Plazos por suspensión de labores en pandemia

Ricardo Urdapilleta Fernández

Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac México, Campus Norte. Abogado litigante en materia ambiental y administrativa. Socio en Barona & Urdapilleta Abogados.

 

La procuración e impartición de justicia fue declarada por el Consejo de Salubridad General como actividad esencial, lo que genera varias interpretaciones sobre la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales.

 

Durante la pasada suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales, motivada por el virus SARS-CoV2 (a cuya enfermedad se llama Covid-19), se generó un interesante cruce de opiniones respecto a la interpretación y alcance de los acuerdos que, sobre el tema, emitió el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

A través de estos acuerdos se estableció, en términos generales, la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales y se habilitaron guardias para la atención de asuntos urgentes o en aquellos en los que se solicitara la suspensión del acto controvertido.

Precisamente, la existencia de la guardia motivó una serie de dudas sobre si, en estos casos, los términos y plazos seguían transcurriendo.

Como litigante, y ante la duda, lo prudente es siempre optar por la interpretación más estrecha. Por tanto, en su momento, lo sensato era partir de la premisa de que los términos y plazos continuaban transcurriendo a fin de evitar, a futuro, interpretaciones jurisdiccionales adversas.

Una nueva lectura de los acuerdos respectivos, a la luz de las leyes procesales, arrojó, en lo personal, una mayor claridad al tema. Y es que para una amplia comprensión de la interpretación y alcance de estos acuerdos, resulta indispensable acudir a las leyes procesales que fijan los plazos y términos en los que se imparte justicia.

Con la finalidad de seguir un orden, se iniciará con el análisis del contenido de los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal. Seguido por los del Pleno General de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Y, finalmente, los del Pleno General de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

La emergencia

En términos de los artículos 1° y 2° del Acuerdo General 4/2020, se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y, como consecuencia de la suspensión, no corrieron plazos y términos.1 Sin embargo, conforme al artículo 3° del propio acuerdo, se exceptuó de esta suspensión a los órganos jurisdiccionales de guardia habilitados, exclusivamente, para la atención de asuntos urgentes.2

El artículo 19 de la Ley de Amparo dispone que son días inhábiles para la promoción de los juicios de amparo, entre otros supuestos, “aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor”.3

El artículo 365 del Código de Procedimientos Civiles, cuyas disposiciones también rigen de forma supletoria a los juicios de amparo, establece que “el proceso se suspende cuando el tribunal del juicio no está en posibilidad de funcionar por un caso de fuerza mayor”. El último párrafo del artículo 368 del propio código procesal señala que “el tiempo de la suspensión no se computa en ningún término”.

De esta suerte, el contenido conjunto de las porciones normativas de los artículos 19 de la Ley de Amparo, 365 y 368 del Código de Procedimientos Civiles, podría leerse de la siguiente manera: son días inhábiles para la promoción de los juicios de amparo y, por tanto, no se computa ningún término, aquellos en que se suspendan totalmente las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo o cuando no pueda funcionar en su totalidad por causa de fuerza mayor.

Si bien la redacción del Acuerdo General 4/2020 establece una suspensión total de las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y ello actualizaría que no se compute en lo absoluto ningún término, lo cierto es que, para los asuntos urgentes, nunca medió la referida suspensión total pues, en estos casos, quedaron habilitados los órganos jurisdiccionales de guardia y, consecuentemente, corrieron términos y plazos procesales conforme a la propia excepción del artículo 3° del referido acuerdo. Una interpretación contraria tornaría inoperante la exclusión del artículo 3° del acuerdo. Por tanto, para efectos de la promoción del juicio de amparo, fueron días hábiles los comprendidos dentro del periodo del 18 de marzo al 31 de julio de 2020 “con excepción de los sábados y domingos … veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo”.

Para efectos de considerar como inhábiles los días dentro del periodo ya indicado, tampoco se actualizaría la porción normativa, prevista en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 365 del Código de Procedimientos Civiles, consistente en la imposibilidad de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por causa de fuerza mayor.

El inciso b), de la fracción II, del artículo primero del “ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, expedido por la Secretaría de Salud, de forma expresa incluyó como actividad esencial “la procuración e impartición de justicia”.4 Por tanto, no puede alegarse que, con motivo de este acuerdo5 del Consejo de Salubridad General, se actualizó la fuerza mayor a la que se refieren los artículos 19 de la Ley de Amparo y 365 del Código de Procedimientos Civiles, dado que el numeral segundo del mismo es el que habilitó a la Secretaría de Salud para determinar “todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior”. Como ya expuse, la Secretaría de Salud mantuvo como actividad esencial “la procuración e impartición de justicia”. De ahí que, respecto de los órganos jurisdiccionales, incluyendo los del Poder Judicial de la Federación, no se actualizó la imposibilidad de funcionar por causa de fuerza mayor.

La suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, al tratarse de una situación completamente atípica, que se prolongó a través de los subsecuentes acuerdos generales por causa de fuerza mayor, esto es, ante la imposibilidad de reducir el incremento de contagios y la diseminación del propio virus en la población, debería admitir una interpretación más favorable a los justiciables que la planteada. Pero esto último conllevaría ignorar el contenido normativo de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles. En este punto, debe tenerse presente que, en términos del segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al legislador la facultad exclusiva de fijar los términos y plazos en que se imparte justicia.6 Por tanto, los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal deben coincidir con el contenido de las leyes que emita el Congreso de la Unión en el que se fijen los plazos y términos para impartir justicia y no a la inversa.

Para los juicios de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el legislador previó una disposición expresa relativa al cómputo de plazos frente a las guardias. El artículo 74, fracción II, de la ley procedimental establece que “la existencia de personal de guardia no habilita los días en que se suspendan las labores”.7 Y dado que el propio legislador lo dispuso, en los juicios de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no corrieron términos y plazos durante la suspensión de labores decretada por el Pleno General de la Sala Superior del propio tribunal. Por tanto, en aquellos “casos urgentes que no admitan demora, de las medidas cautelares o suspensión del acto impugnado”,8 los justiciables se encontraban en libertad de optar por la promoción del juicio contencioso administrativo federal durante la suspensión de labores o una vez finalizada esta.

Caso aparte, el del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México9 y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México10 prevén la existencia de guardias sólo durante los periodos vacacionales. No obstante ello, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México emitió los respectivos acuerdos por los que declaró inhábil y no laborable el periodo comprendido del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, y habilitó una guardia para proveer únicamente respecto de las suspensiones solicitadas.

Dado que el legislador no habilitó el sistema de guardias para casos distintos a aquellos relativos a los periodos vacacionales, ¿fue legal la actuación del Pleno General de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno y Administración, ambos órganos del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México?

El primero suspendió labores mediante la facultad prevista, entre otros, en el artículo 21 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, con el correspondiente efecto de que durante el periodo de referencia serían días inhábiles para la promoción del juicio contencioso administrativo. Sin embargo, ante la inexistencia de un sistema de guardias previsto en ley, esta suspensión de labores se contrapone con el inciso b), de la fracción II, del artículo primero del “ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2” ya analizado, mismo que, de forma expresa, incluyó como actividad esencial “la procuración e impartición de justicia”. El segundo, habilitó una guardia para un supuesto distinto al previsto en ley.

Podría argumentarse que, frente a una situación atípica como la generada por el virus SARS-CoV2, la habilitación de la guardia por parte de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se ejecutó con la finalidad de atender lo ordenado en el acuerdo de la Secretaría de Salud. Esta afirmación tampoco encuentra cabida pues, con independencia de que el acuerdo por el que se habilitó la guardia (17 de marzo de 2020) es anterior al acuerdo de la Secretaría de Salud (31 de marzo de 2020), la propia Junta de Gobierno y Administración, en sesión de 24 de marzo de 2020, suspendió la guardia implementada y, poco más de dos meses después, volvió a habilitarla en su modalidad Guardia Digital-Presencial mediante sesión de 1 de junio de 2020. Por tanto, durante ese transcurso de tiempo no sólo se inobservó el contenido del acuerdo de la Secretaría de Salud sino que, también, se privó a los justiciables del derecho a la administración de justicia.

Obviedad de lo ya mencionado, en el periodo del 17 al 24 de marzo y del 1° de junio al 31 de julio de 2020 en el que se encontraba habilitada la guardia, atendiendo a la literalidad del segundo párrafo del artículo 21 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,11 corrieron términos y plazos para la promoción del juicio contencioso administrativo dado que mediante los acuerdos del Pleno General de la Sala Superior de 17 de marzo, 9 y 25 de junio de 2020, se habilitaron días como hábiles y laborables para las actuaciones jurisdiccionales de la guardia.

Desde luego, las presentes reflexiones forman una de las tantas opiniones que sobre el tema se han generado. Serán, en última instancia, los órganos jurisdiccionales del propio Poder Judicial de la Federación los que definan la interpretación que en cada caso deba prevalecer.

 

 


1 “Artículo 1. Con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, con excepción de los casos previstos en el presente Acuerdo. Artículo 2. Como consecuencia de la suspensión antes descrita, no correrán plazos y términos procesales, no se celebrarán audiencias y tampoco se llevarán a cabo sesiones de los Plenos de Circuito.”. ACUERDO General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Diario Oficial de la Federación. 20 de marzo de 2020.

2 “Artículo 3. Quedan exceptuados de la medida anterior los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia, exclusivamente para la atención de asuntos urgentes, conforme al calendario que ya se encuentra establecido para esos efectos y que se encuentra en el anexo contenido en la liga descrita en el QUINTO transitorio.”. Ibidem.

3 “Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.”. Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. 02 de abril de 2013. Última reforma, 15 de junio de 2018.

4 “ARTÍCULO PRIMERO.- … I. … II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales: a) … b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal;”. ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Diario Oficial de la Federación. 31 de marzo de 2020. Edición vespertina.

5 Cfr. Diario Oficial de la Federación. 30 de marzo de 2020. Edición vespertina.

6 Vid. Tesis 1a./J. 14/2012. ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, México, Libro XI, agosto de 2012, Tomo I, p. 62, registro No. 160015.

7 “ARTÍCULO 74.- El cómputo de los plazos se sujetará a las reglas siguientes: I. … II. Si están fijados en días, se computarán sólo los hábiles entendiéndose por éstos aquellos en que se encuentren abiertas al público las oficinas de las Salas del Tribunal durante el horario normal de labores. La existencia de personal de guardia no habilita los días en que se suspendan las labores.”. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Diario Oficial de la Federación. 1° de diciembre de 2005. Última reforma, 27 de enero de 2017.

8 Vid. ACUERDO SS/11/2020 por el que se determina la suspensión de actividades jurisdiccionales del 20 de abril al 05 de mayo de 2020. Diario Oficial de la Federación. 17 de abril de 2020.

9 “Artículo 22. El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones que serán determinados por la Sala Superior. Durante esos periodos se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos. Para casos excepcionales un Magistrado de Sala Ordinaria, designado por la Junta de Gobierno y Administración, cubrirá la guardia y quedará habilitado para prevenir, admitir o desechar demandas y acordar las suspensiones que sean solicitadas”. Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 1° de septiembre de 2017. Última reforma, 23 de diciembre de 2019.

10 “Artículo 20. Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes: … XXXII. Designar de entre los Magistrados al encargado de las guardias en periodos vacacionales, quien tendrá facultades de Magistrado Instructor para prevenir, admitir o desechar demandas y acordar las suspensiones que sean solicitadas;”, “Artículo 63. … Durante el periodo vacacional el Tribunal contará con una persona Magistrada encargada de la guardia, quien tendrá facultades de Magistrada o Magistrado Instructor para prevenir, admitir o desechar demandas y acordar las suspensiones que sean solicitadas.”. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia