Bullying: perspectives, practice and insights

Richardson, Janice; Milovidov, Elizabeth; y Blamire, Roger,

Strasbourg, Council Of Europe, 2017, 174, pp.

 

Bajo una perspectiva realista, hay cierta condición de normalidad en que el Derecho frecuentemente se encuentre a retaguardia de la realidad. Sin embargo, frente a problemáticas que aquejan a sectores en alta situación de vulnerabilidad, se espera su inmediata capacidad de respuesta.

El “bullying” o acoso escolar ha sido un mal endémico para la población infantil probablemente desde tiempos inmemoriales. No es, desde luego, un fenómeno contemporáneo. Pero la evolución actual de los derechos de la niñez y de su interés superior, así como de la cultura de la igualdad y la no discriminación, alienta la construcción de criterios jurídicos que identifiquen obligaciones para las autoridades públicas o privadas, o incluso para los propios padres y las familias, que permitan hacerle frente con posibilidades de éxito.

Este libro, auspiciado por el Consejo de Europa, contribuye a la comprensión del fenómeno, sus causas y efectos. Se suma a la reflexión en torno a las mejores formas para reducirlo o eliminarlo en el contexto de las violencias propias de nuestro tiempo, donde destacan las dinámicas generadas por el uso de internet y las redes sociales. Se aborda su análisis desde las perspectivas comparadas en el contexto europeo, así como, por supuesto, desde una perspectiva multidisciplinaria.

En México, como es sabido, a partir del amparo directo 35/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte estableció diversos criterios relacionados con el bullying o acoso escolar. Lo definió como todo acto u omisión que de manera reiterada se traduce en patrones de hostigamiento o agresión física, psicoemocional, patrimonial o sexual, a niños o adolescentes, y que tiene lugar bajo el cuidado de instituciones escolares públicas o privadas.

Se advirtió que el acoso escolar puede implicar conductas violentas, intimidatorias o denigratorias, más o menos intensas, o tratos humillantes, que pasan por la segregación, peleas, manipulación psicológica, burlas, provocaciones, uso de apodos hirientes o la exclusión social de los alumnos, que puede traducirse en la comisión de una falta y hasta de un delito grave. Patrones de hostigamiento y violencia que pueden incluso manifestarse como acciones de grupo.

La Corte mexicana reconoció que esas conductas activas u omisivas inciden en la vulneración a los derechos a la integridad, dignidad y la educación de los niños o adolescentes, además de actualizar tratos discriminatorios a las víctimas, que se encuentran especialmente protegidas por el artículo 1º de la Constitución cuando el motivo de esas conductas es la condición de “raza”, situación económica, preferencia sexual o una situación de discapacidad.

Esos derechos generan el correlativo deber del Estado de una debida diligencia en la protección y garantía reforzada de los derechos humanos y el pleno desarrollo de los niños, de acuerdo con el principio de su interés superior. En particular, en estas situaciones emergen deberes de los centros educativos, empezando por la generación de condiciones suficientes para un ambiente seguro, libre de violencia y una cultura de respeto a los Derechos Humanos de la niñez.

Ese deber de protección se traduce en medidas concretas orientadas a identificar, tratar y reaccionar frente a los malos tratos que pueden sufrir los niños, debiéndose generar indicadores sobre avances en la aplicación y evaluación de métodos para prevenir y sancionar cualquier forma de discriminación o violencia, que puedan impedir la sana convivencia escolar.