derechos de las mujeres”, a mi juicio esa es una posición limitada y precipitada. No se malentienda, valoro profundamente el reclamo de justicia ante los millones de mujeres que sufren un orden social desigual por el hecho de ser mujeres y que, fruto del patriarcado hegemónico, sordo y ciego, se han visto orilladas a decisiones extremas. No me atrevo a juzgarlas, pero tampoco a ignorar que la solución de legalizar el aborto implica decisiones y situaciones que son perjudiciales en sí. No sólo en cuanto a la nueva persona que está por nacer, sino en cuanto a la estructura social que las mismas mujeres enfrentan. Profundizo.

Eliminar del Código Penal Federal el delito de aborto supondría que terminar un embarazo no debería ser una acción punible. ¿Y qué pasaría si el aborto fuera ocasionado por un hombre? ¿Qué pasaría si en aras a lograr la despenalización del aborto pasáramos por alto que hay muchos más hombres en prisiones mexicanas por el delito de aborto que mujeres? En caso de derogar el aborto como delito, todos aquellos hombres que hubieran provocado el aborto de una mujer podrían ser procesados por las lesiones ocasionadas a la madre, pero no por la pérdida de la vida del embrión, por lo que ese hecho quedaría impune. Si no hay un reconocimiento a la vida desde su concepción –sino sólo en cuanto a la temporalidad de la gestación (por ejemplo 12 semanas) o a la viabilidad extrauterina de quien es gestado (alrededor de los 5 meses de gestación), dependiendo del criterio jurídico–, no podría considerarse una violación al derecho a la vida.

Las siguientes líneas surgen de una percepción: el debate público sobre el aborto se ha polarizado de modo tal que pareciera que quien se considere progresista y protector de los Derechos Humanos deberá estar a favor de su reconocimiento como derecho. En sentido contrario, pareciera ser que quien argumenta o invoca matices o puntos de vista opuestos, está condenado a ser tildado cuando menos de conservador, fundamentalista, machista y hasta de enemigo del movimiento feminista. Pensamos que nada se encuentra más alejado de la realidad ya que lo anterior implica una serie de lugares comunes de los que nos pretendemos alejar. Asimismo, esperamos ante todo que estas líneas abonen modestamente a la desmitificación de lo anterior y a pensar al aborto desde la óptica de un constitucionalismo que se seguirá empeñando en la idea de que los Derechos Humanos se inflamen en aras del aseguramiento de la dignidad y muy a pesar del formalismo jurídico.

De acuerdo con Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) en México, en el sistema penitenciario Federal se cuenta con 13 registros de hombres presos por el delito de aborto, pero ninguna mujer. Si se realiza la misma investigación por prisiones estatales se encontrará que hay 107 hombres y 5 mujeres purgando sentencia por este delito, la mayoría en el Estado de Jalisco, con 35 registros masculinos.

De acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 330, la persona que haga abortar a una mujer con su consentimiento deberá enfrentar de uno a tres años de prisión; si es sin su consentimiento, la prisión será de tres a seis años, y si hubiera violencia física o moral, la penalidad aumentaría de 6 a 8 años.

Los abortos provocados por terceros son poco registrados y visibilizados por los medios de comunicación. Tal pareciera que no se quiere ligar la palabra aborto a la catástrofe que supone. Son continuas las noticias sobre el interés, los beneficios personales, económicos y políticos que acarrearía su despenalización, pero son escasos los seguimientos que se hacen de mujeres que pierden a su bebé como víctimas de la violencia de género. Uno de los pocos casos que han aparecido en las noticias es el de una mujer de 25 años, en Quintana Roo, el 2 de marzo del 2021, que sufrió un aborto a los dos meses de embarazo al ser golpeada por su pareja. La pérdida es innegable y no se puede caer en un criterio subjetivo para su criminalización. Si se derogara el delito de aborto, sólo se perseguiría a este hombre por las lesiones, pero no por el homicidio del embrión. La omisión genera un símbolo de impunidad y prolonga, una vez más, una situación de injusticia contra las mujeres y que beneficia a los hombres.

Lo mismo sucede con las modificaciones a la NOM-046-SSA2-2005 (DOF: 24/03/2016) y las reformas a la Ley General de Víctimas, en sus numerales 6.4.2.7 y 6.6.1, de 2016. Con los cambios, para realizar la interrupción voluntaria del embarazo a causa de una violación sexual no será necesario realizar ningún examen clínico para verificar una violación y respetar la autonomía de denuncia. Esto ha provocado que, derivado del comprensible estado de alteración psicoafectiva en el que se encuentra la víctima, no inicie el proceso penal y el personal médico no recabe pruebas suficientes para integrar una carpeta de investigación, ni se presente una denuncia formal pasado el tiempo. Si bien el problema del embarazo no querido, derivado de una violación queda “resuelto”, no anula el hecho cruento de la violación en sí misma, la cual también ha quedado sin castigo. Esta impunidad expone con mayor frecuencia a otras mujeres, incluso a la misma cuando el victimario se encuentra en casa, pues el violador queda en libertad y sin registros. La violación, por tanto, queda envuelta en una práctica veladamente soportada por el sistema, pues es más importante abrir oportunidades para la realización de abortos que garantizar la seguridad de las víctimas; más cuando los 32 estados de la República atienden la violación como excluyente de responsabilidad frente a un aborto.

A esta innegable situación de violencia, se suma otra menos visible: el aborto presionado por las parejas, quienes no quieren hacerse cargo de una responsabilidad compartida y que, ante su falta de “compromiso emocional”, motivan o imponen una solución de aborto (Viveros & Facundo, 2012). Esto también genera violencia psicológica y económica a muchas mujeres, que frente a la simplicidad con la que se representa el aborto en los medios de comunicación, ceden ante las presiones de terceros para su realización.

Por otra parte, además de las demandas por legalizar el aborto a petición de algunos grupos de mujeres y feministas, de contar con leyes como la Ley de Amnistía, en la cual se puede otorgar el perdón a una mujer que cometió un aborto en cualquiera de sus modalidades (DOF: 22/04/2020), y de las legislaciones de la Ciudad de México y Oaxaca, que comprenden como excluyentes de responsabilidad la voluntad de la madre antes de las 12 semanas de gestación, existen grupos de hombres que buscan la aprobación legal de un “aborto de papel” o “aborto financiero”, que consiste en afirmar que el consentir a una relación sexual no implica consentir al ejercicio efectivo de una paternidad. Por lo que, así como las mujeres exigen el derecho a decidir si quieren o no ser madres, independientemente de la voluntad de una pareja, los hombres deberían tener el derecho de deslindarse de un embarazo en cuanto a las responsabilidades de cuidado y financieras que supone, en aras a privilegiar un “principio de igualdad” (Shrage, Hardwig). Esta posición me parece por demás peligrosa para las enormes brechas de género que ya existen, pues si de por sí se cuenta con un sistema que encubre la falta de responsabilidad paterna en materia de pensiones alimenticias –tan sólo en el 2016 se registraron 25 mil 624 denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia en el país, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, ahora se sumaría a las acciones de violencia y de coerción el aborto de papel solicitado por el padre. Por tanto, sería aún mas fácil un deslinde jurídico de la progenie, ignorando una perspectiva de género que reconoce las situaciones socialmente inequitativas que las mujeres enfrentan en cuanto al ejercicio y responsabilidad de su vida sexual. Esta propuesta lo único que hace es agregar una condición de vulnerabilidad a las madres solas, las cuales son 3 de cada 10 madres, de acuerdo con el INEGI (2018).

Esto nos motiva a ver que el camino de la derogación del aborto como delito puede crear más lagunas, más inequidades y más violencias. No es una propuesta sencilla y no erradica los problemas de desigualdad que enfrentamos las mujeres, antes bien, los aumenta, presentándose como una presunta solución dada por un Estado claudicante que, ante la imposibilidad de prevenir los males, “se lava las manos” en virtud de una decisión personal, que ha sido más fruto de injustas circunstancias que de una decisión plena.

En lo personal me gustaría ver muchas más campañas de prevención del embarazo desde una mirada plena y responsable de la sexualidad, en la cual se condene la violencia y promueva el consentimiento, se facilite la elaboración de planes de vida y el uso de la razón práctica. Una en donde sí exista un ejercicio de decisión sobre la integridad de la vida y sus dimensiones. Si estamos hablando de aborto es que llegamos tarde, demasiado tarde. Centremos la atención en el antes, con mucho más esfuerzo, conciliando posturas y evitando la revictimización de la mujer.

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Centro Nacional de información, Registro Nacional de Información Penitenciaria conforme a la información suministrada por los Centros Penitenciarios Estatales y proporcionada por Plataforma México con corte al 31 de octubre de 2020.

Nota1: Los resultados presentados son producto de una aproximación basada en un conteo tomando en cuenta un único expediente por lo que dada la naturaleza de la información contenida en la base de datos, no necesariamente reflejan una relación registro persona.
Nota 2: La información presentada fue tomada a partir de los datos cuyos registros se encontraron como activos.