Covid-19 y empleo: el drama de México

María Fernanda Gutiérrez López

Licenciada en Derecho por la Universidad del Pedregal, donde cursa la maestría en Política Criminal y Seguridad Pública.

 

La pandemia ha multiplicado la pérdida de empleos como nunca se había visto, pero la precariedad laboral es un fenómeno que se ha acrecentado en los últimos años, afectando principalmente a los jóvenes.

 

En diciembre de 2019 comenzaron a sonar las alarmas con el registro de diversas neumonías atípicas en Wuhan, China, causadas por un nuevo virus, SARS-CoV-2. Fue hasta el 28 de febrero de 2020 que el gobierno de la Ciudad de México confirmó el primer contagio en todo el país. Casi un mes después, el 16 de marzo, la Secretaría de Salud anunció la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia como medida preventiva de contagios, suspendiendo actividades no esenciales y comenzando con el confinamiento de la población.

La medida provocó una caída del 18.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del 2020 respecto de igual periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Desafortunadamente, el país ha ingresado a la peor crisis económica y de salud del último siglo, notablemente debilitado por el ligeramente negativo crecimiento del PIB en 2019 y la evidente dificultad para impulsar el crecimiento de los sectores productivos mediante políticas públicas contracíclicas, y con ello mitigar los problemas del mercado laboral, en particular: desempleo, informalidad, baja productividad y bajas remuneraciones.

La pandemia del Covid-19 ha provocado en el país un marcado deterioro del nivel de ingreso en el sector productivo, tanto en las empresas nacionales como transnacionales; la disminución de sus ingresos ha generado a su vez el incremento de la tasa de desempleo. Para evaluar su magnitud conviene comparar el problema al que se enfrentó en 2009, frente a la crisis por la influenza AH1N1, en que se registró una pérdida de 500 mil plazas laborales. En la actual situación, tan sólo hasta abril, cuando el país sufría la parte más severa del confinamiento y estaba paralizada la actividad económica, se perdieron aproximadamente 12.5 millones de empleos formales e informales, de acuerdo con datos de la primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) elaborada por el Inegi.

Los efectos de la crisis en el mercado laboral se traducen directamente en la casi duplicación de la tasa de desempleo abierto, siendo el sector informal el más afectado, ya que éste da ocupación al 54% de la Población Económicamente Activa (PEA), colocando a México como el segundo país de América Latina con mayor porcentaje de trabajadores informales, después de Bolivia, según revela la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo más preocupante de este sector, además de que son personas sin ninguna protección social, es que las actividades económicas en que se desempeñan comprenden el comercio, la construcción, los servicios de transporte, el alojamiento, el turismo, el almacenamiento y la preparación de alimentos y bebidas, en las que los indicios de recuperación son poco favorables.

También el sector formal está sufriendo los estragos de esta pandemia: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó hasta el mes de junio una baja de un millón 181 mil 117 plazas laborales; de igual forma, muchas empresas han optado por la disminución del salario a los trabajadores y trabajadoras, evitando a toda costa los despidos masivos o el cierre total. El consumo representa en México, de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales elaborado por el Inegi, más de 60% del PIB; de modo que si se reducen o eliminan los ingresos de los asalariados, dicha variable disminuye en una alta proporción.

Otra área altamente sensible es la exportación, que representaba antes de la pandemia casi 35% del PIB, y al contraerse, sobre todo en abril y mayo, impactó seriamente los niveles del producto y del empleo.

Debe resaltarse que con la caída de los ingresos laborales como efecto del Covid-19, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), el número de pobres extremos (aquello que no reciben los satisfactores alimentarios mínimos necesarios para su subsistencia) podría aumentar en 10 millones de personas, y el de pobres por ingresos (su nivel de ingresos es inferior a la línea de pobreza establecida por el Coneval) en más de 20 millones. Se trata de cifras impresionantes que reflejan el reto social que habrán de enfrentar las generaciones actuales y futuras: las previsiones señalan que será hasta 2025 cuando se logre plenamente la recuperación del nivel de ingreso que se tenía en 2018; es decir, que el presente sexenio habrá de ser de crecimiento cero.

Es evidente el aumento en la tasa de desempleo que se sufre a causa de la pandemia, pero es imposible dejar de lado que la falta de empleo en México es un problema que se ha ido acrecentando en los últimos años. Muchos de los puestos que se generan en el país son mal pagados, lo que afecta directamente el poder adquisitivo, así como el acceso a la educación, salud y, por ende, a la posibilidad de una buena calidad de vida. Son los jóvenes los más afectados por esta situación, ya que la mayoría de los empleadores consideran que no tienen la experiencia necesaria para el desempeño de sus labores y, desgraciadamente, terminan aceptando trabajos con bajos salarios, sin prestaciones de ley y sin contratos. Aun haciendo este sacrificio, su tasa de desempleo tiende a acercarse al doble del promedio nacional. El mismo problema enfrentan las mujeres, cuando se les compara con los hombres.

A partir del Covid-19, el gobierno ha dirigido sus esfuerzos a salvar a los micro y pequeños negocios con el otorgamiento de créditos a la palabra a dichas empresas, con el requisito de que deben estar formalmente establecidas, pagar impuestos y tener a todo su personal dado de alta en el IMSS. Aun así, es difícil para estos empresarios la subsistencia y mantenimiento de su planta laboral, ya que es imposible dar por sentado el fin de la emergencia sanitaria. A pesar de la puesta en marcha de la nueva normalidad, la recuperación económica no es tan rápida como se quiere y es primordial tener en cuenta que no todos los sectores han retomado sus actividades “normales”; continúan limitadas, tanto por el cierre de diferentes establecimientos como por la incertidumbre de la población en materia económica.

Esta pandemia ha permitido vislumbrar que gobiernos anteriores nos han dejado un déficit de sanidad, infraestructura médica, desigualdad material, políticas sociales paupérrimas y un sector laboral profundamente precarizado, sin dejar de lado la falta de políticas públicas dirigidas a la obtención de empleos.

Es evidente el reto tan grande que tiene el gobierno actual, ya que se requiere la implementación de políticas públicas encaminadas a la protección del ingreso de los trabajadores, la protección del empleo, programas de capacitación laboral y estímulo a la permanencia de las empresas. Asimismo, es necesario impulsar políticas fiscales que apoyen a los sectores más desfavorecidos y que representen una mayor pérdida de empleos. Se estima que en nuestro país será el sector terciario el que presente la mayor perdida; seguido por las actividades manufactureras, el comercio minorista y mayorista, el turismo y las empresas de alimentos.

Las grandes empresas también juegan un rol muy importante, ya que deberán comprometerse con la protección de todos los trabajadores, reforzando las medidas sanitarias y promoviendo el trabajo en casa.

El diálogo entre los sectores estratégicos en materia laboral deberá de ser orientado a la solución de la problemática actual y a brindar la protección más amplia a los trabajadores. Los sindicatos, las confederaciones y federaciones de trabajadores y empresarios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son organizaciones clave para la recuperación de la economía y la reconstrucción social.

El Estado mexicano se encuentra en una coyuntura favorable para implementar un cambio sustancial en materia laboral, con la implementación de políticas públicas que permitan el empleo digno de todos los trabajadores en todas las ramas de la industria, así como el respeto de los derechos laborales, la cooperación con el sector privado para la búsqueda de empleos y la formalización de la economía “informal”. Igualmente, se deben establecer políticas públicas para brindar empleos formales a millones de jóvenes desempleados que, como se mencionó, es uno de los sectores más vulnerados en materia de trabajo.

El reto en materia de empleo que nos deja la pandemia por el Covid-19 pone de manifiesto la necesidad de una adecuada negociación entre Estado, empresarios y trabajadores, en la que se ponga por delante la salud de los trabajadores, tanto formales como informales; la protección y aseguramiento del ingreso y la preservación de la estabilidad macroeconómica del país.

El dimensionar la caída que ha tenido la actividad económica y, por ende, la pérdida de empleos, nos permite determinar los esfuerzos que como sociedad nos corresponde implementar para la recuperación económica.