Covid-19 y Reclusión

Paulo Arturo Flores Tello

Abogado por la Universidad de Guadalajara y Maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana campus Santa Fe.

Caso: 20 Civ. 2518 (AT) (Basank v. Decker et al)  
Órgano Jurisdiccional: Corte Distrital de los Estados Unidos de Norteamérica, Distrito Sur de Nueva York.
Juez: Analisa Torres

 

Antecedentes

El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como una pandemia de carácter mundial. A esas alturas, el virus con origen en la provincia de Hubei, en específico en su capital Wuhan, en China, se había esparcido por el resto del mundo debido a la facilidad con la que es transmitido.

En las prisiones de los condados de Hudson, Bergen y Essex, todos de Nueva Jersey, se encontraban recluidos, entre otros, 10 inmigrantes en espera de las audiencias que llevarían a su deportación por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las cárceles en las que se encontraban detenidos los migrantes comenzaron a presentar casos positivos de Covid-19, tanto en la población carcelaria como en el personal administrativo. Lo anterior fue motivo de preocupación para estos 10 inmigrantes debido a que sufrían de padecimientos tales como diabetes, hipertensión, problemas cardiacos y respiratorios, así como obesidad, lo que los volvía más vulnerables al ataque del virus.

A partir del 16 de marzo, abogados de la firma Brooklyn Defender Services enviaron correos electrónicos al ICE solicitando la liberación de los 10 inmigrantes debido a su estado de vulnerabilidad ante el contagio de Covid-19. La solicitud no fue respondida y sólo le fue indicado a los abogados que no existía un término para emitir la respuesta.

El Caso:

El 25 de marzo, bajo la representación de los abogados de Brooklyn Defender Services, los 10 inmigrantes presentaron en una Corte Federal de Distrito una solicitud para ser liberados debido al alto riesgo de contagio de Covid-19 en los centros de reclusión, así como las consecuencias fatales que tendría en su salud debido a sus condiciones físicas particulares. Los inmigrantes solicitaron que, una vez liberados, el ICE no les detuviera por cuestiones migratorias durante el tiempo en el que estuviera pendiente su proceso de deportación. Estas medidas pueden ser equiparadas a la suspensión en nuestro juicio de amparo, debido a su carácter preliminar y transitorio.

Al comparecer al procedimiento, el ICE se opuso al otorgamiento de estas medidas, alegando que tanto ellos como las cárceles habían estado tomando medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Entre las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses se encontraban: el aislamiento de los detenidos que presentaban síntomas de contagio, dotar de jabón y desinfectante a cada uno de los internos, mayor limpieza de las instalaciones y comparecencias remotas e individuales ante las cortes que desahogan los procedimientos de deportación.

La Resolución:

Para el otorgamiento de las medidas solicitadas, la Juez que conoció de la solicitud consideró que debían acreditarse los elementos considerados por la Suprema Corte de Justicia estadounidense en su “Balance Test”, utilizados para resolver el caso Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc., 555 U.S. 7 (2008):

1. El riesgo de sufrir un daño irreparable, que no pueda ser remediado económicamente.

2. La apariencia del buen derecho.

3. Que los beneficios por otorgar la medida sean mayores a los perjuicios que pudiere ocasionar y que las medidas correspondan al interés público.

Al analizar si en este caso se colmaban los requisitos, la Juez refirió que, en el Segundo Circuito, el elemento más importante al valorar si se otorgan medidas precautorias es el de la posibilidad de que en caso de no otorgarse el solicitante sufra un daño irreparable que no pueda ser remediado económicamente con posterioridad. La Juez razonó que en este caso la posibilidad de sufrir un daño irreparable se actualizaba por partida doble.

1. Daño Irreparable

En primer término, los inmigrantes podrían ser dañados irreparablemente si llegaban a ser infectados con el virus. Esto constituía un riesgo latente debido al carácter de pandemia mundial del Covid-19, lo cual había llevado a la existencia de casos positivos en los Estados Unidos de Norteamérica, en los condados en los que se encuentran las cárceles y en las prisiones mismas.

En caso de que los peticionarios se infectasen con el virus sufrirían un daño irreparable debido a la letalidad del virus en aquellos casos en los que el paciente infectado sufre de diabetes, hipertensión, problemas cardiacos o respiratorios, así como obesidad, es decir, aquellas enfermedades que aquejaban a los solicitantes de las medidas precautorias.

Además de estipular el riesgo que enfrentaban los inmigrantes debido a sus falencias físicas, la Juez hizo referencia a un dictamen elaborado por el Departamento de Seguridad Interior en el cual se expresaba que: “será prácticamente imposible evitar la propagación de infecciones dentro de las cárceles de los condados Hudson, Bergen y Essex, pues los internos viven, duermen y van al baño en cercanía permanente el uno del otro.” El mismo dictamen mencionaba que detrás de las rejas algunas de las medidas de prevención esenciales son imposibles o van en contra de las reglas internas de las prisiones.

Ante esta información, de continuar recluidos los solicitantes enfrentaban un riesgo serio de enfermar, pues cada uno de ellos presentaba enfermedades y condiciones físicas que tornaban más letal al virus, por lo que de no ser liberados podrían morir, lo que constituye un daño irreparable.

Esta situación particular ya había sido sometida a otros jueces de aquel país, quienes habían ordenado la liberación de inmigrantes y personas que no hubiesen cometido delitos violentos con la finalidad de disminuir la población carcelaria y, con ello, las posibilidades de transmisión del virus al interior de las cárceles.

En la resolución son citados otros tres casos en los que fue ejercido el mismo criterio y fue ordenada la liberación de detenidos que no hubiesen cometido delitos graves. Asimismo, la Juez hace referencia a la carta que el Chief Justice de la Suprema Corte de Montana dirigió a los jueces de su Estado, pidiéndoles hacer una relación de los detenidos y liberar, sin fianza, a tantos prisioneros como fuera posible, especialmente a quienes no cometieron delitos violentos. En ese mismo sentido, la Suprema Corte de Nueva Jersey ordenó liberar a cuantos prisioneros fuera posible, por ser del interés público la mitigación de los riesgos de contagio del Covid-19.

En segundo término, la Juez contempló que mantener encarcelados a los inmigrantes les podía generar un daño irreparable al violar sus derechos constitucionales, dado que en el Segundo Circuito es criterio reiterado considerar que las violaciones a los derechos constitucionales constituyen tal tipo de daño.

2. Apariencia del Buen Derecho

Los accionantes buscaron colmar este requisito expresando que continuar detenidos sin medidas sanitarias adecuadas violaba su derecho constitucional al debido proceso.

En los Estados Unidos de Norteamérica el derecho al debido proceso se encuentra en la Quinta Enmienda de la Constitución, la cual prohíbe al gobierno privar de la vida, libertad o propiedad a cualquier persona sin el debido proceso de ley.

En concepto de la Juez, el derecho al debido proceso aplica a todas las personas que se encuentren en el país sin importar su estatus migratorio, por lo que para demostrar una violación a este derecho los peticionarios debían demostrar que la autoridad migratoria tenía conocimiento del riesgo que implicaba mantenerlos detenidos y que fue indiferente ante tal riesgo, es decir, que el ICE les tiene detenidos bajo condiciones inconstitucionales que repercuten en el debido proceso.

Para acreditar la indiferencia de la autoridad ante las condiciones en las cuales se encontraban encarcelados los inmigrantes, era necesario que estos probaran que la autoridad actuó irresponsablemente y no mitigó el riesgo de contagio de Covid-19 o, en su caso, que la autoridad sabía o debía saber que las condiciones en las que se encontraban detenidos suponían un riesgo de contagio al virus y de muerte por causa de éste.

A la fecha de la solicitud, el riesgo de contraer Covid-19 en las cárceles era palmario, por lo que no podía ser negado que al estar recluidos los accionantes se encontraban en medio de una crisis sanitaria, la cual se agravaba ante sus padecimientos particulares.

Con lo anterior fue acreditada la indiferencia de la autoridad ante las condiciones en las que se encontraban detenidos los inmigrantes, pues la Suprema Corte estadounidense ha determinado que puede considerarse indiferente a la autoridad cuando expone a los reclusos a enfermedades contagiosas y graves, aun cuando no presenten los síntomas atribuidos a dicha enfermedad.

En la resolución se expresa que la autoridad migratoria todo el tiempo fue indiferente a las necesidades médicas de los peticionarios, pues no obstante de que tomaron algunas medidas, no pudieron demostrar que las instalaciones carcelarias permitían a los reclusos mantenerse a dos metros de distancia el uno del otro, ni demostraron contar con protocolos para salvaguardar la salud de pacientes de alto riesgo, como los accionantes.

Ante estos datos, la Juez consideró que la actitud desplegada por la autoridad migratoria tenía una alta posibilidad de configurar una violación al derecho constitucional al debido proceso, por lo que tuvo por acreditada la apariencia del buen derecho.

3. Mayor Beneficio e Interés Público

Para la Juez Torres, el beneficio de otorgar las medidas precautorias era mucho mayor al perjuicio que pudiera ocasionarse ante su concesión, pues los peticionarios enfrentan el riesgo de sufrir un daño irreparable en su salud, mientras que el demérito ocasionado por su liberación es limitado, al grado de que la autoridad migratoria no fue capaz de identificar una razón específica para mantenerles detenidos.

No obstante, la Juez hizo saber a los peticionarios que estaban obligados a presentarse a las audiencias de sus casos y que de fallar a las citas esto tendría consecuencias graves en los mismos; lo anterior, menciona la Juez, es incentivo suficiente para asegurar que los inmigrantes no huyan y continúen acudiendo a las cortes de migración.

Por lo que hace al interés público, la resolución considera que éste estaba de lado de los inmigrantes, pues fueron detenidos por violaciones civiles a las leyes de inmigración, por lo que en las circunstancias que privaban debido al Covid-19, no era del interés público mantener detenidos a los infractores civiles, sino que dicho interés reside en la liberación del mayor número de personas para evitar el contagio generalizado del virus.

Al haberse colmado los elementos necesarios para el otorgamiento de las medidas precautorias, la Juez ordenó la liberación inmediata de los 10 inmigrantes. 

Colofón:

Al 28 de marzo de este año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas reportaba contar con 35 mil 571 detenidos. Una nota de Associated Press de noviembre del año pasado publicada en el portal BusinessInsider² menciona que durante 2019 fueron detenidos¹ en los Estados Unidos de Norteamérica 70 mil niños migrantes.

El número de detenidos y el discurso xenofóbico de la actual administración estadounidense nos permiten imaginar las condiciones bajo las cuales son recluidos los migrantes e inmigrantes en el vecino país del norte, así como el trato que reciben de parte de las autoridades. America First.

Por ello, ante la llegada intempestiva del Covid-19 a tierras americanas resultaba sumamente difícil que las autoridades de migración se preocuparan por las condiciones sanitarias en las que estaban recluidos los inmigrantes que tienen pendientes procedimientos de deportación, lo que los tornaba en blanco fácil y letal de la enfermedad.

Esta resolución puso en primer plano a los inmigrantes en cuanto personas, sin importar su estatus migratorio y les protegió ante la indiferencia criminal de las autoridades migratorias que les habían condenado a contagiarse del virus y, muy probablemente, morir.

La Juez Analisa Torres, nominada por Barack Obama en el 2013, emitió una resolución clara, precisa y sencilla, abordando los elementos necesarios para otorgar la medida precautoria, el derecho al debido proceso y su afectación por condiciones de reclusión no sanitarias de los inmigrantes. No hay en la resolución pretensión alguna de escribir un ensayo sobre en qué consiste tal derecho, ni de citar cuanto tratado teórico ha leído sobre él.

Por ello, la resolución es breve y sin desperdicio, contiene los antecedentes, las posiciones de las partes, los conceptos y precedentes relevantes, así como las razones en las que se apoya la Juez para arribar a la conclusión de que debía conceder las medidas precautorias solicitadas. Todo esto en sólo 15 páginas. ¡Qué envidia!

Otros países han emitido este tipo de resoluciones, por ejemplo, en España, un juez ordenó el desalojo del Centro de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas de Gran Canaria, debido al aumento del contagio de coronavirus entre los internos³.

No tengo conocimiento de alguna resolución en nuestro país que haya ordenado la liberación de migrantes detenidos en los centros de reclusión. De hecho, existe una petición en el sitio Change.org para que así se haga. Liberar a los migrantes y ofensores no graves debería ser considerado por las autoridades mexicanas, dadas las condiciones de hacinamiento reinantes en las prisiones y centros de detención.

 

1 https://www.ice.gov/detention-management

2 https://www.businessinsider.com/nearly-70000-migrant-kids-held-in-us-detention-centers-2019-11?r=MX&IR=T

3 https://elpais.com/sociedad/2020-03-31/un-juez-ordena-el-desalojo-del-cie-de-las-palmas-para-frenar-los-contagios.html