Aborto: caso Quintana Roo

Diana Gamboa

Abogada por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios
de posgrado en Derecho Regulatorio y Maestrante en Derecho Constitucional. Se desempeña como Profesora adjunta de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho.

 

El Congreso del Estado discutió una iniciativa que permitiría a la mujer impedir el nacimiento de su hijo durante los primeros tres meses de gestación, aun sin justificación de por medio.

A principios de marzo, fuimos testigos de un nuevo intento para negar protección al individuo más frágil de la familia humana: el concebido no nacido. Se discutió en el Congreso de Quintana Roo una Iniciativa de ley que proponía distintas modificaciones que –de aprobarse– tendrían como consecuencia que la mujer en dicho Estado esté en posibilidad de impedir que su hijo nazca durante los primeros tres meses de gestación, sin necesidad de justificar su determinación de modo alguno.

Afortunadamente, subsistió la protección de la vida humana desde su inicio. Pero ¿por qué el juicio valorativo? Porque estamos frente a un tema que no admite tibiezas, querido lector.

El diálogo sobre si calificaremos al aborto como un derecho va más allá de simples divergencias personales. Conlleva la eventual modificación absoluta del modo de percibir los Derechos Humanos, mediante el abandono de un principio que los dota de sentido: la universalidad.

El principio de universalidad justifica que los Derechos Humanos sean “reconocidos” y no “otorgados”, debido a que se sostienen en una premisa –hasta ahora– válida para las democracias constitucionales: la dignidad como cualidad intrínseca de todo miembro de la familia humana, que a su vez nos hace titulares de estos derechos inalienables.

En distintas ocasiones he comentado con mis alumnos las implicaciones de la universalidad de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en la misma medida puede exigir respeto a la presunción de inocencia el Papa Francisco que Elba Esther Gordillo; el mismo derecho a la salud tiene el Ministro Zaldívar que la mujer de escasos recursos enferma de cáncer. No debemos confundir los problemas de eficacia con el abandono de di- cha premisa fundamental. Esto es, que todos en igual medida somos titulares de tales derechos por el simple hecho de ser humanos.

La humanidad como categoría universal per- mite reconocer respecto de todo individuo humano un cúmulo mínimo de prerrogativas que han de ser respetadas.

Y ¿qué proponía la iniciativa? Modificar la Constitución del Estado de Quintana Roo, que tiene la osadía de proteger y garantizar el derecho a la vida de todo ser humano “desde el momento de la concepción”. La propuesta de reforma perseguía la finalidad de anular el alcance de dicha protección, para establecer un genérico reconocimiento de los Derechos Humanos “de las personas”.

El propósito es evidente y nada nuevo: trasladar el debate a lo lingüístico. Atajo argumentativo que a algunos les resulta muy cómodo, pues basta con referir la cualidad normativa del concepto de “persona” con el fin de excluir al no nacido de di- cha calidad y, por ende, justificar su desprotección.

Lo anterior, a pesar de que la ciencia no ad- mite duda sobre la humanidad del no nacido, pues hoy en día, al menos, la biología celular, la genética y la embriología dan cuenta fehaciente de: (i) su pertenencia a nuestra especie; y (ii) su cualidad de individuo único e irrepetible, perfectamente distinguible de su madre.

En esa misma línea, habiendo establecido las bases que permitirán argumentar la exclusión del no nacido del ámbito de protección de los Derechos Humanos, la iniciativa propone des- penalizar el aborto voluntario hasta la décimo segunda semana de gestación. Es decir, que la mujer esté en posibilidad de impedir que su hijo nazca durante dicho periodo, sin necesidad de hacer valer causa alguna que la justifique.

¿Ahora comprende querido lector por qué considero que el tema no admite tibiezas? De aprobarse propuestas como la planteada en Quintana Roo, estaríamos despojando a los Derechos Humanos de su cualidad universal. ¿Cómo? Habilitando normativamente a un individuo humano (mujer) para disponer de la vida de otro (su hijo o hija) “justificado” en la temprana etapa de desarrollo en la que se encuentra.

Es decir, la humanidad dejaría de ser la categoría que justifica la titularidad de Derechos Humanos; trasladando el fundamento de dicho reconocimiento a la graciosa concesión que el legislador o el juez lleven a cabo. Primero, en la regulación normativa del concepto de “persona”. Segundo, en el contenido y alcance que a tal concepto le otorgue el intérprete final.

Así, proteger únicamente a las “personas” y no a todos los miembros de la familia humana, despoja a los Derechos Humanos de su cualidad universal y traslada a los órganos de poder (legislativo y judicial) la facultad de determinar quién tiene dicha calidad y, por ende, merece protección.

Cada uno debemos cuestionarnos ¿realmente un legislador o un juez están legitimados para determinar en qué momento una vida humana vale y merece ser protegida? Yo creo que no y me parece que el siglo XX ha de servir como recordatorio de las terribles consecuencias de considerar lo contrario.