¿Democracia o arbitrariedad en la elección de ministros?

Lesly Fernanda Valencia González

Estudiante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana, vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos. Trabaja en el despacho Coello Trejo y Asociados en el área de litigio penal. Publica en revistas de circulación nacional e internacional.

 

José Manuel Luna Álvarez

Estudiante de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana. Trabajó en el despacho Pérez Correa González, en el área de Derecho Corporativo y fue analista legislativo en el Instituto de Investigación sobre Democracia y Participación Ciudadana A.C.

 

 

Los jueces constitucionales parecen tener más poder que sus contrapesos Legislativo y Ejecutivo, pues pueden echar abajo una norma sin gozar del aval del voto popular. ¿Debe cambiar este esquema?

En la actualidad, se ha cuestionado constantemente el procedimiento por el cual se elige a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se ha propuesto en diversos foros de discusión quitar o limitar la intervención del presidente o del Senado en su designación; esto, en aras de lograr una judicatura más independiente y capaz.

Antes de responder a la pregunta de si el ejercicio del sufragio universal ayudaría a mejorar nuestro sistema de impartición de justicia, debemos tener clara la función del Poder Judicial.

La doctrina jurídica tradicional ha considerado que los jueces solamente deben ceñirse a la literalidad de lo dispuesto por la norma, limitándose de forma exclusiva al análisis del derecho positivo para solucionar conflictos. Sin embargo, gracias al retorno del derecho natural y al surgimiento de lo que Vigo ha denominado el Estado de Derecho Constitucional, esta idea acerca de la labor del juez centrada en la simple realización de silogismos jurídicos se descarta fácilmente, pues deja de ser aquella figura que según Montesquieu “era la boca de la ley”, para convertirse en un auténtico conformador del derecho.

El juzgador ahora no sólo se encarga de hacer cumplir el derecho, sino que también lo escudriña, puesto que a través de su función interpretativa y del uso de la razón práctica, llega a ampliar sus alcances, enriqueciendo de esta manera la cultura jurídica de nuestro país.

La posibilidad de declarar inconstitucionales las leyes aprobadas por el Congreso, inviste al Poder Judicial de un sentido institucional importantísimo, convirtiéndolo en el contrapeso de los demás poderes, de modo que incluso se ha llegado a afirmar que “la constitución es lo que los jueces dicen que es”. No obstante, esta facultad del Poder Judicial ha sido fuertemente criticada por ser contraria a la voluntad de la mayoría, ya que a pesar de encontrarse en un plano de igualdad con los demás poderes, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, los jueces no son elegidos por votación directa.

En oposición a dichas críticas, otro sector de la población opina que gracias a la imposibilidad de elegir a nuestros juzgadores mediante el sufragio universal, se ha logrado un mayor contrapeso a los poderes políticos.

Ahora bien, ¿es preferible que los jueces sean designados por medio de un proceso de elección popular o simplemente debemos mejorar el procedimiento actual?

En aras de dar respuesta a dichos cuestionamientos, nos abocaremos en un primer momento a exponer la forma actual por la cual se nombra a nuestros jueces constitucionales.

“La dificultad radical es que el control judicial de constitucionalidad es una fuerza contra mayoritaria en nuestro sistema […] cuando la Suprema Corte declara inconstitucional una sanción legislativa o una acción de un Ejecutivo electo, ella tuerce la voluntad de los representantes del pueblo real de aquí y ahora […] El control judicial pertenece del todo a una pecera diferente de la democracia, y ésa es la razón de que se pueda hacer la acusación de que el control judicial es antidemocrático”

Alexander Bickel.1

La designación de ministros

El nombramiento de los jueces constitucionales está principalmente previsto en el artículo 96 de nuestra Carta Magna, que de manera literal reza lo siguiente:

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”

De la lectura de dicho artículo, se desprende que el sistema político mexicano otorga al presidente de la República la facultad de nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que lo avale el Senado. Bajo esa tesitura, podemos advertir que en el método de designación de nuestros ministros participan tanto el Poder Legislativo, como el Ejecutivo Federal. Ambos en representación de la voluntad de las entidades federativas y de la Nación.2 Por tanto, se puede decir que, aunque de manera indirecta, elegimos a nuestros ministros mediante la elección de los representantes políticos.

¿Deberían elegirse por votación directa?

Como ya se mencionó, el procedimiento para seleccionar a los ministros en México suele ser un tanto arbitrario, puesto que los partidos políticos juegan un papel fundamental y en muchos casos eligen al individuo que no se atreverá a cuestionar los intereses del actual régimen. Por ello, surge el cuestionamiento de si se podría lograr una judicatura más independiente e imparcial si los jueces constitucionales fueran elegidos mediante votación directa.

Cabe señalar que pluralizar el procedimiento para que sean los ciudadanos quienes a través de su voto escojan a los ministros tiene una serie de desventajas. Dicha decisión nos llevaría a politizar al juzgador, puesto que carecería de independencia frente a los líderes y organizaciones políticas, además de que sus fallos podrían tender a no disgustar a la masa popular, cuando la justicia debe ser fría, objetiva y proceder con desprendimiento y rectitud. No existe nada tan opuesto al juez como el político, por lo que no debe pedirse al ministro que se convierta en un líder político más para llegar al cargo.

Asimismo, la mayor parte de los ciudadanos no tiene conocimiento de las funciones de la Corte, por lo que la elección directa sólo generaría innecesarios gastos de campaña, más burocracia, se expondría a la corrupción en los procesos de votación y se correría el riesgo de que los candidatos no cumplan con el perfil adecuado para desempeñar la función.

Aunado a lo anterior, es importante aclarar que la justicia no necesariamente es democrática, aunque el Poder Judicial tenga su génesis en los principios republicanos y sea un elemento del Estado de Derecho. No por que el Poder Judicial exista en un sistema democrático, la integración y las decisiones de éste deben atender inevitablemente a la democracia.

En el caso de México, esta dicotomía se funda en la propia Constitución, en ella se consigna la voluntad de la población y establece el proceso de selección de los jueces y las garantías que tienen para desempeñar su cargo. Ello implica que las decisiones futuras del juez se tengan que acatar, incluso si su resolución es contra mayoritaria por oponerse a la voluntad general, al declarar la inconstitucionalidad de una acción del Ejecutivo o una ley del Legislativo.3

Conclusión

En suma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige como el auténtico guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales de los justiciables, por lo que necesita contar con un colegio de ministros que se conduzcan con imparcialidad, independencia, objetividad y excelencia, para que de esta manera puedan sostener al Estado de Derecho y hagan tangible la justicia.

Por consiguiente, como adecuadamente lo propone en su tesis Clemente Gerardo Ochoa Castillo, se debería añadir una nueva fracción al artículo 95 de nuestra Constitución, que establece los requisitos para ser ministro en México, y que se cita a continuación:

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
  2. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
  3. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
  4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
  5. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y
  6. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.”

La nueva fracción que se propone añadir en el artículo citado, considera que también sea requisito, para ser ministro en nuestro país, el con- tar con carrera judicial y haber sido juez o magistrado ratificado, ya que se partiría de la premisa que dicha persona ya pasó por un criterio de designación objetivo que le hizo posible acceder a tal cargo, además de que se presume que realizó bien su trabajo, lo que trajo consigo que obtuviera la ratificación.

Aunque hay que manifestar que esto de ninguna manera garantiza la independencia de los juzgadores, ya que por muy preparados que estén los ministros de la Corte, no evita que quieran aprovecharse de su poder. Un ejemplo de ello, es la pasada iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quien anteriormente ha apoyado al titular del Ejecutivo Federal y que suscitó manifiestas dudas de la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

Lo que sí garantiza es que dichos individuos cuenten con un perfil mucho más a la altura de la Corte, por encima de aquellos que no tienen ninguna experiencia en el área de la administración de justicia. Esto nos llevaría a tener un proceso de selección menos arbitrario y contribuiría al fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Estado de Derecho en México. Puesto que la Corte debe tener la mejor selección de juzgadores, y no ser una institución pública objeto de la manipulación y corrupción de los otros Poderes de la Unión.4


1 A. Bickel, The Least Dangerous. Branch. The Supreme Court and the Bar of Politics, Yale, University Press, New Haven, 1962, pp. 16 ss. Apud. VÁZQUEZ, Rodolfo, “Introducción a la filosofía del derecho”, Trotta, 3° edición, Madrid, 2010, p. 220.

2 Astudillo, C. (2010). El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en México. En A. von Bogdandy, E. Ferrer y M. Morales (coord.), La justicia constitucional y su internacionalización: ¿hacia un Ius Constitucionale Commune en América Latina? (tomo I, 1ra. ed.) (pp. 345- 385). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas/ Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/ libros/6/2894/16.pdf

3 Ochoa Castillo, C., 2017. ANÁLISIS DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MÉXICO Y SUS IMPLICA- CIONES EN LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y EL ESTADO DE DERECHO. [en línea] Universidad Anáhuac. Disponible en: <http: // file: ///Users/leslyfernanda- valenciagonzalez/Documents/tesina-clemente-ochoa.pdf> [Consultado el 10 de octubre de 2021].

4 Ibidem.