Camino a casa, justicia que dignifica

Patricia Prado

Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Iberoamericana con especialización en trata de personas y cofundadora de Fundación Camino a Casa A.C. Ex directora y presidenta por 15 años de este programa, primer modelo de atención para adolescentes sobreviventes de explotación sexual comercial. Fue parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas (Segob 2009-2010); miembro de la Junta de Gobierno de Províctima (2011) y consejera Consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres (2012-2018).

 

Las víctimas de esclavitud han existido desde siglos, apenas desde 2012 se han presentado mejores resultados en su combate en México a partir de muchos esfuerzos de organizaciones civiles.

Introducción

La trata de personas o esclavitud del Siglo XXI es un delito que trasciende fronteras. Es un fenómeno cuyo origen es multifactorial, entre los que se cuentan la impunidad y corrupción, en ocasiones vinculadas a los flujos migratorios, pobreza y delincuencia organizada. Se le considera como el tercer negocio ilícito más redituable, sólo detrás del narcotráfico y la venta de armas.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, mejor conocido como Protocolo de Palermo, define la “trata de personas” como el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas bajo amenaza, por el uso de la fuerza u otra forma de coerción, fraude, engaño, abuso de poder o recepción de pago o beneficios para conseguir que una persona tenga bajo su control a otra, para el propósito de explotación siempre con una ganancia económica para un tercero. Las modalidades de la trata de personas incluyen la explotación sexual comercial, pornografía infantil, trabajos forzados o servicios; esclavitud o prácticas similares, servidumbre o remoción de órganos.1

Respecto a la explotación sexual comercial, es un delito basado en un sistema de relaciones de poder en el cual el explotador, a través de recursos económicos, físicos y/o psicológicos, explota a víctimas que se caracterizan por tener alto grado de vulnerabilidad. Estos delitos violan derechos fundamentales, como la integridad física, psicológica y sexual; una vida digna, supervivencia, desarrollo, salud y educación. Las prácticas discriminatorias hacia las personas más afectadas, casi siempre mujeres, niñas y adolescentes2, facilitan este delito.

El problema de la trata de personas, y la consecuente explotación y comercio sexual, constituye no sólo una forma de esclavismo moderno, sino que está organizado mediante una gran industria que abarca un vasto mercado de clientes de diversos grupos sociales y posibilidades económicas. Los grupos delictivos cuentan con amplias redes para la captación y distribución de personas en puntos de venta específicos en nuestro país y en todo el mundo, para lo cual la víctima es cosificada y vendida cual mercancía. La magnitud del problema no se conoce con precisión, dado que no existen bases de datos oficiales sobre el número de víctimas de delitos en materia de trata, ante la falta de denuncias y por la propia naturaleza del mismo. Existen vacíos en la compilación de datos de las investigaciones y estudios interdisciplinarios, particularmente en relación con la explotación sexual comercial.

Sin embargo, dada las dimensiones de la problemática –por lo que refiere a sus causas, consecuencias y alternativas de atención–, exige una visión y tratamiento multidimensional y multifactorial, donde interactúen diversos elementos: legislación y políticas públicas orientadas a la prevención, atención y combate del fenómeno; ejercicio efectivo de Derechos Humanos de las víctimas; equidad de género, protección y promoción del desarrollo integral de las sobrevivientes.

La captación de mujeres por redes de crimen organizado, mediante engaños o coacción, atrapa a las víctimas en situaciones de las que es prácticamente imposible escapar: golpes, violación, amenazas de poner en riesgo a su familia si intentan fugarse, etc. Cuando la víctima es llevada de un país o continente a otro, los proxenetas o tratantes se apoderan de pasaporte y documentos personales, desdibujando su identidad. Esto se agrava cuando la víctima no habla el idioma de los países a donde es trasladada.

En muchas ocasiones el tratante enamora a la víctima o crea una relación de codependencia a través del suministro de drogas o alcohol, sufrimiento, culpa, temor a volver a sus lugares de origen por la posible estigmatización social, que se convierten en factores que favorecen la perpetuación del delito. Por su- puesto, todo esto conlleva la violación de los Derechos Humanos, tanto por parte de los perpetradores, como por las autoridades judiciales y de migración omisas ante el delito o bien coludidas con los tratantes.

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América La- tina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas del inglés) señala que el problema se ha incrementado de manera importante en esa región. En el caso de México, pasó de ser un país de tránsito a uno de origen, tránsito y destino de trata de personas en explotación sexual comercial. En 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informó que en el mundo 40.3 millones de personas fueron víctimas de trata.

Ante el incremento de la pobreza, la exclusión, la violencia de género, la proliferación de grupos armados y la constante violación a los Derechos Humanos, la trata de personas y la explotación sexual comercial crece y se multiplica en todas sus formas hacia mujeres, niñas y adolescentes en prácticamente todos los estados de la República.

Los reportes sobre la trata reflejan que en la actualidad nuevas formas de enganche han surgido a partir de la pandemia por la Covid-19, entre las principales se cuentan las ofertas de trabajo engañosas.

Cabe resaltar que la presencia de las redes sociales y páginas de internet son lugares donde los tratantes buscaron víctimas potenciales a raíz del desempleo generado por las medidas de contingencia. Asimismo, dentro de estas nuevas formas de organización de las redes delictivas, se ha incrementado la participación de mujeres en sus estructuras, principalmente desempeñando roles de enganchadoras o cuidadoras de las víctimas.3

México se encuentra cada vez más posicionado como lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, particularmente en la modalidad de explotación sexual comercial de mujeres, niñas y adolescentes, ocupando el des- honroso primer lugar en Latinoamérica y el primer lugar en distribución de pornografía infantil a nivel global. Uno de los factores que favorecen la incidencia de este grave delito tiene que ver con el hecho de que la participación del cliente no es sancionada en la mayoria de los países, incluyendo México. Así pues, quienes sostiene, esta industria son en realidad los clientes.

Fundación Camino a Casa A.C.

Ante esta devastadora realidad en México, en 2005 nace Fundación Camino a Casa A.C, cuyo objeto social es la atención y rehabilitación de mujeres adolescentes que fueron víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual comercial infantil.

Para ello, abrió en 2007 un refugio de alta seguridad para dar atención mediante un modelo que hubo que desarrollar, dado que entonces no se encontró ni en México, ni a nivel internacional, uno tan especializado como el que se planeaba implementar. Actualmente, Fundación Camino a Casa está en vías de publicar el “Modelo 2021 para la atención y rehabilitación integral de mujeres adolescentes sobrevivientes de trata de personas en la modalidad de explotación sexual comercial”.

Un eje rector de la organización es el principio de Justicia o Tzedeka (término hebreo) que significa justicia social y solidaridad, que lleva implícita la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad, disminuyéndose la brecha de desigualdad entre unos y otros. La restitución del derecho a vivir con dignidad significa que la sobreviviente debe tener acceso como cualquier persona a salud integral física y mental, justicia, ejercicio de los Derechos Humanos que le asisten, libertad de elección, educación, etc., a fin de garantizar un futuro esperanzador con oportunidades y responsabilidades, como cualquier joven de su edad.

De las sobrevivientes atendidas dentro del programa, el 85% fue víctima del crimen organizado, donde los proxenetas las transladaban de continuo de un lugar a otro dentro del territorio nacional, obligándolas a atender 20, 30 o más clientes por día. Sin duda, cada víctima representa ganancias millonarias, si se toma en cuenta que estas redes pueden manejar 10 o 15 mujeres que trabajarán para ellos por años. Algunas de ellas re- portan haber sido llevadas a diferentes ciudades de Estados Unidos para ser vendidas. Fundación Camino a Casa ha tramitado visas humanitarias para aquellas que fueron explotadas en ese país o, bien, porque corren riesgo ellas y sus familias ante las redes de trata de las que fueron víctimas.

Después de 15 años de operación, Fundación Camino a Casa (FCC) ha atendido 207 sobrevientes de explotación sexual comercial con un 93% de éxito en su recuperación, lo que significa que son jóvenes mujeres que nunca retornaron a la condición de explotación sexual de la que fueron víctimas. La población atendida es de origen mexicano y de otros países.

El programa es de mediana y larga estadía, es personalizado e incluye atencion en las áreas siguientes: psicología y salud mental, legal, educativa, salud física, trabajo social, cultura, recreación, deportes y principios y valores.

El 26% de nuestras egresadas ha culminado con al menos la preparatoria terminada; 26% con carrera técnica, 7% con licenciatura y 1% con maestría.

Quince jóvenes se convirtieron en luchadoras sociales en contra de la trata y han sido la voz de las víctimas en foros nacionales e internacionales.

En materia legal, la Fundación Camino a Casa ha tenido una participación muy activa. Si bien México había y ha suscrito una serie de acuerdos internacionales en la materia entre otros:

  • Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.
  • Convención sobre los derechos de la niñez de la Organización de las Naciones Unidas.
  • El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (PTP).

A la apertura del refugio en 2007, sólo se contaba con la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de Noviembre de 2007.

Ante esta realidad fue imperativo para la Fundación el promover una ley general en la materia, a fin de combatir de forma eficaz el deleznable delito del cual nuestra población objetivo había sido víctima y, por supuesto, de cualquier forma la esclavitud en México. Así pues, mediante la iniciativa propuesta por Rosi Orozco, fundadora de FCC, como legisladora en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, es como se logra la aprobación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para proteger y asistir a las víctimas de esos delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012.

La asistencia y acompañamiento legal dentro del programa ha sido uno de los ejes rectores en lo que refiere a la recuperación integral de las sobrevivientes. Durante los primeros años del programa, previos al 2012, era frecuente que las deficiencias de la ley en la Ciudad de México no permitieran en la mayoría de los casos la persecusión efectiva del delito, ni mucho menos sanciones en contra de los victimarios. Por otro lado, frecuentemente los derechos de las víctimas eran ignorados por las autoridades quienes de continuo las revictimizaban, las exponían a enfrentarse cara a cara con sus victimarios, lo cual las paralizaba y las ponía en condiciones de total indefención e incluso, en algunos casos, desataron crisis de estrés postraumático en ellas.

Esto llegó al punto de que Fundación Camino a Casa se vió obligada a solicitar la presencia de algún visitador de la CNDH para asegurar, al menos, el respeto a los derechos de las afectadas.

Fue hasta la expedición de la Ley General, en 2012, cuando se empieza a lograr justicia en favor de quienes fueron víctimas. Sin embargo, ello no fue sencillo desde el inicio, pues se observó que las jóvenes solían cambiar sus versiones de lo ocurrido cuando ampliaban declaraciones, mentían o manipulaban en las comparesencias; por tanto, era frecuente que los presuntos culpables salieran exhonerados de la cárcel por las inconsistencias de las declaraciones, así como por la inexperiencia de los ministerios públicos en la integración de los casos de trata.

Pronto entendimos que la mentira y la manipulación de las sobrevivientes, si bien había sido un mecanísmo de defensa muy efectivo para ellas durante su cautiverio, ahora resultaba contraproducente. Así pues, con la ayuda de los principios y valores que se difunden en el programa y la importantísima participación profesional del área legal y de psicología, se inició un trabajo exhaustivo con cada joven que llegaba al programa.

No sólo se le enseña acerca de Derechos Humanos y de los derechos que le asisten como víctima, sino también se les hace ver el valor de su palabra y de la verdad, bajo el principio de que sólo la “verdad las hace libres”. Cuando han entendido que aquello que vivieron a manos de sus captores es suficiente para lograr sentencias condenatorias importantes en contra de ellos, las jóvenes cooperan y participan en ese entrenamiento que se les brin- da previo a cualquier comparesencia ante las autoridades. Esto también va acompañado de un cambio importante de imagen en ellas, presentándose en cada audiencia con vestimenta de marca y presencia muy pulida, a fin de reafirmar la autoestima y seguridad en ellas mismas. Por supuesto, al ser menores de edad, las declaraciones y juicios se hacen a través de medios electrónicos, como un derecho que les asiste, lo que evita que tengan que ver a sus victimarios cara a cara.

Todo esto ha resultado en que, a partir de 2013, el 90% de los casos de las jóvenes de FCC donde los victimarios han sido detenidos y procesados se han obtenido sentencias condenatorias, en muchos casos con 30 a 40 años de prisión.

Este resultado ha tenido un impacto sobresaliente en ellas, pues favorece su autoestima, las empodera, les brinda certeza de que realmente se ha hecho justicia, recuperando la confianza que habían perdido en las autoridades y en el sistema de justicia en México. Se saben entonces como sujetos de derecho libres para ejercer los Derechos Humanos que les asisten y aprenden que la vía legal es la correcta para hacer justicia.

Actualmente, hay cuatro jóvenes que estuvieron en FCC, egresadas de universidades privadas, que son aboga- das, que eligieron esta profesión con el anhelo de defender a otras víctimas de trata y hacer la diferencia en esta materia. Una de ellas, desde hace varios años trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al lado de uno de los Ministros de la Corte. Su papel ha sido excelente como profesionista y actualmente ha concluido la Maestría en Derecho con el fin de prepararse para lograr su sueño: erradicar la trata de personas en México.

Fundación Camino a Casa ha hecho una gran contribución en la rehabilitación de sobrevivientes de explotación sexual comercial de adolescentes, siendo el programa más completo que existe actualmente, particularmente en materia de auxilio legal en favor de las sobrevivientes, mediante la preparación de las víctimas. Su contribución es un parteaguas en México y motivo de reconocimiento para su extraordinario personal, así como a las personas, incluyendo autoridades, que han contribuido a hacerlo posible.


1 Diagnóstico Causas sociales y estructurales de la trata en la cd-de México. 2013-2019. INMUJERES-DF y CATLAWC.pdf

2 INMUJERES-DF y CATLAWC.pdf. (2012). Diagnóstico Causas sociales y estructurales de la trata en la cd-de México. 2013-2019. México.