Autonomía de la voluntad ¿para qué?

Ivette Mecott

Maestra en Derecho Constitucional y Gobernabilidad y profesora- investigadora de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. Miembro del cuerpo académico de Derecho Constitucional por la misma facultad. Profesor con Perfil Deseable (PRODEP) por la SEP y miembro activo de la Red Nacional por el Derecho a Vivir en Familia.

 

En septiembre, intentamos realizar una serie de cuestionamientos respecto al innegable derecho de las infancias a que se discuta y ponga sobre la mesa la necesidad de atender el principio de la autonomía progresiva de toda niña, niño y adolescente.

Sin embargo, resulta vital la justificación –si es que el simple mandato normativo y jurisprudencial no fuesen suficiente– que nos permita la comprensión a cabalidad de la importancia de integrar a las infancias en la comunidad, su inclusión en la sociedad a partir de la toma de decisiones y, particularmente, en la generación de personas con capacidad de discernimiento, con criterio propio, compromiso social y democrático.

Como ya habíamos advertido con anterioridad, la ciudadanía no es un concepto que nazca por generación espontánea al cumplirse la mayoría de edad; lo que entraña, importa al ejercicio pleno de los derechos y obligaciones de los ciudadanos frente a la sociedad y el Estado. La ciudadanización, por tanto, implica ejercer aquellos derechos a partir de la formación de una serie de elementos y valores inherentes a la persona humana que se van formando desde la edad más temprana; el ser una persona activa y comprometida con el bienestar común se introyecta en la mente de las niñas, niños y adolescentes a partir de un replanteamiento de su rol participativo y activo desde la infancia.

Así pues, la respuesta al ¿para qué? respecto a la discusión de los alcances de la autonomía progresiva, entraña la idea de facilitar el tránsito de “menor de edad incapaz” (se entrecomilla pues considero altamente peyorativo dicho concepto, aunque sea correcto jurídicamente) a ciudadano con plena capacidad de ejercicio. Debemos comprender que alcanzar la meta de formar ciudadanos con plenas capacidades y con valores democráticos, no puede garantizarse únicamente con el respeto a un principio de forma aislada, sino que conlleva de forma interdependiente el ejercicio y protección de una serie de derechos que sirven de fondo para la materialización de la autonomía progresiva.

El derecho a la participación es vital para la formación del concepto de ciudadanía en la infancia y esta, a su vez, conlleva otros derechos inherentes, como el de la libertad de expresión, en sus diversas modalidades; el de conciencia, a ser oído en las formas y en la medida de su voluntad; el derecho a la información, sin la cual estaríamos desvirtuando esa voluntad; a la libertad de asociación, de religión, de acceso a la justicia, por mencionar sólo algunos. Debemos advertir que la formación de ciudadanos libres se gesta precisamente a partir de la posibilidad de garantizar estos derechos en la vida de toda niña, niño y/o adolescente.

Ahora bien, el derecho a la participación tiene como eje central el que la voz de las infancias sea escuchada, pero no de cualquier manera, ni sobre ciertas áreas; la importancia del derecho a la participación –según el Comité de los Derechos del Niño– radica en que debe ser entendido como una especie de facilitador, pues su cumplimiento ayuda a garantizar a su vez el cumplimiento de los otros derechos que son vitales para la formación del libre desarrollo de la personalidad. El derecho a la participación de las infancias implica escuchar su voz en todos aquellos aspectos que inciden en su vida cotidiana, en su familia, en su libertad, en sus necesidades, por ello, al servir de puente, pero con contenido propio, debe considerarse un fin en sí mismo.

Creo que estamos en un momento crítico para repensar el papel de la infancia en la democracia social y la naturaleza de la obligación del Estado de garantizar su bienestar. Si bien es cierto, en esta columna consideramos que es menester que el Estado garantice los derechos de la infancia y que con ello se fomente la generación de ciudadanos democráticos, críticos, participativos, cívicos, etc., también es cierto que aunque pudiese parecer contradictorio, el origen de la obligación constitucional no va en función de una teoría basada en el utilitarismo, es decir, te formo y protejo porque tomaré ventaja de ti a largo plazo. No es ésa la lógica para la obligación Estatal, pues independientemente del fin que ello genere, no olvidemos que las infancias tienen derechos autónomos, por el simple hecho de serlo. En otras palabras, si bien es cierto, al Estado le debería “convenir” trabajar en la materialización de dichos derechos en función de la ciudadanía que pretende generar, no puede escaparse que ello es un efecto colateral virtuoso del mandato constitucional que tiene de garantizar las potencialidades de la infancia.

Por tanto, considero pertinente realizarnos una segunda pregunta a modo de cierre en este planteamiento, ¿por qué priorizar la autonomía de la voluntad? y la respuesta es extremadamente sencilla en su complejidad: simplemente porque tienen derecho al ser quienes son, nuestras niñas, niños y adolescentes.