TIEMPO DE LIBROS: Derecho y Ciencia

Alfonso Herrera García

Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Twitter: @jAlfonsoHerrera

Derecho y Ciencia
Cossío Díaz, José Ramón,
Tirant Lo Blanch / El Colegio Nacional, 2015, 245 págs.

 

Este 2020 quedará registrado en la memoria mundial como el año de la pandemia, por el Covid-19. El Derecho no ha podido permanecer incólume frente a la más poderosa crisis vivida por la humanidad desde la 2ª Guerra Mundial. Las consecuencias jurídicas con motivo de la propagación del virus que en estos días va en aumento en la región latinoamericana, y también en nuestro país, resultan exponenciales.

Los gobiernos de distintos países del orbe han venido adoptando medidas para enfrentar la crisis sanitaria con diversos métodos epidemiológicos y en función de sus propias herramientas institucionales en materia de salud. Las disímbolas decisiones han respondido a la mayor o menor progresión de su impacto en las poblaciones, pero también en los mecanismos heterogéneos que proveen los ordenamientos jurídicos nacionales para enfrentar esta emergencia. Todo ello sujeto a las también diferentes formas en que el poder político ha entendido la pandemia y sus efectos.

En este escenario, hoy resulta entonces absolutamente pertinente preguntarnos acerca de los vínculos entre la actividad científica y la jurídica. No se trata, por supuesto, de una relación bilateral. No lo es porque ni la regulación jurídica de las emergencias está homologada, ni los poderes políticos han gestionado el fenómeno sanitario con los mismos patrones metodológicos.

Lo cierto es que el Derecho entra eventualmente en contacto con cuestiones de índole científica: químicas, biológicas, bioéticas, medioambientales o, precisamente, sanitarias, médicas o epidemiológicas ¿Cómo deben lidiar los ordenamientos jurídicos con los conocimientos científicos? Para poner el ejemplo que actualmente aqueja al mundo ¿cómo deben estudiarse los supuestos jurídicos para enfrentar casos de emergencia como lo es una pandemia global?, ¿podría un operador jurídico tomar decisiones sin tener —o contar con el apoyo para entender— el conocimiento especializado de los saberes científicos?

El libro del profesor Cossío se introduce en la reflexión de trascendentes cuestiones como las apuntadas. A partir de su lectura, se revela que la operación del Derecho, por vía de principio, necesita capacidades para hacer preguntas adecuadas a quien posee los conocimientos científicos. Precisa contar con condiciones para procesar las respuestas a efecto de estar en condiciones de emitir juicios adecuadamente informados y razonablemente argumentados. Lo contrario nos coloca en el escenario de soluciones desinformadas o, en el peor de los casos, equivocadas, en detrimento de la mínima racionalidad en la toma de decisiones.

En este marco, sale a flote un debate directamente relacionado: el papel de los tribunales. Por supuesto, los jueces no están en la posición de producir conocimiento científico. Como en todos los casos bajo su consideración, sí están obligados a constituirse en receptores de la información necesaria para resolver. No pueden desconocer los fenómenos extrajurídicos involucrados en la decisión judicial. Están llamados a echar mano de las disciplinas científicas, que les permita comprender sus implicaciones. No puede resolverse en torno a aquello que no se conoce, o que no se comprende.

En medio de la pandemia por el Covid-19, jueces federales mexicanos han decretado diversas suspensiones de plano en juicios de amparo contra actitudes gubernamentales consideradas omisivas o insuficientes en medio de la crisis sanitaria. No puede descartarse que pronto algún recurso escale a la Suprema Corte o que ante ella misma se presenten controversias constitucionales dada la ausencia de uniformidad entre el autoridades federales y locales respecto a las acciones para enfrentar la crisis.

Si tomamos como referencia los ejemplos aportados por este libro, y los que cotidianamente se están presentando mientras irremediablemente se propaga el Covid-19, en efecto, racionalizar la operación de conocimientos científicos por los jueces debe considerarse un signo de los renacientes sistemas democráticos. Más aún, será claramente así cuando llegue el “día después” a la era de la pandemia. El Derecho y la Ciencia, en graves escenarios como el presente, están muy lejos de constituir un binomio indisociable.