Protege comercio Derechos Humanos

Miguel Alejandro López Olvera

Investigador Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Investigador Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Miembro de las Asociación Internacional de Derecho Administrativo y de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo.

 

La nueva perspectiva del comercio desde América del Norte impulsa la defensa de los Derechos fundamentales de las personas, es un gran logro para la humanidad, pero representará un reto para el Estado mexicano.

 

Estamos a unos meses de que se cumpla el décimo aniversario de la histórica reforma en materia de Derechos Humanos. Y también, hace unos meses que entró en vigor el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, denominado T-MEC.

El mundo ha cambiado significativamente desde 1994 cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los intereses en el mundo, en ese momento, eran otros. Las reglas del comercio han cambiado en muchos sentidos y el énfasis que hoy se pone a los Derechos Humanos es una de ellas. Hablamos de las prerrogativas inherentes a las personas por el simple hecho de ser personas.

El comercio entre países es muy importante para el desarrollo de los Estados, pero es importante que existan condiciones de igualdad y que las reglas establecidas en los tratados propicien el respeto de estos derechos.

El libre intercambio de mercancías y servicios es valioso para el Estado y las personas, ya que propicia inversiones y genera millones de empleos, entre muchos otros beneficios, pero no puede dejarse de lado el cumplimiento de las obligaciones establecidas tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, ya que no son instrumentos aislados, sino que forman parte de un sistema que debe ser interpretado en toda su extensión. A continuación, analizo algunos de estos derechos que tendrían que ser respetados bajo los tratados de libre comercio.

Una de las cuestiones o materias en las que ponen mayor énfasis los modernos tratados es en el combate a la corrupción. Como sabemos, este lastre siempre ha existido. Pero en las últimas décadas, la voracidad de las personas y de las empresas por acumular riquezas y dinero se ha desbordado por completo: ganar dinero a costa de cualquier cosa.

En Europa, con la entrada en vigor del Tratado de Niza, en el año 2000, avanzaron significativamente con el reconocimiento del derecho fundamental a la buena administración en complemento con los tratados internacionales de combate a la corrupción e interpretados sistemáticamente con los tratados en materia de Derechos Humanos.

El nuevo T-MEC, por ejemplo, contiene el capítulo 27, que obliga a los tres países a incorporar nuevos mecanismos para eliminar este flagelo. De esta manera, el país adquiere un compromiso con Canadá y Estados Unidos para prevenir y combatir el cohecho y la corrupción en el comercio y la inversión internacionales.

En el Artículo 27.3 se establece la adopción o revisión de seis tipos penales. Dispone cuatro nuevas descripciones que tendrán que ser incorporadas a la legislación penal, pero también la adopción, es decir, la regulación, de dos nuevos tipos penales que son la “malversación de fondos” y “la apropiación indebida u otra desviación por un funcionario público para su beneficio o en beneficio de otra persona o entidad, de una propiedad, fondos o valores públicos o privados o cualquier otra cosa de valor confiada al funcionario público en virtud de su posición”. Las leyes penales tendrán que ser reformadas para incorporar estas disposiciones del T-MEC.

También se señala la obligación para que los empresarios incorporen a sus organizaciones programas de cumplimiento, denominados compliance, por medio de los cuales desarrollen controles internos, programas de ética y medidas para prevenir y detectar cohecho y corrupción relativas al comercio y la inversión internacionales.

En algunos países, como Argentina, por ejemplo, la prohibición de corrupción se ha configurado como un Derecho Humano, con lo cual se le da un alcance mayor a su combate.

Otro de los aspectos en el que ponen el acento los tratados de libre comercio es el relativo a los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores de las grandes empresas transnacionales, como Derechos Humanos.

Muchas de las grandes empresas que se han establecido en el país bajo el amparo de estos tratados no respetan los derechos a sus trabajadores. Como sabemos, las jornadas laborales se extienden a más horas que las permitidas en la ley, sin las remuneraciones y sin prestaciones. El T-MEC, en ese sentido, contiene un capítulo que señala obligaciones precisas en la materia.

Por ejemplo, en el capítulo 23 señala que los países deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y otras protecciones laborales para niños y menores; la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; y condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, y seguridad y salud en el trabajo, entre otras.

Mediante los instrumentos internacionales en materia de libre comercio, las personas que laboran y prestan sus servicios en empresas transnacionales, ahora tienen mecanismos jurídicos para exigir sus derechos laborales y de seguridad social, mediante la inclusión de cláusulas específicas en los contratos respectivos, exigiendo no sólo a los empresarios, sino también a las autoridades que vigilen el cumplimiento de estas obligaciones convencionales.

Podemos señalar que algunas las legislaciones extranjeras obligan a las empresas a incluir “requerimientos sociales, laborales y ambientales en los pliegos de cláusulas, como el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, la no discriminación en el ámbito laboral, la utilización de productos más sostenibles para el medio ambiente o el fomento de la participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en los procesos de licitación”, como la Guía para la protección y la promoción de los derechos humanos en la contratación pública.

El respeto al medio ambiente es otro de los puntos importantes que contienen los modernos tratados de libre comercio y que deben respetar las empresas transnacionales y, obviamente, las autoridades deben velar por su cumplimiento cabal.

Como sabemos, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el Derecho Humano a un medio ambiente sano, por lo cual las empresas que invierten su dinero en nuestro país tienen la obligación de respetarlo, protegerlo y garantizarlo a través de diferentes medios.

El propósito de este derecho humano es conservar o preservar los recursos naturales, así como mantener un equilibrio y optimizar la calidad de vida de las personas en el presente y en el futuro, bajo normas regulatorias de relaciones de derecho público o privado regidas por principios de observancia y aplicación obligatoria, como son: a) prevención, b) precaución, c) equidad intergeneracional, d) progresividad, e) responsabilidad, f) sustentabilidad y g) congruencia, tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y de conservación del medio ambiente.

En ese sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha destacado la necesidad de adoptar medidas de compra pública sustentable, las cuales incluyan los Derechos Humanos dentro del pilar social que, junto con el económico y ambiental, debe estar en equilibrio para promover la sustentabilidad. Así, se incluye este tema tal como hace con la justicia social y la equidad, la seguridad y las condiciones laborales.

En el capítulo 24, el T-MEC señala que es inapropiado fomentar el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de la protección al medio ambiente.

Además, los tres países reconocen el importante papel que los acuerdos multilaterales de medio ambiente pueden jugar para su protección y que pueden resultar una respuesta apropiada por parte de la comunidad internacional a este problema global.

Lo anterior no hace más que poner de manifiesto los importantes retos que nuestro país debe de cumplir y que el equilibrio entre libre comercio y respecto de los Derechos Humanos no se separen en el momento de solucionar conflictos derivados del incumplimiento de cada uno.

Es urgente una reforma también a todo el sistema de justicia para crear nuevos mecanismos o acciones judiciales que puedan utilizar las personas y obtener una tutela judicial efectiva ante los tribunales, especialmente los administrativos y los laborales, que los pueda proteger efectivamente.

Sería deseable también la incorporación de un capítulo, en los respectivos códigos y leyes procesales, y de procedimientos administrativos, de medidas cautelares y de tutela cautelar para que los jueces puedan actuar de manera expedita.