Derecho a sobrevivir

Diana Gamboa

Abogada por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Regulatorio y Maestrante en Derecho Constitucional. Se desempeña como Profesora adjunta de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho.

Hace poco tiempo tuve oportunidad de ver un debate sobre el aborto entre dos destacados filósofos argentinos. Fuera de los distintos puntos de interés que abordaron, me enfocaré en destacar una afirmación que me pareció de particular relevancia: como tal, los seres humanos no tenemos derecho “a la vida” –así, en abstracto– sino, en todo caso, derecho a sobrevivir. Esto, porque la vida es un hecho, no un derecho.

Es decir, desde una visión práctica, el respeto al derecho a la vida se traduce en “permitir seguir con vida” a un individuo humano ya existente. Dicho de otra manera, el modo de tutelar este derecho se traduce en el deber de mantener una constante conducta de “no hacer”, consistente en “no impedirle” continuar viviendo a otro individuo.

¿Entonces qué pasa con el concebido no nacido? ¿Por qué hoy no se respeta su derecho a sobrevivir? ¿Por qué se exige como “derecho” la posibilidad de disponer de su vida? ¿En qué momento como sociedad dejamos la supervivencia de los más indefensos de nuestra especie a merced del “deseo” de sus madres?

Hoy nos han vendido con muchos adornos la idea de que abortar es un acto que “libera” a la mujer de una maternidad no deseada. Esto, a pesar de que la mujer embarazada ya es madre, incluso cuando no lo desee. Tan lo es que, precisamente, las muertes de mujeres por aborto se registran dentro de la “mortalidad materna”, que –según la OMS– es: “La muerte de una mujer mientras que está embarazada o dentro de los 42 días de haber terminado un embarazo, independientemente de la duración y la localización del embarazo, por cualquier causa vinculada o agravada por el embarazo o su manejo”.

Desde el activismo abortista se nos dice que abortar nos permitirá cumplir todos nuestros sueños y encontrar plenitud. Esto, tal y como se celebró con aplausos y lágrimas en aquella ceremonia de los Globos de Oro en la que Michelle Williams afirmó que no tendría en sus manos el respectivo premio si no fuera porque abortó.

Hoy, el descarte de los individuos humanos en gestación se nos proyecta como una nimiedad; como una simple decisión de la “mujer libre y empoderada del Siglo XXI”. Pero se ignoran completamente las distintas implicaciones de un aborto. Empezando por el hecho de que se impide seguir viviendo al concebido. También se hace caso omiso de datos fundamentales, como el hecho de que el riesgo de tener problemas de salud mental aumenta un 30% en las mujeres que han abortado frente a las que no lo han hecho.

Tampoco se tiene en cuenta que los trastornos de salud mental atribuibles al aborto representan entre el 1.5% y 5.5% de la totalidad de trastornos mentales en las mujeres. Los testimonios de mujeres que, tras abortar, han experimentado secuelas psicológicas adversas, evidencian sentimientos de vacío y pérdida. Verbalizan intentos de vivir en sus mentes lo que pudo haber sido o lo que habría sucedido de haber optado por la opción contraria al aborto.

Pero más allá de tales repercusiones, es precisamente la minimización de lo relativo a la vida del concebido la que sorprende más. Se ignora que al abortar voluntariamente, la mujer está negándole el derecho a sobrevivir a un individuo humano único y perfectamente distinguible de ella (dato demostrable mediante evidencia científica). Además, debe decirse, la privación del derecho a “seguir con vida” en este caso no se da respecto de cualquier individuo, sino del propio hijo o hija en gestación. Distinción relevante considerando, por ejemplo, la práctica de aborto selectivo en China, donde se impide nacer mayoritariamente a mujeres, literalmente por el hecho de ser mujeres.

Lamentablemente, hoy el derecho funge como instrumento para validar esta conducta y desconocer en absoluto el derecho “a sobrevivir” de individuos humanos únicos, inocentes e indefensos. Aquel sistema normativo que se erigió bajo un ideal de justicia, hoy sirve para descartar vidas humanas en gestación, sin justificación alguna más allá del “deseo” de sus madres de terminar su proceso natural de desarrollo.

Bajo tal contexto, en semanas recientes se han aprobado reformas legales que reducen aún más la protección de los concebidos. Esto, en tres distintas entidades federativas: Hidalgo, Veracruz y CDMX. Al igual que sucedió en Oaxaca, en los primeros dos Estados referidos se “atribuye” (y no reconoce) valor a la vida humana en gestación a partir de las 12 semanas, admitiendo la posibilidad de que las madres dispongan de la vida de sus hijos durante dicho periodo sin resentir consecuencia normativa alguna.

Por su parte, en la CDMX se elimina el límite de temporalidad gestacional con el fin de que “cada caso sea valorado por profesionales de la materia”. Es decir, se implementa lo que en otras latitudes se conoce como aborto tardío o late-term abortion; esto es, la posibilidad de practicar abortos pasadas las 20 semanas de gestación (5 meses de embarazo). En Estados Unidos, por ejemplo, según un estudio de 2019, se practican anualmente entre 10 y 15 mil abortos tardíos al año.1

Como de costumbre, estas modificaciones legislativas suelen ser objeto de aplausos y regodeos de colectivos que pretenden encontrar en el aborto una aparente solución a los problemas que enfrenta la mujer. Ello, ignorando que tales cambios normativos trastocan la noción de dignidad que se sostiene como base y fundamento de los Derechos Humanos, transformándola en una categoría disponible para quienes detentan el poder.

No me cansaré de repetirlo: la dignidad es resultado de una lucha por mantener vivo un recordatorio de lo que somos capaces de hacer cuando desconocemos en otros el valor que pretendemos oponer a los demás. Pretextos habrá muchos, pero dignidad humana sólo hay una y su reconocimiento no debería ser nunca una graciosa concesión desde el poder.


1  Studnicki J. Late-Term Abortion and Medical Necessity: A Failure of Science. Health Serv Res Manag Epidemiol. 2019 Apr 9;6:2333392819841781. doi: 10.1177/2333392819841781. PMID: 31008148; PMCID: PMC6457018